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Tag Archives: crimen organizado

Al clima de inseguridad y pánico que priva en la entidad se agregó hoy la ejecución de un reportero de la fuente policial en Ciudad Juárez.

Armando Rodríguez, quien laboraba para el Diario de Ciudad Juárez y contaba con más de 20 años de trayectoria periodística en el rubro de la nota policiaca y el área de investigación, fue asesinado por desconocidos que lo esperaban afuera de su domicilio, ubicado en la calle Danubio 1313, de esta frontera.

Eduardo Esparza, vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado, comentó que el profesional de la comunicación salía de su casa aproximadamente a las 7:00 horas para llevar a sus hijas a la escuela, cuando fue sorprendido por sicarios que le dispararon en varias ocasiones con rifles de asalto, sin provocar heridas a su familia.

La comunidad periodística fronteriza se encuentra conmocionada ante este hecho que no es frecuente, pese a que todos reconocían en el gremio la valentía con la que Rodríguez realizaba sus investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Grupo Reforma publicó hoy que la ola de inseguridad provocada por el narco está paralizando a la Ciudad de Chihuahua.

Ciudadanos atemorizados prácticamente han abandonado decenas de escuelas, oficinas de Gobierno y comercios que han recibido amenazas de ataques y bombazos por parte del crimen organizado

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El Gobierno mexiquense reportó el hallazgo de 24 personas ejecutadas, todas con tiro de gracia, en el paraje de La Loma, en el municipio de Ocoyoacac.

Humberto Benítez, Secretario de Gobierno del Edomex, confirmó el descubrimiento de los cuerpos en la zona, que ya se encuentra acordonada por el Ejército Mexicano.

“Efectivamente, tenemos el reporte de que hay 24 personas que fueron ejecutadas, en este momento el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (Germán Garcíamoreno) y el Procurador (Alberto) Bazbaz está trasladándose a la zona para más detalles”, refirió el funcionario.

Reportes preliminares señalan que los 24 cadáveres fueron encontrados con ataduras en las extremidades y con el tiro de gracia, en un paraje conocido como La Loma, por lo que el sitio ya se encuentra resguardado por unos 200 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Ejército Mexicano.

Benítez señaló que desde las 19:00 horas se confirmó la presencia de los cadáveres en el paraje La Loma, enclavado en la zona conocida como Valle del Conejo, en la región de La Marquesa, en los límites de los municipios de Ocoyoacac y Xalatlaco.

“Desde la mañana estábamos en alerta porque el subprocurador de Tejupilco nos reportó que había información de que en Arcelia, Guerrero, habían sido levantadas 24 personas.

“Los datos que tenemos es que acá los ejecutaron y presumimos que se trata de una disputa de territorio de la delincuencia organizada”, indicó Benítez.

El funcionario comentó que al tratarse de un asunto vinculado con el crimen organizado, se tomó la decisión de solicitar la intervención de la PGR.

“Al tratarse de un asunto de crimen organizado, hemos pedido ya la colaboración de la PGR, además de que reitero, ya se pidió el apoyo del Ejército para resguardar la zona”, abundó el funcionario.

De acuerdo con el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz, quien arribó al lugar del hallazgo, las víctimas tienen corte de cabello tipo militar, algunos visten tenis y ropa deportiva.

Pobladores fueron quienes reportaron el hallazgo a policías municipales y estatales, agregó, y éstos a su vez pidieron refuerzos a las autoridades federales.

Los cadáveres están maniatados y algunos semidesnudos, y se encuentran esparcidos en un área de alrededor de 100 metros cuadrados.

El Procurador de Justicia mexiquense mencionó que probablemente las víctimas pertenecen a poblados del sur de la entidad, como Tierra Caliente.

Autoridades estatales que fueron los primeros en llegar mencionaron que los cadáveres presumiblemente fueron transportados en un camión de 3.5 toneladas.

En el lugar hay casquillos percutidos, sin que aún se puedan contabilizar debido a la oscuridad.

El estado de fuerza que arribó al lugar es de alrededor de 250 elementos de la ASE, 50 autoridades judiciales y dos camiones con elementos del Ejército mexicano.

Las autoridades de la localidad pidieron respaldo a las autoridades municipales de Lerma y estatales, para resguardar la Agencia del MP de Lerma, adonde serán enviados todos los cadáveres.

El Procurador mexiquense señaló que el caso será atraído por la PGR.

Además, fuentes de la Procuraduría mexiquense informaron que el martes pasado 25 presuntos narcomenudistas fueron “levantados” en la Colonia El Olivo en Huixquilucan.

En Tabasco el narcotráfico reparte 5 millones de pesos cada mes, entre agentes federales, estatales y municipales, para poder operar con libertad en el estado, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.
Según una lista hallada durante un cateo en Villahermosa, más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad están bajo las órdenes de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.

La relación en algunos casos identifica con sus nombres, apodos y cargos a los funcionarios subordinados al crimen organizado.

Más de la mitad de la nómina se eroga en Villahermosa y Cárdenas, los dos ayuntamientos más importantes, aunque los sobornos se realizan en los 10 municipios geográficamente más estratégicos para Los Zetas, señaló la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Entre las corporaciones que reciben dinero están policías municipales, la secretaría de Seguridad local, funcionarios de reclusorios, así como elementos de la Policía Federal y de la Agencia Federal de Investigación.

Dos hombres, que pudieran estar relacionados con actividades de la delincuencia organizada, fueron trasladados de Culiacán, Sinaloa, a la Ciudad de México junto nueve rifles “cuerno de chivo”, chalecos tácticos y equipos de radiocomunicación.

Los detenidos ingresaron la madrugada de este viernes a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc.

Informes de la Policía Federal señalan que Eligio Tamayo Haros, de 41, y Eleazar Beltrán Beltrán, de 28, fueron detenidos el miércoles en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública informó, a través de un comunicado, que la detención se realizó cuando agentes federales, al hacer recorridos de prevención y vigilancia, ubicaron afuera del No. 2810, de la calle Monte Parnaso, en el Fraccionamiento Monte Bello, de Culiacán, Sinaloa, a Tamayo Haros y a Beltrán Beltrán, quienes al percatarse de la presencia policiaca intentaron huir en dos vehículos.

En ese momento inició una persecución y los presuntos delincuentes fueron detenidos en el cruce de las avenidas México 68 y General Álvaro Obregón, abordo de un Tsuru blanco, con placas de Durango, y de un auto Bora, color plata, sin placas de circulación, reportó la dependencia federal.

En el vehículo Tsuru se localizaron dos fusiles AK-47, 2 cargadores metálicos con capacidad para 40 cartuchos, 80 cartuchos útiles, un arnés portacargador de lona, 2 radios de comunicación y un costal con semillas de características de mariguana.

Al interior del vehículo Bora fueron localizados tres fusiles AK-47, 4 cargadores con capacidad para 30 cartuchos, un cargador de plástico para 20 cartuchos, un cargador metálico de disco para 100 cartuchos, 232 cartuchos y dos teléfonos móviles.

“En el domicilio donde se inició la persecución, la Policía Federal aseguró cuatro fusiles AK-47 calibre 7.62x39mm, tres cargadores metálicos de disco con capacidad de 100 cartuchos para fusil AK-47 calibre 7.62x39mm, veinticuatro cargadores metálicos con capacidad de 40 cartuchos para fusil AK-47 calibre 7.62x39mm, 14 cargadores metálicos con capacidad de 30 cartuchos para fusil AK-47 calibre 7.62x39mm, tres chalecos tácticos porta cargadores…”, detalló la SSP.

