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La indagatoria del secuestro de un ingeniero desarrollada en Guadalajara y Tijuana reveló la presunta participación de esbirros de Fernando Sánchez Arellano en los recientes secuestros cometidos en esta ciudad fronteriza.

Además, el trabajo pericial desarrollado en Tijuana, después del cateo en una casa de seguridad en Playas de Tijuana el sábado 30 de agosto, concluyó en el decomiso de varias armas largas que fueron usadas en balaceras y asesinatos cometidos entre 2007 y 2008, atribuidos en sus respectivas investigaciones a los grupos que comandan Armando “El Gordo” Villarreal e Ignacio Parra Ramos “La Perra”.

“Encontrar pistolas y rifles usados por dos células, presuntamente antagónicas, en una casa de seguridad localizada en la zona de influencia de Jorge Briceño, “El Cholo”, un tercer lugarteniente, esto hace evidente que cometieron los delitos de manera coordinada y en equipo.

“Lo que indica que también debieron hacerlo con la aprobación de Sánchez Arellano, porque ni Briceño ni Villarreal hubieran actuado sin permiso del líder. Así funcionan las bandas, si gente de ese nivel se va por su cuenta los matan”, agregó un investigador.

La misma pesquisa reveló nuevas estrategias de los criminales para sorprender a sus víctimas. Ahora, los delincuentes están contratando los servicios profesionales de sus próximas víctimas o comprándoles propiedades.

Pero cuando el ciudadano recibe el pago por el inmueble o el servicio, este cliente o comprador ya tiene preparado a un comando que lo priva de la libertad antes de que llegue a su siguiente cita. Entonces lo roban y después lo secuestran para pedirle rescate a la familia, obteniendo una doble ganancia.

Las cantidades solicitadas están en alrededor de los 30 mil dólares, monto que las familias con posibilidades económicas obtienen en menos tiempo, por lo que las víctimas están siendo liberadas en la primera o segunda semana de su cautiverio. La única diferencia en el modus operandi actual es que hasta el momento no están asesinando a los secuestrados.

Las líneas de investigación también revelaron que el CAF nuevamente ha renovado sus niveles delictivos más bajos, por lo menos en el tema de secuestro. Esto significa que están trayendo hombres jóvenes de poblados de Sinaloa y Jalisco, que no tienen antecedentes ni son conocidos en Baja California y que al no tener que residir en la frontera, tranquilamente acatan la orden de regresar a su estado de origen, entre delito y delito.

Cada vez que estos delincuentes son requeridos se comunican por Nextel con una persona del pueblo pidiendo gente. Otras características es que a los criminales les pagan a destajo, no los llaman constantemente y con toda libertad pueden contratarse para delinquir con el CAF en otros estados.

Datos obtenidos a través de los grupos de inteligencia policiaca también indican que el CAF tiene abierta la puerta a varios grupos de secuestradores que mantienen comunicación constante, pero que manejan listas de secuestrables independientes, en los cuales actualmente están incluidos propietarios de antros y lotes de autos alrededor de los cuales se desarrollan investigaciones dado que los delincuentes aún se encuentran en la etapa de acercarse para cobrarles piso, bajo la amenaza de la privación.
Fuentes policíacas aseguraron que iniciaron operativos preventivos. La finalidad sigue siendo la misma: evitar los secuestros y detener a las bandas.

Interconectados

Los nexos y las acciones criminales atribuibles a este grupo empezaron a establecerse en la investigación ministerial cuando recibieron los resultados del examen pericial a las armas localizadas por agentes de la Procuraduría del Estado en la casa con el número 31 y/o 313 de la calle Olas Altas de la sección Coronado en Playas de Tijuana.

Los estudios que aún no concluyen en lo que respecta a la totalidad del armamento, hasta el momento indican que:

Una pistola calibre 9 milímetros marca FEG que percutió una bala en el acto criminal investigado en el expediente 87/08/201/AP, refiere que los hechos se suscitaron el 5 de agosto de 2008. Sin embargo, los prontuarios periodísticos correspondientes a esa fecha sólo registraron la detención de los hermanos Román y Alberto Alonso Ramírez en la delegación La Presa, capturados en posesión de un arsenal y portando chamarras con la leyenda “Fuerzas Especiales del Muletas”, en referencia a Raybel López Uriarte, sicario de Teodoro García Simental, alias “El Teo”.

