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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 450 procesos por “lavado” de dinero, una cifra récord para la dependencia, ya que entre 2004 y 2007 consignó sólo 149.

De acuerdo con promedios anteriores, al final las sentencias condenatorias no corresponden al número de expedientes.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) los delitos de “lavado” no han sido adecuadamente investigados. Por esa razón, según un informe del organismo, las autoridades mexicanas lograron sólo 25 sentencias condenatorias entre 1989 y 2007. De ellas, 14 se obtuvieron en 2007.

La mayor parte de las investigaciones que la PGR tiene en curso está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El FMI señala que es necesario un trabajo coordinado para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.

Otra de las causas, según el reporte, es la insuficiencia de recursos asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

El monto del dinero sucio que circula en México cada año ha sido estimado entre 10 mil millones de dólares y 45 mil millones.

Al respecto, la firma estadounidense No Money Laundering señala: “Debido a que México es una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir 5% del PIB”.

Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas y aseguradoras”, explicó Saskia Rietbroek, socia de la firma.

La Procuraduría General de la República (PGR) descubrió y actuó en contra de células de funcionarios y jefes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que trabajaban para la organización criminal de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, que infiltraron ese organismo, la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) y la embajada de Estados Unidos en México, y que pusieron en riesgo varias de las más importantes investigaciones en contra del crimen organizado en este sexenio y la vida de posiblemente decenas de personas que lo combaten.

Documentos obtenidos muestran cómo la penetración en los más altos niveles dentro de la lucha contra el crimen organizado en México, desde al menos 2004, dejó al descubierto nombres de militares, agentes y fiscales antimafia, y la identidad y acciones de agentes de la DEA en México. La investigación, denominada por la PGR como Operación Limpieza, se inició a principios de agosto pasado como resultado de declaraciones de testigos protegidos, y se tejió rápidamente para neutralizar a los presuntos responsables dentro del gobierno federal, detener a media docena de funcionarios y jefes policiales de la SIEDO, y minimizar el daño al combate al crimen.

Los documentos de la PGR establecen que los funcionarios y agentes federales trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos protegidos, contenidas también en los documentos, los empleados de la SIEDO podrían haber prestado sus servicios a varias de las principales organizaciones criminales del narcotráfico.

Entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. El viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.

Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue arraigado el 4 de agosto, y el 15 de octubre un juez federal le dictó un auto de formal prisión. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.

Consultada el viernes pasado sobre la Operación Limpieza y las consignaciones, la PGR declinó confirmar o desmentir la información. “No podemos dar ninguna información hasta el momento procesal oportuno, pero ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ni la subprocuradora de la SIEDO, Marisela Morales, tolerarán actos de corrupción”, dijo escuetamente Fernando Castillo, vocero de la PGR. La embajada de EU, inquirida sobre el caso y la probable quiebra de sus protocolos de seguridad, reiteró que por política no podrían realizar comentario alguno.

Los hermanos Beltrán Leyva, unos de los narcotraficantes con más poder y presencia en el país, infiltraron a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una célula de servidores públicos federales —tres militares y dos funcionarios—, quienes desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) servían al grupo delictivo.

Hasta el momento, seis servidores públicos han sido detenidos y arraigados por 40 días, para quedar sujetos a investigación.

Héctor y Arturo Beltrán rompieron recientemente su sociedad con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y han creado su propia organización presuntamente en alianza con Los Zetas, ordenando incluso la ejecución de altos mandos policiacos federales como la de Édgar Millán, asesinado en mayo pasado en el Distrito Federal.

Autoridades de la PGR confirmaron que entre los seis detenidos están Miguel Colorado González, quien era coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO y uno de los hombres de confianza del ex titular de esa área, Noé Ramírez Mandujano.

También mencionaron que la investigación interna arrancó con datos publicados por algunos medios de comunicación, que provenían de averiguaciones previas en curso.

Además, quedaron sujetos a la medida cautelar José Antonio Mejía, coordinador de los policía federales asignados a esta área, además del agente federal Jorge Alberto Zavala.

Los funcionarios fueron capturados la semana pasada por policías federales en la SIEDO; en la operación para desmantelar a esta célula al servicio del narcotráfico también participó la Policía Militar para detener a tres de sus elementos asignados a la Subprocuraduría.

