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Tag Archives: trafico

Aquí se registra el 38 por ciento de las muertes del narco, van mil 26 muertes en apenas 8 meses.

Difunden a nivel nacional que Chihuahua es el estado con más muertes violentas en todo el país. De acuerdo a un recuento del periodico El Universal, la tierra de encuentro tiene hasta el momento mil 26 muertes, cifra que representa el 38% de los dos mil 682 asesinatos que se han registrado en todo el país.

Este sábado la publicación exhibió a Chihuahua como el estado donde más se han incrementado las ejecuciones, pero además destaco que a nivel país ya se han superado las cifras del años pasado, señalando que en todo el 2007 las cifra fue de dos mil 673 homicidios

Mientras tanto el Chihuahua el Gobernador, José Reyes Baeza, reconoció el pasado viernes que el Operativo Chihuahua ha fracasado, motivo por el cuál esta pidiendo de nueva cuenta el apoyo de la Federación para poder combatir las acciones delicitivas del narcotráfico, las cuales han sumido en el terror y la angustia a las poblaciones de la tierra de encuentro.

El 16 de junio de este año el jefe del cártel del Atlántico cayó en manos de la Policía en Santa Bárbara, con un arsenal y 30 de sus hombres, pero un alto oficial ordenó que lo dejaran ir.

La detención de uno de los capos más buscados de Honduras la efectuaron oficiales de policía en la madrugada de ese día luego de conocer que el narcotraficante había pasado por un retén con un contingente a bordo de 13 carros blindados.

Un grupo policial aseveró que el jefe policial venía al frente de la célula criminal que se dirigía al velorio de Ronald Gutiérrez, a quien la Policía investigaba por ser aliado de ese cártel y supuesto autor de varias muertes ocurridas días antes de su ejecución.

“Minutos después de que el jefe de la Policía se acercara al operativo pasaban los narcos, quienes fueron detenidos y encañonados por 32 efectivos a cargo del operativo”, relató uno de los efectivos que participó en la misión.

Los agentes policiales lograron decomisarles varias armas, entre las cuales figuraban MP5, M-16 automáticas, escopetas, 9 mm, 38 especiales, y dos AK-47.

Ordenó devolver armas

El oficial a cargo del departamento dio la orden de devolverles las armas y despacharlos, tirando por el suelo el trabajo del contingente de la Policía con la excusa de que ellos no habían cometido ningún delito.

El jefe policial ordenó a los oficiales que bajaran las armas, pero el subcomisario a cargo del operativo levantó la voz y dijo “suban las armas”.

Elementos del comando Cobra, de Tránsito, agentes de investigación y preventivos se encontraban sin saber qué hacer en el operativo, mientras los dos jefes policiales discutían el futuro del jefe del cártel del Atlántico y de sus compinches.

Agentes que se encontraban en el lugar afirmaron que el líder de los narcos le exigió a ese jefe policial que lo dejara ir.

Miembros de la entidad policial aseguraron que el simple hecho de que dos o tres personas anden en grupos y armados incurren en el delito de asociación ilícita.

A pesar de lo ocurrido, el oficial que estaba a cargo de la Policía de ese departamento dejó ir al jefe del cártel del Atlántico, organización que según fuentes policiales se dedica al sicariato, narcotráfico y robo de vehículos.

Suspenden a oficial

Horas después el jefe policial fue relevado de su mando y suspendido de sus labores por orden del ministro de Seguridad.

Un subcomisario que participó en la operación de detención y decomiso de las armas fue asignado a una academia del FBI, ubicada en Cuántico, Estados Unidos, por su excelente trabajo.

Éste es el segundo caso por el que se mancha un jefe policial de Santa Bárbara.

Cuerpos especiales afirmaron que antes de este oficial hubo otro que también fue suspendido porque le regresó un arsenal al ahora occiso Ronald Gutiérrez.

“Fue parecido, unos agentes iniciaron un operativo para incautarles unas armas a Gutiérrez, cuando el que estaba a cargo de la jefatura también ordenó de forma inexplicable que les devolvieran las armas”, afirmó un miembro del cuerpo de inteligencia de la Policía.

Después de esa suspensión quedó al mando el alto oficial que dejó ir a varios narcos el 16 de junio de este año.

La Policía informó que está investigando al líder del cártel del Atlántico por darle muerte a un oficial que se presume tenía acercamiento con la segunda banda más poderosa que opera en San Pedro Sula.

Además, la Policía tiene presunciones de que Ronald Gutiérrez participó en las muertes de varios integrantes de la familia Fajardo, ocurrida en una una gasolinera de Trinidad, Santa Bárbara.

Según la Policía, los negocios principales de estas dos bandas son el narcotráfico y el sicariato.

300 mil por muerte

Cuerpos de inteligencia señalaron que tanto la banda del Atlántico como la que opera en San Pedro Sula cobran 300 mil lempiras por matar a una persona.

Cuando los jefes de estas células criminales son contratados para dar el servicio de sicariato, envían a un grupo de tres “gatilleros” a los cuales les pagan 30 mil lempiras a cada uno.

“El problema que tienen estas bandas es que se pelean el mejor contrato”, aseguraron agentes de Investigación.

También indicaron que hay otras bandas que son de Guatemala y que son contratadas por gente de dinero para matar a sus enemigos.

Elementos de la Policía dijeron que a los miembros de la otra banda que opera en San Pedro Sula no les gusta que los del Atlántico hagan “trabajitos” en su sector y viceversa.

Los ajustes de sicarios se realizan especialmente en Tocoa, La Ceiba y el occidente del país.

“Muchas veces los narcos ‘trabajan’ en lugares donde no les corresponde, pues son sectores que ya están marcados por los del otro cártel”, afirmó la Policía.

Dejan marcas

Agentes de Investigación dijeron que estos grupos criminales siempre que se infiltran en lugares que no les corresponden, dejan sus sellos personales.

Estas marcas se diferencian en los tipos de munición que utilizan, la distancia de donde disparan o el tipo de ejecución.

Siempre las dejan para hacerles saber a los otros cárteles quién realizó el “trabajo”.

Muchas organizaciones criminales tratan de que la Policía siempre les esté informando sobre dónde y cuándo se llevarán a cabo los operativos.

Elementos de la Policía afirmaron que en muchas ocasiones hay narcos que les regalan recargas de teléfono celular a algunos agentes para que los mantengan informados de todo lo que sucede. También dijeron que a otros les pagan en dólares por cualquier tipo de datos que los alerte sobre algún allanamiento.

Autoridades policiales aseguraron que uno de los problemas para tener personal calificado y que éste sea insobornable es el bajo salario.

“Los narcos se aprovechan de que el sueldo de los elementos policiales es de apenas seis mil lempiras”, señaló un agente.

Otro de los lastres que padece la Policía Nacional es la falta de logística y de equipo.

Crímenes, en ascenso

Entre enero y julio de este año las muertes por arma de fuego se han incrementado en el departamento de Santa Bárbara en comparación al año anterior.

En los primeros siete meses de 2007 se registraron 58 muertes a causa de balazos, mientras en este año hasta la fecha van 83.

La Policía señaló que en los Valles es donde ocurren la mayoría de las muertes efectuadas por el crimen organizado.