En el inmueble, también fueron asegurados 758 cartuchos útiles calibre 7.62 por 39 milímetros, placas metálicas apócrifas de corporaciones poliacas, así como vestimenta militar, y equipos de comunicación.

Asimismo, se decomisó un juego de placas del Estado de México, otro de Colorado, Estados Unidos, dos plantas de mariguana, una camioneta Yukon blanca, sin placas, y un auto Vectra color rojo, placas VJH-68-67.

Un juez federal dicto auto de formal prisión contra Juan José Muñiz Salinas, ex titular de la Dirección de Seguridad Pública en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas; se le acusa de participar en actos de delincuencia organizada y narcotráfico.

En el expediente 53/2008 se establece que éste hombre, identificado entre la delincuencia organizada como “El Bimbo” o “El Comandante Muñiz”, presuntamente colaboró y protegió diversa operaciones del cártel del Golfo haciendo uso de su cargo .

El ex servidor público fue detenido el pasado 17 de abril y sujeto a un arraigo; al encontrarse los elementos de prueba en su contra se le notificó tras la rejilla de prácticas del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, del auto de formal prisión en su contra.

When Genaro García Luna, Mexico’s top police official, arrived in Tijuana in January, the city was in the middle of a storm of violence that he found, as he put it to me with clipped understatement soon after his visit, “surprising.” First, three local police officers were murdered in a single night, apparently in retaliation for a bust that a drug-cartel boss warned them not to carry out. A few days later, federal police officers tried to storm a trafficker safe house in a quiet Tijuana neighborhood and ended up in a shootout. Five gunmen held off dozens of police officers and soldiers for more than three hours. By the time the police made it inside the house, six kidnap victims from a rival cartel being held there had been executed. The traffickers had skinned off some of the victims’ faces to conceal their identities.

The attacks on the police officers were particularly worrying for García Luna, who as secretary of public security is one of the officials in charge of implementing President Felipe Calderón’s decision to aggressively wage war on drug trafficking. Just before García Luna’s visit to Tijuana, a police officer’s wife and 12-year-old daughter were murdered in their home there, in violation of a longstanding code of combat that is supposed to safeguard the families of cops and traffickers alike. In a further gesture of defiance, cartel assassins were issuing death threats over the police force’s own radio frequency, and the cartel seemed to be getting inside information about police operations. The gunmen in the Tijuana shootout had a cache of automatic weapons, including AK-47’s, the traditional weapon of choice for the cartels. During the shootout, the police, unsure of their ability to control the crossfire, evacuated hundreds of children from an adjacent preschool. “People are saying, ‘There are children fleeing here, like it’s Iraq,’ ” García Luna told me later.

What was “surprising” to him, however, was not the firepower or brutality of the traffickers; the surprising thing was that in Tijuana, the government was supposed to be winning. Over the previous few years, the city’s dominant drug cartel, known as the Arellano Félix cartel, after the family that runs it, had been, as many of García Luna’s top aides told me, practically dismantled. One of the Arellano Félix brothers was shot, another arrested by Mexican special forces and a third seized by American agents as he fished in the Pacific from a boat called the Dock Holiday. U.S. and Mexican authorities shut down several “narcotunnels,” elaborately engineered smuggling passages that run as deep as 100 feet below the fence that separates Tijuana from the United States. Stash after stash of cocaine, heroin, methamphetamine and marijuana was seized in town or intercepted at the border.

But by the measure that matters most to the average citizen — security — the situation was as bad or worse than ever. Even as the Mexican government was sending fleets of security officers to Tijuana, there were at least 15 drug-related killings there the week of García Luna’s visit.

This pattern has become common in Mexico. Since the end of 2006, the Calderón government has sent more than 25,000 soldiers and federal police on high-powered anti-drug “operations” to combat drug cartels. It has initiated sweeping plans for judicial and police reform. It has extradited several top cartel figures to the United States, earning praise and a package of anti-drug aid from the U.S. government. Yet this year is on pace to be the bloodiest on record for Mexico’s drug war, surpassing by almost 50 percent last year’s toll of more than 2,500 deaths.

Soon after the Tijuana shootout, the police got a tip about another building nearby — a plain-looking house with pale yellow walls and a basketball hoop outside. They raided it and found an underground chamber that they called an “assassin training school.” A policeman in a black ski mask gave me a tour, guiding me down a wooden ladder hidden beneath a fake bathroom sink. It went down into a long room with a low ceiling and lined with thick black insulation. There was heavy equipment for outfitting and repairing guns, and an estimated 30,000 rounds of ammunition were neatly organized by caliber on gray plastic shelves. Used shooting targets were pinned up to metal cans filled with scraps of tire, and hundreds of shells littered the floor. “It is incredible, facing these weapons,” García Luna told me later, shaking his head. “It is truly astonishing, in terms of quantity, in terms of caliber. Before, the most powerful weapon we would find was the cuerno de chivo” — the goat’s horn, Mexican slang for an AK-47. “Now we’re finding grenades, rockets.”

Since taking over as Mexico’s top cop at the end of 2006, García Luna has repeatedly said the situation with the drug cartels would get worse before it got better. But when I spoke to him after his visit to Tijuana, even he seemed startled at just how bad the violence had become — especially since the narcos had started turning their weapons on the state instead of on one another. One of García’s Luna’s top lieutenants, the federal police chief Edgar Millán Gómez, told me in March, “We are seeing a response to our operations: more attacks on police.” A month and a half later he, too, was dead.

A few weeks after the Tijuana bust, I went with García Luna to a meeting of state commanders and some local police chiefs outside Acapulco. The city has suffered its own bouts of drug violence in recent years. It is a major entry and distribution point for Colombian cocaine, and for much of last year two rival cartels were fighting for the turf. Acapulco has became famous for beheadings. In one notorious case, the heads of two police officers were deposited in front of a government building, along with a hand-lettered sign that read, “So that you learn some respect.” We traveled to the site of the meeting, an upscale beachfront hotel filled with American tourists, under the guard of gunmen in armored black S.U.V.’s.

Although he was just 38 when Calderón tapped him for his current job, García Luna had already spent almost 20 years in the security services, much of it monitoring organized crime and drug trafficking. By his late 20s, he was considered something of a wunderkind. Trained as an engineer, he was savvy about and comfortable with new technology at a time when those skills were becoming valued in security circles, and he rose quickly through the ranks. In the late ’90s, as Mexico began to emerge from 70 years of one-party rule, García Luna became a central player in efforts to reform the police. He helped found a new “preventive” police charged with keeping order throughout the country, then headed up the new Federal Investigation Agency, or AFI. Both these organizations are now functionally under his command, and if he has his way they will become an integrated federal police force in the coming years.

Raúl Benítez Manaut, a security analyst at the National Autonomous University of Mexico, calls García Luna’s task “the hardest job in the country.” For now, in carrying out many of the biggest operations against the cartels, the government has relied on the Mexican military. But militarization carries risks. The military worries about increasing corruption and a growing number of soldiers deserting their units to join the traffickers; others have warned that militarization will lead to major human rights violations. García Luna recently announced that the military should be heading back to the barracks, and a new and improved police — better-armed, better-trained, less corrupt — should begin fighting on its own by the end of this year. Before that can happen, though, he will have to build a kind of cohesive and effective federal police force that Mexico has never had.

At the meeting in Acapulco, the police chiefs, tough-looking men with mustaches and wearing guayabera shirts, were waiting for García Luna, their boss, in a conference room. With his square jaw, squat build and crew cut, García Luna cultivates the image of a cop in a world of politicians, a doer in a world of talkers, and after a cursory welcome he quickly moved to the matter at hand. He wanted to discuss, he said, “combating corruption through the systematic purging of the police corps.” That would mean “cleaning up” the forces controlled by some of the men in the room — with their help if possible, “by force if necessary.”

