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Tag Archives: Mayo Zambada


Rogaciano Alba Álvarez, ganadero guerrerense vinculado al Cártel de Sinaloa y a La Familia Michoacana, fue detenido este jueves en Guadalajara, Jalisco, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El hombre de 55 años de edad y originario de Petatlán es catalogado como el principal responsable de las operaciones de narcotráfico y tala clandestina en Guerrero, donde sostenía disputas con la organización de los Beltrán Leyva y “Los Zetas” para controlar la plaza.

También ex Alcalde de Petatlán entre 1993 y 1996, Alba Álvarez sostenía desde hace 20 años contacto con el Cártel de Sinaloa por una relación cercana con el capo Ismael “El Mayo” Zambada.

Incluso por años fue el operador de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, para el trasiego de opio, mariguana y cocaína en la Costa Grande.

A partir del rompimiento de Beltrán Leyva con el Cártel de Sinaloa, en enero del 2008, Alba Álvarez comenzó una disputa con “El Barbas” por Guerrero tras rehusarse a ser su jefe de plaza, indicó la SSP.

“El 3 de mayo de 2008 en Iguala, Guerrero, decenas de sicarios fuertemente armados tomaron por asalto un hotel, donde se celebraba una reunión de ganaderos, liderada por Alba Álvarez. “El Roga” salió ileso y siete de sus colaboradores perdieron la vida.

“Al día siguiente un comando abrió fuego contra la casa de Alba Álvarez, en Petatlán Guerrero dando muerte a sus hijos de nombres Alejandro y Roosvelt Alba de la Cruz. En su huida, los presuntos sicarios se llevaron también a la hija de “El Roga” de nombre Ana Karen Alba de la Cruz de quien hasta el momento se desconoce su paradero”, detalló la dependencia en un comunicado.

Desde entonces, Alba Álvarez se refugió en Jalisco bajo la protección de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Con base en información de inteligencia, a Rogaciano Alba Álvarez, alias “El Roga” también se le vincula con los principales líderes de “La Familia Michoacana” como Nazario Moreno, alias “El Chayo”, Enrique Plancarte Solis, alias “Kike Plancarte” y con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, con quienes presuntamente se ha reunido en Guadalajara, Jalisco con la finalidad de negociar y planificar operaciones en contra de los Beltrán Leyva en el estado de Guerrero”, agregó la SSP.

El narcotraficante fue capturado con un fusil AR-15, cartuchos, y una credencial de elector y pasaporte a nombre de Enrique García Campos.

La SSP indicó que será puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

La guerra comenzó un lunes. El 21 de enero de 2008. A bordo de vehículos Hummer, y con fuerte artillería pesada, más de 300 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano, GAFE, se posicionaron en los alrededores de una residencia ubicada en la colonia Burócratas, de Culiacán. Según la Secretaría de la Defensa, una llamada anónima había indicado que el menor de los hermanos Beltrán, Alfredo, alias El Mochomo, esperaba en ese domicilio un cargamento de dinero destinado a solventar compromisos pendientes con sus socios colombianos. Según la declaración de un narcotraficante conocido como El 19 —que se integró al programa de testigos protegidos bajo la clave “Jennifer”, (PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008)—, el ejército había obtenido la ubicación de El Mochomo a través de un militar que logró infiltrarse en su círculo cercano, y al que se conocía como El Chamaco. “El Chamaco logró llamar al GAFE para informar sobre la ubicación y las condiciones de baja seguridad”, relató “Jennifer”.

os militares tuvieron que posponer el operativo durante 10 horas, porque detectaron a unos hombres en la azotea de la casa. Cerca de la madrugada, el portón se abrió. Salió una camioneta BMW de color blanco, con cuatro hombres a bordo. Los soldados de elite les cerraron el paso. Los tripulantes se entregaron sin hacer un solo tiro. Dentro de la casa había 900 mil dólares, 11 relojes finos, un AK-47 y ocho armas cortas. Un corrido informó al día siguiente: “El Mochomo era el hombre de confianza / que el cártel necesitaba / pero el 21 de enero su carrera le cortaban”.

La noticia de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, uno de los cabecillas del cártel del Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fue presentada como el golpe más importante realizado hasta entonces por el gobierno en la guerra contra el narco que Felipe Calderón había decretado. En la Procuraduría General de la República, y concretamente en la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, provocó un terremoto. La célula dirigida por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva había vulnerado las estructuras más altas de esa institución, a través de pagos mensuales de entre 150 y 450 mil dólares, según demostró luego la llamada Operación Limpieza: funcionarios del mayor nivel de la SIEDO realizaban detenciones, cateos y filtraciones, en beneficio del cártel.

Aquel día varios servidores públicos se paseaban nerviosos. Habían recibido informes de que El Mochomo iba a ser detenido, pero “en la SIEDO nada podían hacer para evitarlo”. Esperaban que los operadores de Arturo Beltrán los llamaran a cuentas.

Fueron llamados ese mismo día. Uno de los principales lugartenientes del grupo, Sergio Villarreal, El Grande, se reunió con el director de Inteligencia de la SIEDO, Fernando Rivera, así como con los comandantes Milton Cilia y Roberto García. Según la declaración que Rivera rindió poco después en calidad de testigo protegido, bajo la clave “Moisés”, El Grande les dijo que Arturo Beltrán Leyva estaba encabronado: “Quería saber a quién iba a matar. Todos recibían dinero de él y nadie le avisó de la detención de su hermano”.

Los funcionarios le explicaron que no habían trabajado ese asunto, “que era un asunto del GAFE, del alto mando de la Sedena”. El Grande exigió la lista de los militares que habían tomado parte en el operativo, así como los “informes originales” de la detención. El director Rivera se comprometió a obtenerlos. No sólo eso: de acuerdo con la declaración de “Jennifer”, antes de las dos de la tarde había entregado los reportes militares, el nombre del infiltrado que había proporcionado la información a los GAFES, las copias completas de las declaraciones que El Mochomo había rendido ante la SIEDO… y un croquis que señalaba el sitio exacto en donde el capo se hallaba recluido.

Rivera informó que “de las 11 de la noche en adelante ya no iban a estar presentes las fuerzas especiales del ejército, y que sólo quedarían custodiando el inmueble 11 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI”. Le dijo a El Grande que “con la entrega de un millón de pesos para los AFIS, así como de tres millones que serían entregados a Fernando Rivera y su gente, se lograría neutralizar al conjunto de guardia y permitir que una camioneta blindada rompiera la reja de acceso a la SIEDO”.

El Grande —relata la averiguación previa SIEDO/UET/6668/2008—, calculaba reunir a unas 150 personas para realizar el asalto. Sin embargo, al sopesar los riesgos, decidió cancelar la operación. Alfredo Beltrán Leyva fue recluido en el penal de Puente Grande.

La captura de El Mochomo provocó una escisión en el cártel de Sinaloa. Existe la versión de que El Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán, a cambio de la liberación de su hijo, Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, quien se hallaba recluido en el penal del Altiplano desde 2005: a sólo tres meses de la caída de El Mochomo, El Chapito fue liberado.

Otra versión señala que Arturo Beltrán se entrevistó con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para pedirles que le ayudaran a rescatar a su hermano. Los jefes del cártel le pidieron tiempo, pero en una segunda reunión le explicaron que “no había condiciones” para efectuar el rescate. El Mochomo debía ser “sacrificado”.
Se cree que en el narcotráfico las alianzas de sangre son indestructibles. El Mochomo estaba casado con una prima de El Chapo. Arturo Beltrán, sin embargo, salió de aquella reunión con la idea de que la alianza se había roto. A partir de ahora iba a cobrar muerte por muerte, detención por detención. El Chapo y El Mayo lo supieron. Quisieron adelantarse.

A fines de abril de 2008, el mismo mes en que El Chapito fue liberado, ocurrió una balacera en la colonia Guadalupe, de Culiacán. Una casa, en la que presuntamente se encontraba uno de los hijos de Arturo Beltrán, fue atacada por elementos de la Policía Federal, apoyados por policías locales. Murieron cinco escoltas y dos agentes ministeriales. Arturo Beltrán acusó a los federales de servir de brazo armado a los intereses de El Chapo y ordenó a su gente asesinar policías donde los encontraran. Hizo colocar narcomantas en las que podía leerse: “Policías, soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán Leyva”. Y también: “Soldaditos de plomo, federales de paja, aquí el territorio es de Arturo Beltrán”.

Un día después de la balacera en la colonia Guadalupe, cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, murieron acribillados cuando patrullaban el centro de Culiacán. En Imala, dos policías municipales fueron ejecutados. A lo largo de la ciudad se verificaron ataques contra policías locales. La PFP concentró 800 agentes en la plaza de Sinaloa.

De ese modo terminó abril, el mes en que se soltaron los demonios y comenzó el enfrentamiento que a lo largo de 2008 dejó en la entidad un saldo de mil 156 ejecuciones.

La infiltración

El 7 de mayo de 2008 un retén de la Policía Federal fue instalado en el kilómetro 95 de la Autopista del Sol. La PFP acababa de recibir una información filtrada por El Mayo Zambada: un convoy en el que viajaba Arturo Beltrán cruzaría en cualquier momento por aquel sitio. El encargado de coordinar la captura fue el director regional de la PFP, Édgar Eusebio Millán. El dato proporcionado por los Zambada resultó bueno: cinco vehículos sospechosos salieron del Hotel Motel Rosales, en donde Arturo Beltrán acababa de tener una reunión. Los agentes les marcaron el alto. Los integrantes del convoy respondieron a tiros. Inició una persecución que terminó en Xoxocotla, con varios autos destrozados, la captura de nueve sicarios y dos agentes federales muertos. La camioneta en que viajaba Arturo Beltrán logró evadir el cerco: uno de sus escoltas impactó una patrulla para abrir paso a su jefe.