Se reveló que entre los detenidos en la operación militar están el capitán del Ejército Fernando Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García, comisionados a la PGR.

Las autoridades consultadas asentaron que el desmantelamiento de la célula se debió a labores de inteligencia militar, que con apoyo de la Visitaduría de la PGR permitió detectar la colaboración de los funcionarios con el grupo de los Beltrán Leyva, a manera de escudo de protección a sus actividades criminales, alertando a sus integrantes sobre los operativos e investigaciones de la SIEDO.

Sobre la infiltración del narcotráfico en el área que lo combate—que evidencia la red de corrupción consolidada por los Beltrán Leyva— después de solicitar su postura sobre el caso, anoche la PGR dijo que los funcionarios al parecer filtraron datos reservados de averiguaciones en curso “a personas no autorizadas”.

La detección de esta célula de funcionarios ligados al narcotráfico ocurre a pocos días de que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, emprendió una reestructuración en esa dependencia por instrucción presidencial, para fortalecer el combate al crimen organizado.

La estrategia se tradujo el 30 de julio en la renuncia del titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y de Mario Arzave Trujillo, encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud, pues en su gestión se detectaron deficiencias en la integración de expedientes, que derivaron, por ejemplo, en la liberación de los dos únicos sospechosos de la desaparición de dos eperristas.

Otros indicios de que en los últimos meses se vulneró la seguridad en la PGR son el suicidio del presunto secuestrador Asael Alejandre Roldán, quien el 18 de abril pasado murió en los separos de la SIEDO; mientras el 7 de junio, Pedro Sánchez Arras, El Tigre, lugarteniente del cártel de Juárez, se evadió del Centro Nacional de Arraigos, aunque fue recapturado.

El crimen del comisionado de la Policía Federal, Édgar Millán, tiene una vertiente que apunta a los hermanos Beltrán Leyva.

Gerardo Antonio García Antúnez, “El Jerry”, fue detenido en su casa de Cuernavaca y se encuentra arraigado por la PGR.

Este hombre figura en las investigaciones de la PGR como miembro de una célula de ese clan del crimen organizado que opera en el centro del País.

Su nombre fue relacionado por las investigaciones federales con uno de los identificadores de llamadas registrados en el radioteléfono que le fue asegurado a Alejandro Ramírez Báez, el asesino material de Millán.

Ramírez tenía registrados en su radioteléfono a “Cheque”, “Juan”, “Iván” y “Jarry”; de este último, las autoridades tienen indicios de que se trata de “El Jerry”.

“Cheque”, corresponde a Jorge Ortega Gallegos, quien está arraigado; “Juan” está registrado a nombre de Alberto García Sierra, a quien aún no se localiza, y “Jarry” está a nombre de Juan Carlos Ramírez Ozegueda, pero la PGR considera que el aparato era de García Antúnez.

Además, la PGR halló un vínculo en las ejecuciones de Millán y de Roberto Velasco Bravo, quien fuera director de Crimen Organizado de la AFI, asesinado el 1 de mayo.
Marcan a General con mantas

Chihuahua.- Dos narcomantas con amenazas al General Felipe de Jesús Espitia, encargado de la Operación Conjunta Chihuahua, y al Alcalde Carlos Borruel, fueron colocadas en esta Ciudad.

Los mensajes, que fueron retirados al amanecer por agentes ministeriales, estaban en dos puentes elevados.

“General Espitia te vamos a matar pinche marrano x traidor, y tu mansión en el DF? estás ubicado por apoyar a la línea atte. gente nueva… sigues Borruel”, se leía en una de las mantas.

“Así nos gusta Reyes, que hagas caso, kitaste a Sias; te falta la wey de la procu y tu general espitia, vas a morir por traidor x apoyar a la línea estas ubicado. atentamente gente nueva”, decía la otra, en referencia al Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Torres.

El grupo Gente Nueva pertenece a la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un comando armado robó esta madrugada las oficinas de la Procuraduría General de la Republica (PGR), localizada en la colonia Guadalupe Victoria, en la Vía Rápida Oriente.

Alrededor de las dos de la madrugada varios sujetos armados, uniformados de
policía irrumpieron en las oficinas gubernamentales, en donde
sometieron al guardia de una empresa de seguridad privada que
resguardaba el inmueble.