Local police forces — which make up the vast majority of police in Mexico — are the “Achilles’ heel of Mexican security,” as Jorge Chabat, a security expert close to the government, puts it. In much of the country the police are popularly viewed as abusive, incompetent and corrupt — a perception not helped by periodic scandals, like the recent appearance of videos showing Mexican police officers being trained in torture methods. In some of the main trafficker strongholds, the police are the protectors of the cartels; U.S. Drug Enforcement Administration officers on the ground refuse to even interact with local police departments for fear that doing so will put them at risk. David Zavala, a federal police commander running García Luna’s operation in the border city of Juárez, told me: “When we arrived, we first had to get the municipal police out of the way. A lot of them are involved in trafficking. Sometimes they’ll tell us, ‘There’s nothing over there.’ That’s the first place we look.”

The system of local law enforcement in Mexico has been “abandoned,” García Luna told me. “There is no strategy. Wages are very low. There is no trust.” Corruption among police officers, he went on, “is part of their everyday life.” García Luna has resorted to a variety of measures to bring the nation’s police in line, and he was explaining them to the police chiefs in Acapulco. To get their share of the $300 million the government has for improving local law enforcement, he said, the local departments will have to start working with a new national crime and intelligence system and subject their officers to a regimen of “trust tests” — polygraph exams, financial audits, psychological evaluations. Until then, as many of the chiefs knew from experience, García Luna would not hesitate to use more extreme measures, including forcibly disarming suspect officers.

After the meeting, I joined García Luna as he went to the hotel bar to have a beer with a police commander. García Luna said he thought the meeting had gone well, but he seemed more interested in talking about bomb design. The week before, a homemade explosive device had gone off in the center of Mexico City, killing the man carrying it and wounding a woman who was with him. The word was that the bomb was intended for a police official’s car as retribution for a series of strikes against the so-called Sinaloa cartel — signaling, many feared, a new phase in the drug war. Mexican security experts were talking about “Colombianization” or “the Pablo Escobar effect” — the idea being that, as with Escobar in Colombia in the late ’80s and early ’90s, the cartels were responding to the crackdown with a no-holds-barred assault on the state. “Now, in 2008, we are reaching terrorist violence,” Samuel González Ruiz, a former head of the Mexican attorney general’s organized-crime unit, told me the day after the explosion. “It is an escalation in their fight against the authorities.”

But escalation was not the cartel’s only tactic. Reports were filtering out of Tijuana that, in the wake of the shootout there, representatives of the Arellano Félix cartel had offered police and military officials a pact: the cartel would agree to control violence if the authorities would agree to let the cartels do business. The offer leaked to the press, prompting speculation about whether the government might negotiate.

The mere suggestion of a negotiation made García Luna angry. “Look, I’ll tell you with all forcefulness, we are not going to make a pact with anyone,” he said. “We are obligated to confront crime. That is our job, that is our duty, and we will not consider a pact.” And with that, he changed the subject.

Until quite recently, however, pacts between the government and the cartels, spoken or unspoken, were the norm. For most of the 20th century, Mexico was ruled by the Institutional Revolutionary Party. The P.R.I. was authoritarian and corrupt, but these traits offered certain advantages when dealing with the drug trade. Political power was centralized and tightly controlled. For a cartel, buying off a key figure in the P.R.I. was enough to guarantee dominance on a patch of territory. In exchange, the cartel had to keep the killing at a tolerable level and to stay off other cartels’ turf. Having accepted the drug trade’s existence, the government could act as an arbiter and as a check on violence. These arrangements were what García Luna refers to as “the historical laws of corruption” — and they are precisely what he sees it as his task to break.

“In some cases,” Jeffrey Davidow, the U.S. ambassador to Mexico in the final years of the P.R.I., told me, “there was absolute corruption, in the sense that the cartels would go to the governor or a mayor and say, ‘Here’s the money, don’t bother us.’ In other cases, and this might have been more common, the cartels would say, ‘Look, we’re going to do business here — don’t bother us, and we won’t bother you.’ It was a matter of reaching accommodation. There were reports that if the cartel had to kill anyone, they would take that person across state lines and kill them in the neighboring state.”

In the latter half of the ’90s, Mexico’s one-party political system started to open up, and in the 2000 presidential election, the P.R.I. lost power to Vicente Fox, a former Coca-Cola executive running under the banner of the National Action Party. The transition to democracy was a moment of great hope for Mexico. But it also undermined the system of de facto regulation of the drug trade. “What happened,” explains Luis Astorga, a Mexican scholar who studies the history of drug trafficking, “is that the state ceased being the referee of disputes and an apparatus that had the capacity to control, contain and simultaneously protect these groups. If there is no referee, the cartels will have to resolve disputes themselves, and drug traffickers don’t do this by having meetings.”

García Luna became a key player in Mexico’s antidrug efforts while this transition was taking place. “When we went in, we staked everything on taking on the heads of the criminal structure, going after the bosses,” he told me. The government has captured or killed some of the top figures in the Mexican cartels — several of the Arellano Félix brothers of Tijuana, Alfredo Beltrán Leyva of Sinaloa and Osiel Cárdenas Guillén of the Gulf cartel, which dominates the border towns abutting southeastern Texas. “The idea,” García Luna said, “was that by taking off the head, the body would stop functioning.” Instead, he noted ruefully, “the assassins took control.”

Rather than destroying the cartels, the government’s high-level strikes transformed the cartels from hierarchical organizations with commanding figures at the top to unruly mobs of men vying for power. The cartel’s hit men and hired muscle began shooting and slaughtering their way into the upper ranks of the organizations. “The government has gotten rid of some of the old bosses, but now we’ve got ourselves new leaders who are less sophisticated and more violent,” a top Mexican intelligence official, who was not authorized to speak publicly, told me.

There have also been changes in the drug trade itself. As Mexico has grown more prosperous, domestic drug use — driven in part by cartel employees who are paid in product — has grown considerably. Trafficking patterns have shifted as well. As Colombian cartels were weakened by a U.S.-backed government crackdown starting in the 1990s, and Caribbean routes became riskier for traffickers, Mexicans started taking over — just as a Nafta-induced trade boom made it easier than ever to get drugs across the border. The Mexican cartels long ago replaced the Colombians as the dominant players in the global cocaine trade. Now, according to U.S. government figures, about 90 percent of the cocaine consumed in the United States enters by land from Mexico.

When I met García Luna in Washington in January, soon after the shootout in Tijuana made headlines in the United States, he was carrying with him a manila envelope full of color photographs. The photographs were grisly full-color shots of dead Mexican police and narco gun caches — a police officer bleeding on the ground; the aftermath of the shootout; the underground firing range. García Luna thought of them as a sort of secret weapon of his own.

García Luna was in Washington to make the rounds of U.S. government agencies and Congressional offices — visiting those who would have to approve and implement the Merida Initiative, a $1.4 billion package of counternarcotics aid that the Bush administration proposed. (Congress has since authorized $400 million worth of aid to Mexico for next year, including equipment and technical support for García Luna’s police.) Seeming out of his element in the government buildings and think tanks — unlike many powerful Mexicans, he does not speak much English (all of my interviews with him were conducted in Spanish) — García Luna met with government officials and diplomats and gave a stilted power-point presentation to policy experts. He seemed more interested in the photographs he had brought, his way of making a blunt point about a touchy aspect of U.S.-Mexican relations: the vast majority of weapons in the cartel’s arsenals (80 to 90 percent, according to the Mexican government’s figures) are purchased in the United States, often at loosely regulated gun shows, and smuggled into Mexico by the same networks that smuggle drugs the opposite direction. García Luna has a hard time concealing his anger about the fact that U.S. laws make it difficult to do much about this “brutal flow” of firepower. “How is it possible,” he asked me, “that a person is allowed to go buy a hundred cuernos de chivo” — AK-47’s — “for himself?” In the United States, he said, “there was a lot of indifference.”