El Mayo Zambada, sin embargo, había contemplado esa posibilidad. Los datos que filtró a la PFP indicaban los domicilios del estado de Morelos en los que Beltrán Leyva podría refugiarse. El inspector de operaciones Édgar Enrique Bayardo, el funcionario que había recibido la filtración —y operaba como contacto de El Mayo al interior de la PFP—, se comunicó con el jefe antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, y le dijo: “Tenemos ubicados varios domicilios aquí en Morelos. Estamos concentrados y listos para entrar”.

El jefe antidrogas lo detuvo en seco: “Paren todo. Regresen de inmediato a la ciudad de México”.

Cinco meses antes, a través de una supuesta intercepción telefónica, el director de Combate a la Delincuencia Organizada de la PFP, Roberto Velasco, había ubicado a Beltrán en una mansión de la calle Escarcha, en el Pedregal de San Ángel.

Velasco le comunicó al jefe antidrogas: “La gente está colocada en puntos estratégicos”. Pidió luz verde para poner en marcha la detención.
Pero Garay se negó a dar la orden: “Aguanten. Vamos a esperarnos para más adelante”.

De acuerdo con la declaración ministerial de un testigo protegido, el agente de la División Antidrogas, Fidel Hernández (PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008), las indicaciones de Garay fueron criticadas por su subalterno: “Pero jefe, tengo evidencia de que Arturo Beltrán se encuentra aquí”.
Garay, sin embargo, insistió: “Desmonten el servicio”.

Édgar Millán, el hombre que había dado caza a Arturo Beltrán en el camino a Xoxocotla, fue ejecutado horas después de la persecución, cuando llegaba a casa de sus padres en un edificio ubicado en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero. Aunque sólo un puñado de personas tenía acceso a sus itinerarios, una filtración surgida de las mismas filas de la PFP, a través del agente José Antonio Montes Garfias, puso en manos de Beltrán la ubicación del sitio al que el jefe policiaco iba a dirigirse. La orden fue fulminante: Millán debía ser eliminado.

El agente Montes Garfias abrió el casillero del funcionario y sustrajo las llaves de la casa donde vivían los padres de éste. Entregó un duplicado —así como 40 mil pesos y 75 gramos de cocaína— a un gatillero de baja monta, Alejandro Ramírez Báez, quien integró un comando formado por cinco personas. Los sicarios aguardaron a Millán en el garaje del edificio. Habían apagado las luces. Cuando el jefe policiaco cruzó el portón, le metieron 11 tiros. (El sicario Ramírez Báez fue sometido por los escoltas de Millán. De ese modo se desanudaron los hilos de la trama.)

Una semana antes, Roberto Velasco, el hombre que tendió el cerco de la calle Escarcha, había sido asesinado en una calle de la colonia Irrigación. La verdadera venganza de Arturo Beltrán llegó, sin embargo, 24 horas después de la balacera en Xoxocotla. Sucedió del otro lado del país, el 8 de mayo de 2008, la noche en que cinco camionetas rodearon a Édgar Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, en el estacionamiento del City Club, un centro comercial de Culiacán, Sinaloa.

En la ejecución se dispararon 500 tiros y se accionó un lanzagranadas. Las ráfagas destrozaron paredes, vidrios y vehículos. Además del hijo de El Chapo, fueron abatidos un sobrino del narcotraficante, César Loera, así como el hijo de una lavadora de dinero a la que la DEA había bautizado como La Emperatriz.

En Culiacán se desató la psicosis. Los medios locales no se animaron a dar la noticia. Sólo lo hicieron dos días después, atribuyendo la información a diarios y agencias informativas de la ciudad de México. La sangre del hijo de El Chapo seguía húmeda en el suelo, escribe un testigo, cuando corrió la versión de que el jefe del cártel de Sinaloa había jurado borrar de la faz de la tierra a los Beltrán: de la célula que dirigían no iba a quedar piedra sobre piedra.

En menos de un mes, sin embargo, El Chapo asimiló dos nuevos golpes. Filtraciones de los servicios de inteligencia de los Beltrán ocasionaron la detención de uno de sus primos, Alfonso Gutiérrez, tras una cruenta balacera en una colonia de Culiacán, y de un sobrino, Isaí Martínez, en las inmediaciones de un fraccionamiento de esa ciudad.

El asesinato del hijo de El Chapo formaba parte de la misma embestida que provocó la muerte de los jefes policiacos Millán y Velasco.
Millán, el comandante acribillado en casa de sus padres, había sido el “cerebro” del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en las operaciones antinarco. Su muerte ocasionó un cambio en la estructura de mando de la PFP. Genaro García Luna colocó en su lugar, con el cargo de Comisionado, a un viejo amigo y compañero del Cisen, con el que había colaborado estrechamente a su paso por la AFI: Gerardo Garay, el jefe antidrogas que en dos ocasiones había congelado los operativos de captura de Beltrán Leyva.

Garay duró sólo unos meses en el puesto. El 15 de octubre de 2008, una nueva filtración del grupo de El Mayo, colocada en manos de su contacto, el inspector Édgar Enrique Bayardo, movilizó a la Policía Federal. En una lujosa residencia del Desierto de los Leones, en la que había un zoológico privado con panteras, tigres siberianos y leones, iba a celebrarse una narcofiesta a la que asistiría Mauricio Harold Poveda, el principal socio colombiano de Arturo Beltrán.

En la declaración que rindió cuando se descubrió que El Mayo Zambada le pagaba hasta 500 mil dólares por cada enemigo detenido, el inspector Bayardo relató la forma en que se llevó a cabo el operativo. El comisionado Garay dejó escapar a Harold Poveda, pero detuvo al resto de los invitados. Luego, alineó a 30 prostitutas contra la pared, seleccionó a cuatro, ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para las muchachas, invitó a uno de sus subalternos a “darse un baño” y cerró la puerta de la sala.

“¡Ahora sí comenzó la fiesta!”, dijo.

Antes de sumergirse en ella, el comisionado hizo que sus agentes obtuvieran los domicilios de los colombianos detenidos y fueran a revolverlos en busca de dinero. El narcotraficante Mauricio Fino, El Gaviota, se ofreció a entregar 500 mil dólares que, dijo, tenía guardados en su departamento. Bayardo fue el encargado de ir a recoger el dinero. Volvió a la casa con las fajillas metidas en dos bolsas que tenían estampada la figura de Winnie Pooh.

Según la declaración PGR/SIEDO/359/2008, cuando Garay salió del jacuzzi, desvelado y con aliento alcohólico, oyó ladrar a un bull dog que, estimaron los agentes, “valía también un chingo de dinero”. El funcionario de la PFP solicitó: “Pónganmelo para llevar”.

No existen datos sobre la forma en que Arturo Beltrán Leyva registró el golpe asestado por El Mayo a sus socios colombianos. Pero cinco días después de la narcofiesta
, en la partida de ajedrez que las filtraciones de ambos bandos desataban, una llamada anónima llegó a la PGR. “En el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, hay varias personas armadas y son narcotraficantes. Es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener”. A la una la tarde del 20 de octubre, la SIEDO rodeó la casa y comprobó que en su interior se hallaban pertrechados el hermano menor de El Mayo, Jesús El Rey Zambada, y un hijo de éste, Jesús Zambada Reyes.

El Rey Zambada comprendió de inmediato que no tenía salida. “Me voy a rifar”, dijo. Sus gatilleros abrieron fuego contra los agentes. Mientras las balas estallaban, El Rey marcó insistentemente al Unefón de su contacto, el inspector Bayardo. Quería que “su ahijado”, como le decía, le enviara refuerzos. “Nos estamos agarrando a chingadazos”, le dijo.

“Voy, padrino, voy”, contestó el inspector. Pero no alcanzó a llegar. Ni a ese domicilio, ni a ninguna parte. El número telefónico al que El Rey había marcado y las declaraciones que luego rindió Jesús Zambada Reyes, pusieron fin a la carrera de Bayardo. El inspector fue detenido cinco días más tarde y se acogió al programa de testigos protegidos. Sus declaraciones implicaron en la venta de protección al narcotráfico a los mandos principales de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al círculo cercano al secretario García Luna. Entre otros funcionarios cayeron el comisionado Gerardo Garay, el jefe de Operaciones Especiales, Francisco Navarro, y el director de Análisis Táctico, Jorge Cruz.

Como había ocurrido con la SIEDO, eran narcotraficantes los que filtraban informes y ordenaban capturas. Eran narcotraficantes los que tenían mando pleno al interior de la PFP.

El comisionado Garay fue acusado de servir a dos amos: al cártel de los Beltrán y al grupo de El Mayo Zambada. Un juez le decretó formal prisión en octubre de 2008.
Antes de ser asesinado un año más tarde en un Starbucks de la ciudad de México, el inspector Bayardo reveló las bases del acuerdo: recibir filtraciones, practicar intervenciones telefónicas, permitir que los operadores de los cárteles interrogaran a los enemigos capturados y, luego, presentar las detenciones “como logros de la PFP”.

El megacártel

En 1997, el ex chofer del general José Gutiérrez Rebollo, Juan Galván Lara, mencionó por primera vez en un expediente a los hermanos Beltrán Leyva (PGR/UEDO/226/97). Eran oriundos de Badiraguato, Sinaloa, y formaban parte “de las 11 gentes” que trabajaban de cerca con El Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Según el chofer, controlaban la plaza de Mazatlán. Alguna vez, El Señor de los Cielos se había molestado con ellos porque estaban introduciendo droga sin su consentimiento: “Son chingaderas… se va a trabajar cuando yo lo ordene”.

A la muerte de Amado Carrillo, un reporte de la DEA señaló que el cártel de Juárez se había reacomodado alrededor de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, Ismael Zambada García, El Mayo, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, y Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

Arturo Beltrán era primo lejano de El Chapo, según el testigo protegido clave “Julio”. Fue Beltrán quien introdujo a su pariente en el negocio de la cocaína. En 1993, cuando El Chapo fue recluido en Almoloya, y más tarde enviado a Puente Grande, los Beltrán quedaron a cargo de su estructura. Le enviaban dinero al penal para que pudiera pasar la reclusión con lujo —comida, mariachis, prostitutas— y lo apoyaron financieramente en los costosos preparativos de su fuga.

