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Si bien cualquier adelanto en materia de seguridad es positivo y se agradece que se unan las voluntades de todos los actores para atacar este cáncer que aqueja a todo el País aun surgen muchas dudas de la efectividad de las medidas propuestas.

Primeramente no me gustaría dejar pasar que la seguridad de los ciudadanos es OBLIGACION del Estado Mexicano. Los actores que ahora se ven tan decididos en la lucha contra el crimen tuvieron esta encomienda desde el primer día de su encargo actual, algunos mucho antes. Marcelo Ebrard fue jefe de la policía del Distrito Federal y no implemento ninguna de las medidas que ahora propone sus grandes logros fueron botones de pánico en el centro histórico (ahora olvidados y vandalizados), uniformes con chip para los policías (que ya fueron cambiados por uniformes normales) que costaron al erario varios cientos de millones de pesos que se fueron al bolsillo de algún contratista. Manlio Fabio Beltrones culpa al Presidente cuando a el se le liga con el narcotráfico según reportes de la DEA cuando fue gobernador de Sonora y en la lista de los estados con mayor numero de ejecuciones los primeros lugares los ocupan Chihuahua y Sinaloa ambos gobernados por el PRI. Este proceso de prueba y error sin consecuencias se repite en todo el territorio sean gobernadores, procuradores, presidentes municipales, agentes, policías, ministerios públicos etc…

La mayoría de las propuestas debieron haberse implementado ya como la identificación única y otras son sentido común como la depuración de las policías. La falta de aplicación de estas medidas actualmente cae en la negligencia. Otras rayan en la buena voluntad y no atacan una de las mayores afrentas al ciudadano: la impunidad.

Dependiendo de el que escribe las cifras de delitos sin castigo varían de 80 al 96% si sumamos a esto el recurso de amparo en su estado actual y la corrupción de el sistema de justicia es evidente porque estamos en esta situación. En nuestro país el delito es extremadamente rentable. Los ejemplos son dolorosos la toma de calles en el DF por un ciudadano que no reconoce a las instituciones (Distrito Federal), el gobernador de un Estado que viola los derechos de una reportera( Puebla), un gobernador acusado de narcotráfico que termina su mandato sin consecuencias (Morelos), el asesinato de 12 jóvenes que la única consecuencia que trae es un despido (Distrito Federal) y una larga lista de etcéteras.

Se puede caer fácilmente en el error de añorar tiempos pasados donde por no existir información sobre asesinatos y decomisos, que son tan publicitados ahora, la sociedad vivía un falso sentido de seguridad. También se puede caer en el irracional de buscar castigos mas severos como la pena de muerte para los delitos de mas alto impacto para la sociedad, esta medida además de no haber bajado los índices delictivos en ningún país, se vuelve peligrosa al considerar el estado de nuestro sistema de justicia. La guerra contra el narcotráfico es pues obligada si el estado busca recobrar el control del país. Es en su definición mas estricta un problema de Seguridad Nacional.

El narcotráfico no es un fenómeno nuevo, como tampoco la corrupción, el narcotráfico en México creció al amparo del estado y ahora con ese ejemplo se desborda en expresiones que lo amenazan. Al franquiciar el monopolio de la violencia el estado se fracturo desde lo mas intimo y los cotos de financiamiento de gobernantes corruptos se extendieron para tocar a todos los estratos de la población. Se requieren mas que buenas intenciones para recuperarlo.

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