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México vive azotado por una guerra de todos contra todos los cárteles de la droga, que se disputan la plaza local y el tráfico a Estados Unidos con una ferocidad inusitada y armas sofisticadas, enfrentados a su vez a 36.000 militares que tienen muchas batallas por delante antes de volver a los cuarteles.

“Vamos ganando, aunque no lo parezca”, dijo días atrás el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, al dar cuenta del clima reinante en una sociedad ya acostumbrada a los partes diarios de decenas de muertes violentas por acciones atribuidas al crimen organizado.

Ejecutados, decapitados, cuerpos atados y torturados con mensajes contra bandas rivales o policías y anuncios callejeros amenazadores conforman la geografía de la violencia en varios estados de México, en una escalada que en el transcurso del año dejó 1.378 muertos hasta finales de mayo, un 47% más que en igual período del 2007.

Tras asumir el cargo en diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón se propuso “rescatar todas las regiones azotadas por los narcos”, una difícil meta luego de seis años de operativos con escasos resultados durante el gobierno de su antecesor Vicente Fox, el primer representante del Partido Acción Nacional (derecha) que llegó al poder.

Ese período fue aprovechado por los cárteles para ampliar una compleja red de complicidades con policías y funcionarios de distintos niveles y armar ejércitos de sicarios que hoy se enfrentan a sangre y fuego en las calles de urbes como Culiacán (noroeste) y Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

“En el pasado los cárteles actuaban de forma silenciosa y no necesitaban trasladar la guerra a las calles. Además, ahora hay una ofensiva con todos los recursos del gobierno actuando más coordinadamente y el presidente les declaró la guerra”, dijo Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Según el experto los cárteles mexicanos han “incrementado su poder”, entre otras causas, por el debilitamiento de las bandas colombianas, que posibilitó que “los mexicanos poco a poco se fueran adueñando de las rutas y sean los introductores de la cocaína que se dirige hacia Estados Unidos”.

Ello se ve facilitado -agregó- por “la corrupción de muchos funcionarios del nivel operativo que facilitan el ingreso, tránsito y exportación de la droga de México a Estados Unidos”.

De su lado, Calderón ha reclamado a Estados Unidos una corresponsabilidad en el combate al tráfico de drogas y atribuido la violencia en la frontera a que ese país es el mayor mercado mundial de cocaína, donde hay seis millones de consumidores. De Estados Unidos proviene además cerca del 80% de las armas que utilizan las organizaciones criminales, muchas veces más modernas que las de las fuerzas de seguridad. Ése fue el motivo que las autoridades alegaron en el caso de los homicidios de siete policías en Culiacán el 27 de mayo, quienes engrosaron la lista de unos 450 agentes asesinados desde el inicio de la ofensiva oficial en diciembre del 2006, sobre un total de 4.172 ejecutados durante ese período.

No obstante, el gobierno ha asestado varios golpes al poder de fuego de las mafias al confiscar en ese lapso 13.500 armas, de las cuales 8.216 son largas, 900 granadas y 1,5 millones de municiones, así como 7.402 vehículos y 263 aeronaves, según datos oficiales. Esta cifra “es suficiente para armar un ejército”, ejemplificó el procurador.

Pero la guerra en la frontera norte mexicana entre los cárteles Sinaloa y Juárez por la introducción de la droga en Estados Unidos, que también disputa el de Tijuana, refleja que las mafias conservan un gran poder de fuego y una extensión territorial que en conjunto abarcan prácticamente todos los estados mexicanos.

La confrontación puede volverse más encarnizada si los “zetas”, feroz grupo formado en la década de 1990 con militares desertores, dejan de fungir como el brazo armado del cártel del Golfo y se convierten en una organización autónoma, como estiman los expertos.

La presión de los operativos con 36.000 militares y miles de policías en las zonas más calientes y las luchas internas por el poder en las bandas del crimen organizado son otros de los factores de la oleada de violencia. “Antes el árbitro era el Estado, el que ponía las reglas del juego. Y sucede que el campo del tráfico de droga se quedó sin árbitro y hay mayor confrontación”, dijo el experto Luis Astorga.