Los delincuentes sustrajeron expedientes y averiguaciones previas de múltiples casos.

Cabe señalar que el convoy huyó con rumbo desconocido, por lo que Agentes
del Ministerio Público emprenden una investigación para cuantificar el
monto de lo robado.

No es descabellada la hipótesis del semanario Zeta, de Tijuana, sobre la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota: “no lo desaparecieron por lo que escribió, sino por la información que tenía y podía publicar”.
En su edición 1164, del 17 de febrero pasado, el reportero Luis Pedro Arellano Sarmiento recupera datos valiosos sobre el narcotráfico en Sonora que estaban en poder del reportero de El Imparcial antes de ser desaparecido, y que había obtenido presuntamente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo a este informe, funcionarios del actual gobierno estatal cuyo titular es Eduardo Bours Castelo, estarían brindando protección a los cárteles de la droga. Entre estos funcionarios, son acusados el procurador de justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, y el director de la Policía Estatal Preventiva, Roberto Tapia Chan.
Tapia Chan fue posteriormente involucrado con la mafia por las hermanas Elba y Johana Palma Morquecho cuando, en una aparición insólita en el caso Jiménez Mota, aseguraron haber sido secuestradas por un grupo de narcotraficantes que pretendían asesinarlas.

Lo que Alfredo no alcanzó a publicar

Los informes que tenía Alfredo en su poder y que El Imparcial conoció y puso inexplicablemente en manos de la PGR antes de que Alfredo fuera desaparecido, señalan que este funcionario, “licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora (UNISON), fue director de Seguridad Pública en Cajeme de 2000 a 2003, durante el trienio de Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del actual gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours Castelo.

Fue en esos informes que Alfredo se apoyó para realizar un reportaje publicado por El Imparcial el 17 de enero, titulado Los Tres Caballeros, donde ofrece nombres, datos, fotografías, domicilios, ranchos, pistas de aterrizaje, conexiones y hasta números telefónicos de los principales cárteles de la droga, pero enfocado hacia los hermanos Alfredo, Arturo y Carlos Beltrán Leyva, y su relación con los hermanos Enríquez Parra, conocidos como Los Números. Los informes fueron fechados el 5 de diciembre de 2003 y diciembre de 2004.
El reportaje de Zeta cita textualmente algunas partes del informe, que se adjudica la Delegación Estatal en Sonora (del Cisen)

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE) y Abel Murrieta Gutiérrez, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (actual procurador); quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo”. “La primera vez que (a Tapia Chan) se le relacionó con narcotraficantes, data del año de 1991 siendo director de Averiguaciones Previas, al involucrársele en la desaparición del expediente del narcotraficante Jaime González Gutiérrez (a) el “Jaimillo”, junto con los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega y José Francisco Leyva Gómez, actualmente subprocuradores de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos de la PGJE, respectivamente.

“El segundo antecedente data del año de 1996, siendo director de Seguridad Pública en Navojoa, cuando se le identificó en la protección de narcotraficantes urbanos y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local”.
El trabajo de espionaje señala:

“Como Director General de la PJE (Tapia Chan), inició una reestructuración de los mandos de esta corporación en aquellas plazas de la entidad consideradas como estratégicas para la operatividad del narcotráfico, por lo que se tiene documentado que gente cercana a él ha sido colocada al frente de las comandancias lo cual le permitirá operar con toda libertad los apoyos necesarios que requieran el grupo de Beltrán Leyva y sus operadores locales para proteger y garantizar el traslado de enervantes desde las zonas de cultivo y almacenamiento hasta la frontera norte del estado.

El extraño comportamiento de El Imparcial

En un reportaje publicado el 17 de marzo pasado, el diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reveló que el diario El Imparcial, de Hermosillo, entregó una copaia de los expedientes a la PGR: “A finales del mes de febrero de 2005, un empleado de El Imparcial le entregó una copia de este informe al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, quien semanas después lo calificó de ¨falso¨. La realidad es que falso o verdadero, luego de las revelaciones que lanzó Jiménez Mota, el trabajo del joven periodista nunca fue desmentido por la SEGOB”.
Las preguntas son obligadas ¿Por qué El Imparcial publicó el reportaje Los Tres Caballeros sin incluir la presunta colaboración de los altos funcionarios del gobierno estatal con los cárteles de la droga siendo que la fuente es la misma? Y lo más serio ¿Por qué El Imparcial le entregó a la PGR una copia del informe del Cisen? ¿Con qué propósito? ¿No calcularon los editores del diario que con esta acción se ponía en riesgo la seguridad del reportero y la de ellos mismos, debido a que había información muy delicada que todavía no se había publicado?