Tras la fuga de Puente Grande, en 2001, El Chapo organizó una cumbre de narcotraficantes en Cuernavaca. Asistieron unos 25 jefes. El Chapo tenía los mejores contactos. Relaciones que le aseguraban no ser molestado. Ante los 25 jefes trazó el futuro: unir a Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Juan José Esparragosa Moreno, Vicente Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leyva en una Federación que controlara las plazas del país, le arrebatara Nuevo León y Tamaulipas al cártel del Golfo, y golpeara a los hermanos Arellano Félix, sus enemigos históricos, hasta despojarlos de Tijuana. (Una versión indica que fue el propio Chapo quien filtró la información que permitió la captura de Benjamín Arellano Félix.)

Al frente de la guerra que la Federación iba a desatar en Nuevo León quedó Arturo Beltrán Leyva. Durante el tiempo que El Chapo permaneció en prisión, los Beltrán habían logrado conformar una de las células más sólidas del cártel. No sólo conocían a fondo la operación del grupo: “habían sido su corazón”.

A pesar de que alguna vez el testigo “Julio” consideró a Arturo Beltrán como un hombre ostentoso, El Barbas había mantenido un perfil discreto. Faltaba tiempo para que su nombre abandonara las fojas de los expedientes y se instalara en las primeras planas de los diarios.

El alfil de Arturo Beltrán en la batalla por Nuevo León y Tamaulipas fue un pistolero texano que se había fogueado en la frontera neolonesa: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los peores asesinos en la historia reciente del crimen organizado.

Beltrán y La Barbie armaron un grupo de sicarios conocido como Los Pelones y los enviaron a disputar la plaza. Quedaba claro que iba a tratarse de una carnicería. El círculo de seguridad del líder del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, estaba formado por ex militares de elite y otros desertores del ejército. Los violentos Zetas.

Para abrir camino a la incursión de Los Pelones, Beltrán y La Barbie reclutaron policías y agentes ministeriales destacados en la entidad. Un comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, reveló que ambos narcotraficantes le habían ofrecido al director del Centro de Mando de la AFI, Domingo González Díaz, cuatro millones de dólares. El trato: capturar a Osiel Cárdenas Guillén y cambiar al comandante de la AFI por una persona que ellos le señalarían. Un subalterno de González Díaz, Francisco Garza Palacios, recibió un millón de dólares a cambio de brindar protección oficial a las actividades del grupo.

Los operadores de El Chapo se asociaron también con el empresario Jaime Valdez, antiguo agente policiaco, a quien contrataron como reclutador. (La relación con Valdez terminó mal: Arturo Beltrán lo acusó de haber robado 450 kilos de coca y ordenó su ejecución: Valdez fue emboscado. Recibió 10 disparos de AK-47. Aunque logró salvar la vida, quedó parapléjico.)

Al mismo tiempo, comenzó el combate en las calles. Balaceras, torturas, levantones, desapariciones, se verificaron diariamente en la entidad.
En 2003 la batalla por el corredor del Golfo cobró un nuevo giro. Osiel Cárdenas fue aprehendido por el ejército en un operativo espectacular. Parecía que la captura fortalecería a los miembros de la Federación y el trasiego de drogas quedaría en manos de un solo grupo. Pero no fue así: tras la caída de Osiel, Los Zetas se independizaron, y un grupo de sicarios menos preparado, y mucho más violento, tomó las riendas del cártel del Golfo.

En agosto de ese año el bando sinaloense enfrentó a sus rivales en una de las calles céntricas de Nuevo Laredo. El enfrentamiento duró más de una hora. En el lugar se percutieron más de 700 casquillos. 200 policías municipales fueron suspendidos y llevados a investigación. La primera avanzada sinaloense había fracasado.
Unos meses más tarde, la Federación se desgajó. Los capos que la integraban consideraron que Vicente Carrillo, El Viceroy, jefe del cártel de Juárez, aportaba poco al grupo y en cambio le exigía mucho. La gota que derramó el vaso fue una disputa por derechos de piso en la que Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro, hermano menor de El Viceroy, ejecutó personalmente a dos operadores de El Chapo que habían movido droga sin su consentimiento.

Todo podía tener arreglo antes del sábado 11 de septiembre de 2004. Pero El Chapo no estuvo dispuesto a perdonar. Pidió a sus socios la cabeza de El Niño de Oro.
Aquel sábado 11 de septiembre Rodolfo Carrillo y su esposa, Giovanna Quevedo, llegaron a las cuatro de la tarde a un Cinépolis de Culiacán. Iban escoltados por el comandante de la Policía Ministerial, Pedro Pérez López, que había sobrevivido a dos ataques de los Arellano Félix. Cuando la función terminó, la pareja salió al estacionamiento. El Niño de Oro iba a abordar su auto cuando un comando lo rafagueó desde varios frentes. La policía recogió del piso 500 cartuchos. El comandante Pérez López repelió la agresión. Fue herido, aunque logró pedir ayuda por radio. En cosa de minutos, elementos de todas las corporaciones rodeaban el estacionamiento y se lanzaban en persecución de los gatilleros. Los tiros tronaron en las calles. Cinco sicarios fueron abatidos.

La Federación se hizo añicos: el 6 de octubre de ese año llegó el mensaje de respuesta de Vicente Carrillo. Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, miembro connotado del cártel de Sinaloa, fue ultimado a tiros en el penal de Almoloya. Dos meses después, un hermano menor de El Chapo, Arturo El Pollo Guzmán, fue ejecutado en el área de locutorios del mismo penal. Las armas que cobraron la vida de ambos narcotraficantes habían escapado a todos los controles.

Los Tres Caballeros

A principios de 2005 un reportero sonorense, Alfredo Jiménez Mota, reveló en el periódico El Imparcial las operaciones de un grupo de narcotraficantes conocidos como Los Tres Caballeros: Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán. Según la investigación, controlaban el tráfico de drogas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, y se hallaban vinculados, a través de compadrazgos y otros lazos familiares, con la banda más poderosa de Sonora, que comandaba Raúl Enríquez Parra, El Nueve. El brazo operativo de Los Tres Caballeros estaba integrado por dos grupos delictivos, Los Güeros y Los Números. Los narcotraficantes habían heredado la estructura de un viejo amo de la región, Héctor El Güero Palma Salazar. Su presencia en la entidad databa de 1998. Disponían de pistas de aterrizaje (una de ellas se llamaba “Fumigaciones Guzmán”), así como de una flotilla de avionetas con las que sobrevolaban la entidad entre las 12 de la noche y las cuatro de la mañana. Recibían apoyo institucional “de los tres niveles de gobierno”.

La información del reportero Jiménez Mota procedía de un documento clasificado por la Secretaría de Gobernación que llevaba por título: “Los Tres Caballeros. Narcotráfico”. El documento señalaba que los Beltrán visitaban por separado la entidad, se alojaban en propiedades a nombre de terceras personas y eran protegidos en sus traslados por un ex comandante de la policía municipal de Cajeme, Carlos Sánchez, quien pertenecía “al primer círculo del director general de la Policía Judicial del estado, Roberto Tapia Chan”.

Los cargamentos de los Beltrán eran escoltados por patrullas de la judicial a lo largo de brechas y terracerías. En varias ocasiones habían logrado huir, a bordo de sus avionetas, de los operativos montados por el ejército.

Jiménez Mota desapareció en abril de 2005, poco tiempo después de publicar su reportaje. Acababa de decirle a una amiga que iba a entrevistarse con una de sus fuentes, “a la que había notado muy nerviosa”. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus superiores sabían que preparaba una serie de trabajos que involucraban a gente cercana al gobernador Eduardo Bours en la venta de protección a los Beltrán.

A la desaparición del reportero le siguió la muerte del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, El Nueve. Lo hallaron en un predio, envuelto en una cobija. Sus verdugos lo habían torturado a rabiar. Luego arrojaron su cadáver desde una avioneta. Según la declaración del teniente de la Policía Municipal Jesús Francisco Ayala, las muertes del reportero y el narcotraficante estaban conectadas.

El periodista de El Imparcial, dijo el teniente, esperaba una grabación telefónica que ubicaba a Ricardo Bours, ex alcalde de Cajeme y hermano del gobernador del estado, como contacto institucional de los Beltrán Leyva en Sonora. El oficial señaló al procurador del estado, Abel Murrieta, al jefe de la Policía Estatal, Roberto Tapia Chan, al director de la policía de Navojoa, Luis Gastélum, como autores intelectuales del secuestro. El levantón habría sido realizado por órdenes de este último. Un grupo de policías municipales detuvo al reportero y lo entregó a Los Números (el grupo de Raúl Enríquez Parra). Según el testigo, la grabación que Jiménez Mota estaba aguardando contenía una charla entre el jefe de la Policía Estatal y el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, en la que el hermano del gobernador era mencionado como protector de las mafias que operaban en la entidad.

Jesús Francisco Ayala había sido, durante dos años, chofer de Luis Gastélum. Había presenciado reuniones entre su jefe y El Nueve, en las que se determinó la muerte de diversos personajes. Un día sintió que sabía demasiadas cosas. Que Gastélum no iba a tardar en ir por él. “Había sido testigo de muchos de los encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente”, le dijo al reportero Ricardo Ravelo. Decidió integrarse al programa de testigos protegidos.

El gobernador Eduardo Bours calificó de dolosa la versión que señalaba a su hermano. “No es posible que se le dé importancia y se señalen culpables”, dijo.
Cuando Joaquín López Dóriga dio a conocer el testimonio de dos mujeres secuestradas que habían escuchado una conversación telefónica entre sus plagiarios y el jefe de la policía, Roberto Tapia Chan, el infierno se desató. En sucesivas incursiones federales se incautaron ranchos y casas en los que, además de armas, autos y joyas, aparecieron leones y tigres. Una versión señala que Raúl Enríquez Parra fue acusado por los Beltrán de “calentar” la plaza y ordenaron su ejecución.