Después de enfrentamientos con armas, la segunda causa de muerte violenta son las peleas con arma blanca, con un total de 14 decesos.

Raul Mauricio Flores, coordinador del Ministerio Público de Santa Bárbara, señaló que donde más asesinatos se cometen es en Quimistán, Naco, La Flecha y Macuelizo.

“Los homicidios han aumentado en esos sectores. Hemos estado yendo a muchos levantamientos relacionados con el crimen organizado”, afirmó Flores.

También mencionó que muchas de las víctimas son personas que traen de San Pedro Sula para ser ejecutados en esos lugares.

Varios agentes admiten la tesis de que el crimen organizado está utilizando esos lugares como botaderos de cadáveres.

Con respecto al tema del narcotráfico, miembros del Ministerio Publico afirmaron que si la Policía no realiza captura ellos no pueden actuar.

“Los apresamientos por tráfico de estupefacientes en esta zona son muy pocos, debido a que nunca se recaban muchas pruebas”, refirió el coordinador de los fiscales Raúl Flores.

“Narcomenudeo es el problema de Santa Bárbara”, dice jefe policial

Santa Bárbara está conceptuada como un corredor del narcotráfico de y hacia otros países vecinos.

“El narcomenudeo es un problema que esta afectando a gran parte de Santa Bárbara, incluso menores de edad son utilizados para ese tipo de trabajo sucio”, señalo el subcomisionado de la Policía de este departamento, Santos Armando Rodríguez.

El jefe policial señaló que no tienen suficiente equipo para hacer vigilancia y transporte con el fin de montar operativos, ni tampoco personal confiable o capacitado.

“Hay mucha fuga de información, necesitamos personal que esté capacitado para contrarrestar este delito, aquí hay muchos agentes que avisan a los narcos sobre los allanamientos”, dijo Gutiérrez.

En el departamento hay un promedio de 200 efectivos de la Policía Preventiva.

Este año no se han producido muchas capturas de personas que se dedican al narcotráfico en Santa Bárbara.

“La mayoría de los decomisos son plantas de marihuna. De cocaína apenas se han incautado gramos a delincuentes que se dedican a venderla menudeada”, afirmó un agente de investigación.

También mencionó que en los meses anteriores han incautado una gran cantidad de marihuana y semillas.

En el último operativo se decomisaron más de dos manzanas de plantas de marihuna en uno de los sectores del departamento.

La Policía apuntó que hay muchos narcos que están pagando con cocaína y ésta es vendida por gramos en varios sectores como Quimistán, Trinidad, Sula y Azacualpa.

“El problema de que no hay muchas capturas de personas dedicadas al narcotráfico es que muchas de ellas siempre andan con dos o tres gramos cuando son requeridas y esto debilita la acción policial, pues sólo son remitidas a la Fiscalía por consumo y no por tráfico”, apuntó un jefe de la policía de Investigación. Otra agente aseguró que muchos capturados han sido puestos en libertad casi al instante por la influencia política que existe en Santa Bárbara. Autoridades policiales apuntaron que después de la muerte de Ronald Gutiérrez los asesinatos en la zona bajaron en un 60 por ciento.

La Familia se mudó al estado de México y al Distrito Federal. La carta de presentación de este grupo criminal vinculado a Los Zetas son ejecuciones y decapitaciones, venta de protección y corrupción policial, control de la distribución de drogas y narcomenudeo, amenazas y secuestros o levantones.

Reclutadores, por menos de 6 mil pesos mensuales, de indocumentados guatemaltecos y salvadoreños, de integrantes de pandillas y bandas de asaltantes de cada sitio donde llegan, o bien de desempleados y hasta ex policías, la presencia y violencia de sus miembros ya se dejó sentir en la capital y en Edomex.

La estrategia de los de la llamada Familia de Michoacán es similar a la de sus cómplices Los Zetas, esta última aliada a los hermanos Beltrán y con quienes integran uno de los cárteles más peligrosos y violentos en México, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del estado de México (PGJEM) a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Así, una avanzada de ellos identifica objetivos. Luego un grupo armado amenaza y somete a policías locales, lo mismo que a narcomenudistas; luego se asientan en casas de seguridad y siguen con empresarios, comerciantes y aquellos que serán extorsionados.

Una parte de cómo actúa ese grupo la revelan Luis Osvaldo González Zepeda, Francisco Carlos Velásquez y Manuel Gómez Martínez, miembros del grupo detenidos en Toluca, estado de México, y ahora bajo arraigo en el DF según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/239/2008.

La casa de seguridad

La noche del 9 de julio, la Policía Federal recibió una llamada anónima. Se denunció que en la calle Lago Monitora, colonia Seminario Sayula, de Toluca, se reunían hombres armados. Antes de medianoche, un destacamento de agentes federales llegó al sitio. Hallaron la casa y, al salir de ella dos autos —una camioneta Liberty roja y un auto Jetta gris—, les marcaron el alto.

Ninguno de los autos hizo caso. Tras la persecución la policía sometió a los ocupantes del Jetta, Luis Osvaldo González Zepeda, Francisco Carlos Velásquez y Manuel Gómez Martínez o Pedro Flores Solórzano, quienes llevaban armas R-15, cartuchos, granadas y ropas con insignias de la AFI.

Cada uno de ellos portaba una mica con las claves de comunicación de La Familia de Michoacán, aparatos de comunicación y droga. Las primeras investigaciones los señalan como “cobradores” y sicarios; uno llevaba un cuaderno con fechas, apodos, cobros o adeudos de sus “clientes” en la venta de droga. Uno de los detenidos, Francisco Carlos Velásquez, narró cómo llegó al grupo criminal tres meses atrás. “Soy de Michoacán, y hace tres meses en Apatzingán, conocí a El Chiquilín. Me dijo que era integrante de la La Familia de Michoacán, y que necesitaban gente”. Este hombre, aseguró que en el grupo al que pertenecía casi todos eran de Apatzingán.

Otro de ellos, Manuel Gómez Martínez o Pedro Flores Solórzano, también originario de Apatzingán, dijo que su amigo Daniel, El Ratón, fue quien le propuso unirse a La Familia y trasladarse a Toluca o el Distrito Federal para custodiar casas y armas, además de estar atento a la salida o entrada del grupo operativo para avisar de algún problema.

La droga y los sicarios

El Chiquilín, El Franky, Puli, Raúl, Tasmania, El Perico, El Ratón son, entre otros, los apodos del grupo de sicarios que tenía en Toluca La Familia de Michoacán. Ninguno pudo ser detenido porque al momento del operativo de la Policía Federal estaban fuera de la casa de seguridad. El Ratón era el encargado también de llevar la droga a la casa se seguridad.

Los sicarios contaban con armas largas, granadas, cartuchos de todo tipo, pistolas, chalecos pantalones, camisolas o playeras con las insignias de la AFI.

En esa casa contaban con todo el instrumental necesario para preparar la droga. Desde los cortes que le hacían hasta su pesaje en básculas de precisión. Cada gramo que salía de toda la droga que se preparaba ahí tenía que ser reportada.