Once líneas para distraer bobos

En una visita a Hermosillo realizada el 7 de junio de 2005, José Luis Santiago Vasconcelos se reunió con un grupo de periodistas de Sonora, y les reveló que tenían once líneas de investigación en el caso Jiménez Mota. Las líneas apuntaban hacia los grupos de narcotraficantes, el crimen de un agente del Ministerio Público Federal, incluso una de ellas al contacto “nervioso” que vería Alfredo la noche que desapareció.
La Siedo incluyó una línea relacionada con el grupo religioso en el que estaba Alfredo; otra apuntó a las fuentes informativas del reportero, y otras se fincaron en llamadas anónimas que ha recibido la Procuraduría. También incluyó una línea relacionada con motivos pasionales y hasta investigó la posibilidad de que hubiera sido secuestrado en una comunidad seri. Pero ninguna estaba dirigida a jefes policiacos, a pesar de que ya tenía la PGR el informe secreto del Cisen, o por lo menos nunca lo hicieron público. Tampoco conducía ninguna de ellas hacia Nahum Acosta Lugo, a pesar de que Alfredo había revelado las presuntas conversaciones del ex coordinador de giras presidenciales, oriundo de Agua Prieta, Sonora.

Contacto nervioso

Raúl Fernando Rojas Galván debiera ser uno de los principales sospechosos de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Era subdelegado de la PGR en Sonora y era fuente importante del periodista. La noche que desapareció, Alfredo le dijo a su compañera Shaila que la vería más tarde, porque tenía que acudir a una cita con un contacto y que era impostergable porque lo había notado muy nervioso.
Nunca se ha establecido con claridad quién era ese contacto nervioso, pero todo apunta hacia el ex funcionario de la PGR. La dependencia lo concentró en la ciudad de México y después lo dio de baja. Se le tomaron declaraciones, pero nunca se dijo cuán fue su grado de responsabilidad en el asunto o silo absolvían de todo cargo.

Las conversaciones de Nahum

Alfredo Jiménez Mota estuvo en la mira de Nahum Acosta Lugo, el ex coordinador de giras presidenciales que fue acusado por la PGR de trabajar al servicio del cártel de Joaquín Guzmán Loera, según una de las grabaciones que sirvieron de base para la consignación del ex funcionario. Poco después de que Nahum Acosta fue aprehendido y arraigado por la PGR el 4 de febrero de 2005, El Imparcial de Sonora publicó ocho conversaciones que supuestamente el ex funcionario federal sostuvo con diversos personajes ligados a los grupos narcotráfico que operan en el norte del país. En uno de los diálogos, quien se presume es Nahum Acosta, menciona a Los Güeros, (“…definitivamente, ahorita estamos viendo eso, lo de… de Los Güeros…”). La PGR afirmó entonces que Nahum se refería a la banda de narcotraficante Los Güeros, que opera en Sonora, bajo las órdenes de Joaquín, El Chapo Guzmán. En una de las conversaciones, se supone que con Marcos Paredes, hermano del narcotraficante Leo Paredes, asesinado en abril de 2004 junto con su familia en un restaurante de Agua Prieta, Nahum le promete a su interlocutor “calmar” a un periodista que quiere publicar un reportaje sobre Los Paredes, pidiéndoles que no le dé dinero, pues él tiene otros métodos más eficientes para controlarlo.
Ese periodista era Alfredo Jiménez Mota, que en los días previos había viajado a la ciudad de Agua Prieta, como reportero de El Imparcial, para documentar la participación de los hermanos Paredes en las actividades del narcotráfico.
A pesar de estas evidencias, Nahum nunca fue molestado.

