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Mañana se cumple un mes de la peculiar desaparición de Félix I. Batista, un experto en secuestros del que no se sabe nada desde el 10 de diciembre. Ese día abordó un vehículo donde había cuatro personas a bordo. No fue “levantado”, es decir llevado a la fuerza. Ni es tampoco víctima de un secuestro mercenario. Anteayer, su esposa Lourdes informó que no ha recibido petición alguna de rescate, ni ha tenido noticia de su marido desde entonces. Por eso organizó anteayer miércoles una conferencia de prensa en Miami, donde reside la familia y envió boletines a los medios. Rogó “a quienes tengan a Félix que por favor lo dejen ir”.

El caso de Batista no es único. Por desgracia abundan los de personas desaparecidas. Muchas de ellas han sido asesinadas y sus cuerpos son hallados poco después, sin que medie explicación ni reclamo alguno de los captores. También es elevado el número de personas secuestradas, a las que delincuentes capturan para obtener dinero a cambio de su liberación. Tan frecuente es la práctica de ese delito que la actual estrategia de seguridad pública del gobierno federal -expresada en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad- surgió de la presión social contra el secuestro más que contra la violencia homicida de la delincuencia organizada, que en 2008 dejó 5 mil 207 personas muertas.

En Coahuila, especialmente en su capital Saltillo, y en Torreón, ese delito ha proliferado sin freno, hasta un extremo de cruel sarcasmo: los dos más recientes responsables del combate al secuestro en la policía ministerial, Enrique Ruiz Arévalo y Gerardo Valdés Segura, han desaparecido, al modo en que ocurrió con Batista y nada se sabe de ellos: del primero a partir del 14 de mayo de 2007, y del segundo desde el 14 de julio del año pasado. Sólo en Torreón hubo, según un organismo privado, 86 secuestros en 2008, aunque la Procuraduría estatal admite sólo 24, de los que únicamente en nueve se presentó la denuncia respectiva. Generalmente las víctimas quedan libres después de pagado el rescate, pero el empresario regiomontano Rodolfo Alanís fue asesinado el 9 de noviembre, el mismo día en que se le secuestró en Torreón, a pesar de lo cual sus captores pretendieron obtener dinero por dejarlo en libertad y entablaron negociaciones con la familia durante un mes entero.

Precisamente porque ha cundido en las dos principales ciudades de esa entidad el temor al secuestro, en ellas Batista ofreció conferencias el 9 de diciembre en Torreón y el 10 mismo, el día de su desaparición, en Saltillo. Según el gobernador Humberto Moreira, Batista daba estas conferencias a título gratuito como un medio de mercadotecnia, pues de ese modo se acercaba a empresarios a los que podía vender servicios y productos relacionados con la seguridad, en que es un experto.

Nacido en Miami en el seno del exilio cubano, Batista sirvió no al Ejército como se ha dicho sino a la Guardia Nacional en Florida, y al separarse de ese cuerpo ofreció al mercado su conocimiento en materia de seguridad. A últimas fechas trabajaba como consultor de la firma Asi Global Kidnap & Ransom Response, en cuya página electrónica se presenta a Batista como un experto en secuestro que ha participado en más de 100 negociaciones para rescatar a víctimas de ese delito en Colombia y México.

El día de su desaparición, después de su plática con empresarios en la capital saltillense, Batista comió en el restaurante El Principal con personas dedicadas como él a ofrecer servicios de seguridad, y habló con el hijo de uno más, José Pilar Valdés, de presencia sobresaliente en la ciudad. Es que durante décadas, además de escoltar personalmente a la familia de Isidro López del Bosque, principal accionista del Grupo Industrial de Saltillo, organizó y dirigió la seguridad de ese consorcio. Tras su retiro, Valdés estableció su propio negocio de seguridad privada, que incluía negociaciones en caso de secuestro. Él mismo, sin embargo, había resultado víctima de ese delito el 9 de diciembre, del que se libró pocos días después, con muestras de maltrato. No pude saber si Valdés ha ofrecido a las autoridades testimonio sobre su secuestro y sobre el de Batista en el supuesto de que los dos casos estuvieran ligados.

Desde el principio se conjeturó que Batista habría sido retenido a cambio de la libertad de Valdés, con quien mantenía una relación profesional de tiempo atrás. Como quiera que sea, Batista estaba consciente momentos antes de su desaparición de que podía sufrirla. Hacia las siete de la noche del 10 de diciembre recibió una llamada que lo hizo salir del restaurante, no sin antes entregar a sus compañeros de mesa señas para comunicarse a su oficina de Houston, la sede de Asi Global, en caso de que algo le sucediera. En el estacionamiento del restaurante, Batista subió a una camioneta Cherokee, como atendiendo una invitación o cumpliendo un acuerdo. Y desde entonces no se sabe de él.

Por desgracia, no son pocos casos como el suyo. Con variantes que incluyen la desaparición forzada de personas (delito cometido por agentes de la autoridad o con su anuencia), la privación ilegal de la libertad cunde en el país propiciada por la impunidad. Ni siquiera el interés sobre Batista del consulado norteamericano en Monterrey -y ya se sabe que al gobierno mexicano interesa sobremanera su relación con Washington en materia de seguridad- ha favorecido que avance la investigación sobre este suceso.

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