En términos formales, el gran debut de Los Tres Caballeros en la prensa ocurrió un mes después del asesinato del reportero de El Imparcial. Jiménez Mota se había quedado corto. Además de extender sus tentáculos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, los hermanos Beltrán dominaban 11 estados de la República. El arranque del sexenio de Vicente Fox había significado su época dorada. Operaban en Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. Su poder tocaba incluso “la casa número uno de México”: habían logrado extender su poder a Los Pinos, a través de un oscuro personaje que coordinaba las giras presidenciales: Nahum Acosta Lugo.

El contacto en Los Pinos

En febrero de 2005 la DEA registró una conversación telefónica entre Nahum Acosta y Arturo Beltrán Leyva. Acosta, un personaje de medio pelo en el PAN sonorense, había fungido como delegado del Instituto Nacional de Migración y se había visto envuelto en un escándalo de corrupción a resultas del cual el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. En 2001, sin embargo, el panista Manuel Espino lo recomendó como director de área en la coordinación de giras presidenciales. Cuando la DEA puso en manos de las autoridades mexicanas una grabación telefónica en la que Nahum alternaba créditos con Arturo Beltrán, el procurador Rafael Macedo de la Concha abrió una investigación que no tardó en ser filtrada a la prensa.

Por esos días la PGR atendió una denuncia anónima que indicaba que en Cerrada de la Loma 17, en el fraccionamiento La Herradura, Estado de México, se había detectado un movimiento de personas armadas, así como la presencia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán.

Los archivos de la SIEDO revelaron que aquel domicilio se hallaba engarzado con la detención de un narcotraficante en cuya agenda había aparecido el número de teléfono 52 94 41 11. Aquel número había sido asignado a la casa ubicada en Cerrada de la Loma 17. El contrato estaba a nombre de Clara Laborín, la esposa de Héctor Beltrán Leyva.

as autoridades solicitaron una orden y catearon el domicilio. Los Beltrán se habían esfumado. Pero la policía encontró dos millones de pesos en joyas y varias camionetas BMW, entre otros vehículos blindados. Halló también una tarjeta de presentación a nombre de Nahum Acosta, una agenda telefónica en la que este funcionario aparecía bajo la leyenda “Presidencia”, y cinco audiocasetes en los que Héctor Beltrán había grabado diversas conversaciones con sus lugartenientes. En una de las cintas, Beltrán le pedía a cierto operador que entregara cinco mil dólares a Nahum. En otras grabaciones, Nahum Acosta se mostraba parlanchín y hablaba con Beltrán de sus actividades, las giras presidenciales, los lugares que había visitado y las enfermedades de sus hijos. Un día le contó que acababa de sobrevolar su casa en helicóptero; otro, lo urgió a que terminara cuanto antes “el negocio de Acapulco”.

El guardia de seguridad que cuidaba el fraccionamiento relató que los habitantes de la casa parecían muy ricos, que continuamente había entradas y salidas de hombres armados, y que hacía poco había ido de visita “alguien de la presidencia de la República, de apellido Nahum”, quien se había presentado como “del Estado Mayor Presidencial”.

Nahum Acosta fue acusado de filtrar información gubernamental de primer nivel al crimen organizado. Según el procurador Macedo de la Concha, las pruebas en su contra eran “serias y contundentes”. Se había comprobado que recibió los cinco mil dólares enviados por el capo. Por si faltara algo más, el número de Beltrán aparecía registrado en su celular.

Acosta se defendió diciendo que desconocía las actividades delictivas de Héctor Beltrán, y que sólo había visitado la casa de éste con intención de rentarla. El subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, respondió: “Yo creo que ninguno de los servidores públicos que estamos actualmente desempeñándonos pudiera tener capacidad económica para rentar una de estas casas, con seis niveles y esta riqueza”. El sueldo de Nahum era de 79 mil pesos.

El escándalo colocó a los Beltrán en un rango de visibilidad que no habían tenido nunca. Paradójicamente, según Santiago Vasconcelos, sirvió para boicotear la investigación. A pesar de las pruebas “serias y contundentes” del procurador Macedo, un juez liberó 60 días después a Acosta “por falta de elementos para procesar”. Tiempo después, el PRD lo lanzaría como candidato a la alcaldía de Agua Prieta. Según el presidente de ese partido, Jesús Ortega, Nahum Acosta era inocente. “Esa es la verdad legal”, dijo.

El narcovideo

En 2005 el brazo operativo del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, tenía frentes de batalla abiertos en todo el país. Embestía en el corredor del Golfo a Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas Guillén. Enfrentaba en Tijuana a los Arellano Félix. Disputaba en Chihuahua cada centímetro de territorio al cártel comandado por Vicente Carrillo y Nacho Coronel. Tenía el control absoluto de Sinaloa, Sonora, Coahuila y Durango. Su asociación con La Familia le había abierto, desde Michoacán, la ruta del Pacífico.

En los pliegues del estado de Guerrero, los Beltrán habían fincado uno de sus principales centros de operación. A cambio de un millón de dólares compraron los favores del subdirector operativo de la Policía Ministerial, Julio López Soto.

“Trabajaban sin problemas”, señaló el chofer de este jefe policiaco. Según se demostró después, controlaban también a los principales mandos de la AFI destacados en la zona. Su ala ejecutora, Los Pelones, conformada por 350 pistoleros, muchos de ellos reclutados en la Mara Salvatrucha, se movía con libertad por el estado, ostentando armas de grueso calibre.

Una mañana, el subdirector al que compraron los Beltrán fue levantado por Los Zetas. Tony Tormenta había enviado a 120 de ellos a disputar la plaza, con un mensaje de su lugarteniente, Gregorio Saucedo, El Caramuela: “Que les iba a rajar la madre a todos los pelones y a todos los que tomaron parte en la repartición del millón de dólares que le dieron a Julio, el subdirector, y que reciban un saludo del señor Goyo Sauceda”.

El lugarteniente de Arturo Beltrán, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, tomó nota del mensaje y decidió devolver el saludo. Lo hizo con la ejecución prime time de uno de Los Zetas que llegaban de avanzada al territorio.

En mayo de 2005, tres ex militares procedentes de Nuevo Laredo fueron ubicados en Zihuatanejo por La Barbie. Un comando de hombres vestidos de negro, en cuyos uniformes aparecían las siglas de la AFI, los levantó. No les tomó mucho confesar que pertenecían al cártel del Golfo. Confesaron también que en la bahía de Acapulco los aguardaba uno de sus cómplices.

El Zeta que los esperaba en Acapulco iba a ser la estrella principal de un narcovideo que estremeció al país. Se llamaba Juan Miguel Vizcarra y había llegado a la bahía simulando pasar, en compañía de su novia, unas vacaciones. Vizcarra le había confesado a su pareja sus verdaderas intenciones: “Lo que hago es llevarme personas, y estamos aquí en Acapulco buscando gente del otro cártel; estamos buscando a unos tipos que entraron a nuestro territorio y asesinaron a miembros de la familia Zeta. Mi misión es llevarme a los responsables”.

Agregó: “Estamos en la boca del lobo, ya que si nos atrapa la policía, no nos llevarán a las autoridades, sino con los jefes de la organización”.
El 15 de mayo, el Zeta recibió dos llamadas. Al colgar la primera vez, dijo: “Atraparon a esos idiotas en Zihuatanejo”. Al colgar la segunda: “Estamos jodidos, ya atraparon a dos de mi destacamento… cuando atrapan a uno los atrapan a todos”.

Así fue. Vizcarra y su novia intentaron salir del hotel para volver a su estado. En la puerta los esperaban varios hombres con siglas de la AFI.
Esa madrugada —relata el semanario Proceso— el cártel del Golfo intentó comunicarse a la oficina del procurador general de la República. No hubo éxito. Dejaron un mensaje: “Los comandantes de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, el día de ayer, detuvieron a cinco Zetas, los cuales fueron entregados a gente de Arturo Beltrán… si éstos no son puestos a disposición en un término de 48 horas, desataremos una guerra contra estas dos plazas, no importando si hay agentes nuevos o viejos, incluso le levantaremos a la prensa nacional al titular de la AFI”.

Pero Los Zetas no fueron puestos a disposición: se los entregaron a La Barbie. A la novia de Vizcarra la dejaron ir.

Ese mismo día los miembros del destacamento fueron videograbados, con el rostro desfigurado a golpes, mientras respondían mansamente a los cuestionamientos lanzados por un interlocutor invisible. Hacia el final de la grabación, ese interlocutor, La Barbie, se acercó a Vizcarra con una pistola en la mano y le descerrajó un ti
ro en la sien: “¿Y tú qué, güey?”.

El narcovideo desató una investigación federal, puesta en marcha por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, en la que resultaron involucrados un subcomandante de la AFI, un jefe regional y una decena de agentes. Los indiciados formaban parte del círculo de confianza del entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Desató también una serie de ejecuciones en serie. En poco tiempo fueron asesinados un jefe de seguridad del Ayuntamiento y un teniente de corbeta que se había infiltrado entre Los Pelones. En julio de 2005 el ex procurador de Justicia, José Robles Catalán, fue tiroteado mientras desayunaba en el restaurante La Perla. En los tres meses siguientes se registró la desaparición de 27 tamaulipecos. A cuatro de ellos los enterraron vivos. Balaceras y persecuciones se volvieron moneda corriente en las calles del puerto: en enero de 2006, Zetas y Pelones se enfrascaron en una refriega que duró 30 minutos. Una tarde apareció un hombre descuartizado. Sus miembros habían sido repartidos en cinco bolsas de plástico. Junto a él, una cartulina: “Ahí está tu gente, aunque te proteja la afi, soldados y otras corporaciones, sigues tú Edgar Valdez Villarrreal (barbie), Arturo Beltrán Leyva, y tú, Lupillo, sigue riéndote que te voy a encontrar. Atentamente, La Sombra”.

El atentado

La investigación abierta por el subprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, a raíz de la difusión del narcovideo de Acapulco, provocó que los operadores de Arturo Beltrán movieran sus piezas dentro de la SIEDO “para calmar las cosas”. Pero Vasconcelos seguía siendo una piedra en el zapato de Beltrán. Era él, precisamente, el que había llevado la indagatoria que reveló sus nexos con Los Pinos. Era él quien había manejado el caso del reportero Jiménez Mota, desatando la operación que cubrió de llamas el estado de Sonora.