Reynaldo Zamora

Ríodoce publicó que en enero de 2004 que Reynaldo Zamora amenazó a Alfredo Jiménez. En aquel momento Zamora era jefe de Detenciones en Flagrancia de la Policía Ministerial. Y Alfredo Jiménez reportero de El Debate. Ambos se vieron en las instalaciones del diario. El motivo fue una nota que escribió Jiménez sobre la presencia del jefe policiaco en un accidente automovilístico ocurrido sobre el puente Almada, de madrugada. El automóvil era conducido por un hijo de Joaquín Guzmán Loera y el saldo fue de un joven muerto. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2003. Su presencia en el lugar lo ubicaba como un funcionario de la PME al servicio del narco. Después de esto, el mismo Alfredo contó que el jefe policiaco lo había amenazado, que le advirtió lo que pasaría si ese grupo del narcotráfico supiera quién es él. Zamora Gaxiola se presentó a las instalaciones del diario y habló con el reportero. Le reclamó que el dato había sido incluido de manera dolosa. Y lo amenazó: “¿Qué pensarías tú si yo le digo a la familia del Chapo que lo hiciste de manera dolosa? El reportero se quedó callado, mirándolo. “¿Qué pensarías?”, le volvió a espetar el policía”. Reynaldo fue después entrevistado por Ríodoce. Negó que haya amenazado al periodista, pero por lo menos dos reporteros de Sinaloa declararon ante el Ministerio Público que siguió el caso en Sinaloa, que conocían de esa amenaza de Reynaldo.

También negó que la PGR lo hubiese citado a declarar. Pero pronto se sabría que había mentido, porque pudo documentarse y así lo publicó Ríodoce, que sí declaró. En marzo del 2004 Zamora Zepeda recibió un citatorio de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en contra de la Delincuencia Organizada (SIEDO) para que acudiera a declarar en torno a su presencia en un percance vial, en el que se vio involucrado el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El chapo.

Semanas después de este hecho, Reynaldo Zamora, solicitó y obtuvo un amparo del Juzgado Quinto de Distrito en contra de cualquier acto que las autoridades locales o federales ejerzan en su perjuicio.

El insólito testimonio de dos hermanas “secuestradas”

La PGR todavía no presentaba avances en las investigaciones del caso, cuando apareció una historia que ya hubiera querido inventar Juan José Rodríguez. Una noche de junio, Joaquín López Dóriga presentó en El Noticiero el testimonio de las hermanas, Elba Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho, de 31 y 13 años de edad, quienes supuestamente habían sido secuestradas en Navojoa, Sonora.
Las mujeres aseguraron al Noticiero que Alfredo Jiménez Mota está muerto y conocen el sitio donde se encuentran sus restos. Ambas mujeres dijeron que fueron secuestradas el pasado 2 de junio en Ciudad Obregón, Sonora, y que fueron trasladadas a un rancho ubicado afuera de la ciudad. El rancho aludido, se supo después, pertenecía a los hermanos Enríquez Parra. Las hermanas aseguraron haber presenciado un multihomicidio. También afirmaron haber escuchado una conversación telefónica entre sus secuestradores y un tal Tapia Chan.
“Primero les habló un comandante de apellido Tapia Chan y les dijo que hicieran bien las cosas porque la prensa andaba muy metida en eso, que nos habían reportado que estábamos secuestradas”. Elba Palma aseguró haber escuchado una conversación de sus captores afirmando ser los autores del homicidio del periodista Alfredo Jiménez Mota. A partir de esto, Elba y Johana iniciaron una denuncia en la PGR. Acusan a Jesús, Wenceslao, Miguel y Rafael Terán, a los hermanos Wilfredo, Raúl e Idelfonso Enríquez Parra y José Darey Castro, como los autores materiales de estos hechos.

Todo parecía un montaje cinematográfico. Semanas después, la PGR, apoyada por el Ejército Mexicano, cateó por lo menos media docena de propiedades de Los Números, sin que encontraran rastros de Alfredo.

Sobre lo dicho respecto a Roberto Tapia Chan, éste afirmó estar “sorprendido por la forma y el manejo de la información. Es un noticiero serio”. Se refería al programa de López Dóriga, y a Televisa. Mientras, el gobernador Eduardo Bours dijo que los señalamientos contra su director de la Policía estatal Preventiva eran un infundio. Días después de haber iniciado el escándalo, las hermanas desaparecieron.