In meetings with U.S. officials, García Luna passed around the photographs, with little fanfare or preface. Davy Aguilera, the Mexico attaché for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, who was present for one of García Luna’s presentations, said that the images of gun violence “made a real impression inside the Beltway.” Many U.S. officials have come to share García Luna’s frustration. “You take the guns away and you’ll win,” a senior Senate staff member who worked on the Merida Initiative (and who is not authorized to talk publicly about legislation that came out of his committee) said to me. “But if you can’t deal with the issue of guns, you’re not going to see much progress. They’re finding unopened boxes of AK-47’s.”

García Luna told me that “the most important thing is co-responsibility” — an acknowledgment that the United States owes Mexico its support in a long and difficult war. The point of this acknowledgment is not just symbolism. The narcos, he explained, “terrorize the community to build their own social base through intimidation, through fear, so that they can carry out their criminal activities with impunity.” U.S. support would help bolster the message that the good guys will not back down. Projecting toughness and resolve, as García Luna sees it, may be the most important weapon of all.

The cartels seem to understand this way of thinking, and they try to send the opposite message: the bad guys will never back down, either. In 2005, they started posting videos of gangland executions on YouTube. It was, García Luna and others have argued, a gimmick copied directly from insurgents in Iraq. “It was truly brutal. There was postproduction, editing, special effects,” he pointed out. “These were not just videos meant to show what had happened.” They were, rather, shots in the media war, meant to grab headlines and persuade the Mexican people that resistance is futile. It did not help the government’s cause that some of the videos seemed to show the involvement of the police in cartel executions — including police officers operating under García Luna’s command.

García Luna generally wins praise for acknowledging just how central police corruption is to the drug trade. He has ordered a substantive overhaul of the police, including new educational requirements and higher salaries for incoming officers. He has removed almost 300 federal police commanders, replacing them with trusted officers trained at a new police academy. U.S. counternarcotics officials tend to view the key people under García Luna’s command as an honest core that can be trusted with U.S.-acquired intelligence. That improved intelligence-sharing has led to some high-profile successes in the past year: the seizure of more than 23 tons of cocaine, the biggest bust ever; the arrest of a legendary cartel figure known as the Queen of the Pacific; the discovery of $207 million in supposedly methamphetamine-related cash stashed in the walls of a Mexico City home. “The intel sharing has been key in all of those,” Steve Robertson, a D.E.A. special agent who works on Mexico, told me.

Still, the sheer amount of money involved makes some police corruption as well as other high-level corruption almost inevitable. U.S. and Mexican observers alike are quick to hedge their praise of García Luna’s efforts, often with a bit of history. In 1997, Mexico’s newly appointed drug czar, an army general named Jesús Gutiérrez Rebollo, was arrested for working with the Juárez cartel. For months before that, he was celebrated as the tough, honest new face of Mexican counternarcotics.

“In Tamaulipas, you never know who is with you and who is against you.” Edgar Millán, the federal police chief, made this pronouncement as we drove through a scrubland of farms, factories, fast food and truck traffic in the state, which lies just across the border from South Texas. Conveniently for the cartels, Tamaulipas also has a major port on the Gulf of Mexico. Cocaine comes to Mexico by sea, stashed in cargo from South or Central America, and then is smuggled into the United States in one of the millions of private vehicles or shipping containers that cross every year. In a single day, thousands of cars and trucks enter the United States from Tamaulipas alone. Enough cocaine to supply American demand for a year, a market worth some $35 billion, might fill a dozen or so tractor-trailers.

Tamaulipas has been one of the bloodiest fronts in Mexico’s war on drugs for several years. And as in Tijuana, this year started out on a bad note. “We had to show the cartels that the Mexican state was not going to back off,” Millán told me as we rode along the U.S. border in an armored pickup truck. We were in the middle of what is considered the stronghold of the Zetas, a group of former Mexican special-forces operatives who formed a paramilitary cell for the Tamaulipas-based Gulf cartel. The Zetas had become the most feared force in Mexico. “For them, this zone was untouchable,” Millán said. “We practically couldn’t come here.” Several years ago, Mexico captured the Gulf cartel’s boss, Osiel Cárdenas, and proclaimed a major victory. But that only left the Zetas to run the business on their own and made the rival Sinaloa cartel think it might have an opportunity to move into Tamaulipas. As a result, the Zetas were warring among themselves for control while also trying to fend off Sinaloa operatives.

When we got to the small border town of Río Bravo, Millán directed his driver to go to a former cartel safe house, near where the police engaged in a lengthy shootout with Zeta gunmen at the beginning of this year. Millán pointed out locations where bodies had fallen and grenades had landed. He hardly thought it worth noting that the safe house is directly across the street from the local police station. When I asked him about it, he shrugged. “The power and money of the cartels allows them to recruit police at every level,” he said. “Local police forces have the most contact, the most presence in the streets, so they are the most infiltrated.” Local taxi drivers also serve as a statewide surveillance network for the cartels, Millán explained.

Despite the poor start to the year, by spring García Luna was holding up Tamaulipas as evidence of what his strategy could achieve. Millán agreed that, after months of a heavy federal police and military presence — of checkpoints on the main highways, of targeted raids on suspected cartel houses, of “neutralizing” corrupt local police commanders — things had improved. “We have retaken the area,” Millán told me. We stopped at a police checkpoint, where officers searched cars while half a dozen men with assault rifles looked on. “It continues to be dangerous, it continues to be difficult,” he said. “But our commitment is clear. We are going to win this war.” He summoned the commander overseeing the checkpoint, who explained how the police presence has affected the behavior of the cartels. “Now they are operating with a lower profile,” he said. I asked him what that meant. “It doesn’t mean they are stopping their business,” he responded. “They are always looking for new strategies.” The police have driven them off the main roads, so “they are using the dirt roads in the fields” to continue trafficking.

Later, I asked García Luna if this was an acceptable definition of success in the war on drugs: violence down, the police seemingly in charge, the cartels operating less conspicuously and less violently. He ducked the question but did not dispute the implication. “Given the temptation,” he said, “there are people who are always going to play the game, whether by airplane or helicopter, by land, by sea, because there is a real market. … There is no product like it in the world.” (When I asked David Johnson, the assistant secretary of state for International Narcotics and Law Enforcement, about the reason for mounting drug violence in Mexico, he said, without prompting, “In significant measure, it grows out of violent people taking advantage of the continuing strong demand in the United States.”) García Luna mentioned Colombia, invoking an analogy that Mexican and U.S. officials generally resist. Colombia has received billions of dollars in U.S. anti-drug aid under Plan Colombia, and violence has fallen significantly in the past several years. “Do you know how much the amount of drugs leaving Colombia has gone down?” García Luna asked me. “Check,” he said with a smile. And indeed, by all evidence, there has been no significant decrease in drug flows out of Colombia or in the availability of cocaine or heroin in the United States — and yet, Colombia is considered a success story.

In a recent interview with a member of the editorial board of The Wall Street Journal, Mexico’s attorney general, Eduardo Medina Mora, acknowledged that the objective “cannot be destroying narcotrafficking or drug-related crime.” “Trying to get rid of consumption and trafficking,” he said, “is impossible.” Jorge Chabat explained to me: “The strategy of the government is to turn the big cartels into lots of small cartels. If you have 50 small cartels instead of four big cartels, first you have less international pressure, and second, you will have violence in the short term, but in the long term you will have much less violence.”