Ellos saben que en diferentes partes del estado de México funcionan células de La Familia de Michoacán, por eso se les sometió a arraigo. Se trata de agotar todos los recursos para lograr obtener mayor información sobre las intenciones de esta organización criminal que ha desatado además una ola de terror en esa entidad y en el Distrito Federal.

El asesinato en el Centro Comercial Unicenter de Buenos Aires de dos colombianos por un sicario en moto, confirma la actividad creciente del narcotráfico en Argentina.

Según información de las autoridades colombianas, uno de ellos era ‘Monoteto’, sobrenombre de Héctor Edilson Duque Ceballos, líder paramilitar del Grupo Cordillera, que, al parecer, habría sido ajusticiado por traicionar a su jefe, ‘Macaco’, y haberse quedado con una millonaria suma de dólares.

Los colombianos ultimados y el que sobrevivió habían ingresado al país en octubre del año pasado, viajaban a Colombia con frecuencia, llevaban una vida con muchos lujos, residían en una elegante casa en un “country” del norte de la capital, donde había una empleada colombiana con documentos falsos, pagaban todo en efectivo y no tenían actividad fija.

La presencia de ‘peces gordos’ del narcotráfico en estas latitudes es una prueba del crecimiento del tráfico de drogas en el sur del continente, tanto para consumo interno, pero fundamentalmente como ruta de paso hacia Europa.

En enero se habían decomisado mil kilos de cocaína camuflada en planchas de plástico para proteger el piso de los estadios, que iban a ser enviadas a Europa. En febrero, en el barrio de La Tablada, aparecieron los cuerpos descuartizados de dos colombianos.

En mayo pasado se descubrió un depósito con 470 kilos de cocaína y se cree que los colombianos asesinados estaban vinculados con ese cargamento.

Después, a principios de julio detuvieron a un español y a un argentino que gastaron más de 80.000 euros en dos meses, acusados de liderar una banda que envió 1.500 kilos de cocaína en un velero a Europa, y en este mes, en Bolivia, incautaron 460 kilos de cocaína que viajaban hacia la Argentina.

Las rutas hacia Europa

Fabián Calle, experto de la revista DEF, dijo a El País que, si bien “no hay, al parecer, estructurados carteles o mafias organizadas institucionalmente”, hay un crecimiento del ingreso de drogas que se detecta por el aumento de las incautaciones, que sólo constituye entre un 10% y 15% de la droga que entra al país”.

Este fenómeno obedece a varias causas. Por un lado, “de las mil toneladas que se elaboran, 650 las produce Colombia, pero 350 las hacen en Perú y Bolivia, y es lógico que busquen las rutas del sur”, dice Calle.

En segundo lugar, “el Plan Colombia, que no funcionó para destruir coca y que fue más eficiente como plan antiguerrillero, según confesiones de la propia DEA, sí logró desviar el destino de la coca, girando el flujo hacia abajo”. A esto se agrega la depreciación del dólar y la valorización del euro.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la reducción del consumo de coca en Estados Unidos se ve contrarrestada por el aumento en Europa. “Con el mercado estable en Estados Unidos, la cocaína está aumentando en Europa, donde el consumo se duplicó o triplicó en varios países durante la última década. En España por primera vez se registraron niveles superiores a los de Estados Unidos en 2005 y lo mismo sucede en Gran Bretaña e Italia”, dice Calle.

El caso de los colombianos también es analizado por Interpol y la DEA que intentan determinar si en Argentina funciona una base de envíos de cocaína hacia Europa.
De hecho, los grupos colombianos son los que dominan las operaciones de tráfico de cocaína hacia Europa. El 23% de los extranjeros detenidos por tráfico de drogas en España son colombianos, seguidos por los marroquíes (11%), los dominicanos (6 %) y los rumanos (3 %).

Fabián Calle no cree que existan carteles colombianos como tal, pero sí “posiciones de avanzada que controlan los cargamentos, gente que vigila, personas que tienen una situación muy volátil”.

El otro fenómeno es el aumento de los laboratorios para procesar cocaína. Hace dos semanas fue desbaratada una banda de mexicanos que procesaba drogas sintéticas en la localidad de Escobar al norte de Buenos Aires, y que pagaba diez veces menos que en México por los precursores químicos.

Cada vez es mayor el consumo

La estabilización de las economías en Argentina y Brasil ha mejorado el mercado interno y hay más plata para gastar en drogas. Argentina es el primer país de América latina en consumo de cocaína y el segundo de todo el continente, detrás de los Estados Unidos, según revela el Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con una encuesta de la Secretaría de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico, Sedronar, entre 1999 y 2006 el consumo de cocaína creció del 1,9 al 2,6% (unas 640.000 personas). En el continente americano sólo los Estados Unidos superan esa cifra: 3% de sus habitantes de entre 15 y 64 años.

La situación es más grave si se considera que el 0,5% de la población de las edades señaladas admitió haber usado pasta base de cocaína, el ‘paco’, cuyo consumo creció un 200% desde el 2001.

Argentina está segunda en América del Sur en consumo de marihuana y en éxtasis, con el 6,9% de la población que consumió marihuana al menos una vez en el año.

Otros datos provienen del Centro Nacional de Intoxicaciones: en 1987 hubo 50 consultas por droga y el año pasado 3.000. En 1997 la morgue porteña detectaba alguna droga en 30 cadáveres al año, y ahora en 300.

Gracias a este mercado que florece, bandas de narcotraficantes peruanos se han enraizado en las ‘villas’ porteñas y se encargan de la venta minorista.

Operativos tras el incidente

Diversos allanamientos se realizan tras el asesinato, el pasado jueves, de dos ciudadanos colombianos a quienes la Policía vincula al narcotráfico, en el estacionamiento de un centro comercial en Martínez, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con las autoridades, una de las probables causas de este hecho sería un ajuste de cuentas entre narcotraficantes relacionado con un cargamento de 470 kilos de cocaína secuestrado en mayo pasado.

El fiscal de Martínez, Diego Grau, y un grupo de detectives de investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires han encabezado los operativos en varios barrios de la periferia noroeste de la capital argentina.

Datos clave

La Policía bonaerense cree que el crimen de los colombianos está vinculado con los tres grandes decomisos de cocaína que se han hecho este año.

Brasil, Uruguay y Argentina, que tienen muchas relaciones con Europa, son lugares ideales para buscar rutas alternativas.

La Aduana argentina detuvo la semana pasada a un ecuatoriano que pretendía ingresar en el país con diez kilos de cocaína de máxima pureza.

La semana pasada, 115 kilos de cocaína, avaluada en US$3 millones, fue hallada en maquinaria agrícola que llegaron a España desde Argentina.

En sus propias palabras

“El tráfico de drogas busca una moneda fuerte. Las mafias colombianas han ido trabando nexos con las mafias europeas, italianas y rusas”. Fabián Calle.

La detención de 46 personas y el aseguramiento de más de ocho toneladas de mariguana es resultado de los 747 operativos y 14 cateos que la PGR en el estado hizo durante junio en su lucha permanente contra los delitos federales.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Zacatecas informó, a través de un comunicado, los resultados obtenidos durante junio mediante las acciones emprendidas en los diversos programas que maneja.

La dependencia agrega que en el Programa para el Control de Drogas, el cual ejecuta con apoyo del estado y los municipios, fueron decomisadas más de seis toneladas de mariguana en cuatro operativos en los que se aprehendió a cinco personas.