La muerte de “El Nueve”

Todo se enrareció desde entonces. La Siedo se alejó de Sonora, Vicente Fox, quien había prometido justicia, no volvió a dar la cara. Regresó a Sonora, pero se la pasó esquivando a los periodistas, que reclamaban y reclaman justicia.
En octubre, una noticia conmocionó Sonora: uno de los líderes de la banda de narcotraficantes conocida como Los Enríquez, Los Güeritos y Los Números, Raúl Enríquez Parra, El Nueve, fue encontrado muerto junto con otros tres sujetos.
Esta banda fue la que el periodista Alfredo Jiménez Mota denunció en uno de sus reportajes publicados en El Imparcial, de Hermosillo, en enero de 2005.
Las primeras versiones hablaban de que habían sido ejecutados a tiros, pero después se informó oficialmente que los cuerpos no presentaban impactos de bala, y que fueron muertos a golpes, con claras huellas de tortura.
A los cuatro los encontraron regados entre los ranchos “Las Milpas” y “Piedra Baya”, a unos doce kilómetros al oriente de Masiaca, municipio de Navojoa. Se presume que los lanzaron desde una avioneta en marcha. Todos estaban esposados. Dos de ellos, se dijo, eran originarios de Sinaloa.

Una de las versiones sobre la muerte de Raúl Enríquez habla de una posible relación con el caso del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota, pues la misma PGR ha dicho que la línea principal en la investigación apunta hacia el narcotráfico. Por ello, dicen, han cateado múltiples propiedades de Los Enríquez, sobre todo en Álamos, Sonora, zona donde opera esta banda.

La espera

Pero nada ha quedado claro hasta ahora. La PGR anunció que los primeros días de abril, con motivo del primer aniversario de la desaparición de Alfredo, habría de dar conocer los avances de las investigaciones. Para los periodistas, así se percibe, se trata de un crimen impune más, que el gobierno del presidente Vicente Fox no pudo, o no quiso resolver.

La PGR nunca explicó por qué absolvió de toda responsabilidad al ex subdelegado Rojas Galván. Tampoco dijo si había citado a declarar a Tapia Chan después de que las hermanas Palma Morquecho lo denunciaron. No abrió la boca cuando Zeta publicó el nombre de Abel Murrieta como protector de los narcos que operan en Sonora. Se fue sobre Los Números, pero dejó intacta la estructura de Adán Salazar, un narco que opera sobre todo en Navojoa y al cual Alfredo había señalado en sus reportajes. No ha dicho, si los expedientes del Cisen son auténticos o no. Y si son auténticos, por qué no ha actuado contra el gobierno de Eduardo Bours Castelo.

Con la muerte de dos agentes de la Policía Ministerial del Estado que habían resultado heridos en uno de los tiroteos de hoy, el número de víctimas creció a 12 decesos.

Extraoficialmente se informó que quienes perdieron la vida fueron el comandante Heriberto Regalado, jefe del área de robo de vehículos de la PME, denominado “Orión”; así como el agente Emigdio Rocha Trujillo.

Fuentes cercanas a las investigaciones que en este momento se realizan en el taller ubicado en la calle Río Ameca, en El Vallado, se revelaron que dos de los nueve asesinados en ese lugar eran maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, identificados como Cristóbal Herrera Camacho y Jesús Alfonso López Félix.

En este momento, elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal realizan la búsqueda de presuntos gatilleros en la colonia Salvador Alvarado, donde mantienen cerradas seis cuadras, entre ellas la avenida Ignacio R. Praslow, entre Puerto Madero y Puerto La Paz.

Arriban más federales a Culiacán

Minutos después de los enfrentamientos, en el aeropuerto internacional de Culiacán arribó un avión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el que transportaban a decenas de agentes de la Policía Federal que fueron traídos para reforzar las acciones anticrimen.

En tres atentados distintos y perpetrados en forma simultánea en la colonia El Vallado y el Centro Sinaloa, al menos 10 personas, entre ellas un comandante de la Policía Ministerial fueron asesinados, y al menos dos agentes de la misma corporación resultaron heridos.

Los ataques iniciaron a las 11:15 horas en un taller mecánico ubicado sobre la calle Río Ameca y la calle Guillermo Prieto, en la colonia Vallado Nuevo, antes Los Pinos. En donde un comando de por lo menos 15 sicarios mataron a nueve personas.

Posteriormente los gatilleros huyeron hacia el bulevar Emiliano Zapata, y frente a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado mataron al Comandante Antonio Rodríguez Munguía.

