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El crimen organizado en México registró en los últimos años una evolución inusitada en cuanto a su operación interna.

La élite criminal dedicada al narcotráfico renunció a mantener una estructura formal, constituida en forma de planilla organizacional, y decidió subcontratar de forma provisional a terceras personas ajenas a su grupo, para llevar a cabo cada una de las etapas de su negocio ilícito, como cosechar, transportar, importar y vender droga.

Esta advertencia sobre la delincuencia organizada no procede de la PGR o la Policía Federal, sino de un órgano del Poder Judicial de la Federación, en específico del Tercer Tribunal Unitario, que está a cargo del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano.

En un fallo emitido la semana pasada, donde ratificó la prisión del colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez “El Tigre”, el magistrado expone que para entender lo que sucede hoy en día en el narcotráfico, debe usarse la categoría del “factoraje”, que define los servicios que subcontratan empresas o particulares con gran poder adquisitivo.

“Es preciso señalar que es cuestionable que el estudio de la estructura interna de la delincuencia organizada, deba encasillar dentro de la teoría de organización tipo empresa rígida o flexible, para lograr establecer de qué forma participan los actores criminales.

“Existen grupos de crimen organizado, especialmente los recientes, que turnan las actividades de los actores de sus tramas delictivas como una estrategia, porque sienten que cualquier cristalización de una estructura organizacional provocaría que las autoridades efectuaran fácilmente acciones en contra de los rangos superiores del grupo”, indica la resolución.

En pocas palabras, estos grupos no se parecen a los grupos que combate la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente desde 1996.

“Existen organizaciones criminales, que han evolucionado, pues les ha resultado más eficaz organizarse de una manera más compacta e informal, contratando o utilizando a pequeños grupos que funcionan en forma de red -que no revisten las características de una delincuencia organizada- mediante acuerdos de colaboración.

“Es decir, las organizaciones criminales empiezan a operar bajo la apariencia de eslabones autónomos que son impulsados por el jefe de cártel, financiando las operaciones y utilizando la logística de la organización para acelerar la actividad de esos eslabones; lo cual permite descontrolar a las autoridades, en cuanto al método de investigación”, señala.

Un ejemplo de la nueva realidad del tráfico de drogas, son las operaciones que presuntamente llevó a cabo “El Tigre” y su ex pareja Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, dice Luna Altamirano en su sentencia del caso 472/2007.

El magistrado advierte que en el mundo ilegal existe un sector integrado por “un grupo refinado encubierto”, que dicta instrucciones a otros sujetos que, a su vez, son quienes subcontratan a terceros para que lleven a cabo una serie de acciones ilícitas.

Los integrantes de esta tercera cadena son quienes subcontratan a pequeños grupos para que cosechen y elaboren las drogas, a otros para que lleven a cabo la introducción de los narcóticos al país, a un grupo distinto para que los transporte en México y a otros para que la lleven a EU.

Esta trama atomizada les brinda la posibilidad de mantener en las sombras a los verdaderos jefes de una operación de drogas y, al mismo tiempo, dificulta a las autoridades el poder fincarles responsabilidad legal.

De acuerdo con el magistrado, estas formas de operación se observan en el caso de “El Tigre” y “La Reina del Pacífico”, con quienes relacionan el buque Macel, asegurado el 20 de diciembre de 2001 con 9 toneladas 268 kilos de cocaína.

Este grupo, menciona, adoptó la utilización de conversaciones codificadas, subcontrató servicios de transporte de drogas con personas que no son de su organización y usaba empresas legales para justificar los ingresos y el nivel de vida de sus líderes.

Pero también observa que la organización creó ex profeso algunas empresas para poder acceder a ciertos sectores y operar su actividad ilícita, además de que utilizó el sistema financiero y los correos de personas para trasportar dinero.

El colombiano se encuentra preso desde el 28 de septiembre de 2007 en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano, por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Mientras que Sandra Ávila, a quien se le acusa de ser una de las principales operadoras del capo Ismael “El Mayo” Zambada, está recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

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