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Las Policías del Distrito Federal no libran los señalamientos en indagatorias oficiales por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Al menos desde 2007, Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, ha tenido bajo su servicio a motopatrulleros y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, mientras que su rival recientemente convicto Jesús Zambada García, “El Rey”, tenía como compadre a Ignacio Perales Gómez, alto mando de la Policía Judicial del DF asesinado en junio de 2006.

Fidel Hernández García, integrante del Estado Mayor de la Policía Federal, hoy preso, asegura en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEI DCS/359/2008 que policías del “Sector Pedregal” de la SSP del DF protegían a “El Barbas” cuando visitaba su casa localizada en Escarcha 32.

“Entre el 10 y 20 de diciembre de 2007 tuve conocimiento, derivado de las actividades de inteligencia que se realizan en la Policía Federal, que en el domicilio de Escarcha (“El Barbas”) era resguardado por elementos de la SSP del DF, así como por policías de seguridad pública del DF del Sector Pedregal y otros vehículos sin placas, cuenta.

“Añade que ese lugar era frecuentado por Arturo Beltrán y entre los vehículos que se encontraban en la calle de Escarcha, unos cuatro vehículos particulares y oficiales, había dos patrullas y una moto de la citada dependencia. Le daban protección al mismo Arturo Beltrán Leyva”.

A su vez, el inspector de la PFP Édgar Enrique Bayardo declaró ante la SIEDO que “El Rey” Zambada era compadre de Ignacio Perales.

Según Bayardo, cuando era fiscal de delitos graves en la Procuraduría de Justicia de Guerrero, le llamó desde Puebla un comandante de apellido Batres para decirle que lo andaba buscando Perales.

“Cuando nos vimos, el comandante Perales me refirió que tenía un compadre que quería platicar conmigo y que no tenía problemas, ya que no tenía ni orden de aprehensión, ni era buscado y que no me iba a meter en ningún problema. Yo le pregunté que de quién se trataba, contestándome Perales que era un hermano del ‘Mayo’ Zambada”, declaró Bayardo.

No hay caso contra Velarde.- PGR

El Procurador Eduardo Medina Mora informó que la PGR no tiene elementos para fincar cargos contra Mario Velarde Martínez.

Velarde fue secretario particular del actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, durante el sexenio pasado.

Medina Mora dijo que lo único que se tiene hasta ahora es la imputación de un testigo.

Sin embargo, agregó, no se encontró delito alguno después de su declaración ante el Ministerio Público, que duró seis horas.

Un testigo protegido identificado como “Felipe” lo relacionó con una red de servidores públicos, algunos de Interpol-México, que durante 2007 vendieron información a los hermanos Beltrán Leyva.

El Procurador informó de la situación de Velarde el lunes por la noche durante un brindis de fin de año con reporteros de la fuente.

El 16 de mayo del 2007, un enfrentamiento entre policías sonorenses y presuntos narcos dejó 15 muertos y el reclamo del Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por el hecho de que transitaran por las carreteras federales grupos armados sin que la Policía Federal Preventiva los detuviera.

Entonces, Bours dijo que grupos armados provenientes de Tamaulipas incursionaron en Sonora sin ser molestados ni detenidos.

Un testigo protegido, a quien se identifica como miembro de Los Zetas, declara en la averiguación previa SIEDO 359/2008 que Gerardo Garay, entonces Director de la división antidrogas de la PFP, recibió sobornos de los narcos para “calmar” el conflicto suscitado en Sonora.

El testigo identificado como “Pitufo” declaró: “Esa no fue la única vez que hicimos tratos con Garay para controlar a la policía, también recuerdo que aproximadamente en mayo o junio de 2007 se le mandó a Garay Cadena la cantidad de 1 millón 700 mil dólares y ese dinero se le dio con el objeto de que parara la bronca que surgió a raíz de la matanza de Cananea, la que se conoció públicamente en los medios como ‘el día que entraron el grupo de Los Zetas en Sonora a ubicar la gente del Chapo'”.

Aunque Garay estaba vinculado, según las denuncias, con el cártel de Los Beltrán Leyva también tuvo tratos con Los Zetas. De hecho, ambos grupos (Beltrán y Zetas) empezaron a actuar juntos para combatir al cártel del Mayo Zambada.