Achieving even that goal means changing the balance between the government and the cartels — and that may be a much bloodier task than García Luna and many Mexicans anticipate. The police have uncovered plots against top law-enforcement officials in Mexico City involving grenades and rocket launchers. The attorney general’s office recently released statistics showing that under Calderón’s government, almost 500 law-enforcement personnel — some of them clean, some of them surely corrupt — have been killed in drug violence. One border police chief even sought asylum in the United States. And in recent polls, Mexicans have expressed growing doubt that the authorities are up to the fight: 56 percent say they believe that the cartels are more powerful than the government, while just 23 percent say they believe the government is more powerful than the cartels. But García Luna and his men contend that they will not back down until the cartels have been broken. As Millán told me in Tamaulipas, “They think we will step back, but on the contrary, we will attack them harder.”

A few weeks later, Millán was shot to death in an apartment in Mexico City. A disgruntled former federal cop had reportedly sold information about Millán’s movements to the Sinaloa cartel. Two other federal police officials close to García Luna were also killed around the same time; another senior officer and his bodyguard were gunned down in June while eating lunch in Mexico City.

I asked García Luna recently whether the fight was worth it, for him personally and for Mexico. “This has been my life,” he said, suggesting that such a calculation was not possible for him: he will fight because that is what he does. “I have been chosen to live this,” he went on. “I have 20 years of it, and this position is the summit of my career. I feel a personal obligation.” García Luna argues that Mexico is in a moment of violent transformation and that the only way through is to keep pushing forward. To Americans, he likes to bring up the example of the Mafia, to show that this has nothing to do with Mexican incompetence or corruption. “That is how it has been all over the world,” he said. “Look at Chicago, New York, Italy.”

García Luna had begun repeating the same phrase Millán used, which has turned into something of a mantra — ni un paso atrás, “not a step back.” When I asked him about when violence would begin to decline, he became frustrated. “Is it costly?” he said. “Yes, it is costly. You have to face it.” Over his shoulder was a small statue of Don Quixote, which he keeps on a shelf behind his desk.

Once personas fueron asesinadas en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), cuna del narcotráfico en el país, en el marco de una espiral de violencia que crece a pesar de los 3.000 policías y militares enviados a esa zona por el Gobierno.

Los asesinatos tuvieron lugar en tres sucesos registrados en Culiacán, capital de un estado del que surgieron algunos de los principales capos mexicanos de la droga.

Entre ellos, el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y sus antiguos aliados y ahora acérrimos rivales los hermanos Beltrán Leyva, presuntamente unidos al brazo armado del cartel del Golfo, la banda de sicarios conocida como los Zetas.

“El Chapo” y los Beltrán Leyva se disputan el mercado local y las rutas hacia EE.UU. en una sangrienta guerra interna y también están enfrentados a las fuerzas de seguridad federales.

Los once muertos son nueve civiles, asesinados en un taller automotriz y sus inmediaciones, y dos policías atacados por sicarios, que se suman a los más de 500 fallecidos registrados en Sinaloa en lo que va de año y las 2.000 víctimas en todo el país.

Fuentes cercanas a las investigaciones adjudican la autoría al crimen organizado, aunque por el momento se desconocen más detalles.

El tráfico de drogas en Sinaloa se remonta a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaron la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales, que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EE.UU.

Desde hace tres meses, el Gobierno del conservador Felipe Calderón ordenó el envío de cerca de 3.000 soldados y agentes federales a Sinaloa, a raíz de un violento ataque con lanzagranadas y bazocas en las calles de Culiacán, en el que tres sicarios mataron a Edgar Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Esta muerte hizo temer un recrudecimiento de la violencia en la zona, lo que motivó al Gobierno a reforzar la persecución de los carteles en el territorio con el llamado Operativo Culiacán-Navolato.

Hasta el 30 de junio, este operativo había logrado decomisar, además de drogas, 39 armas largas y 49 cortas, dos lanzagranadas, cinco granadas, 172 vehículos (cuatro de ellos blindados), dos lanchas, 38 remolques y 11 millones de dólares en efectivo.

También han sido detenidas 121 personas, 78 de ellas por delitos de orden federal.

Quien sigue libre es “El Chapo” Guzmán, que ya se fugó en 2001 de una cárcel de alta seguridad mexicana y es buscado insistentemente por las policías de su país y EE.UU.

Guzmán, considerado un hombre sagaz y con apoyo popular en zonas rurales, tiene al país bajo fuego junto a los Beltrán Leyva, “Los Zetas” y los capos de los carteles del Golfo, Juárez y Tijuana.

Las autoridades federales aseguran que la ola de violencia se debe a que los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno, que ha distribuido por todo el país, principalmente por el norte, a miles de policías y militares.

El Ejecutivo de Calderón cree que la espiral de muertes aún no llega a su máximo y que todavía falta por ver más y peor violencia, por lo menos durante otro par de años.

“La violencia no es un tema eterno, sino de mediano plazo. Todavía, creo, no vemos el pico de la violencia. Todavía habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar”, reconoció hace poco el fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora.

Entre las más de 5.000 víctimas mortales registradas en los últimos tres años en México hay centenares de policías, algunos presuntamente asesinados por sus vínculos con el narcotráfico, y periodistas que cubren este tipo de información.

En tres atentados distintos y perpetrados en forma simultánea en la colonia El Vallado y el Centro Sinaloa, al menos 10 personas, entre ellas un comandante de la Policía Ministerial fueron asesinados, y al menos dos agentes de la misma corporación resultaron heridos.

Los ataques iniciaron a las 11:15 horas en un taller mecánico ubicado sobre la calle Río Ameca y la calle Guillermo Prieto, en la colonia Vallado Nuevo, antes Los Pinos. En donde un comando de por lo menos 15 sicarios mataron a nueve personas.

Posteriormente los gatilleros huyeron hacia el bulevar Emiliano Zapata, y frente a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado mataron al Comandante Antonio Rodríguez Munguía.

El jefe policiaco viajaba en una camioneta Ram blanca, la cual se incendió en forma parcial luego del tiroteo.

Después, el grupo armado continuó por el Bulevar Emiliano Zapata hacia el oriente y se enfiló por la avenida Insurgente hacia el norte.

Fue antes de llagar a Plaza Fiesta ciando los gatilleros atacaron otra patrulla de la policía ministerial donde viajaba el recién nombrado jefe del área de vehículos de la PME, quien acababa de ocupar el cargo que tenía Rafael Ríos Torres, quien fue “levantado” y ejecutado hace una semana en esta ciudad.

En ese atentado resultó herido también el agente Jesús Sarabia Angulo; después del ataque los elementos se estrellaron contra un árbol del camellón central.

Después de este ataque, los sicarios continuaron hacia el norte por la Insurgentes. Y al pasar por el Juzgado Primero de Distrito, dispararon contra un grupo de militares que se encontraban estacionados. No hubo soldados heridos.

Los sicarios continuaron la huida hacia el sur y hasta el momento militares y elementos de todas las corporaciones policíacas continúan con un operativo de búsqueda .

Hasta el momento, los agentes ministeriales heridos se reportan en peligro de muerte.

Gran parte de la zona se encuentra acordonada en estos momentos.