En el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo se realizaron 221 operativos en los municipios, cuatro en Ceresos y 73 en diversas escuelas.

Asimismo, 10 cateos que permitieron detener a 26 individuos y asegurar más de 251 kilos de marihuana, cocaína y cristal y tres vehículos.

También se hicieron 139 operativos y tres cateos dentro de las medidas llevadas a cabo en las unidades mixtas de atención al narcomenudeo, lo que permitió la captura de 14 personas, a quienes se les aseguró más de una tonelada de marihuana y 500 miligramos de cocaína.

En el combate a delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la PGR zacatecana efectuó 202 operativos y un cateo, con lo que aseguró 15 armas cortas y 10 largas, siete cargadores, cerca de tres mil 300 cartuchos y arrestó a un civil.

Además, llevó a cabo 25 operativos en todo el estado en los que aseguró unas 40 mil piezas de material apócrifo, como parte de los delitos contra la Ley de Derechos de Autor.

En tanto, agrega el comunicado, se efectuaron 79 operativos en el combate de los ilícitos previstos en la Ley Federal de Protección al Ambiente.

Aunado a lo anterior, la PGR en Zacatecas desarrolló siete pláticas y conferencias en escuelas, impartió cinco cursos de información múltiple y realizó cinco actividades deportivas, recreativas y culturales en beneficio de 363 zacatecanos.

Un día después de que el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, declaró que han resultado ineficaces los operativos contra el narco en esa entidad, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió una lista de los resultados.

En un comunicado, la Segob informó que hoy los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal sostuvieron un encuentro con el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, y con el alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón.

De acuerdo con la información oficial, durante la reunión analizaron la situación que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad pública y se hizo un balance de los operativos que realizan autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

“Como se ha informado, en el estado de Sinaloa se desarrollan dos operativos conjuntos que tienen el objetivo principal de combatir el narcotráfico: el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato que dio inicio el pasado 13 de mayo y el Operativo Conjunto Sierra Madre, que abarca ciertas regiones de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, puesto en operación desde enero 2007 y que se encuentra en su quinta fase”, precisó la Segob.

Los resultados que difundió esta tarde la Segob son:

En el Operativo Culiacán-Navolato

Dinero incautado

11 millones 528 mil 125 dólares

6 millones 679 mil 730 pesos mexicanos

895 euros

5 mil reales colombianos

Droga

4 mil 878 kilogramos de marihuana

70 kilogramos de semilla de marihuana

12 laboratorios, invernaderos y secaderos

132 gramos de cristal

19 kilogramos de cocaína

Armas

85 armas cortas y largas, entre las que se incluye 1 fusil barret.

189 cargadores

19 mil 037 cartuchos

5 granadas

Vehículos

Mil 400 vehículos remitidos por irregulares

170 automóviles

29 tractocamiones

41 cajas de trailers

2 volteos blindados

1 hummer

6 tractores

2 trascavos

6 remolques

28 cuatrimotos, trimotos, motos y buggys

1 helicóptero

Bienes Inmuebles

9 moteles

26 casas de cambio

Otros

88 antenas clandestinas de radiocomunicación

Gobernación informó que 934 personas fueron remitidas a las autoridades competentes, de las cuales 78 fueron puestas a disposición del fuero federal; 43 al fuero común, se cumplieron 71 órdenes de aprehensión y se detuvo a 742 personas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Además, aseguraron 82 inmuebles (casas habitación, bodegas, ranchos) y se cancelaron 20 bares.

En cuanto al Operativo Sierra Madre “que fue ordenado por el presidente Felipe Calderón en enero de 2007 para realizar operaciones de alto impacto en la Sierra Madre Occidental de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango (Triángulo Dorado)”, Gobernación puntualizó los resultados hasta el 30 de junio de 2008:

Operativo Sierra Madre

Dinero

8 millones 892 mil 417 pesos

Un millón 223 mil 450 dolarés estadounidenses

Droga

8 toneladas 847 kilogramos de semilla de marihuana

1 tonelada de semilla de amapola

17 mil 476 hectáreas de marihuana

5 mil 491 hectáreas de amapola

88 kilogramos de goma de opio

Mil 402 toneladas de marihuana

406 kilogramos cocaína

Mil 900 litros de hachis

2.5 kilogramos de heroína

125 litros de morfina

54.4 kilogramos de anfetaminas

558 mil 084 pastillas psicotrópicas

564 kilogramos de cristal

92 litros de cristal liquido

21 laboratorios clandestinos

2 mil litros de acetona

7 mil 061 litros de acido clorhídrico

300 gramos de ice

Armas

Mil 222 armas aseguradas

110 mil 726 cartuchos

2 mil 426 cargadores

127 granadas

Vehículos

9 helicópteros asegurados

821 vehículos de los cuales 50 son blindados

267 aeronaves aseguradas

80 cuatrimotos

Bienes Inmuebles

207 casas aseguradas

Personas detenidas

988 personas detenidas y puestas a disposición del AMPF

Otros

419 pistas de aterrizajes clandestinas destruidas

102 antenas de radiocomunicación

13 mil 750 litros de gas avión

En los acuerdos está acelerar los exámenes y los procesos relacionados al control de confianza de las policías municipales, así como al personal que labora en el C4 (sic).

También se integrará a los grupos de trabajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “con el objetivo de atacar con mayor celeridad las pistas clandestinas y los sistemas de radiocomunicación y telefonía ilegales”.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende acelerar las investigaciones de recursos de procedencia ilícita.

Y “se tomarán medidas inmediatas para combatir el narcomenudeo en la ciudad de Culiacán”.

Al encuentro, realizado en las instalaciones de la Segob, asistieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; los secretarios de Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván; de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza.

Por parte del gobierno de Sinaloa participaron el secretario general de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos; el procurador general de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; y, la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz.

Asimismo, estuvieron presentes los mandos de la Tercera Región Militar y de la Novena Zona Militar.

Late on the night of June 22, a residence in Phoenix was approached by a heavily armed tactical team preparing to serve a warrant. The members of the team were wearing the typical gear for members of their profession: black boots, black BDU pants, Kevlar helmets and Phoenix Police Department (PPD) raid shirts pulled over their body armor. The team members carried AR-15 rifles equipped with Aimpoint sights to help them during the low-light operation and, like most cops on a tactical team, in addition to their long guns, the members of this team carried secondary weapons — pistols strapped to their thighs.

But the raid took a strange turn when one element of the team began directing suppressive fire on the residence windows while the second element entered — a tactic not normally employed by the PPD. This breach of departmental protocol did not stem from a mistake on the part of the team’s commander. It occurred because the eight men on the assault team were not from the PPD at all. These men were not cops serving a legal search or arrest warrant signed by a judge; they were cartel hit men serving a death warrant signed by a Mexican drug lord.