“El Pitufo” dijo que Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder de su organización, en realidad le hizo llegar a Víctor Gerardo Garay 4.7 millones de dólares en dos entregas.

Además del pago relacionado con el enfrentamiento en Cananea, otro soborno por 3 millones de dólares se hizo por concepto protección en Tamaulipas.

Jaime González, “El Hummer”, detenido el 7 de noviembre pasado, y uno de los principales lugartenientes de Los Zetas, declaró ministerialmente que en realidad Garay trabajaba para el Cártel de Sinaloa.

“Quiero manifestar que he escuchado a ‘El Costilla’ que a una persona de nombre Garay, el cual es un alto funcionario de la Policía Federal, se le ha entregado cantidades fuentes de dinero por parte de los Chapos, agregando que a la organización a la que pertenezco trabajamos con los AFIs, con la Ministerial y con la PFP”, declaró “El Hummer”.

Antes de suceder a Édgar Millán como comisionado de la Policía Federal, Víctor Gerardo Garay ya tenía vínculos con narcotraficantes y dejó escapar en varias ocasiones al capo Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, de acuerdo con testimonios de sus ex subordinados.

Coincidentemente, después de los operativos frustrados contra Beltrán, fueron asesinados en distintas fechas dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal: Roberto Velasco y Édgar Millán.

Según los testimonios, justo hace un año, Garay ordenó desmontar un operativo que organizó Velasco, director de Combate contra la Delincuencia Organizada de la Policía Federal, quien estaba listo para entrar a una mansión del Pedregal donde se hallaba “El Barbas”.

La declaración ministerial del agente Fidel Hernández señala que, en diciembre de 2007, los efectivos de la PFP tenían rodeado un domicilio en la calle de Escarcha.

Sin embargo, aseguró Hernández, Garay les dio la indicación: ‘No, aguanten.

Vamos a esperarnos más adelante’, y desmovilizó a todos los efectivos.

Velasco se molestó con Garay, de acuerdo con los testimonios, porque el repliegue permitió la huida de Beltrán Leyva. Fue ejecutado cinco meses después.

En enero de 2008, la PFP regresó a catear la misma casa, pero estaba vacía.

El agente Jorge Cruz declaró: “El maestro Garay empezó a tomar dinero mencionando que era ‘botín de guerra’ y llamó a sus personas de confianza, uno de ellos Valdez, su escolta, para que se llevaran dinero, que el dinero que Garay se llevó se lo echó dentro del chaleco y dentro del pantalón a la altura del cinturón”.

Después refiere: “(Garay) me dijo ‘vas, George, éntrale’, a lo que respondí que no”.

Según declaró a su vez Édgar Bayardo, inspector de operaciones de la PFP, Garay se robó entre uno y 2 millones de dólares y un lingote de oro.

El 7 de mayo, Garay dejó escapar de nuevo a Beltrán durante un operativo en Morelos. Según declaró Bayardo, el dato de ubicación de “El Barbas” fue proporcionado a la Policía por Jesús “El Rey” Zambada, narco enemigo de los Beltrán.

“Se dio el enfrentamiento donde perdieron la vida dos compañeros de la Policía Federal, dándose a la fuga Arturo Beltrán Leyva. En ese momento, nosotros teníamos ubicados varios domicilios de allí, y se concentró toda la gente, y llegó la instrucción del maestro Garay de regresarse”, relata Cruz.

Beltrán volvió a escapar, y horas después fue asesinado Édgar Millán, comisionado de la PFP.

El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, nombró a Garay como sucesor de Millán.

Agentes de la policía federal y personal del Ejército presentaron en la SIEDO a 11 policías municipales de Tabasco, que presuntamente brindaban protección al Cártel del Golfo.
Los agentes fueron detenidos en cumplimiento de una orden de localización y presentación girada por el fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR porque sus nombres aparecen relacionados en diversas nóminas encontradas durante operativos y cateos.