Con el cambio de administración Santiago Vasconcelos había dejado la Subprocuraduría, para pasar al área jurídica y de asuntos internacionales de la PGR. El hombre que luego de 14 años en el combate a las drogas conocía como nadie las entrañas del narcotráfico en México quedó bajo la protección de un puñado de escoltas. Arturo Beltrán decidió que había llegado la hora de ajustarle las cuentas.

El 17 de diciembre de 2007 varias camionetas de lujo, una de ellas con placas de Estados Unidos, se instalaron en una calle del sur de la ciudad. Los encargados de un negocio de hamburguesas describieron a los individuos que las tripulaban como “hombres con facha de guardaespaldas”. Varias motos con antenas y equipos de comunicación se acercaron a ellos. De pronto, el grupo se desplazó hacia Fuentes del Pedregal. Tenía la misión de reconocer el terreno, la ruta que Santiago Vasconcelos cubría diariamente para llegar a su casa. El plan se frustró de manera fortuita. Esa madrugada, alertadas por la presencia sospechosa de las camionetas, 15 patrullas de la policía capitalina acordonaron la zona. Cinco sujetos fueron aprehendidos.

No se detuvo, sin embargo, la operación. Desertores del ejército habían desarrollado el plan y recomendado las armas necesarias para penetrar el alto blindaje de que estaba dotado el auto del ex subprocurador. Los Beltrán sabían que Santiago Vasconcelos llegaba a su casa a las 12 de la noche. Para evitar que ocurriera lo de la vez anterior, un nuevo comando abordó tres camionetas viejas, una de ellas modelo 1971. El plan consistía en cerrar el paso al convoy del funcionario, formado por cuatro autos, y accionar un lanzagranadas contra su vehículo. El resto del grupo bajaría entonces de las camionetas, vomitando fuego.

José Luis Santiago Vasconcelos no fue detectado por los pistoleros. Había decidido tomar, a partir de aquel día, unas vacaciones. El nerviosismo de uno de los sicarios llamó la atención de una patrulla, que se acercó para checar el vehículo. Adentro había tres hombres con armas largas y chalecos con las siglas FEDA (Fuerzas Especiales de Arturo).

Vasconcelos fue enterado de los planes de los Beltrán esa misma noche. El encargado de comunicarle la detención de los sicarios fue su sucesor en el cargo, Noé Ramírez Mandujano, que un año más tarde quedaría formalmente preso bajo cargos de cohecho y delincuencia organizada, acusado de recibir pagos de 450 mil dólares a cambio de poner a la SIEDO bajo las órdenes de los Beltrán.

La conexión Morelos

22 de octubre de 2008. A las puertas de la Procuraduría de Justicia del estado de Morelos, tres vehículos aguardan la salida del subprocurador, Andrés Dimitriades Juárez. La orden es ejecutarlo. Dentro de las unidades hay 12 hombres, cada uno con un arma larga. El jefe del grupo es un agente de la Policía Metropolitana llamado Esteban Royaceli. Le dicen El Royal. Uno de los participantes en la ejecución —un agente apodado El Negro— relató más tarde: “De la Procuraduría nos iban a avisar cuando saliera el subprocurador Dimitriades, y como a las 10 de la noche nos avisaron que salió en un coche blanco, con dos escoltas. Se inició la persecución por la avenida Zapata”.

Dimitriades advirtió que lo iban siguiendo. Con el acelerador a fondo, tomó la carretera México-Cuernavaca, con dirección a Acapulco. Comenzaron a dispararle desde un Megane. Declaró El Negro: “Le pegaron un tiro al chofer y se estrelló contra una barda y allí fue cuando todos comenzaron a dispararle a Dimitriades”.
El mes anterior habían sido asesinados el director de la policía de Jiutepec, Jorge Alberto Vargas, y su chofer. El comando dirigido por Esteban Royaceli les dio el “cerrón” cuando salían de la casa del funcionario. Subieron a ambos a una camioneta y los llevaron a una casa de seguridad.
“Se le reclamó que si ya había arreglo, por qué no lo había respetado”, contó El Negro.

El jefe policiaco acababa de poner a disposición de Dimitriades a un grupo de pistoleros de los Beltrán, a los que había aprehendido en posesión de varias armas de fuego. El hecho de faltar al “arreglo” le valió ser torturado por dos horas, antes de que Royaceli se decidiera a asesinarlo. Su chofer fue ahorcado con un lazo. El Royal le cortó el dedo índice de la mano derecha, y se lo metió en la boca, enrollado en un billete de 20 dólares. Los dos cuerpos fueron abandonados en el camino a Temixco.
Según la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, las ejecuciones habían sido ordenadas por Alberto Pineda Villa, El Borrado, uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva en la entidad. La pesquisa reveló que El Borrado y su hermano, Mario Pineda Villa, El MP, habían creado un ejército de gatilleros integrado por asesinos reclutados en las calles y cooptados en las policías locales.

Pero eso no se supo hasta tiempo después, cuando Royaceli y El Negro fueron detenidos en el Estado de México en momentos en los que conducían un cargamento de armas.

De momento, la ejecución de Dimitriades creó un clima de histeria en la entidad. El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue criticado por no haber actuado para detener a los asesinos: en el 066 se habían recibido más de ocho llamadas reportando la balacera. Cuando la prensa le preguntó si existían datos de la presencia de los hermanos Beltrán en la zona, Cabeza de Vaca respondió: “En caso de existir la presencia del narcotráfico en el estado, la propia PGR realizará las investigaciones necesarias”.

Cabeza de Vaca pasaba por alto el reciente asesinato del director operativo de la Policía Ministerial, Víctor Enrique Payán. Lo habían encontrado en la cajuela de su auto, con tiro de gracia, lastimaduras en el cuello y un mensaje que rezaba: “Así les va a pasar a todos los que anden con Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel”.

La noche del 5 de mayo de 2009 no quedó duda, en todo caso, de la penetración del narcotráfico en el estado. Una indagación de la Policía Federal culminó en una residencia ubicada a menos de 100 metros de la casa de gobierno del mandatario estatal, Marco Antonio Adame. En esa casa se verificaba una fiesta. Alguien había llevado un cerdo. Los invitados hacían carnitas. Elementos del grupo Indio recibieron la orden de entrar. Dos helicópteros iluminaron la fachada. Dos camiones de asalto blindados se detuvieron frente al portón. Los federales no hallaron al hombre que buscaban, Alberto Pineda Villa, El Borrado, pero detuvieron a sus tíos, y también a los padres de éste. Tenían 73 y 59 años, respectivamente. Tenían, también, seis armas largas y siete cortas.

La abogada Raquenel Villanueva fue contratada para defenderlos (sería masacrada en Nuevo León el 9 de agosto de 2009). En los días que siguieron, aparecieron 10 narcomantas dirigidas a Felipe Calderón, con amenazas para Genaro García Luna. Una de ellas decía: “Felipe Calderón estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo en que involucren a padres, hermanos y demás familiares; es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos (la familia se respeta)”.
Las declaraciones que rindieron El Negro y El Royal tras su aprehensión en el Estado de México provocaron la captura del comandante de la Policía Ministerial, Salvador Pintado, con 11 gramos de cocaína encima y armamento de uso reservado para el ejército. Lo habían señalado como encargado de negociar con el gobierno de Adame un conjunto de puestos clave para la organización Beltrán.

La detención de los padres de El Borrado, la captura de Pintado y las declaraciones de los asesinos del subprocurador Dimitriades, formaron un coctel altamente explosivo. El primero en sufrir los efectos fue el secretario de Seguridad Pública del estado, Luis Ángel Cabeza de Vaca (el mismo que dudaba de la existencia del narcotráfico en Morelos). El Negro y El Royal lo señalaron como protector del cártel de los Beltrán. Cuando fue detenido por el ejército, su esposa publicó un desplegado en el que afirmaba que el funcionario “únicamente recibió órdenes” del gobernador Adame. Un juez le decretó formal prisión por el delito de colaboración en delincuencia organizada.

El segundo en caer fue el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Sánchez González. El tercero, el procurador de Justicia del estado, Francisco Coronado. La ola expansiva corrió incontenible. El 10 de mayo, militares detuvieron en Yautepec a 34 policías municipales, así como al secretario de Seguridad Pública local.

Dentro de la estructura de los Beltrán, El Borrado tenía la tarea de recibir información filtrada por la SIEDO. Un agente de la AFI, Francisco Javier Jiménez, El Pinocho, era el contacto que lo enlazaba con el coordinador técnico de esa corporación, Miguel Colorado González (otro de los funcionarios detenidos durante la Operación Limpieza). Según la averiguación 0241/2008, El Borrado también fue responsable de “enganchar” al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, hoy sujeto a proceso en Nayarit. El nivel de El Borrado en el cártel era semejante al de Sergio Villarreal, El Grande. La detención de sus padres lo puso fuera de sí.

Información manejada por Proceso señala que en octubre de 2008 el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue interceptado en la carretera de Tepoztlán por un número indeterminado de pistoleros que viajaban en vehículos blindados. Según el semanario, García Luna habría recibido el siguiente mensaje: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado”.

La DEA circuló la versión de que El Borrado, desesperado por la prisión de sus padres, le pidió a Arturo Beltrán Leyva la ejecución del secretario García Luna. No hay reporte de la respuesta de Beltrán, pero sí indicios de que inició su propia “operación limpieza” dentro del cártel, a fin de pacificar el estado. El 12 de septiembre de 2009 el cadáver de Mario Pineda Villa, El MP, hermano de El Borrado, fue hallado en la Autopista del Sol, a la altura de Huitzilac, con una manta que decía: “Así terminan los traidores y los secuestradores. Aquí está El MP”. Firmaba: “El Jefe de Jefes”.

