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Son tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola, que llegaron a manos de sicarios del cártel de Juárez o La Línea, como se autodenomina ahora. Con esas armas, aseguradas por el Ejército durante el cateo a una casa de seguridad del grupo criminal en la ciudad de Chihuahua, pudieron haberse cometido más de 100 asesinatos o ejecuciones ordenadas por el grupo criminal que heredó y comanda en la actualidad Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.

El armamento, entre el que se hallaba un rifle entregado como arma de cargo a un comandante policiaco —que ahora está detenido por servir a los intereses del cártel de Juárez—, fue vinculado a una lista de 96 casos de narcoejecuciones y en las que hubo dobles y hasta triples homicidios. La sospecha es que los tres fusiles y la pistola tuvieran participación en esa lista de narcoejecuciones cometidas en diferentes puntos de Chihuahua.

A la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJC) se le encargó cotejar el tipo de armas y cartuchos utilizados para cometer los más de 10 asesinatos. Sin embargo, el responsable de esa tarea, el director Pedro Aragonez, fue acribillado durante el transcurso de la investigación.

El crimen contra el funcionario, lo mismo que otros 100 más que se investigan, fue atribuido al cártel de Juárez, cuyos principales operadores en Chihuahua son José Luis Ledesma, El JL, El Mónico, y El Tapicero. Ellos, apoyados por el grupo de ex militares metidos a sicarios conocido como Los Linces y la red de policías corruptos que los protegen, han desatado una guerra en la entidad contra el cártel de Sinaloa, o los también llamados Gente Nueva, que ha cobrado miles de víctimas en los últimos tres años.

El actual jefe del cártel de Juárez o La Línea, Vicente Carrillo Fuentes, asumió el mando de la organización tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. Desde ese momento hasta ahora ha mantenido un férreo control de la organización, con el uso de la violencia sin límites. Ejemplo del nivel de terror que han impuesto sus acciones en Chihuahua, son precisamente los más de asesinatos presuntamente cometidos con las armas investigadas en este caso.

El aseguramiento La mañana del 17 de febrero de 2008, en el cuartel de la quinta Zona Militar, el general Felipe Espitia Hernández fue notificado de una llamada anónima que ubicaba a un grupo de gente armada en la granja situada en el número 601 de la Calle 87, esquina con la Calle 25, en la colonia Aeropuerto, en la capital de Chihuahua. La voz de un hombre —según el reporte oficial— informó que varios sujetos entraban y salían de ese inmueble con armas.

Fue todo lo que dijo el denunciante anónimo. Con esos datos, de inmediato se dispuso una operación militar para acudir al lugar. Sin embargo, como en casi todas las acciones de este tipo, al llegar los soldados no estaba ya ni uno de los sujetos que fueron vistos con las armas. Pero en su huída, los delincuentes no pudieron llevarse varios paquetes de mariguana, dos vehículos y cuatro armas y cartuchos que fueron asegurados de inmediato.

Lo que llamó la atención del general Espitia Hernández fue la presencia en aquel sitio de un arma larga con registro oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de una serie de documentos oficiales.

Eran recibos de nómina de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, recetas médicas, solicitudes de vacaciones y hasta roles y zonas de trabajo de agentes de esa corporación. El jefe de la zona militar pidió de inmediato la intervención de las autoridades.

El grupo de fiscales y peritos de la PGJC que fue comisionado para recabar todas y cada una de las evidencias elaboraron un informe pormenorizado de lo hallado en el lugar.

Reportaron que además de los documentos oficiales, se decomisaron tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson, alrededor de 150 cartuchos útiles de diferentes calibres, una camioneta Suburban color azul, placas DZP 57-37, y una camioneta Toyota blindada, sin placas, de color plateado.

La participación de policías corruptos como parte de la red de protección al cártel de Juárez se veía venir casi de forma natural. Ahí estaban sus nombres, sus pertenencias y hasta un arma oficial. A final de cuentas, en el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detendría a seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La investigación de las armas

Sólo hasta 67 días después del cateo en la granja donde se incautaron las armas, el fiscal encargado de la investigación pidió al entonces director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, aplicar los peritajes a las evidencias.