La PGR informó que los 11 policías permanecen en la SIEDO en calidad de probables responsables de brindar protección al cártel del Golfo, del que presuntamente recibían dinero a cambio de ayuda y protección, y que su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

Los policías presentados son: Gerardo Domínguez Flores, Jesús del Carmen Castellanos Alejandro, Carlos Peregrino Cable, Carlos Mario Javier Cruz y Valentín Domínguez Hernández, del municipio de Paraíso.

También fueron presentados Arbio García Morales, Ricardo Díaz Martínez y Carlos Morga Acosta, del municipio de Frontera, Centla.

Del municipio de Balancán fueron detenidos Heberto Pérez Landeros, Arturo Echevarría Mosqueda y Juan Gabriel Cruz Pérez.

El escudo de policías corruptos que tenía para su protección Jesús El Rey Zambada, se desmoronó en una balacera de 20 minutos. En medio del fuego cruzado y copado por agentes federales, desde su reducto en la azotea de un edificio de la colonia Lindavista, El Rey hizo un último intento y llamó tres veces a quien presuntamente era su alfil infiltrado en la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SPPF), el subdirector de Investigación de Delitos, Édgar Enrique Bayardo del Villar.

—“¿Qué pasó ahijado? Ya nos estamos agarrando a chingadazos—, le dijo Zambada al jefe policiaco y a quien presuntamente le pagaba para su protección 25 mil dólares mensuales. Del otro lado del aparato, Bayardo del Villar contestó: “Ya voy, padrino, ya voy”. Pero nunca llegó.

En el momento más álgido del tiroteo, El Rey Zambada llamó a otro jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, al que no se identifica por su nombre: “oiga, ahijado, por favor mándeme a la pitufada, porque no sé si son contras o gobierno”. Tampoco recibió el apoyo, de acuerdo con la versión ofrecida a fiscales federales por el testigo protegido Rambo III en la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En la desesperación, Zambada llamó nuevamente a Bayardo del Villar y le dijo: “ahí le encargo a mis hijos, ahijado, me la voy a rifar. Yo no voy a dejar que me agarren, y si no, me voy a matar”. Antes de ser detenido, El Rey Zambada le quitó una pistola a Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, su hijastro, y cuando la llevaba a su sien otro hijo le gritó: “Apá, está loco, piense en nosotros, en sus nietos, en sus hijos”, y en ese momento fueron detenidos por policías que no estaban a su servicio.

Concluía así la carrera criminal de este hombre de 47 años, quien estuvo a tres semestres de terminar la licenciatura en Contaduría y se define como comerciante con ingresos de 45 mil pesos, pero que la Procuraduría General de la República lo señala como jefe de la célula del cártel del Pacífico en el DF. De hecho, el imperio criminal que construyó en la ciudad de México con complicidad de policías, comenzó a desmoronarse tras la llamada anónima que recibió la SIEDO.

La delación que llevó a dar con El Rey Zambada ocurrió a las 11:00 horas del pasado 20 de octubre. Una persona con acento norteño, de acuerdo con el oficio PGR/SIEDO/UEIDCS/1016/2008, señaló: “en el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, hay varias personas armadas y son narcotraficantes”. Y fue explícito: “es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener, entre ellos está su hijo”.

Dos horas más tarde, un grupo de agentes federales llegó al domicilio. “ahí están, ahí están”, gritó uno de los policías que se acercó al portón y así inició el fuego entre policías y delincuentes. El Rey Zambada subió con sus dos hijos a un Jetta blindado, abrió el portón, pero una camioneta frenó su huida. El Richard iba a lanzar una granada, pero su padre se lo impidió.

Entonces, los tres bajaron del auto. Corrieron hacia la izquierda de la casa. Saltaron la barda hacia un edificio, donde llegaron a la azotea. Uno de los hijos de Zambada relató: “Le dije a mi padre que le marcara a Bayardo para que nos ayudara, porque mi papá le había dado mucho dinero para que lo protegiera”. Llamó, pero nadie llegó. El Rey perdió a sus súbditos en el momento que más los necesitaba.