UPDATE:

19 Oct 2009
Sigue la jornada violenta en Guerrero. A primera hora del domingo, los cuerpos de seis hombres, entre ellos un menor de edad y un agente del Ministerio Público, fueron localizados ejecutados, torturados y con narcomensajes firmados por Arturo Beltrán Leyva, el jefe de jefes, en diferentes puntos de Acapulco.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que cinco de los seis cadáveres, todos de jóvenes, estaban amarrados de pies y manos y presentaban disparos en la cabeza, además de que uno era un adolescente de 16 años. Los cuerpos tenían cartulinas fluorescentes encima de sus cuerpos en las que se reveló que el jefe de jefes, quien se ha atribuido al menos 20 ejecuciones en los últimos ocho días, es el líder del cártel de los Beltrán Leyva.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmaron que los mensajes son los mismos en todas las cartulinas, y en las que Arturo Beltrán Leyva retaba a una persona de nombre Manuel Torres: “Esto les pasa a los rateros, secuestradores y traidores. Cuidate Manuel Torres. Atentamente Arturo Beltrán Leyva el jefe de jefes”.

Los hechos

El primer hallazgo se reportó a las 7:30 de la mañana en la zona de restaurantes de Barra Vieja, a sólo dos metros de la carretera en la zona Diamante; ahí fue localizado el cuerpo de un joven de 16 años, quien estaba amarrado de pies y manos con unas agujetas.

Vestía una bermuda color gris y estaba sin playera y descalzo, además su cuerpo estaba boca arriba; presentaba al menos cuatro disparos –tres en el pecho y uno en la cabeza–, y el mensaje fue dejado encima de su pecho.

En esa misma zona fue dejado el cuerpo de un hombre de unos 35 años, quien presentó dos impactos de bala en la cabeza y en parte del tórax, estaba descalzo y también vestía una bermuda color gris; tenía tatuajes en ambas piernas. El narcomensaje también fue dejado en el pecho.

El tercer ejecutado fue localizado en la carretera Metlapil, en las inmediaciones del poblado de Tres Palos. Es un joven de aproximadamente 20 años, estaba boca abajo y tenía las manos amarradas hacía la espalda con un cinturón. Presentó dos disparos en la cabeza, estaba descalzo y vestía pantalón de mezclilla y playera verde; el mensaje le fue dejado en la espalda.

Casi tres horas después del primer hallazgo, fue ubicado el cuarto cuerpo en el libramiento de Paso Texca, a pocos metros del entronque con la carretera México-Acapulco, y era el cuerpo de un hombre de unos 25 años, que presentaba dos disparos en la espalda y la nuca.

Vestía también una bermuda gris a cuadros, una playera amarilla y estaba descalzo, además tenía corte de pelo tipo militar.

El quinto y último cuerpo se encontró en el poblado del Kilómetro 30; es de un hombre de unos 20 años, quien presentaba los impactos de bala en la espalda y la nuca; estaba amarrado de las manos con un cinturón y le fue dejada una cartulina con el mismo mensaje.

El agente del MP

En tanto, sobre el caso del agente del Ministerio Público de Chilpancingo, Marco Antonio Alemán Cuevas, la SSP confirmó que un grupo de hombres lo bajaron violentamente de su vehículo cuando circulaba por la comunidad de Piedra Roja, frente a la unidad habitacional El Coloso.

Ya en plena avenida recibió varios impactos de arma de fuego, quedando en el lugar gravemente herido, y mientras los sicarios se dieron a la fuga el agente fue trasladado al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para su atención médica, donde más tarde murió por los impactos de bala de grueso calibre.
16 Oct 2009

Ayer fueron hallados en Acapulco, Guerrero, otros cinco cuerpos con huellas de tortura y un narcomensaje firmado por El jefe de jefes. Dos cadáveres aparecieron en Barra Vieja, en la Zona Diamante del puerto, y uno más en la colonia Nicolás Bravo, cerca de la carretera que lleva a la Costa Chica.

La variante en estas ejecuciones (que suman 20 en 10 días en Acapulco, Chilpancingo y Coyuca de Benítez) es que el presunto autor, El jefe de jefes, revela que es Arturo Beltrán Leyva, jefe del cártel de los Beltrán Leyva.

Entre las víctimas hay un adolescente de 16 años, que estaba amarrado de pies y manos, y presentaba cuatro balazos en el pecho y uno más en la cabeza. A 500 metros de ahí, sobre la misma carretera, las autoridades hallaron otro cadáver. Sobre el pecho tenía una cartulina firmada por El jefe de jefes.

El mensaje en todos los casos era el mismo: “Esto les va a pasar a todos los asaltantes, extorsionadores y rateros de casa habitación. Ya saben a lo que le tiran todos. Agárrate Manuel Torres tu y toda tu gente, pinche maricón ondeado si tu jefe no te educa yo si te voy a educar. Atte Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes. Y aquí estoy a la hora que quieras (sic)”.

En esa misma entidad, pero en la comunidad El Calvario, municipio de Petatlán, una patrulla de la policía estatal fue emboscada por un comando, lo que desató una balacera con un saldo de un agente y un civil muertos.

Más tarde, en la cabecera municipal de San Jerónimo de Juárez y Coyuquilla Norte aparecieron dos narcomantas con mensajes de respeto el Ejército mexicano, pero contra el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, firmados por La Familia guerrerense.

En total, el crimen organizado dejó ayer 32 ejecutados, incluidos tres sujetos, cuyos cuerpos fueron localizados cerca de la casilla 1286 de Coahuila, si bien la procuraduría estatal deslindó los hechos de la jornada electoral de este domingo.
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La historia Original Acá….

Un comando de sicarios ejecutó ayer a un sobrino del narcotraficante Javier Torres Félix, “El JT”, e hirió a una niña y a una joven, cuando circulaban en dos vehículos lujosos sobre una de las avenidas del exclusivo fraccionamiento Montebello.

Minutos después del atentado, policías localizaron el vehículo donde
viajaban los gatilleros en donde localizaron fusiles AK-47 y un
narcomensaje que decía: “De parte de tu compadre y sus Z sobrinos.
Manuel Torres, para que lo tengas presente”
(Manuel Garcia Felix)

La persona asesinada fue identificada como Anastacio Torres Acosta, de
20 años, quien era hijo de Manuel Torres Félix, hermano de “El JT”,
quien fue extraditado a Estados Unidos.

Según la PGR, “El JT” era uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa.

En el atentado resultó herida la hermana de Anastacio, identificada
como Alondra, de 4 años, la cual presentó desprendimiento de antebrazo
derecho causa por un impacto y un rozón de bala en el hombro.

También resultó herida la cuñada de Anastacio, identificada como Sandra
Rivas Heredia, de 24 años, quien sufrió un impacto en la pierna derecha
con probable fractura.

Con ese hecho suman ya dos familiares de “El JT” que son atacados en
este mes, ya que el día 4 sufrió un atentado Joel Torres Jiménez, hijo
del presunto capo, cuando se encontraba en un billar de la colonia
Emiliano Zapata.

LOS HECHOS
Las autoridades informaron que los hechos sucedieron a las 16:30 horas
frente a las oficinas de la Secretaria de Salud del Gobierno de Estado.

– Sobre la avenida Montebello un familiar de Anastacio Torres tuvo un
percance vial por lo que la familia se traslado al lugar para arreglar el problema del choque.

– El joven y un grupo de mujeres circulaban de sur a norte por la
Montes Urales a bordo de una camioneta Linconl Mark, con placas
FR-18530 de Durango, conducida por la suegra de Anastacio.

– Al llegar al lugar para arreglar el supuesto choque, todos
descendieron de las unidades y en esos momentos arribó un grupo de
sicarios en un Nissan, Sentra.

– El grupo armado intentó levantar a Torres Acosta, pero al percatarse
de ello, el joven corrió hacia la camioneta para intentar huir.

– En ese momento los gatilleros dispararon contra la víctima, matando a Anastacio Torres.

– Al intentar ponerse a salvo, la joven y la niña resultaron heridas durante la lluvia de balas.