The tactical team struck hard and fast. They quickly killed a man in the house and then fled the scene in two vehicles, a red Chevy Tahoe and a gray Honda sedan. Their aggressive tactics did have consequences, however. The fury the attackers unleashed on the home — firing over 100 rounds during the operation — drew the attention of a nearby Special Assignments Unit (SAU) team, the PPD’s real tactical team, which responded to the scene with other officers. An SAU officer noticed the Tahoe fleeing the scene and followed it until it entered an alley. Sensing a potential ambush, the SAU officer chose to establish a perimeter and wait for reinforcements rather than charge down the alley after the suspects. This was fortunate, because after three of the suspects from the Tahoe were arrested, they confessed that they had indeed planned to ambush the police officers chasing them.

The assailants who fled in the Honda have not yet been found, but police did recover the vehicle in a church parking lot. They reportedly found four sets of body armor in the vehicle and also recovered an assault rifle abandoned in a field adjacent to the church.

This Phoenix home invasion and murder is a vivid reminder of the threat to U.S. law enforcement officers that stems from the cartel wars in Mexico.

Violence Crosses the Border

The fact that the Mexican men involved in the Phoenix case were heavily armed and dressed as police comes as no surprise to anyone who has followed security events in Mexico. Teams of cartel enforcers frequently impersonate police or military personnel, often wearing matching tactical gear and carrying standardized weapons. In fact, it is rare to see a shootout or cartel-related arms seizure in Mexico where tactical gear and clothing bearing police or military insignia is not found.

One reason for the prevalent use of this type of equipment is that many cartel enforcers come from military or police backgrounds. By training and habit, they prefer to operate as a team composed of members equipped with standardized gear so that items such as ammunition and magazines can be interchanged during a firefight. This also gives a team member the ability to pick up the familiar weapon of a fallen comrade and immediately bring it into action. This is of course the same reason military units and police forces use standardized equipment in most places.

Police clothing, such as hats, patches and raid jackets, is surprisingly easy to come by. Authentic articles can be stolen or purchased through uniform vendors or cop shops. Knockoff uniform items can easily be manufactured in silk screen or embroidery shops by duplicating authentic designs. Even badges are easy to obtain if one knows where to look.

While it now appears that the three men arrested in Phoenix were not former or active members of the Mexican military or police, it is not surprising that they employed military- and police-style tactics. Enforcers of various cartel groups such as Los Zetas, La Gente Nueva or the Kaibiles who have received advanced tactical training often pass on that training to younger enforcers (many of whom are former street thugs) at makeshift training camps located on ranches in northern Mexico. There are also reports of Israeli mercenaries visiting these camps to provide tactical training. In this way, the cartel enforcers are transforming ordinary street thugs into highly-trained cartel tactical teams.

Though cartel enforcers have almost always had ready access to guns, including military weapons such as assault rifles and grenade launchers, groups such as Los Zetas, the Kaibiles and their young disciples bring an added level of threat to the equation. They are highly trained men with soldiers’ mindsets who operate as a unit capable of using their weapons with deadly effectiveness. Assault rifles in the hands of untrained thugs are dangerous, but when those same weapons are placed in the hands of men who can shoot accurately and operate tactically as a fire team, they can be overwhelmingly powerful — not only when used against enemies and other intended targets, but also when used against law enforcement officers who attempt to interfere with the team’s operations.

Targets

Although the victim in the Phoenix killing, Andrew Williams, was reportedly a Jamaican drug dealer who crossed a Mexican cartel, there are many other targets in the United States that the cartels would like to eliminate. These targets include Mexican cartel members who have fled to the United States due to several different factors. The first factor is the violent cartel war that has raged in Mexico for the past few years over control of important smuggling routes and strategic locations along those routes. The second factor is the Calderon administration’s crackdown, first on the Gulf cartel and now on the Sinaloa cartel. Pressure from rival cartels and the government has forced many cartel leaders into hiding, and some of them have left Mexico for Central America or the United States.

Traditionally, when violence has spiked in Mexico, cartel figures have used U.S. cities such as Laredo, El Paso and San Diego as rest and recreation spots, reasoning that the general umbrella of safety provided by U.S. law enforcement to those residing in the United States would protect them from assassination by their enemies. As bolder Mexican cartel hit men have begun to carry out assassinations on the U.S. side of the border in places such as Laredo, Rio Bravo, and even Dallas, the cartel figures have begun to seek sanctuary deeper in the United States, thereby bringing the threat with them.

While many cartel leaders are wanted in the United States, many have family members not being sought by U.S. law enforcement. (Many of them even have relatives who are U.S. citizens.) Some family members have also settled comfortably inside the United States, using the country as a haven from violence in Mexico. These families might become targets, however, as the cartels look for creative ways to hurt their rivals.

Other cartel targets in the United States include Drug Enforcement Administration and other law enforcement officers responsible for operations against the cartels, and informants who have cooperated with U.S. or Mexican authorities and been relocated stateside for safety. There are also many police officers who have quit their jobs in Mexico and fled to the United States to escape threats from the cartels, as well as Mexican businessmen who are targeted by cartels and have moved to the United States for safety.

To date, the cartels for the most part have refrained from targeting innocent civilians. In the type of environment they operate under inside Mexico, cartels cannot afford to have the local population, a group they use as camouflage, turn against them. It is not uncommon for cartel leaders to undertake public relations events (they have even held carnivals for children) in order to build goodwill with the general population. As seen with al Qaeda in Iraq, losing the support of the local population is deadly for a militant group attempting to hide within that population.

Cartels have also attempted to minimize civilian casualties in their operations inside the United States, though for a different operational consideration. The cartels believe that if a U.S. drug dealer or a member of a rival Mexican cartel is killed in a place like Dallas or Phoenix, nobody really cares. Many people see such a killing as a public service, and there will not be much public outcry about it, nor much real effort on the part of law enforcement agencies to identify and catch the killers. The death of a civilian, on the other hand, brings far more public condemnation and law enforcement attention.

However, the aggressiveness of cartel enforcers and their brutal lack of regard for human life means that while they do not intentionally target civilians, they are bound to create collateral casualties along the way. This is especially true as they continue to conduct operations like the Phoenix killing, where they fired over 100 rounds of 5.56 mm ball ammunition at a home in a residential neighborhood.

Tactical Implications

Judging from the operations of the cartel enforcers in Mexico, they have absolutely no hesitation about firing at police officers who interfere with their operations or who dare to chase them. Indeed, the Phoenix case nearly ended in an ambush of the police. It must be noted, however, that this ambush was not really intentional, but rather the natural reaction of these Mexican cartel enforcers to police pursuit. They were accustomed to shooting at police and military south of the border and have very little regard for them. In many instances, this aggression convinces the poorly armed and trained police to leave the cartel gunmen alone.

The problem such teams pose for the average U.S. cop on patrol is that the average cop is neither trained nor armed to confront a heavily armed fire team. In fact, a PPD source advised Stratfor that, had the SAU officer not been the first to arrive on the scene, it could have been a disaster for the department. This is not a criticism of the Phoenix cops. The vast majority of police officers and federal agents in the United States simply are not prepared or equipped to deal with a highly trained fire team using insurgent tactics. That is a task suited more for the U.S. military forces currently deployed in Iraq and Afghanistan.

These cartel gunmen also have the advantage of being camouflaged as cops. This might not only cause considerable confusion during a firefight (who do backup officers shoot at if both parties in the fight are dressed like cops?) but also means that responding officers might hesitate to fire on the criminals dressed as cops. Such hesitation could provide the criminals with an important tactical advantage — an advantage that could prove fatal for the officers.