La captura de Jesús El Rey Zambada dejó al descubierto las causas de la violencia en Guerrero, sus protagonistas y su rivalidad con los hermanos Beltrán Leyva; los mecanismos del hermano del capo Ismael El Mayo Zambada para el tráfico de drogas en la ciudad de México y otros puntos del país; sus nexos y complicidades con policías corruptos y la guerra entre cárteles del narcotráfico para apoderarse de rutas y mercados de la droga en México.

El testigo protegido Rambo III y Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, éste último hijastro de El Rey, revelaron ante fiscales federales pormenores sobre la forma de operar del grupo y cómo a través de sobornos lograron penetrar en varias corporaciones policíacas, como la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Ministerial del estado de México, entre otras más.

Las declaraciones de ambas testigos contenidas en la en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, revelan incluso cómo el cártel del Pacífico presuntamente le costeó al ex subdirector de Investigación de Delitos de la PFP, Édgar Enrique Bayardo del Villar, sus ascensos dentro de instituciones policiales. Él, dicen los testimonios en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), trabajaba para el narcotráfico desde los tiempos del extinto capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

El Rey Zambada le entregó 100 mil dólares cada vez que obtuvo algún ascenso o cargo dentro de la PGR, SSPF u otras dependencias donde trabajó, con el fin de “pagar por sus ascensos” y así ser cada día más útil a la organización. Pero para costear su último puesto dentro de la SSPF, donde —según los testigos— él le hacía llegar sobornos mediante un hombre a quien se le identifica como Facundo, se le entregaron 500 mil dólares en efectivo.

El ex jefe policiaco y hoy arraigado por la PGR, quien fue reconocido por el testigo protegido Rambo III mediante fotografías y documentos contenidos en la ficha Niv/Applicantcase/lookup/Detail del oficio MX-09-0058 enviado a las autoridades mexicanas por el gobierno de Estados Unidos, recibió igualmente vehículos blindados, para que se protegiera de los sicarios de los Beltrán Leyva.

Batalla en Guerrero

Los cargamentos de droga procedentes de Colombia eran, según el colaborador de las autoridades, recibidos frente a las costas de Huatulco e Ixtapa por los hombres de Rogaciano Alva, considerado el representante del cártel del Pacífico en Guerrero y regiones aledañas. “Por eso es la guerra que desataron en su contra los Beltrán Leyva”, indicó el testigo protegido.

Los enemigos del señor Rogaciano, agregó, son los hermanos Pineda quienes ahí son representantes de los Beltrán Leyva. A uno de ellos sólo sé que le dicen El Borrado y el otro se llama Mario Pineda, El MP. Por eso mataron a los hijos de Rogaciano, indicó Rambo III sobre este caso. En el fondo está la lucha por rutas y mercados del narcotráfico.

esús Zambada García, “El Rey”, usaba un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para operar el tráfico de droga desde Colombia y utilizaba tres aviones para dicho trasiego, según declaró Jesús Zambada Jr. en una averiguación ministerial a la que tuvo acceso REFORMA.

Conforme con lo asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/350/2008, el responsable del cártel de los Zambada de desembarcar la droga en el AICM era el estadounidense Ricardo Flores Quintana o Richard Arroyo Guízar, “El Richard”, hijastro de “El Rey”.

“Tenían una empresa de aviones de la que desconozco su nombre y desconozco cuántos aviones eran, pero por lo menos eran 3”, declaró Zambada Jr.

Afirma que esos aviones eran de plan de vuelo (sic), que arribaban al AICM provenientes de Colombia y que descargaban en un hangar, siendo los encargados de recoger la mercancía “El Pelón” y “El Chilisqui”; de allí, se la llevaban a una bodega, dijo.

Según la declaración, los aviones que se tenían eran tipo jet.

Al respecto, la oficina de Comunicación Social de la PGR informó de una investigación en la que se relaciona un hangar del aeropuerto capitalino, pero aún no se acredita que el inmueble pertenezca a Ismael “El Mayo” Zambada, a sus hermanos o a algún prestanombres.

Hasta ahora, no hay elementos contundentes en la indagatoria para determinar que utilizaron un hangar en sus operaciones, insistió la PGR.

La declaración de Zambada Jr. choca con el decreto oficial que prohíbe desde 1994 la operación de vuelos privados en el AICM, pero su dicho no aclara si su padre tenía relación con alguna empresa de aviación comercial.