Días después, el cuerpo del propio Borrado apareció calcinado dentro de un auto en Jantetelco. En poco más de un mes se registraron 25 ejecuciones. Todas ellas acompañadas con mantas, cartulinas, mensajes: “Esto les pasa a los secuestradores, le pido a toda la ciudadanía no lo tomen a mal, es por el bien de todos, atentamente El Jefe de Jefes”.

unto a dos cuerpos torturados se encontró en Moyotepec este narcomensaje: “Comando: Rafael Deita López (alias lágrimas) robo a mano armada, Maximino lopez por robo a casa habitación y robo de cobre de luz y fuerza y Telmex, tú sabes que esta plaza siempre ha sido mía nos equivocamos al poner un par de traidores y cobardes como el mp y el borrado de los cuales tú aprendiste las mañas, no seas cobarde… mi gente y yo estamos listos para pelear con quien sea, no me importa que te apoye el chapo, mago, nacho coronel, lobo valencia y los michoacanos, no vamos a permitir secuestros ni extorsiones deja de amenazar familias. Atte. Jefe de jefes”.

Ese fue el mes en que Héctor El Negro Saldaña y tres acompañantes fueron hallados en una camioneta en la delegación Miguel Hidalgo, al poniente de la ciudad de México, con un mensaje firmado por El Jefe de Jefes: “Por secuestradores. Job 38:15”. (Job 38:15: “Entonces la luz fue quitada a los impíos”.) Ese fue el mes en el que el alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León, que medio año atrás había sido grabado al momento de afirmar que había llegado a un acuerdo con los Beltrán Leyva para detener los secuestros en el municipio, anunció la muerte de El Negro Saldaña —¡cuatro horas antes de que la policía se enterara!

Saldaña era un narcotraficante ligado a los Beltrán. Tras la detención de un operador de éstos, logró apoderarse de la plaza de San Pedro y comenzó el secuestro de familiares de la cúpula empresarial de Monterrey. Exigía rescates de hasta cinco millones de pesos y llegó a realizar hasta tres secuestros por semana. El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, fue grabado en una reunión de empresarios ante los que confesó que eran los Beltrán, y no la policía, los que habían evitado que San Pedro Garza se deteriorara: sus familias vivían ahí, antes que traficar con drogas les interesa la seguridad de éstas.

“O sea, o montamos todo este aparato de seguridad, que ellos tampoco están en contra porque es para sus propias familias también… No sé cómo decirte, o sea, lo que yo voy a tratar de hacer, hasta ahora me estoy dando cuenta de que no está tan complicado como yo imaginé, porque los propios Beltrán Leyva están de acuerdo… Está más arreglado de lo que te puedas imaginar, si entramos rápido”.

La nueva estrategia de Arturo Beltrán, ¿consistía en pacificar los territorios donde operaba a cambio de que las autoridades lo dejaran traficar? Algunos analistas creyeron advertir que El Barbas dirigía toda clase de guiños al gobierno federal.

Desde su ruptura con El Chapo había vuelto a aliarse con Vicente Carrillo, pactó con Heriberto Lazcano, entabló relaciones con los sucesores de los Arellano Félix. No sólo controlaba la frontera norte, sino también el corredor del Pacífico. Según Jorge Fernández Menéndez, mientras El Chapo tenía los mejores contactos y la capacidad de operación para traer droga a México, Beltrán tomaba la frontera y una buena parte del litoral.

El enfrentamiento entre ambos capos explicaba la violencia en que el país había vivido sumergido. No era una lucha —dice Fernández Menéndez— por el control del territorio, sino por la supervivencia de sus cárteles.

En los peores días de la refriega con su antiguo aliado, Beltrán había hecho colocar esta narcomanta: “Con todo respeto a su investidura Sr. Presidente le pedimos que abra los ojos y se dé cuenta de la clase de personas que tiene en la PFP nosotros sabemos que usted no tiene conocimiento de los arreglos que tiene Genaro García Luna desde el sexenio de Fox con el Cártel de Sinaloa que protege al Mayo Zambada, a Los Valencia, Nacho Coronel y Chapo Guzmán… Pedimos que pongan a personas que combatan al narco de forma neutral y no incline la balanza a un solo lado”.

Sabía que estaba en marcha la cacería que terminó en la torre Elbus del fraccionamiento Altitude, el 16 de diciembre de 2009.

La batalla de Cuernavaca

Esta es la leyenda que ha quedado impresa en periódicos, revistas y declaraciones ministeriales. El sábado 5 de diciembre Arturo Beltrán Leyva fue padrino de un bautizo en Puebla. Permaneció en la entidad hasta el jueves 10, día en que decidió volver a Morelos. Su convoy era tan aparatoso que llamó la atención de la Policía Ministerial. Vino el tiroteo. La gente que caminaba por avenida Hidalgo y el bulevar Forjadores se tiró al piso. Dos judiciales quedaron heridos y un municipal murió.
Beltrán tuvo dejar atrás a cinco de sus gatilleros y también 11 vehículos. Huyó en helicóptero desde el hotel Villa Florida. Según el director operativo de la DEA, Anthony Placido, iba herido. El contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, dijo que no: la noche siguiente reapareció en una posada en el fraccionamiento Los Limoneros, a las afueras de Tepoztlán. El lugarteniente Manuel Briones, ex agente de la Policía Metropolitana que se integró al cártel como sucesor de El Borrado, se encargó de su seguridad. De Briones dependía el ejército de Halcones que realizaba en el estado labores de vigilancia: a él se le achaca el asesinato de 40 de los miembros “incómodos” de la organización delictiva.

Los sicarios que Beltrán había dejado atrás en Puebla fueron llevados en avión a las instalaciones de la SIEDO para ser interrogados. Una versión señala que el capo sinaloense había sido detectado por la DEA desde que visitó a un cirujano plástico en el Hospital Ángeles de Puebla. El cruce de datos provocó que en una reunión del gabinete de seguridad se decidiera entregar la información al almirante José Luis Figueroa. Desde la presidencia se ordenó que el operativo corriera a cargo de la Secretaría de Marina.

Alrededor de las dos de la mañana, cuando la música alcanzaba su mayor intensidad, la operación comenzó. Los marinos irrumpieron en el fraccionamiento. Vecinos reportan que la balacera duró dos horas. Beltrán volvió a dejar a sus sicarios atrás. Huyó en un vehículo Toyota, posiblemente en compañía de La Barbie. Briones, el encargado de su seguridad, bajó por una barranca y se escondió en la maleza un día entero. Municipales de Cuernavaca y agentes de la SIEDO aparecieron en el fraccionamiento cuando el tiroteo era más tupido, pero se retiraron sin tomar parte en la operación. La Armada aseguró a 40 personas, 11 de las cuales eran sicarios. El resto, músicos y sexoservidoras. En la casa fueron hallados 280 mil dólares, 20 armas, mil 700 municiones. Hubo tres muertos (entre ellos, una vecina del fraccionamiento). El vehículo en el que supuestamente habían escapado los capos fue hallado en Cuernavaca. Tenía huellas de sangre en la manija de la puerta izquierda y en el asiento delantero. Una versión señala que Beltrán volvió a ser detectado por la DEA tras recibir atención médica en un nosocomio de la capital morelense. Había dejado como domicilio el departamento que ocupaba en el condominio Altitude.

El 16 de diciembre los miembros del gabinete de seguridad fueron informados con sólo 20 minutos de anticipación de que la Armada iba a iniciar en Cuernavaca el operativo de captura de Arturo Beltrán Leyva. Se pidió al responsable de la 24 Zona Militar, el general Leopoldo Díaz, que cubriera el perímetro.

De acuerdo con documentos consultados por el reportero Ricardo Ravelo, un cocinero declaró que Beltrán Leyva iba a comer, aquel día, precisamente con el general Leopoldo Díaz. Declaró también que el capo estaba en compañía de La Barbie, pero que éste desapareció antes de que comenzaran las acciones. Beltrán había sido informado por su círculo de seguridad, Los Zafiros, sobre movimientos extraños en la calle. De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Marina, supo que iban por él desde la una de la tarde, cuatro horas antes de que iniciaran los disparos, cuando un helicóptero sobrevoló el conjunto Altitude: “Él ya sabía. Cuando escuchó el ruido del helicóptero se percató de eso, entonces se fue a su lugar y se preparó para hacer frente; él sabía que tarde o temprano iban a llegar por él”.

A las nueve de la noche, con seis pistoleros, Beltrán inició la defensa. “Estuvo participando en el tiroteo en contra de nosotros, creo que eso habla de que no estaba herido”, explicó el vocero.

Según la Marina, desde el mediodía y hasta las cinco de la tarde, los integrantes de las fuerzas especiales desalojaron a los habitantes de las 12 torres que forman el conjunto Altitude. Más de 100 efectivos se desplegaron en el lugar. Se dio la orden de ataque: desde vehículos artillados los marinos accionaron ametralladoras 7.62. Beltrán y sus hombres respondieron desde las ventanas del departamento 201 con granadas y ráfagas de AK-47.

Dos sicarios que se hallaban en la planta baja abrieron fuego contra los miembros de la Armada. “Fueron abatidos de inmediato”. Otros tres resistieron el asedio durante cuatro horas. Un marino fue alcanzado por una granada de fragmentación en las escaleras de emergencia. Se decidió detener la incursión, hasta que el parque de Beltrán se agotara. Mientras, los vehículos artillados siguieron atacando. Dos sicarios de Beltrán murieron en la sala. Cuando comprendió que estaba perdido, un tercero, el hijo de un famoso narco, El Chalo Araujo, saltó por los ventanales para suicidarse. Durante su caída, una bala expansiva le reventó en la espalda.

La última comida de El Jefe de Jefes, el hombre que compraba voluntades a cambio de millones de dólares y traficaba cargamentos que se medían en toneladas; el hombre de las joyas, los animales exóticos, los ranchos, los palacios, las avionetas, consistió en unos huevos con jamón que bajó a sorbos dados a una Coca-Cola de plástico. Había hecho llamar a dos masajistas, una de 18 años, otra de 44, con las que pasó sus últimas horas.