Una carabina calibre .223 marca DPMS Panther, que percutió 145 casquillos en la averiguación 10/08/201/AP donde fue asesinada la señora Evangelina Vázquez, cuya casa ubicada en la colonia 3 de Octubre fue atacada por error; los criminales creyeron que ahí vivía un jefe policiaco que participó en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que trataron de asaltar el camión de valores en enero pasado. El incidente fue atribuido a una venganza conjunta del CAF coordinada por Parra Ramos.

La misma carabina percutió 12 casquillos en los hechos donde fueron asesinados Carlos Horacio Morales Méndez, oficial de la Policía Estatal Preventiva, y Micael Rodríguez, de oficio albañil, quienes fueron muertos en la colonia La Morita el 22 de septiembre de 2007.

Un fusil calibre 7.62 marca Cai Stavt, percutió 56 tiros contra las instalaciones de la delegación de policía en la zona de El Centenario el pasado 9 de abril de 2008. Este hecho fue adjudicado en la investigación a “El Gordo” Villarreal.

También fue usado para asesinar al jefe de la policía municipal Margarito Saldaña, y a su hija, cuando un comando balaceó su humilde casa en la colonia Loma Bonita el 15 de enero de 2008, después que este jefe policiaco también participara en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que intentaron asaltar el camión de valores un día antes. Esa arma dejó 16 casquillos en esa escena del crimen, considerada una venganza conjunta.

Además, el arma dejó otros 46 casquillos en la Avenida De los Héroes a la altura de la colonia Buena Vista, lugar donde asesinaron al agente federal de investigación Andrés Pinedo Pérez, el 5 de abril de 2008.

Y uno más: en la averiguación previa que data del 15 de enero de 2006, con el número de expediente 104/06/208/AP. Hechos de los cuales no se encontró rastro en los archivos periodísticos.

A todas las armas les borraron el número de serie. Además, estaban en condiciones óptimas de funcionalidad.

Las casas

El arsenal antes descrito fue encontrado en una casa de seguridad que, según los datos de inteligencia policiaca, era utilizada por los sicarios de la célula de Jorge Briceño “El Cholo”.

“Las dos casas de seguridad que catearon el sábado son de Briceño”, aseguró una fuente. Efectivamente se trata de la zona del lugarteniente mencionado y también es cierto que hubo un segundo cateo del que no se habló en la conferencia dada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Esta indagatoria se efectuó en la vivienda que habitaba Oliver Ulises Castañeda Navarrete. Información interna no oficial indicó que los ministeriales fueron a buscarlo porque dentro de la investigación el mencionado ha sido reconocido por más de cuatro personas como:

Presunto responsable del secuestro de un ingeniero en Playas de Tijuana y está relacionado con por lo menos, otras dos privaciones más.
Fue señalado por los detenidos como el encargado de entregar y recoger las armas que se resguardaban en la casa cateada.
También de manera extraoficial, elementos de un grupo de inteligencia local indicaron que se le siguen investigaciones por delitos cometidos desde 2006 en los que ha sido nombrado como presunto operador de “El Cholo”. Sin embargo, las policías de Baja California no han incluido en las investigaciones elementos de prueba que acrediten lo dicho por algunos delincuentes detenidos.

Los informantes también aseguraron que uno de los hombres que forma parte de la investigación es sobrino de un “asistente, chofer y escolta” de Fernando Sánchez Arellano al que conocen como el “Andobas”, delincuente incluido dentro de los trabajos de inteligencia locales, del cual las autoridades aún no tienen ni el nombre completo ni fotografía.

Datos extraoficiales indicaron que agentes ministeriales se comunicaron vía radio con Oliver Ulises Castañeda y le informaron que había sido descubierto dándole la oportunidad de huir, servicio por el que pagó alrededor de 30 mil dólares.

Al respecto, directivos ministeriales dijeron no tener indicios al respecto, pero que revisarían el caso. A la fecha las investigaciones ministeriales y de inteligencia simplemente continúan

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