El 25 de julio de 2008 envió al extinto funcionario el oficio 207/2008 para elaborar los análisis de fotografía, planimetría, química, genética y balística, además del cotejo del tipo de armas usadas en 96 narcoejecuciones cometidas entre el 30 de enero de 2002 y el 7 de febrero de 2008.

Casi en forma inmediata, Aragonez informó al fiscal sobre el origen de las armas.

La pistola Browning calibre 40, número de serie 2W5NW50348 y un cargador para 15 cartuchos, fue fabricada en Bélgica por la empresa Smith and Wesson; el rifle de asalto GP WASR-10, con número de serie borrado, provenía de Rumania y podía abastecerse con cargadores de 35 a 45 cartuchos; el rifle Bushmaster XM15, con número de serie borrado y con porta cargadores de 30 cartuchos, fabricado en Estados Unidos; el rifle G36V, fabricado en Alemania por la empresa Heckler y Koch, número de serie 83-0005489, estaba registrado por la Defensa Nacional.

Tres días más tarde —70 días después de hallar del armamento—, el mismo fiscal pidió a la subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente buscar en los registros oficiales si uno de los tres rifles detectados en el operativo del 17 de febrero era propiedad de la Procuraduría estatal. Ello no obstante que desde un principio el personal Ejército mexicano reportó que existía la probabilidad de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua pudieran estar asociados con el grupo delictivo que habitaba el sitio donde se efectuó el operativo militar.

Una semana más tarde, se agregó a la carpeta de investigación CAI-285/2008 la respuesta de la subprocuradora Pérez de la Fuente. El informe señalaba que el arma larga con matrícula 83-0005489 estaba registrada en la licencia colectiva de armas 192, expedida en favor de la Procuraduría del estado, y lo más inquietante era que ese rifle estaba asignado al agente A de la Policía Ministerial, Luis Humberto Peralta Hernández.

La muerte de Aragonez

La tarde del 11 de agosto, tres meses después de iniciar las investigaciones sobre las armas y la posible vinculación de éstas en las más de 10 narcoejecuciones, el director de Servicios Periciales de Chihuahua, Pedro Aragonez, fue asesinado por un comando armado.

El crimen se cometió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Durango por la calle de Itzalco, en la colonia El Saucito, en compañía de su chofer que sobrevivió al ataque de los sicarios, que huyeron por la avenida Francisco Villa, en la capital chihuahuense.

El homicidio del director de Servicios Periciales de Chihuahua fue ordenado por El Mónico, de acuerdo con la declaración de Martín Hugo Valenzuela Rivera, El H-8, hombre originario de Durango que fue reclutado por el cártel de Juárez, primero como vigilante de calles y al que posteriormente se le entrenó para asesinar.

Él confesó que estando con El Mónico en Ciudad Cuauhtémoc escuchó cuando fue informado de la ejecución del funcionario. “Vámonos, ya cayó otro”, le dijo su jefe a El H-8 antes de emprender el regreso a Chihuahua. De vuelta a esa ciudad, El Chuma o H-9 le comentó a Valenzuela Rivera que “ya había caído el de servicios periciales. Que le había tocado ejecutarlo cuando se les había perdido a Los Linces, y que en esa ejecución también participaron de campanas policías ministeriales”

“Era uno de periciales que andaba en una camioneta Durango, que esta persona lo acompañaba su chofer, pero que solamente le había dado al objetivo. El H-9 ha participado en otras ejecuciones, es muy buen tirador. Hemos ido a entrenar tiro a la sierra y disparamos contra pinos o piedras con R-15 o Cuerno de chivo, siempre es muy preciso en sus disparos. He visto sus jales en el periódico”, dijo a los fiscales.

Las “narcoejecuciones”

La primera de las más de 100 ejecuciones ligadas con el narcotráfico en las que pudieron estar involucradas las armas halladas por personal del Ejército mexicano, y que investigaba la Dirección de Servicios Periciales, fue la contenida en el expediente 277/02. Para ello se cotejaban 17 casquillos recogidos en la escena del crimen en la que asesinaron el 30 de enero de 2002 al ex agente judicial de esa entidad Federico Ceniceros Torres, a quien cesaron en aquel entonces por la desaparición de parte de un cargamento de droga confiscado a narcotraficantes en Ciudad Juárez.