Según la Marina, a las nueve de la noche Beltrán abrió la puerta del departamento y enfrentó a los efectivos con intenciones de huir hacia el elevador. Le dispararon a menos de tres metros de distancia. Una de las balas le arrancó el hombro de cuajo.

Las primeras fotos lo muestran, no en la puerta del departamento, sino en el interior de éste, con una bebida energética junto a las manos. De acuerdo con la versión oficial, los marinos lo hallaron con los pantalones en las rodillas y la playera alzada hasta el pecho. “Yo creo que él cayó herido y a lo mejor le aflojaron la ropa, lo jalaron y fue que quedó en esa posición. Ya estaba así”, dijo el almirante José Luis Vergara.

Una foto muestra a tres civiles embozados, vestidos con sudaderas y guantes de látex rojo, bajándole los pantalones hasta más allá de las rodillas, y colocando al cadáver sobre una sábana blanca. En una tercera foto, esos mismos personajes comienzan a desplegar, macabramente, joyas y billetes ensangrentados sobre el cuerpo.

No se ofreció explicación oficial sobre la vejación del cadáver. Tampoco sobre la identidad de los civiles embozados.

El almirante Vergara sostuvo que el objetivo de la Armada era capturar al delincuente con vida. “Pero asumió una actitud de no dejarse atrapar”. En un acta ministerial que las autoridades no han dado a conocer, las dos masajistas afirmaron que Arturo Beltrán se había rendido, que su último gesto fue el de entregarse, antes de morir desangrado en un departamento de lujo.

Un grupo de sicarios que se enfrentó en la sindicatura de El Burrión sembró el terror entre los habitantes de esta comunidad y en donde la autoridad nada pudo hacer para frenar el poderío demostrado por los grupos armados.

Hasta ayer en la tarde, se hablaba oficialmente de un muerto y de varios heridos. De estos últimos, nadie pudo confirmar datos precisos.

La balacera fue tan intensa en varias calles de la sindicatura, de donde fueron levantados miles de casquillos y quedaron 15 vehículos abandonados con impactos de bala y sangre, seis de ellos son blindados y varios están marcados con la letra “X”.

Se presume que luego de la refriega, los sicarios huyeron en tres grupos, uno con dirección a Culiacán, otro hacia Guasave, y el tercero hacia la sierra de Sinaloa.

Los hechos. Fue poco después de las 02:00 horas cuando recibieron el reporte en la Policía Municipal. Los habitantes buscaron los rincones más seguros al escuchar el tableteo de las armas.

También automovilistas que pasaban por el sitio tuvieron que resguardarse donde pudieron.

Los carros. En la gasolinera de El Burrión, ubicada por la carretera Internacional, quedaron 10 vehículos de modelo reciente.

En su interior quedaron cargadores llenos, sangre, y “charolas” de investigador de la Procuraduría de Justicia.

En el enfrentamiento se utilizaron balas calibre 50, 40 , y 7.62 milímetros.

Escena dantesca. En la cinta asfáltica fue encontrado el cuerpo de una persona totalmente destrozado y esparcido por partes en varios metros.

A un costado de los restos, había un cartón en el que se leía: “Traicioneros, el arreglo se ase (sic) para estar tranquilos Chapo Mayo si quieren pelear ch… van a tener ATTE ABL, Alfredo Beltrán Leyva”.

El cuerpo tenía un tatuaje que decía “Navolato” y fue trasladado a Culiacán para sus estudios.

Tarde. Los elementos militares llegaron hasta el amanecer, cuando todo había pasado, cuando el miedo se miraba a flor de piel y el olor a sangre humana empezaba a dominar en una amplia superficie tapizada de casquillos de todos los calibres.

A esa hora de la mañana, los vecinos empezaron a salir de sus casas, ojerosos, con la duda en sus rostros y otros más mirando cómo habían dejado las fachadas de sus viviendas.

Ya en la tarde, Miguel Ángel Bojórquez, un músico que venía de Guamúchil, reportó que a las 02:00 horas en El Burrión, cuatro tipos encapuchados y bien armados lo despojaron de un Ford Mercury blanco.

Dos horas de infierno en El Burrión, una pesadilla con olor a pólvora.

María de los Ángeles Camacho y su familia se tiraron al piso en cuanto empezó la refriega, mientras las balas destruían vidrios, paredes y muebles. Esa es la pesadilla que vivieron habitantes de El Burrión, en un amanecer del que no daban crédito. Afuera, la movilización de militares, policías más que atemorizados, miles de cartuchos y municiones, autos, un muerto y un total hermetismo en la zona.


El encargado de la red financiera del cártel de Sinaloa, Vicente Zambada Niebla, fue detenido el miércoles en la ciudad de México y presentado ayer por la Secretaría de la Defensa y por la Procuraduría General de la República.

La aprehensión de Zambada Niebla, uno de los principales líderes de la organización e hijo del capo Ismael El Mayo Zambada, se dio la madrugada del miércoles, luego de denuncias sobre la presencia de personas armadas en la colonia Jardines del Pedregal.

Militares y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) sorprendieron a Zambada y a su escolta a bordo de tres vehículos de lujo, y los capturaron en flagrancia por la portación de armas de uso reservado al Ejército, explicó Luis Arturo Oliver Cen, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa.

Zambada Niebla es requerido desde 2003 por la agencia antidrogas estadounidense (DEA), por lo que enfrenta una orden de detención con fines de extradición.

La Secretaría de la Defensa mencionó que este sujeto es responsable del esquema operativo, logístico y de seguridad del cártel de Sinaloa, y tiene el mismo nivel en la estructura de mando que Joaquín El Chapo Guzmán e Ignacio Nacho Coronel, los otros dos jefes del grupo.

Información de Estados Unidos señala que Zambada operaba una red de empresas en Sinaloa, Sonora y Nayarit, la cual servía de “fachada” para lavar ganancias del tráfico de drogas.

El detenido está acusado de conspiración para importar y distribuir en Estados Unidos cinco toneladas o más de cocaína.

esús Zambada García, “El Rey”, usaba un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para operar el tráfico de droga desde Colombia y utilizaba tres aviones para dicho trasiego, según declaró Jesús Zambada Jr. en una averiguación ministerial a la que tuvo acceso REFORMA.

Conforme con lo asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/350/2008, el responsable del cártel de los Zambada de desembarcar la droga en el AICM era el estadounidense Ricardo Flores Quintana o Richard Arroyo Guízar, “El Richard”, hijastro de “El Rey”.

“Tenían una empresa de aviones de la que desconozco su nombre y desconozco cuántos aviones eran, pero por lo menos eran 3″, declaró Zambada Jr.

Afirma que esos aviones eran de plan de vuelo (sic), que arribaban al AICM provenientes de Colombia y que descargaban en un hangar, siendo los encargados de recoger la mercancía “El Pelón” y “El Chilisqui”; de allí, se la llevaban a una bodega, dijo.

Según la declaración, los aviones que se tenían eran tipo jet.

Al respecto, la oficina de Comunicación Social de la PGR informó de una investigación en la que se relaciona un hangar del aeropuerto capitalino, pero aún no se acredita que el inmueble pertenezca a Ismael “El Mayo” Zambada, a sus hermanos o a algún prestanombres.

Hasta ahora, no hay elementos contundentes en la indagatoria para determinar que utilizaron un hangar en sus operaciones, insistió la PGR.

La declaración de Zambada Jr. choca con el decreto oficial que prohíbe desde 1994 la operación de vuelos privados en el AICM, pero su dicho no aclara si su padre tenía relación con alguna empresa de aviación comercial.

En los últimos meses ha quedado evidenciado que el AICM es un importante punto de desembarque de droga, e incluso hay información sobre el involucramiento de policías.

En otra indagatoria (SIEDO/UEICCS /132/2008), hay indicios de que el 30 de marzo de 2008 agentes de la Policía Federal escoltaron en vehículos oficiales un cargamento de precursores químicos a la zona de Hangar Aviones S. A. El contenedor traía 600 kilos de efedrina en el vuelo KL685 de KLM, procedente de Holanda.

En el último año se han registrado varios aseguramientos de droga en distintos vuelos comerciales y de carga en el AICM. Destaca, sin duda, el del 12 de diciembre de 2007, cuando fueron decomisados 500 kilogramos de cocaína que supuestamente tenían como destinatario al grupo de “El Mayo” Zambada.

Por lo menos nueve importantes incautaciones de cocaína y efedrina han ocurrido en 2008 en el AICM. Las cargas venían tanto en líneas comerciales como en empresas de mensajería.


Dos policías federales adscritos al AICM fueron baleados mientras conducían un vehículo en la Delegación Venustiano Carranza, por lo que uno de ellos falleció y el otro resultó lesionado.

Las víctimas fueron identificadas como Jaime Martínez Lucas, de 33 años de edad, quien recibió dos impactos de bala, y el lesionado, Lorenzo de la Cruz Hernández, de 27; ambos estaban adscritos al Agrupamiento 14 de la Policía Federal comisionados a la seguridad del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban francos y viajaban a bordo de un vehículo Stratus, placas 573-VFR, por la Calle 7.

Reportes de la Policía señalaron que descendían del puente vehicular que desemboca en la Avenida Chimalhuacán, cuando se les emparejó otro vehículo, del que se desconocen sus características, y fueron baleados.

Tras la agresión, Martínez Lucas falleció al recibir un impacto de bala en la cabeza y otro más en el cuello, por lo que perdió el control del vehículo y se estrelló contra la barra de contención.

Cruz Hernández, quien viajaba en el asiento del copiloto quedó prensado y posteriormente fue trasladado al Hospital del ISSSTE, sin embargo hasta el momento se desconoce si presenta heridas de bala.

Las víctimas fueron reconocidas por el sargento segundo de la Policía Federal, Arturo Ramírez Flores.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión, así como características de los homicidas.

Al lugar del ataque llegaron policías capitalinos y federales.


Dos policías federales adscritos al AICM fueron baleados mientras conducían un vehículo en la Delegación Venustiano Carranza, por lo que uno de ellos falleció y el otro resultó lesionado.