Mexican cartel enforcers have also demonstrated a history of using sophisticated scanners to listen to police radio traffic, and in some cases they have even employed police radios to confuse and misdirect the police responding to an armed confrontation with cartel enforcers.

We anticipate that as the Mexican cartels begin to go after more targets inside the United States, the spread of cartel violence and these dangerous tactics beyond the border region will catch some law enforcement officers by surprise. A patrol officer conducting a traffic stop on a group of cartel members who are preparing to conduct an assassination in, say, Los Angeles, Chicago or northern Virginia could quickly find himself heavily outgunned and under fire. With that said, cops in the United States are far more capable than their Mexican counterparts of dealing with this threat.

In addition to being far better trained, U.S. law enforcement officers also have access to far better command, control and communication networks than their Mexican counterparts. Like we saw in the Phoenix example, this communication network provides cops with the ability to quickly summon reinforcements, air support and tactical teams to deal with heavily armed criminals — but this communication system only helps if it can be used. That means cops need to recognize the danger before they are attacked and prevented from calling for help. As with many other threats, the key to protecting oneself against this threat is situational awareness, and cops far from the border need to become aware of this trend.

Genaro Vizcarra Barraza, presunto integrante del cártel de Sinaloa, ingresó la madrugada de este miércoles a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la Procuraduría federal.

Vizcarra Barraza fue detenido la tarde del martes en Culiacán, Sinaloa, en posesión de 80 mil dólares y una pistola tipo escuadra.

El traslado se efectuó por 30 elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal desde esa ciudad de Sinaloa hasta el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

Ingresó a las 01:50 horas de este miércoles a la Siedo para rendir declaración ante el Ministerio Público de la Federación por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas de México y por el trasiego de 80 mil dólares.

Fuentes de la dependencia señalaron que el detenido es presunto integrante del cártel de Sinaloa y presumen que el dinero es producto del narcotráfico.

La violencia se ha acrecentado en aquella entidad debido a un pleito por la plaza entre, al menos dos poderosos grupos: El Cártel de Sinaloa y el del Golfo. Además se acusa al gobierno estatal de proteger a narcotraficantes. La semana pasada al Gobernador Eduardo Bours Castelo le entregaron una carta donde detallan el asesinato del periodista Alfredo Jiménez Mota, pero –en un estado controlado por el PRI– no hubo ninguna repercusión. No es miedo, es pavor, aseguran ciudadanos.

Sergio Haro Cordero

HERMOSILLO, Sonora.- El estado de Sonora se ha convertido en una especie de tierra de nadie, similar a la realidad de Baja California hace 20 años. Con un gobierno estatal priísta, autoritario, desacostumbrado a las críticas. Ese marco ha sido aprovechado por diversos grupos de narcotraficantes que han tomado estas tierras como propias, con la violencia en el día a día.

En noviembre 2007, un grupo de narcos atacaron la sede de policía en Cananea, asesinando a los agentes que estaban presentes. El Ejército fue tras ellos y al final sumaron 22 los muertos por el enfrentamiento. Apenas el fin de semana anterior en Cajeme se suscitó un enfrentamiento con saldo de tres policías muertos. Al día siguiente, militares detuvieron a un grupo fuertemente armado en Navojoa, cuando se disponían a abordar una avioneta. No solo traían un fuerte arsenal, además miles de dólares en efectivo.

“No hay miedo, hay pavor entre la población”, asume la diputada perredista Petra Santos, una de las escasas voces críticas que surgen en esta zona.

Un ejemplo de esto lo muestra Guillermo Noriega, dirigente de Sonora Ciudadana, un grupo civil que intenta la crítica en varios temas –transparencia, acceso a la información, libertad de expresión– pero en seguridad cierran la boca.

“Por seguridad, no hablamos de ese tema. Tomamos un acuerdo para restringir abordar el tema de seguridad, por obvias razones”, explica vía telefónica al tratar de concertar una entrevista.

De acuerdo a datos oficiales, en Sonora se registraron en 2007, 307 asesinatos –casi 100 más que en 2006– y hasta mayo de 2008 se contabilizaban 113.

Por su ubicación y el paso obligado por mar, tierra o aire sonorense, se menciona que al menos dos grupos se disputan esa plaza. Por un lado el Cártel de Sinaloa en presunta alianza con los de Juárez, y por el otro el Cártel del Golfo. En el enfrentamiento en Cananea incluso se mencionó la presencia de “Zetas”, ese grupo de ex militares considerados de los más sanguinarios en la guerra del narco.

Los periodistas no se han salvado de ese entorno de violencia. No sólo han sido reprimidos, ha habido amenazas, ataques a diarios, asesinatos y desapariciones. Como el caso del reportero del diario El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde el sábado 2 de abril del 2005 y hasta la fecha no ha sido localizado.

En la segunda semana de junio, en una gira por Caborca, el Gobernador Eduardo Bours Castelo recibió de manos desconocidas un documento de nueve páginas escrito a mano. Ahí se detallaba el levantamiento y la ejecución del reportero sonorense a manos de un grupo de narcotraficantes que operaban en la entidad apoyados por –de acuerdo al documento– elementos de policías municipales y estatales, mencionados en colusión al actual Procurador del Estado de Sonora, Abel Murrieta, y al entonces Director de la Policía Ministerial, Roberto Tapia Chan.

La misma tarde de junio, Bours Castelo convocó de manera repentina a directores de medios de comunicación a quienes les informó lo sucedido e incluso les entregó una copia del documento recibido, aunque al día siguiente sólo dos medios publicaron la carta-denuncia.

El diario El Imparcial, donde laboraba Alfredo Jiménez Mota cuando fue desaparecido, solo publicó una pequeña nota sobre el tema en la página 3, en interiores.

En la carta entregada al Gobernador se narra con lujo de detalles cómo Alfredo Jiménez Mota fue “levantado” por un grupo de narcos –que encabezaba Raúl Enríquez Parra, alias “El Nueve” –. Al reportero, explican en la misiva, lo llevaron primero a una casa de seguridad con apoyo de elementos policíacos, también detallaron cómo fue torturado, trasladado luego en avioneta hasta Ciudad Obregón y en una casa del grupo, salvajemente interrogado hasta que decidieron matarlo.

“…luego el Montoyita le pegó un balazo en la nuca al periodista y lo sacamos, le echamos cal, le quitamos toda la ropa, quedó completamente desnudo. Nos retiramos, solo se quedaron en el lugar los de la PJE…”

Pero el documento incriminatorio no causó reacción alguna.

“No pasó nada, (con la carta) nada, nada. Aquí en Sonora hay un gran pavor de inmiscuirse”, refiere la legisladora Santos.

Referencia repetida
No es la primera vez que en el caso del periodista desaparecido se hace referencia al grupo de Raúl Enríquez Parra, quien encabezaba en Sonora un grupo dedicado al narcotráfico autodenominado “Los Números”.