Hallan a entambado y enlonado

Frente a la Secretaría de Salud y sobre la principal avenida del exclusivo fraccionamiento Montebello, un comando de sicarios abandonó los cadáveres de dos supuestos gatilleros, uno envuelto en una lona y otro decapitado dentro de un tambo con un narcomensaje.

Investigadores de la Policía Ministerial del Estado (PME) informaron que en ese mismo lugar hace un mes fue asesinado Anastacio Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix, alias El M-1, y sobrino del narcotraficante Javier Torres Félix, alias El JT, por lo que investigarán si tienen relación ambos crímenes.

La PME informó que una de las personas ejecutada fue identificada como Guillermo Cabada Zazueta, de 32 años, originario de Los Cedritos, Cosalá.

El cadáver de esta persona estaba envuelta en una lona y atado con lazo de color naranja, similar al que ha sido encontrado en otros ejecutados que aparecieron en Villa Juárez, Navolato, y en la comunidad de La Chía, en Tacuichamona. Además tenía el dedo pulgar amputado.

La segunda víctima fue identificada como Amadeo Vega Vergara, de 35 años, alias El Caimán, quien vivía en la colonia Lomas del Bulevar.

La PME informó que esta persona fue decapitada y su cuerpo junto con la cabeza estaba dentro de un tambo de plástico, donde fue hallado un narcomensaje que decía:

“Estos son los homosexuales gatilleros de Arturo Beltrán Leyva y el del tambo es el mismísimo mataniños del Caimán. Para que aprendan a respetar. Mis respetos para los niños”.

El hallazgo de los cadáveres fue reportado alrededor de las 07:50 horas por vecinos y trabajadores de la Secretaría de Salud que a esa hora entraban a laborar.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Montebello, esquina con Liberalismo, frente a la SS, en dicho fraccionamiento.

Testigos informaron que a esa hora en la esquina se estacionó una camioneta donde viajaban varios sujetos armados.

Los sujetos en cuestión de segundos y ante la mirada de asombro de vecinos y trabajadores, bajaron el cadáver de una persona envuelta en una lona y atada con mecate. Esta persona sería identificada como Guillermo Cabada.

Después los mismo sujetos bajaron un tambo de plástico de color azul con capacidad de 200 litros donde estaba el cadáver semidesnudo y decapitado de quien sería identificado como Amadeo Vega.

El médico forense dictaminó que los presuntos gatilleros presentaron decenas de heridas de bala que les destrozaron la cara y el tórax, principalmente, además de huellas de golpes

Una manta contra los militares que participan en el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato fue colocada en el acceso principal de un instituto educativo de la colonia Las Quintas.

El reporte del hallazgo del mensaje contra las fuerzas armadas se realizó a las 06:10 horas por vecinos del bulevar Sinaloa, en el asentamiento en mención, quienes alertaron a las autoridades policiacas.

En la manta, ubicada en la puerta de malla ciclónica del plantel educativo, se lee: “MILITARES ASECINOS NO MAS CIVILES MUERTOS MILITARES VS. SOCIEDAD”.

La manta fue retirada por los uniformados, mientras que los vecinos dijeron desconocer quiénes la colocaron.

La aparición de mantas en la ciudad y en otros municipios del estado inició aquí el 4 de mayo, días después de una balacera en la que detuvieron a 13 gatilleros en una casa de seguridad de la colonia Guadalupe, y del asesinato de cuatro policías federales en el Centro.

Los mensajes, en su mayoría, lanzan retos entre sí a grupos rivales del narcotráfico y de las fuerzas armadas

Intentan matar a otro comandante de la PME

Jorge Constantino Sajarópulos y dos de sus agentes resultan heridos en Las Brisas, Guasave
LAS BRISAS, Guasave._ Cuando se dirigían a Guamúchil procedentes de Los Mochis, el Comandante de la PME Jorge Constantino Sajarópulos Corona y dos de sus agentes fueron atacados a balazos por un grupo de sicarios que huyó luego del fallido atentado.

El tiroteo ocurrió a las 11:10 horas de hoy cuando el Comandante, quien apenas ayer había sido asignado a la partida de Los Mochis, regresaba de esa ciudad hacia Guamúchil, ciudad donde había estado adscrito como jefe de partida e iba a hacer entrega administrativa de la base policial.

Los policías estatales viajaban en una camioneta Chevrolet Cheyenne roja, doble cabina, y al llegar a la altura de La Brisas, fueron alcanzados por una unidad vagoneta Oldsmobile Silhouette, verde, en la cual viajaban aproximadamente 10 individuos que les dispararon con armas largas.

Sajarópulos Corona y los dos agentes evadieron los tiros ya sólo sufrieron heridas no de gravedad y repelieron la agresión.

Los sicarios abandonaron la unidad y despojaron una camioneta Ford Lobo en la que viajaban unos turistas y huyeron hacia el sur entre las parcelas, con rumbo al municipio de Angostura, donde en estos momentos se realiza un intenso operativo de búsqueda.

Dos agentes, identificados con el nombre de Brígido y otro de apellido Escalante, fueron trasladados en helicóptero a hospitales de Culiacán.

Tras el tiroteo, elementos de las corporaciones policiacas estatales, municipales, federales y militares se encuentran en un operativo de persecución entre el monte en busca de los agresores, apoyados por helicópteros

Levantan´ a uno en isla Musala
A 500 metros de distancia, sobre el malecón nuevo de Culiacán, se encontraba instalado un retén del Ejército y de la Policía de Tránsito
CULIACÁN._ A la descarada un comando armado “levantó” al conductor de una camioneta en la isla Musala, a pesar de que como a 500 metros de distancia, sobre el malecón nuevo, se encontraba instalado un retén del Ejército y de la Policía de Tránsito.

La identidad de la persona privada de su libertad se desconoce, y sólo se informó que circulaba en una Jeep Grand Cherokee, color negro, modelo 1996, placas VJW-5227 de Sinaloa.

Según el reporte de las corporaciones, el “levantón” se registró a las 07:55 horas sobre la avenida Musala, en el sector nororiente de la ciudad, frente a una casa de apuestas, donde varios sujetos armados que viajaban en una van tipo Chrysler Voyager, color oro, y en un Jeep Cherokee, color gris, interceptaron al conductor de la Cherokee negra, lo bajaron y lo subieron a la fuerza a una de las otras dos unidades.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero del “levantado”, pero la PME ya investigan el hecho y alertó al resto de las policías sobre las características de los vehículos en que se lo llevaron.
Hallan ejecutado a sujeto que fue ´levantado´ en isla Musala
Se encuentran desaparecidos dos hijos de la víctima

Amarrado de manos, “encintado” de los ojos y ejecutado a balazos fue encontrado un sujeto que fue “levantado” el sábado pasado por un comando armado en la isla Musala, cuando circulaba a bordo de una camioneta.

La víctima fue identificada como Jesús Octavio Rivera Pacheco, de 43 años, con domicilio en calle Leona Vicario, colonia Ignacio Allende, el cual presentó múltiples impactos de bala en el cuerpo, confirmó el médico legista.

En el lugar trascendió que el día en que fue privado de su libertad se hacía acompañar de sus hijos Pedro Luis y Octavio Rivera García, quienes desde ese día son buscados por sus familiares.

El hallazgo del cadáver se registró a las 06:30 horas sobre el camino a Mojolo, frente al rancho Santa Clara, a 200 metros de la carretera Internacional México 15 al norte.

Rivera Pacheco estaba amarrado de las manos con un trapo, “encintado” de los ojos, vestía pantalón de mezclilla, camisa en color azul y huaraches de piel en color negro.

Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado localizaron cerca del cuerpo 13 casquillos de calibre .45 y .38 Súper.