El jefe policiaco viajaba en una camioneta Ram blanca, la cual se incendió en forma parcial luego del tiroteo.

Después, el grupo armado continuó por el Bulevar Emiliano Zapata hacia el oriente y se enfiló por la avenida Insurgente hacia el norte.

Fue antes de llagar a Plaza Fiesta ciando los gatilleros atacaron otra patrulla de la policía ministerial donde viajaba el recién nombrado jefe del área de vehículos de la PME, quien acababa de ocupar el cargo que tenía Rafael Ríos Torres, quien fue “levantado” y ejecutado hace una semana en esta ciudad.

En ese atentado resultó herido también el agente Jesús Sarabia Angulo; después del ataque los elementos se estrellaron contra un árbol del camellón central.

Después de este ataque, los sicarios continuaron hacia el norte por la Insurgentes. Y al pasar por el Juzgado Primero de Distrito, dispararon contra un grupo de militares que se encontraban estacionados. No hubo soldados heridos.

Los sicarios continuaron la huida hacia el sur y hasta el momento militares y elementos de todas las corporaciones policíacas continúan con un operativo de búsqueda .

Hasta el momento, los agentes ministeriales heridos se reportan en peligro de muerte.

Gran parte de la zona se encuentra acordonada en estos momentos.

A lo largo de cuatro años el cártel de Sinaloa realizó operaciones en instituciones financieras estadounidenses para adquirir 13 aeronaves que utilizó en el tráfico de droga entre Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Un informe de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) menciona que el grupo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada realizó operaciones por casi 13 millones de dólares a través de triangulaciones coordinadas por la Casa de Cambio Puebla.

Los movimientos alcanzaron al primero y al cuarto banco más importantes de Estados Unidos, el Bank of America y el banco Wachovia, entre otras instituciones financieras que recibieron transferencias de 2003 a 2007.

En el esquema de triangulaciones participaron más de 70 particulares y empresas, de acuerdo con el expediente. De esta forma 14 compañías estadounidenses recibieron transferencias por 12 millones 951 mil dólares. PGR y DEA ubican a Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Pirri, como el artífice de la operación.

Igor Labastida Calderón ex director de investigaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) y actual comandante de esa corporación, fue asesinado junto con su escolta José María Ochoa en una cocina económica denominada Anita, en calzada México-Tacuba, entre las calles Lago Argentina y Lago San Martín, colonia Argentina Antigua.

Labastida Calderón era un personaje cercano a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, con quien colaboró en varias ocasiones.

Otras tres personas fueron trasladadas a hospitales al resultar heridas durante la ráfaga que desconocidos efectuaron contra estas personas mientras se encontraban comiendo.

Entre los lesionados se encuentra Humberto Torres y Heidi Hasel Cruz Osorio, quienes fueron trasladados al hospital español

Otra de las personas que resultaron heridas, de nombre Álvaro Pérez Mendoza, presuntamente falleció al ser trasladado a la Cruz Roja; otra versión refiere que sigue vivo.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Federal Preventiva así como del agrupamiento Zorros de la Secretaria Pública del DF y peritos de la Procuraduría Capitalina quienes en estos momentos están llevando a cabo el levantamiento de los cuerpos que quedaron al interior de esta fonda.

Por cuestiones periciales las autoridades de la procuraduría bajaron las cortinas del local mientras una cantidad importante de curiosos se encuentran en las inmediaciones del lugar.

A pesar de ello aunque no se ha interrumpido la circulación sobre la calzada de México-Tacuba.

Sufrió Igor Labastida ataque hace cinco años en Cuautitlán Izcalli

En el año 2003 Igor Labastida Calderón, sufrió un atentado contra su vida en Cuautitlán Izcalli, cuando era Director de Asuntos Especiales de la AFI, al ser baleado la madrugada de ese sábado cuando se dirigía a su casa.

Fuentes de la PGR informaron que Labastida Calderón viajaba en su camioneta cuando detectó dos vehículos que organizaban arrancones en avenida Naucalpan, en la colonia Cumbria.

Al acercarse para ver qué pasaba, uno de los automovilistas sacó una pistola y le disparó, hiriéndolo en pierna y hombro.

Viajaba acompañado por Jesús Antonio Allende, también elemento de la AFI .

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