En uno de los últimos reportajes de Jiménez Mota se detalló el funcionamiento de este grupo, ligado a los sinaloenses Beltrán Leyva, quienes a su vez eran identificados como operadores del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a un informe –aparentemente del Cisen– se ubica a los Beltrán Leyva como “Los tres Caballeros”, quienes se fortalecieron en Sonora a raíz del asesinato de Rodolfo García Gaxiola, alias El Chipilón”, un ex agente federal ligado al Cártel Arellano Félix.

De hecho la carta entregada al Gobernador Bours está firmada por Saúl García Gaxiola.

Raúl Enríquez Parra era parte de un grupo también de hermanos involucrados en actividades ilícitas y fue encontrado brutalmente asesinado en una zona rural de Navojoa junto con otros dos cuerpos, encobijados. Se presume que fueron arrojados desde una avioneta.

De acuerdo al reportaje firmado por Jiménez Mota, a grupo de Enríquez Parra se le atribuía cerca de 70 ejecuciones suscitadas durante el 2004.

En el caso de los hermanos Beltrán Leyva, Alfredo, alias “El Mochombo”, fue detenido en Sonora apenas el 21 de enero de este año. Otro grupo que pelea la plaza en Sonora es el conocido como “Los Salazar”, encabezados por Adán Salazar Zamorano.

ZETA publicó en febrero del 2006, un amplio reportaje firmado por Luis Arellano, donde se incluyó una versión retomada presuntamente de un informe del Cisen, donde se muestra la radiografía de estos grupos criminales, pero además, se mencionan a personajes como el actual Procurador Abel Murrieta y al entonces Director de la Policía Judicial del Estado, el sanluiseño Roberto Tapia Chan. De acuerdo a esa versión, la relación de los funcionarios venía desde que Ricardo Bours Castelo –hermano del actual Gobernador– fue alcalde en Cajeme, cuando Tapia Chan fue secretario de seguridad pública.

En el documento-informe se mencionó que a Tapia Chan se le vinculó con narcotraficantes desde 1991, cuando se desempeñaba como director de Averiguaciones Previas, involucrándosele en el extravío del expediente de Jaime González Gutiérrez, en ese entonces acusado de asesinar a un policía municipal en San Luis Río Colorado y luego señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista sanluisino Benjamín Flores.

No es la primera ocasión que todos estos nombres son involucrados en la desaparición del periodista sonorense Jiménez Mota.

A mediados del 2005 dos hermanas, Johana y Elba Palma, de Ciudad Obregón, denunciaron que habían sido secuestradas; acusaron del plagio al grupo de Parra Enríquez y dijeron haber escuchado de sus captores los nombres de Jiménez Mota y Tapia Chan.

Otros trabajos periodísticos, como el de RioDoce en Culiacán, señaló estos nombres y estos vínculos. De acuerdo al periódico, en 2007 recibieron un documento donde les expusieron una versión similar, con datos semejantes y personajes parecidos. También el semanario Proceso en un reportaje publicado en febrero del 2007, mostró el testimonio de un informante que reveló datos coincidentes.

Bajo ese fundamento, un sector de la prensa sonorense se ha mostrado cauteloso con el reciente documento entregado al Gobernador Bours.

Escribir con miedo
Después de la desaparición de Alfredo Jiménez en abril del 2005, el diarioEl Imparcial tomó una serie de medidas, como el restringir la publicación de investigaciones sobre el narcotráfico, limitándose a difundir datos aportados desde diversas corporaciones públicas. También elaboraron una política de trabajo que tiene que ver con la protección a los reporteros de esa casa editora. La sede de periódicos Healy que en Tijuana publicaFrontera y en Mexicali La Crónica, dotaron a reporteros y fotógrafos de chalecos antibalas.

Desde su silla de Director Editorial del diario El Expresso, Martín Holguín comentó cómo fueron convocados de urgencia la tarde del lunes 10 a una reunión con el gobernador Bours Castelo.

Ahí se les explicó lo sucedido y se les entregó una copia de la carta-denuncia.

Al día siguiente, sólo El Expresso y el diario Critica publicaron íntegro el documento.

“Nosotros decidimos publicarla porque consideramos que era de alto interés para la gente saber lo que decía esa carta”, expone Holguín y según su versión, el Gobernador les dijo que éste podría ser el inicio de una campaña más en su contra.

“La sociedad no reaccionó, no dijo nada, la sociedad supo de la carta pero no hubo grandes reacciones”, explica el director de El Expresso y amplió:

“Es una situación delicada, pero también es mucho dimes y diretes, mucho chisme. Yo en lo personal no le hago mucho caso a esos comunicados.”

–Pero ustedes lo publicaron…

“Lo publicamos porque creo que era importante, él (Gobernador) dice que le están armando una campaña y aquí está lo que dicen…”

Sobre el tema de la cobertura del narcotráfico, Martín Holguín explicó: “Es un tema complicado eso del narco, tratarlo es un tema complicado, tanto como meterse a investigar; no. Creo que es función de la autoridad, nosotros publicamos los resultados que ellos tienen…”.

Más aún, se sinceró:

“Mira, nosotros no vamos a llegar a nada y solamente ponemos en riesgo a los reporteros. Publicamos lo que las autoridades investigan.”

Las voces civiles son escasas. Una de ellas es la de Othoniel Ramírez, quien encabeza un organismo civil denominado Tribunal Ciudadano.

“No hay muchos grupos ciudadanos independientes, la mayoría empiezan simulando que son ciudadanos y agarran cierto auge y luego caen en las redes de la corrupción”, dijo de entrada.

Se le pone el ejemplo de los empresarios, que en otros lares son voces críticas, pero no aquí en Sonora: “Aquí están muy solidarizados con el poder que es muy generoso con ellos, les concede todo, es a los que sí escucha, que sí atiende”.

Sobre el tema de la inseguridad, Ramírez analizó:

“Se ha venido agudizando y cada vez se ha venido convirtiendo, de un espacio tranquilo, en un estado riesgoso ya por los grupos delictivos que se han establecido en nuestro estado. Y como dicen los medios nacionales, están recibiendo respaldo del gobierno, hay relaciones ya expuestas a nivel nacional de este gobierno con grupos delictuosos, con el narco específicamente“.

El integrante de Tribunal Ciudadano califica de hábil la medida tomada por Bours y su equipo de dar a conocer el documento antes de que saliera por otro lado. Y sobre los señalamientos, coincide, no es la primera vez que emergen éstos, con los mismos nombres.

“Y es que aquí llegamos a un estado de incredulidad en la aplicación de la justicia, ya sabemos que los enemigos de la sociedad y del ciudadano, la amenaza número uno son los grupos policíacos y los de procuración de justicia“.

La otra parte tiene que ver con la respuesta represiva a lo que han sido varios movimientos sociales, como la de los choferes encarcelados o grupos ecologistas que se han opuesto a un proyecto en la zona conocida como Villa Seri. Y sobre la prensa local, finalmente opinó:

“Hay un control muy estricto de la prensa aquí en la capital, el único medio que le hace contrapeso es El Imparcial, de ahí en fuera los otros están, en su inmensa mayoría, están recibiendo subsidios y mochadas y son sus adoradores…”

Miedo no, pavor
De los 33 diputados locales, el PRD ocupa tres escaños, uno de ellos el de la diputada sonorense Petra Santos, quien considera que hay un gran temor entre la población, dividido entre el miedo a los narcos y al gobierno.