El crimen contra Ceniceros Torres, de 39 años de edad, fue cometido con un arma de asalto AK-47, de las llamadas Cuerno de chivo —similar a la que investigaba la Dirección de Servicios Periciales—, cuando se dirigía de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, abordo de una camioneta tipo van, Chevrolet, modelo 1989. Una camioneta Dodge Durango se le emparejó y desde ahí le dispararon. La unidad de la víctima chocó contra una malla metálica, a un lado de la avenida Heroico Colegio Militar, casi a su cruce con la calle de Costa Rica, en la zona norte de Ciudad Juárez.

La última de las narcoejecuciones en las que se suponía fueron utilizadas algunas de las armas aseguradas el 17 de febrero de 2008, se trato de un doble homicidio cometido en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Chihuahua, apenas 10 días antes de que los militares las descubrieran en la granja de la colonia Aeropuerto.

En esa ocasión un comando armado asesinó con rifles de asalto a Osvaldo Loya Carmona y a Nicanor Loya Sánchez, cuando apenas salían del centro comercial y subían a una camioneta pick up Ford línea Lobo, de color rojo.

El doble crimen en Chihuahua aquella mañana del jueves 7 de febrero de 2008 sacudió al municipio de Camargo, ya que la familia Loya es ampliamente conocida e influyente en esa población.

Para aclarar este doble asesinato, los peritos de la procuraduría del estado de Chihuahua, al mando en ese momento de Pedro Aragonez, se encargaban de cotejar los más de 80 casquillos del armamento tipo AK-47 que fueron recogidos por las autoridades en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Periférico de la Juventud, del fraccionamiento Haciendas del Valle de la entidad, pero hasta hoy se ignora cuál fue el resultado de las investigaciones de balística forense en todas las narcoejecuciones.

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La Secretaría de la Defensa Nacional informó que detuvo a un grupo armado de 25 personas en el municipio de Madera, Chihuahua.

Los presuntos delincuentes se disfrazaron de militares y se transportaban en cinco vehículos de acuerdo con un breve comunicado de la dependencia, en el que se da cuenta de la detención de uno de los grupos más numerosos de personas armadas.

En el texto dado a conocer por el Ejército se reporta que el jueves pasado recibió una denuncia ciudadana en la que se alertaba sobre la presencia de “un grupo de personas vestidas con uniformes tipo militar” en el poblado de Nicolás Bravo, municipio de Madera, por lo que desplazó a la zona a elementos del 35/o. Batallón de Infantería.

Sin dar más detalles del operativo la Sedena informó que en el lugar se detuvo a 25 personas, entre ellas a José García García, alias el “General”, de quienes no se dijo si pertenecen a algún cártel de narcotraficantes.

A los detenidos se les aseguraron 29 armas largas, tres armas cortas, 102 cargadores para diferentes armas, 5 mil ,443 cartuchos de diferentes calibres y cinco vehículos.

“Los detenidos, armamento y vehículos -reportó-, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.

La Sedena dio a conocer ayer que una investigación militar permitió descubrir que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en un tribunal civil y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.

Tras una llamada anónima, 25 presuntos sicarios de una célula del Cártel de Sinaloa fueron detenidos por el Ejército y trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y se les vincula con la ejecución de varias personas y el incendio de comercios en el occidente del Estado.

La detención de los hombres, entre ellos un hombre al que apodan “El General”, líder de los sicarios, ocurrió la tarde de ayer, en el poblado de Nicolás Bravo, del Municipio de Madera, y tenían en su poder armamento de grueso calibre, así como uniformes tipo militar.

Enrique Torres Valadez, vocero del Operativo Conjunto Chihuahua, informó que la detención la llevó a cabo por personal del 35 Batallón de Infantería, que tiene su base en el Municipio de Casas Grandes.

“Una denuncia anónima alertó sobre la presencia de unos sujetos que el pasado 10 de junio participaron en la ejecución de seis personas y el incendio de una ferretería y una licorería, así que se desplegó un operativo de búsqueda”, dijo.

El operativo de búsqueda culminó con la detención de los sicarios, a los que les fueron aseguradas armas de alto poder, una cantidad no especificada de droga y uniformes tipo militar.

