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El gobierno de Chuy Aguilar contra la pared

Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.

Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.

De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.

Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.

Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.

Publica Reforma:

“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.

“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.

“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.

“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.

“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.

“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.

“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.

“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.

También los militares

De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.

La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.

Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.

Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.

En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.

Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.

En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.

Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.

La respuesta del Ejército

En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.

“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.

Viejos lodos

No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.

Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.

El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.

En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.

Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.

Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.

Todos se defienden

El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.

“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.

“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.

Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.

“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.

Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.

Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.

“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.

El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.

De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.

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