Mencionó hechos violentos como el sucedido en Cananea en noviembre 2007, y otros que se han venido sucediendo, contra la versión del Procurador que dice que todo está bien.

“ Se ha desatado más la corrupción, se ha desatado más el control de los grupos y aquí en Sonora, gente que se atreve a denunciar, periodistas, los vemos que los matan, o los desaparecen que es lo mismo. Como el caso de Alfredo que tiene mil y tantos días y no se sabe nada.

Sobre la carta-denuncia, comentó:

“Se dijo que habían intervenido personajes, yo no puedo asegurarte, que participaron muchas gentes que están ahora en el gabinete de Bours, se ha señalado mucho al Procurador, al hermano, sin tener las pruebas es arriesgado de mi parte decirte, pero esto es una vox populi..”

La diputada perredista insistió en que debe investigarse toda esta situación y sobre la violencia, aunque dice que a veces baja, ha habido meses que en Sonora han estado “como en Tijuana y Mexicali.”

De las escasas voces exigentes, mencionó el ejemplo de los empresarios, quienes sólo reclamaron cuando a varios de ellos les secuestraron a sus hijos, pero hasta ahí.

“Aquí no se han llegado a los niveles como Baja California, Sinaloa, pero no quiere decir que estén bajos esos niveles. Aquí en Sonora hay un gran pavor de inmiscuirse, ni con narcos ni con el gobierno.”

Tijuana, Baja California, 62 individuos en posesión de armas, equipo de comunicación, chalecos antibalas, droga y uniformes de diferentes corporaciones, fueron capturados por soldados y elementos de la PEP, en una operación de inteligencia realizada contra del crimen organizado, cuando todos estaban en una fiesta de bautizo en la colonia Herrera.



Agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional siendo las nueve de la noche al salón de fiestas “El Pequeño Travieso”, ubicado en la calle Esteritos, en se encontraban miembros del crimen organizado y su personal de seguridad, además de personas vinculadas con sus actividades ilícitas, por lo que se efectuó la operación de aseguramiento.La sorpresa fue total y nadie pudo utilizar las 19 armas entre rifles y pistola que traían, más de 5, mil cartuchos, chalecos antibalas, radios con frecuencias policíacas, uniformes de distintas corporaciones, celulares y hasta droga.



Los Detenidos:

1.- Jesús Esteban Sánchez Robles, 27 años, Tijuana. B.C.

2.- Marco Antonio Álvarez Castro, 27 años, La Paz, BCS

3.- José Gilberto Zepeda Parra, 40 años, Tijuana, BC

4.- Enrique Silva Pérez, 36 años, Tijuana, BC (022)

5.- Carlos Acosta Zataray, 28 años, Mazatlán, Sin

6.- Ramón Alberto Tirado Sánchez, 24 años, Mazatlán, Sin.

7.- Luis Fernando Llanes Lozoya, 43 años, Mocorito, Sin.

8.- Antonio Lizárraga Ruelas, 33 años, Mazatlán, Sin.

9.- Ernesto Llamas Llamas, 26 años, Guanajuato, Gto.

10.- Víctor Hugo León Quiroz, 37 años, Tijuana, BC

11.- Cipriano Llanes González, 31 años, Mocorito, Sin.

12.- Carlos Lozano Calzada, 39 años, Tijuana, BC

13.- Mario Sanabria Meza, 35 años, Tijuana, BC

14.- Alberto Rojas Estrada, 34 años, Tijuana, BC

15.- Juan Carlos Contreras Martínez, 34 años, Tijuana, BC

16.- Francisco Javier César Moreno, 38 años, Mexicali, BC

17.- Cristian Jesús Rojas Gutiérrez, 25 años, Mazatlán, Sin.

18.- Salomón Alcázar González, 34 años, Aguililla, Mich.

19.- Juan José Pacheco Morán, 20 años, Tijuana, BC

20.- Fabián Delgadillo Hernández, 30 años, Villa Hidalgo, Nay.

21.- Miguel Ángel Alfaro Pulido, 36 años, Guadalajara, Jal.

22.- Antonio Rodríguez, 25 años, San Diego, Cal. EEUU

23.- Ángel Camacho Partida, 17 años, Tijuana, BC

24.- Miguel Calderón Lozano, 38 años, Uruapan, Mich.

25.- Javier Gurrola Cardozo, 31 años, Tijuana, BC

26.- Rubén Tinoco Mendoza, 23 años, Tijuana, BC

27.- Francisco Javier Ayón Rodríguez, 36 años, Tijuana, BC

28.- Rogelio Ruth Colorado, 41, Veracruz, Ver.

29.- Leopoldo David Echevarría Acosto, 27 años, Tijuana, BC

30.- Miguel Alfonso Franco Pérez, 30 años, Morelia, Mich.

31.- Julio César Mancero Losal, 23 años, Tijuana, BC

32.- Leobardo Llanes Leyva, 44 años, Mocorito, Sin.

33.- Rubén Guillermo Llanes Leyva, 57 años, Mocorito, Sin.

34.- Rubén Ramírez Valencia, 21 años, Guadalajara, Jal.

35.- Francisco Mendoza Reynaga, 44 años, Mazatlán, Sin.

36.- Ernesto Tiscareño Astorga, 34 años, Tijuana, BC

37.- Alejandro Altamirano Gómez, 20 años, Tijuana, BC

38.- Manuel Armando Valerio Juárez, 30 años, Distrito Federal

39.- Raúl Antonio Joaquín Ramírez, 20 años, Tijuana, BC

40.- Ramón Eduardo Gómez Quijano, 22 años, Huatabampo, Son.

41.- Daniel Ezequiel Cázares Rodríguez, 19 años, Tijuana, BC

42.- Miguel Ángel Rodríguez Méndez, 30 años, Tijuana, BC

43.- José Ramón Ledezma Rodríguez, 25 años, Dimas San Ignacio, Sin.

44.- Ernesto Daniel Alfaro Pulido, 37 años, Tijuana, BC

45.- Jesús Isabel Morales Gómez, 19 años, Tijuana, BC

46.- Cristian Jesús Sotelo Mendoza, 23 años, Mazatlán, Sin.

47.- Cristian Alejandro Estrada Romero, 20 años, Tijuana, BC

48.- Mario Alberto Rodríguez Meza, 24 años, Tijuana, BC

49.- Adolfo de la Paz Ortega, 41 años, San Diego, Cal., EEUU

50.- Fernando Arturo Bolaños Ayala, 30 años, Tijuana, BC

51.- Adán Zermeño Domínguez, 54 años, Tijuana, BC

52.- Germán Tiscareño Astorga, 31 años, Tijuana, BC

53.- Ramón Paz López García, 38 años, La Paz, BCS

54.- Gilberto Llanes Lozoya, 39 años, Mocorito, Sin.

55.- Emeterio Tomás Rojas Mendoza, 28 años, El Rosario, Sin.

56.- Juan Ruiz Hernández

57.- Marcos Soriano Briceño

58.- Martín Ramón Torres Garibay

59.- Jorge Abel Haro Jara

60.-José Rodríguez Gamez, de 60 años de edad.

61.-Jorge Venegas Osuna, de 28 años de edad.

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