Las víctimas fueron identificadas como Jaime Martínez Lucas, de 33 años de edad, quien recibió dos impactos de bala, y el lesionado, Lorenzo de la Cruz Hernández, de 27; ambos estaban adscritos al Agrupamiento 14 de la Policía Federal comisionados a la seguridad del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban francos y viajaban a bordo de un vehículo Stratus, placas 573-VFR, por la Calle 7.

Reportes de la Policía señalaron que descendían del puente vehicular que desemboca en la Avenida Chimalhuacán, cuando se les emparejó otro vehículo, del que se desconocen sus características, y fueron baleados.

Tras la agresión, Martínez Lucas falleció al recibir un impacto de bala en la cabeza y otro más en el cuello, por lo que perdió el control del vehículo y se estrelló contra la barra de contención.

Cruz Hernández, quien viajaba en el asiento del copiloto quedó prensado y posteriormente fue trasladado al Hospital del ISSSTE, sin embargo hasta el momento se desconoce si presenta heridas de bala.

Las víctimas fueron reconocidas por el sargento segundo de la Policía Federal, Arturo Ramírez Flores.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión, así como características de los homicidas.

Al lugar del ataque llegaron policías capitalinos y federales.

La organización criminal de Ismael “El Mayo” Zambada logró usar a la Policía Federal Preventiva (PFP) como si fuera uno de sus brazos operativos en la guerra que libra contra sus antiguos socios, los hermanos Beltrán Leyva.

Según consta en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008, la célula que comandaba en el Distrito Federal Jesús Zambada García “El Rey”, hermano de “El Mayo”, pagaba hasta 500 mil dólares bimestrales a mandos de la corporación.

Según Zambada Reyes, “hay más gente involucrada, es decir funcionarios a los que se les daba un pago quincenal o mensual”. Pero no precisa todos los nombres.

Respecto a los señalados, Zambada dice que a cambio del dinero, la Policía intervenía teléfonos de los Beltrán, realizaba “levantones”, cateaban los domicilios que les proporcionaban los capos contra aquellos y permitían que un operador de “El Mayo” Zambada interrogara a los narcos rivales detenidos.

El 20 de octubre, cuando “El Rey” fue capturado en la Colonia Lindavista junto con 15 presuntos cómplices, dos de ellos decidieron que no irían a la cárcel y colaboraron con las investigaciones de la PGR.

Uno de ellos fue su hijo Jesús Zambada Reyes, de 21 años, y el otro, su hijastro Ricardo Flores Quintana o Richard Arroyo Guízar “El Richard”, de 31, este último el número dos de la célula de “El Rey” y quien pagaba los sobornos a funcionarios.

El hijo declaró ministerialmente que “El Rey” entregó a la Policía Federal la información para catear la casa del Desierto de Los Leones, donde el 19 de octubre escapó un socio de los Beltrán, el colombiano Mauricio Harold Poveda, “El Conejo”.

Pero también reveló que fue su padre quien el 7 de mayo avisó a la policía de la Secretaría de Seguridad Pública federal del paso por Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, para montar el operativo de captura del que “El Barbas” logró escapar.

Zambada Junior afirma que uno de los conductos para entregarle estas informaciones a la corporación era Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la corporación.

“Mi papá le daba direcciones para que fuera a reventar los domicilios proporcionados, por ejemplo la persecución en Cuernavaca para atrapar a Arturo Beltrán Leyva, en donde logró escapar, y después Ballardo (sic) colaboró para detener a gente de los Beltrán Leyva en la fiesta del Desierto de Los Leones, ocurrida en días pasados”, declaró el hijo de “El Rey”, el 21 de octubre.

El operativo de Cuernavaca, donde escapó “El Barbas” y detuvieron a 9 de sus sicarios, lo encabezó el entonces jefe de la Policía Federal, Édgar Millán, quien horas después de esta acción fue asesinado en su casa.

En tanto, el cateo e intervención de la residencia del Desierto de Los Leones, donde fueron detenidas 24 personas, la dirigió su sucesor Gerardo Garay Cadena, quien está arraigado por la sospecha de robarse dos maletas con 500 mil dólares y joyas por 120 mil dólares en el operativo.

De acuerdo con el hijo de Zambada, Ricardo Flores “El Richard” -quien era el responsable también de programar los calendarios de los barcos atuneros que transportaban la cocaína desde Colombia y Venezuela a Mazatlán- mantenía los tratos con los jefes policiacos de la SSP.

“‘El Richard’… (también) organiza los operativos para capturar a los grupos contrarios, los cuales cuando estaban ya detenidos él acudía a la interrogación, así como a la administración de los recursos financieros”, agrega Jesús Zambada Reyes, según consta en la averiguación a la que tuvo acceso REFORMA.

La supuesta participación de “El Richard” en los interrogatorios policiacos a narcotraficantes, era amplia, agrega el hijo de “El Rey”.

“En el supuesto de que fuera detenido (por la Policía Federal) algún integrante de las bandas contrarias, como lo son ‘Los Zetas’, los Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes, se les entregaba a la organización de los Zambada para que fueran interrogados por ellos y sacar la mayor información de utilidad para llegar a la localización de alguna cabeza de las organizaciones contrarias”, señala.

Nacido en California e hijo de una colombiana, “El Richard” identificó en álbumes fotográficos presentados por la autoridad ministerial a varios mandos y agentes de la Policía Federal, a quienes entregó hasta 500 mil dólares en una casa de seguridad de los Zambada en Las Lomas de Chapultepec.

Identificó, por ejemplo, a los agentes Jorge Cruz y Fidel Hernández, además de Bayardo, adscritos a la Sección Tercera de Operaciones del Estado Mayor, convertida en la actual administración en la División Antidrogas de la Policía Federal.

“Se llama Fidel –dijo señalando su foto– del cual no recuerdo sus apellidos, pero sin temor a equivocarme lo identifico como elemento de la Policía Federal, el cual brinda protección a la organización criminal de ‘El Rey Zambada’ y servía para intervenir los teléfonos para ubicar a los contrarios, así como brindar protección y a quien en alguna ocasión le entregué 500 mil dólares como a mediados de enero o febrero de este año, junto a Jorge y Bayardo ‘El Jugos’ en una oficina de Bosques de Las Lomas”, relató.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considerado intocable y “funcionario consentido” de Felipe Calderón, ha mantenido en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada. Una investigación realizada por agentes inconformes con la unificación policiaca asegura –en una carta enviada al Congreso de la Unión – que en octubre pasado numerosos hombres armados interceptaron al funcionario en carretera y desarmaron a los miembros de su escolta mientras un alto capo le advertía: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado…”. El documento agrega que, entonces, el funcionario se retiró del lugar durante cuatro horas para negociar con el capo…

Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico –incluida la Secretaría de la Defensa Nacional–, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores –algunos de ellos actualmente arraigados– son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.

Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa –su feudo–, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios del primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo –del que por varios años fue socio–, transformó su rostro con una cirugía plástica.

También intocable y considerado como “el funcionario consentido” del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, éstos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.

Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.

En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.

El documento detalla:

…El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).

La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes “del alto capo de las drogas”, fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.

Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz “del alto capo” le dijo a García Luna:

Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró “abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos”.
Y, en otro punto, la carta señala:

No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (…) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.

De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.

Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.

Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.

De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.

Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada –dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna– es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente “a disposición de las autoridades”, aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.

Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.

Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección al Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, “el brazo derecho” de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.

En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia –donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año–, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.

En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.

En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a “amistades y amantes de altos funcionarios”.

Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.

En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.

De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.

Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.

Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que en menos de tres meses Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.

Un retrato del poder

El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México –el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997–, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.

Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.

Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.

Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.

Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.

Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.

En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.

El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas –María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla–, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función “clave en la propiedad y control de las empresas” del capo.

Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa –quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina– sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.

Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.

Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.

Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.

Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.

Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:

Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En octubre –mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes–, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. Las propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.

Al Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.

A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, “están obligados a cumplir con los acuerdos pactados”.

Con el nombre de “Jossac” y desde su habitación del hotel Aranjuez, en Calzada de Tlalpan, Jesús Reynaldo Zambada, El Rey, planeó el atentado contra el director de la Policía Sectorial, Julio César Sánchez Amaya, ex Jefe Pegaso, según una de las líneas de investigación más consolidadas.

El Rey, detenido el lunes pasado en la ciudad de México, es hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

Se pudo constatar, con base en la indagatoria FACI/50/T3/00210/08-02, que en los primeros meses del año Jesús Zambada ocupó la habitación 2002 junto con otras personas, entre ellas una mujer identificada como Érika, de unos 21 años.

De los 250 nombres que aparecen en una lista de clientes registrados del 10 al 14 de enero de 2008 —la mayoría falsos—, solamente el de “Jossac”, a secas, está anotado los cuatro días, por lo que las autoridades establecieron que ese sobrenombre utilizó El Rey.

Cabe recordar que el 22 de octubre pasado, cuando fue detenido Jesús Zambada, dijo llamarse Víctor Rosas Montes, ya que gusta de cambiarse el nombre y los apodos.

Manuel Pérez González, representante legal del hotel Aranjuez, se declaró incompetente para presentar grabaciones con los clientes que estuvieron hospedados los días referidos, ya que el inmueble sólo cuenta con circuito cerrado de televisión.

La relación de nombres fue solicitada por la policía capitalina, luego de que Tania Vázquez, una de las presuntas implicadas en el bombazo del 15 de febrero, declaró que acudió al Aranjuez junto con Daniel Ramírez Ávila, El Nazi, para entregar dos cajas a El Patrón.

En un trabajo en serie que este diario publicó sobre el bombazo, Vázquez manifestó que conoció en el hotel Aranjuez a El Patrón, a quien describió “como un hombre de 1.60 de estatura, con barba, mucha papada, complexión robusta, piel apiñonada y gordo, más bien panzón”.

El jueves pasado, el procurador capitalino, Miguel Mancera, informó que la descripción de Vázquez permitió a las autoridades hacer un retrato hablado del supuesto jefe de la banda, que coincide con los rasgos de El Rey, por lo que de nuevo sería interrogada para corroborar el dato.

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