El funcionario añadió que el Cártel de Sinaloa opera en los estados de Sinaloa, Guerrero y Sonora, mientras en el estado el grupo detenido, realizaba sus ilícitos en municipios de la región noreste, en municipios como Casas Grandes, Ascención, Palomas, Zaragoza y Madera.

Torres Valadez subrayó que el grupo de sicarios fue trasladado a la delegación estatal de la PGR en esta Ciudad, y se mantienen en espera de que un Ministerio Publico Federal los consigne ante un juez de distrito.

Tras su gestión como alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua (2004-2007), Héctor Agustín Murguía Lardizábal,
heredó una deuda pública superior a los 200 millones de pesos que la actual administración aún no termina de saldar.

Candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito 2, conformado por colonias populosas de esa ciudad, es señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de tener vínculos con el cártel de Juárez.

Es acusado de beneficiar a constructoras “amigas” del gobierno local y de escaso historial con obras innecesarias. El actual alcalde José Reyes Ferriz debió cubrir pagos por 22 millones de pesos a la constructora YVASA y otros 12 millones de pesos a PASA.

Además, Murguía Lardizábal contrajo cuantiosos pasivos con médicos, farmacias, papelerías y otros negocios que sirvieron a su administración municipal.

De acuerdo con la Tesorería local, se recibieron 127 solicitudes de pago a proveedores, por un monto de 113 millones de pesos, de los cuales ya se extendieron cheques por 50 millones de pesos a 13 firmas, entre constructoras, distribuidoras de materiales y prestadores de servicios.

Su jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Saulo Reyes Gamboa, fue detenido en enero de 2008 en Texas, por entregar medio millón de dólares a un supuesto agente aduanal corrupto, que resultó ser un agente encubierto de la corporación.

El empresario Reyes Gamboa, dueño de cadenas de restaurantes, como Kinn Sui, de comida japonesa; socio de la franquicia Subway y de un negocio de hamburguesas, enfrenta cargos por narcotráfico.

Su ingreso a cargos públicos en Juárez fue desde la administración del entonces alcalde panista Ramón Galindo Noriega (1995-1998), cuando fue director de Ingresos.

Murguía Lardizábal es considerado, según Andrés de Anda, líder de la oposición durante su gestión en la administración municipal, “un hombre extremadamente ambicioso y corrupto, populista y peligroso para la sociedad”, ya que su gobierno se caracterizó por “tener las bolsas llenas de dinero y las manos llenas de sangre”.

Tras ser electo candidato el pasado 22 de marzo, el ex alcalde de Juárez enfatizó que no tiene ningún vínculo con el cártel de los Carrillo Fuentes, como lo acusó el Partido Acción Nacional (PAN) y lo informó la DEA.

Una investigación de El Diario de Ciudad Juárez en 2006 reveló que siete empresas creadas unas semanas antes de que iniciara la administración Murguía habían ganado una tercera parte de la licitaciones públicas municipales.

En dicho reportaje se mencionó que en tres de esas compañías, uno de los socios era el contador Saulo Reyes, quien años más tarde fue arrestado por la DEA en una operación encubierta, cuando presuntamente trataba de introducir una tonelada de mariguana a Estados Unidos. Su detención es considerada el punto de partida de la ola de violencia en Chihuahua.

El secuestro de nueve personas del municipio de Villa Ahumada desencadenó una persecución que concluyó en dos enfrentamientos entre militares y los criminales que dejaron un saldo de al menos 21 muertos.
En los primeros minutos del martes, luego de penetrar violentamente en domicilios, un grupo de 14 pistoleros “levantó” a nueve personas de Villa Ahumada.

Ya con los retenidos, el comando se dividió en dos bloques para dirigirse a Ciudad Juárez, a bordo de varios vehículos.

En ese momento, las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona recibieron varias denuncias y solicitudes de apoyo para rescatar a los nueve “levantados”. Los elementos del Ejército comenzaron entonces un rastreo de los criminales por tierra y desde el aire.

Al ubicarlos sobre la carretera Panamericana, uno de los grupos perseguidos se apartó del camino e inició la primera refriega. De acuerdo con el vocero del Operativo Conjunto Chihuahua, Enrique Torres Valadez, siete delincuentes murieron, pero antes ejecutaron a seis plagiados; un integrante del Ejército también perdió la vida y otro resultó herido.