En los últimos meses ha quedado evidenciado que el AICM es un importante punto de desembarque de droga, e incluso hay información sobre el involucramiento de policías.

En otra indagatoria (SIEDO/UEICCS /132/2008), hay indicios de que el 30 de marzo de 2008 agentes de la Policía Federal escoltaron en vehículos oficiales un cargamento de precursores químicos a la zona de Hangar Aviones S. A. El contenedor traía 600 kilos de efedrina en el vuelo KL685 de KLM, procedente de Holanda.

En el último año se han registrado varios aseguramientos de droga en distintos vuelos comerciales y de carga en el AICM. Destaca, sin duda, el del 12 de diciembre de 2007, cuando fueron decomisados 500 kilogramos de cocaína que supuestamente tenían como destinatario al grupo de “El Mayo” Zambada.

Por lo menos nueve importantes incautaciones de cocaína y efedrina han ocurrido en 2008 en el AICM. Las cargas venían tanto en líneas comerciales como en empresas de mensajería.

Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.

El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.

Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.

Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes “a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal”. En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.

Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue “elemento con mando medio” en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.

Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: “Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito”. Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.

Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por “actuar contra la justicia” a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.

El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.

En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era “desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna”, al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Les preocupaba… la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.

“También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón…”.

La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más “información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado”. Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, “don Carlos Aguiar… le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia”.

Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.

Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, confirmó la detención del ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, y señaló que es indagado porque presuntamente recibió 450 mil dólares por parte del Cártel del Pacífico, para filtrar información.

“Obran en su contra imputaciones en el sentido de que con posterioridad a la fecha en la que asumió el cargo de titular de SIEDO fue citado por un miembro del Cártel del Pacífico de quien recibió de manera personal un pago de 450 mil dólares, a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal. Se señala que estos pagos serían otorgados de manera mensual”, señaló.

Ramírez Mandujano quedó en calidad de detenido ayer, tras presentarse a declarar ante la SIEDO el pasado miércoles y ya se solicitó a un juez el arraigo en su contra.

“Fue solicitada la medida de arraigo para seguir desahogando las indagatorias que consisten en la entrega de información a personas ajenas a la institución”, señaló Medina Mora.

REFORMA publicó este viernes que el ex titular de la SIEDO había sido detenido ayer por esa misma fiscalía dentro de las pesquisas contra servidores públicos que protegieron la operación de narcotraficantes.

El funcionario explicó que dentro de las indagatorias del “Operativo Limpieza” existe la imputación de un testigo protegido miembro de ese cártel de haberle entregado la cantidad en una reunión posterior a que Ramírez Mandujano asumiera el cargo más importante de la dependencia en el combate al narcotráfico.

El Procurador manifestó que existe otro indicio de una segunda reunión con narcotraficantes, también realizada en el Distrito Federal, a la que lo acompañaron Fernando Rivera y Miguel Ángel Colorado, ambos de la Coordinación Técnica de la SIEDO, y consignados en octubre por los mismos hechos.

Además, el funcionario detalló que por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos de esta naturaleza, se acusa a cuatro agentes más: Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles, Francisco Javier Jiménez Sánchez y José Antonio Cueto López, los dos últimos prófugos.

En conferencia de prensa, Medina Mora aseguró que las investigaciones parten de conductas individuales de funcionarios y ex funcionarios y que están sustentadas en diligencias ministeriales, tras rechazar que existan revanchismos.

La Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada encontró elementos para detener al zar antidrogas Noé Rodríguez Mandujano, por su probable participación en una red de corrupción oficial, que trabajaba entregando información sobre investigaciones y operaciones al cártel que encabezan .los hermanos Beltrán Leyva.

En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que ayer Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a declarar ante el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el marco de la “Operación Limpieza.

La dependencia agregó que el Ministerio Público de la Federación solicitará en las próximas horas la medida cautelar de arraigo, para continuar perfeccionando la indagatoria con los elementos de prueba previstos por la Ley.

“La investigación continúa desarrollándose y se siguen todas las líneas de trabajo que permitan identificar hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de servidores públicos”.