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No es una exageración que en ciudades como Culiacán, Juárez y Tijuana, entre muchas otras, el miedo ciudadano producto del narcotráfico ya supera a la confianza en la autoridad.

Ese fenómeno, según la ciencia política, es pariente cercano de la ingobernabilidad. Es decir, aquellas regiones del país donde existe una autoridad formal —cabildo, alcalde, congreso local y gobiernos municipal y estatal—, pero donde la fuerza, el control de las policías, el imperio del terror y el miedo lo tiene el narcotráfico.

¿Quién gobierna en una ciudad así? No las autoridades formales, porque no tienen el poder para defender bienes y vidas de ciudadanos frente al embate del narco. Y es que debemos entender que no son sinónimos autoridad formal y poder. Pero en el otro extremo, el del narco, se trata de un poder fáctico que tiene de su lado no sólo la violencia de facto, la fuerza armada, sino las características que hacen posible el terror. Sobre todo el miedo social.

Todos los días, desde hace años, en Culiacán, Juárez y Tijuana chocan el poder formal municipal y estatal con el del narco. De ahí se desprende no sólo una cauda interminable de muertos, sino un sentimiento que atrapa la conciencia ciudadana, y que la ciencia política llama desconfianza social en la autoridad, por un lado, y, por el otro, temor al poder emergente, el del narcotráfico. Y ese potaje espeso y difícil de tragar se llama ingobernabilidad.

¿Quién gobierna en Culiacán, Juárez y Tijuana, sólo tres de las ciudades en poder del crimen? Gobiernan a buena parte de los ciudadanos no el mandatario municipal o estatal en turno —amarillo, azul o tricolor—, sino el terror en calles; gobiernan los que matan a policías, jóvenes inocentes, rivales mafiosos, hijos de narcos. Gobierna el miedo, producto del terror, eficaz repelente a la confianza en la autoridad.

Y frente a la realidad de ciudades, pueblos, entidades con autoridad formal pero sin poder real frente al narcotráfico, nadie —desde el Presidente, pasando por sus secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa, el procurador general y menos el de Gobernación— puede venir a decirnos que el Estado va ganando la guerra al crimen.

Parecen olvidar que la delicada ecuación entre autoridad, poder, gobierno y gobernabilidad —la eficacia de la autoridad para ejercer el poder— sólo se mantiene a partir de una variable escasa pero infaltable: la confianza social. Ni Calderón, ni Mouriño, ni García Luna, ni el gabinete completo nos pueden decir que la lucha contra el crimen la va ganando esta administración —más allá de que se elevan el número de policías muertos, la ferocidad de la violencia y el rango de los asesinados—, cuando la percepción social es justo la contraria.

¿Por qué la sociedad cree que la batalla la pierde el Estado? Porque el miedo social producto del terrorismo desplegado por el narco gana terreno frente a la escasa eficacia de la autoridad. Resulta elocuente la encuesta de María de las Heras al respecto (Milenio, 21-07-08), que muestra que a mayor miedo social, mayor la percepción de que el narco va ganando la guerra. Y gana la guerra no sólo en el campo de batalla, con más policías y enemigos muertos, sino también la guerra mediática.

El gobierno de Calderón insiste, sin embargo, en que la estrategia es la correcta y que el Estado no va perdiendo la guerra. Lo más grave es que existen signos de que Calderón pudiera encaminarse a otro peligroso fenómeno del poder: el autoengaño, precepto de muy alto riesgo para un gobierno que se dice democrático, según especialistas del ejercicio del poder (Stoppino, Las formas del poder).

Es decir, frente al gravísimo problema del narco y la insistencia en que la estrategia desplegada es la correcta, el Presidente no estaría incurriendo en “una falsedad consciente” para engañar a los ciudadanos, sino en “una falsa conciencia” de lo que ocurre entre instituciones, poder formal y ciudadanos, enfrentados en una guerra sin tregua a un formidable poder fáctico, que se vale del narcoterrorismo y que tiene una ganancia envidiable: el miedo social colectivo.

Nadie duda del poder del crimen y el narco, ni cuestiona que deban ser atendidos por todas las instituciones del Estado, incluidos los partidos opositores a través de esa regla básica de la democracia que es la lealtad opositora; nadie cuestiona que se trata —como dijo Calderón— de una guerra larga y de alto costo en vidas. Pero tenemos el derecho a dudar de que en el primer círculo presidencial se tenga una “falsa conciencia” del tamaño del reto y de qué significa para ciudadanos indefensos como los de Culiacán, Juárez y Tijuana, entre otras ciudades. ¿Cuánto y hasta cuándo aguantará la gente? ¿Lo saben en Los Pinos?

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