Mientras, otro grupo de soldados continuó la persecución del resto de los sicarios. El segundo combate se dio 70 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. En este choque murieron otros siete sicarios y tres de los “levantados” fueron liberados con vida.

Los criminales llevaban decenas de armas, chalecos antibalas y radios de comunicación.

Elementos del Ejercito Mexicano efectuaron un operativo en el que detuvieron a seis personas originarias de Sinaloa que operaban desde el interior de una vivienda del Municipio de Delicias, Chihuahua.

Tras una denuncia anónima y como parte del operativo de seguridad Chihuahua, seis personas que estaban conviviendo en un domicilio del Fraccionamiento Los Viñedos, al sur de Delicias, fueron detenidos por elementos castrenses.

En un comunicado del Ejército, se informó que los detenidos fueron ubicados sin necesidad de un enfrentamiento y les fueron asegurados un arsenal compuesto por más de 500 cartuchos de armas de grueso calibre, dos ametralladoras AK-47 y dos rifles de asalto R-15, así como dos camionetas y un auto deportivo.

Los soldados decomisaron también ocho teléfonos celulares y 6 mil pesos en efectivo.

Los supuestos sicarios fueron identificadas como Rosalío Aguirre, de 77 años; Modesto Noriega, de 26; Omar Noriega, de 30, y Fernando Aguirre, de 28. Entre los detenidos estaban dos mujeres, María Luisa Tirado, de 48 años y una menor de 14.

Al clima de inseguridad y pánico que priva en la entidad se agregó hoy la ejecución de un reportero de la fuente policial en Ciudad Juárez.

Armando Rodríguez, quien laboraba para el Diario de Ciudad Juárez y contaba con más de 20 años de trayectoria periodística en el rubro de la nota policiaca y el área de investigación, fue asesinado por desconocidos que lo esperaban afuera de su domicilio, ubicado en la calle Danubio 1313, de esta frontera.

Eduardo Esparza, vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado, comentó que el profesional de la comunicación salía de su casa aproximadamente a las 7:00 horas para llevar a sus hijas a la escuela, cuando fue sorprendido por sicarios que le dispararon en varias ocasiones con rifles de asalto, sin provocar heridas a su familia.

La comunidad periodística fronteriza se encuentra conmocionada ante este hecho que no es frecuente, pese a que todos reconocían en el gremio la valentía con la que Rodríguez realizaba sus investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Grupo Reforma publicó hoy que la ola de inseguridad provocada por el narco está paralizando a la Ciudad de Chihuahua.

Ciudadanos atemorizados prácticamente han abandonado decenas de escuelas, oficinas de Gobierno y comercios que han recibido amenazas de ataques y bombazos por parte del crimen organizado

Las cabezas de cuatro hombres decapitados, guardadas en una hielera sellada, fueron enviadas por mensajería a la jefatura policial del municipio de Ascensión, estado mexicano de Chihuahua (norte), informaron autoridades policiales locales.
Según fuentes de la Suprocuraduría de Justicia de Chihuahua, el paquete con las cuatro cabezas fue entregado por el servicio de una empresa de autobuses foráneos en una hielera sellada, por lo que el personal policial de Ascensión creyó al principio que era una entrega para un hospital.
“La recepción de las cuatro cabezas, todas de personas del sexo masculino, generó pánico entre los que se encontraban en el lugar, por lo que autoridades investigadoras trasladaron el paquete completo al Servicio Médico Forense para iniciar la indagatoria y tratar de identificarlos”, indicó el lunes la Suprocuraduría.
El paquete tenía una leyenda que decía que se trataba de material peligroso, y no se ha informado desde dónde fue enviado.
Las cabezas corresponden a personas de entre 25 y 35 años. La autoridad investigadora está verificando si se trata de alguna de las 10 personas secuestradas la semana pasada en aquella región por hombres armados que viajaban en varias camionetas.
Chihuahua es el distrito más violento de México. Allí la pugna entre cárteles rivales de las drogas ha dejado más de 1.000 ejecutados tan sólo en la fronteriza Ciudad Juárez.