De su lado, Benítez Manaut calificó de “insuficiente” la ofensiva militar porque “necesita acompañarse de inteligencia, acción eficaz de policías y del sistema de Justicia; es una guerra integral. Se necesita tener también una guerra de igual similitud en Estados Unidos y una estrategia eficaz contra el lavado de dinero”, añadió el experto.

ESTRATEGIA BAJO PRESIÓN

Los cárteles de la droga intentan en vano que el gobierno mexicano cambie su estrategia de guerra frontal en medio de la feroz lucha por el control de los mercados entre las bandas del crimen organizado, afirmó un viceministro de Seguridad Federal.

“En la búsqueda del control del mercado los grupos criminales se han ajustado cuentas entre ellos y, a la par, han tratado de amedrentar a la ciudadanía, incluso intentado que la autoridad cambiara su estrategia, lo cual no va a suceder”, afirmó Facundo Rosas, subsecretario (viceministro) de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Rosas consideró que parte de la violencia que se registra en México, con casi 1.500 ejecutados en lo que va del 2008, es la respuesta a la estrategia oficial. “Estamos convencidos de que vamos ganando. La reacción de los grupos criminales ha sido porque se les ha afectado en su estructura y logística”, señaló el viceministro, pese a que varios funcionarios admiten que es otra la percepción en la sociedad.

No obstante, la guerra que se anticipa larga y con muchas más víctimas (450 policías fueron asesinados en 18 meses del actual gobierno) enfrenta difíciles retos para el éxito, como la colusión con el crimen organizado de miembros de cuerpos de seguridad, en particular de policías municipales. “En México, como en otros países, tratan de encontrar quien les garantice el control territorial y el flujo de la mercancía y, en este caso, han recurrido a las policías municipales, aprovechando que tienen salarios bajos y no cuentan con un esquema de supervisión; hemos encontrado evidencias de ello”, admitió Rosas.

Agregó que la estrategia oficial ha impactado en los cárteles porque “se fortaleció el trabajo en la frontera (norte) para evitar que siguiera fluyendo la droga” hacia Estados Unidos, donde se consume el 40% de la cocaína a nivel mundial. Dijo que el decomiso de 23,5 toneladas de cocaína el año pasado en una sola operación -considerado por el gobierno un record a nivel mundial- provocó que en Estados Unidos aumentara el precio por “la escasa disponibilidad” de esa droga. A la vez, indicó, una parte de la droga que no ingresó en ese país por los presuntos mayores controles “se ha quedado en México”, donde “se empieza a generar un mercado interno con cantidades pequeñas”, aunque con disputas violentas por el control de la plaza.

Pese a elogiar la cooperación y el intercambio de información con sus pares norteamericanos sobre el origen del moderno armamento que entra a México desde Estados Unidos, admitió que “desafortunadamente esto sólo se produce cuando (las armas) están aseguradas (secuestradas)”. El funcionario detalló que los narcotraficantes “han hecho uso de algunas armas de grueso calibre (tipo calibre 50) y de granadas de fragmentación” e incluso en Tamaulipas se hallaron lanzacohetes “viejos pero no menos importantes”.

Pero las fuerzas de seguridad deben responder “con las armas que están expresamente autorizadas”, dijo Rosas al sugerir que en varias ocasiones fueron superados por el poder de fuego de los narcotraficantes.

“El tipo de armamento que llega desde Estados Unidos es cada vez más sofisticado; hay una incapacidad de control de las autoridades de Estados Unidos y México”, sostuvo por su parte el experto en temas de narcotráfico Raúl Astorga.

Según Rosas, también impactó en los cárteles el cierre de las fronteras a los vuelos privados procedentes de Centro y Sudamérica, ya que ahora “tienen dos puntos de revisión obligatorios antes de internarse en territorio mexicano: en la isla Cozumel (Caribe) y en Tapachula (Pacífico), en el límite con Guatemala”.

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