Las ejecuciones al estilo del crimen organizado continuaron en esta frontera la tarde del sábado, pues en cinco hechos distintos fueron asesinadas a balazos 11 personas, entre ellas siete que se encontraban en una fiesta.

Información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal indica que un comando de hombres armados portando rifles de asalto y pistolas disparó este sábado en la noche contra siete personas en la colonia Infonavit Solidaridad, al sur de la ciudad, cuando se encontraban conviviendo en una reunión.

La masacre fue en una casa ubicada en el Boulevard Zaragoza y calle Toronja Roja, a donde llegaron los sicarios en varias camionetas sin placas de circulación; iban con los rostros encapuchados y dispararon de manera indiscriminada contra los asistentes muriendo en el lugar los siete y lesionando al menos a cuatro más.

Aparte de este hecho, alrededor de las 18:00 horas cuatro personas más perdieron la vida, entre ellas dos hombres dentro de una casa en la colonia Zacatecas, al poniente de la ciudad; se trata de personas no mayores de 30 años de edad que presentan balazos en la cabeza con arma de fuego calibre 9 milímetros.

Una hora más tarde fue encontrado otro hombre tirado en el exterior de una casa abandonada en la colonia Díaz Ordaz, también en el sector poniente, con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Además en la colonia Tierra Nueva, en la zona suroeste, encontraron una persona sin vida con varios balazos y huellas de que fue torturado a golpes.

Otras cinco personas fueron ejecutados a balazos con armas AK-46 en la entidad, entre ellas un comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Chihuahua, mientras que en esta frontera asesinaron al propietario de un bar y dos de sus empleados.

En esta frontera la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que recibieron varias llamadas de auxilio al teléfono de emergencia, en las que reportaron una balacera este lunes alrededor de las tres de la mañana dentro del “Bar Ok Corral”, situado en el Boulevard Independencia de la colonia Tierra Nueva, en el sur de la ciudad, y al llegar encontraron a tres personas muertas y varios lesionados.

Las víctimas son el dueño del bar identificado como Jorge Urrutia; su guardaespaldas y un mesero, empleados de los que no se dieron a conocer a conocer sus identidades.
La versión de testigos refiere que al bar llegaron varios hombres armados que dispararon contra el gerente y sus empleados, lesionando a varios clientes que fueron llevados a recibir atención médica a hospitales cercanos.

Los sicarios actuaron sin decir palabra o amenaza, ya que simplemente llegaron a disparar, dijo uno de los clientes lesionados.

Otro homicidio registrado en Juárez fue en la colonia Portal del Valle, lugar donde se reportó un cuerpo sin vida del sexo masculino esta mañana el que presentaba como huella de violencia, lesión en región del tórax producida por proyectil de arma de fuego.

El cuerpo, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual establecerá la causa del fallecimiento.

Además en la ciudad de Chihuahua fue ejecutado de ráfagas de rifle de asalto AK-47 el comandante de la Policía Ministerial Investigadora, Epifanio Juárez, quien fue perseguido cuando menos por ocho sicarios a bordo de dos vehículos.

El elemento ministerial trató de salvarse y brincó una barda ubicada detrás de unas bodegas pero fue cercado por dos grupos de sus perseguidores y finalmente lo mataron a balazos.

Aparte en este evento los sicarios dispararon a los policías municipales que llegaron a la escena del crimen para facilitar su huída; ningún uniformado resultó herido y a pesar de que siguieron a distancia a los matones nunca hicieron el intento de arrestarlos.

Por otro lado, este lunes en la mañana decenas de elementos del Ejército Mexicano comenzaron a realizar recorridos y catear casas al parecer no habitadas en la colonia Felipe Angeles, ubicada en la margen del río Bravo, la cual es considerada una de las mas conflictivas en violencia ligada al narcotráfico y riñas entre pandillas, además de tener varios picaderos (lugares en los que venden y consumen drogas).

Los militares, apoyados con vehículos utilizados por las fuerzas armadas bloquearon las principales calles de entrada a la colonia, y revisan a los que entren u salen del lugar. El operativo lo realizan solos, ya que no cuentan con apoyo de corporaciones locales o estatales, ni con Ministerios Públicos Federales.