Rivera Pacheco fue “levantado” el sábado pasado a las 07:55 horas cuando circulaba sobre la avenida Musala en una camioneta Jeep Grand Cherokee, color negro, modelo 1996, placas VJW-5227 de Sinaloa, la cual quedó abandonada en el lugar.

El comando armado que lo privó de su libertad viajaba en una van tipo Chrysler Voyager, color oro, y en un Jeep Cherokee, color gris, y burló un retén de militares y tránsitos que se encontraba a 500 metros de distancia sobre el bulevar Diego Valadés Ríos.

Los cadáveres de otras tres personas decapitadas y mutiladas, junto con una víbora, narcomensajes y dentro de la cajuela de un vehículo, fueron localizados la madrugada de hoy frente a la Secretaría de Salud, en el fraccionamiento Montebello.

Con éstas víctimas suman 7 las personas que aparecen decapitadas en esta semana en la ciudad, y cinco las que aparecen ejecutadas en el mismo lugar en donde fue asesinado en el mes de abril Anastacio Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix, alias El M1, y sobrino del narcotraficante preso en Estados Unidos, Javier Torres, alias El JT.

Una de las víctimas fue identificada por la PGJE como Roberto Barceló Villagrán Torres, quien hasta septiembre del año pasado era el coordinador operativo de la Policía Ministerial del Estado y jefe del cuestionado Grupo Centauro, creado por el entonces director Alfredo Mejía Pérez, actual asesor de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Villagrán Torres además de ser decapitado, le fueron cercenadas las dos piernas a la altura de las rodillas.

Las otras dos personas decapitadas hasta el momento no han sido identificadas. Una de ellas además tenía las manos atadas hacia atrás y tenía cercenada la pierna izquierda; el otro tenía unas esposas en la mano izquierda y tenía amputada la pierna izquierda.

De acuerdo con el dictamen del médico forense, las víctimas además presentaron decenas de heridas de bala.

La Procuraduría General de justicia del Estado y las corporaciones policiacas informaron que el hecho fue reportado alrededor de las 00:46 horas en la esquina que forman el bulevar Montebello y la calle Monte Edna, frente a al Secretaría de Salud.

Vecinos reportaron que sujetos desconocidos llegaron al lugar y abandonaron un vehículo Nissan Tsuru, color tinto, modelo 1993, sin placas pero con una calcomanía VJK-6649 de Sinaloa.

Los policías se percataron que en el piso, detrás del vehículo había decenas de casquillos percutidos de diferentes armas y escurría sangre de la cajuela.

Al lugar acudió personal de la agencia del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos, y al abrir la cajuela realizaron el macabro hallazgo.

Dentro de la cajuela estaban los cadáveres de tres personas decapitadas y cercenadas de las piernas. Una de las víctimas tenía las manos atadas hacia atrás y encima el cuerpo de una víbora también decapitada y en una de las manos un papel con un mensaje que decía:

“Pa’ que lo tengas presente Arturo Beltrán Leyva, de parte de El Ondeado, apodo que tu pusiste, no te hagas pendejo, te voy a dejar peor que a tu querido Centauro, par de homosexuales, a ti te voy a hacer atole de pinole por traidor y corriente y cobarde. Déjate de poner mantas y mensajes si eres tan hombre vámonos viendo pecho a pecho ya sea tu El Guacho, el Chiquilín o tus charros mugrosos comeperros y mataniños, matapolicías. Mejor péguense un tiro solos no hagan esas infamias, te lo manda decir El Ondeado, todos juntos se me hacen poco para mi solo, culeros atte, El Ondeado.”

Peritos también hallaron sobre el tablero del carro otro mensaje que decía: “Fijense bien todo lo del mensaje. Quiero que lo pongan todo completo, si no lo ponen es que son homosexuales, y vean lo que les esta pasando a estos putos Beltranes, ojo pendejo estás muy cerca de la cajuela del Tsuru Arturo Beltrán Leyva, Atte. El Ondeado.”

Peritos de la Procuraduría levantaron como evidencia 509 casquillos percutidos por armas calibre 9mm, 38 súper, 10mm, y por fusil AK-47, AR-15 y Barret calibre 50mm.

Por la triple ejecución la PGJE inició la averiguación previa 105/2008; mientras que los cadáveres fueron llevados al Servicio Médico Forense en espera de que sean identificados por sus familiares.

Roberto Barceló Villagrán, negro historial

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que Roberto Barceló Villagrán Torres fue suspendido desde el 10 de septiembre del 2007 por la acusación en su contra de supuestos abusos cometidos por él y sus agentes del grupo Centauro en contra del reportero Luis Fernando Nájera.

La agresión contra el reportero de El Debate ocurrió el año pasado durante un operativo realizado por dicho grupo en contra de narcomenudistas en Los Mochis.

Durante el despliegue los ministeriales al mando de Roberto Barceló detuvieron al reportero, supuestamente lo golpearon y le sembraron droga.

A raíz de la denuncia, la Contraloría de la PGJE inició el procedimiento 065/2007 y el 10 de septiembre fue suspendido. La dependencia informó que el pasado 10 de junio de este año, la PGJE dio fe baja en forma definitiva al ex supervisor operativo de la PME.

Villagrán Torres fue el fundador de el grupo Centauro, cuyos elementos fueron acusados de cometer abusos, tortura, robo, en municipios como San Ignacio, y en las ciudades de Guamúchil y Los Mochis.

El ex policía fue miembro del grupo de élite del Ejército, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y cercano colaborador del también ex militar y entonces director de la PME, Alfredo Mejía Pérez, actual asesor de la SSP.

Pese a las acusaciones, Mejía Pérez defendió siempre a capa y espada la actuación de su supervisor y de sus agentes.

CULIACÁN._ Decapitado y con un narcomensaje fue localizado un sujeto desconocido, sobre la banqueta de una de las calles de la colonia Chapultepec, a escasos metros del concurrido y patrullado Malecón Nuevo.
Con ésta víctima suman 10 las personas que han sido halladas decapitadas y con narcomensajes en la última semana.
La víctima tiene aproximadamente 30 años, tez morena clara, complexión media, y 1.70 de estatura.
La Policía Ministerial del Estado (PME) informó que el hallazgo fue reportado alrededor de las 00:30 horas por la calle Vicente Suárez y el bulevar Diego Valadez, en la colonia Chapultepec.
Vecino reportaron que a esa hora sujetos desconocido bajaron de una camioneta un “bulto”, el cual dejaron en la banqueta y a un costado colgaron de una cerca una bolsa negra.
Policías y peritos acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo del cadáver decapitado de una persona envuelta en una lona verde. Además descubrieron que la bolsa que colgaba del cerco contenía la cabeza de la víctima.
Peritos también localizaron un mensaje escrito en una cartulina roja, la cual tenía escrito un narcomensaje que decía: “Para ti ondeado, onde nos vemos las caras, culón”.

Ejecutan a comandante de la PEP en colonia Solidaridad

CULIACÁN. Un comandante de la Policía Estatal Preventiva fue ejecutado a balazos por un comando armado en la colonia Solidaridad, cuando se disponía a comenzar su jornada laboral.
La víctima fue identificada como Raymundo González Mendoza, de 40 años, responsable de la Unidad de Robo de Vehículos de la PEP.
El crimen, según las distintas policías que acudieron a la zona del ataque, se registró a las 06:30 horas sobre las calles Estrella y Unidad, en el asentamiento en mención, frente al domicilio del comandante.
Los primeros reportes establecen que el asesinato del oficial se registró cuando éste salió de su casa y se dirigió a abordar la patrulla del PEP que tenía asignada para sus labores.
En ese momento hasta el lugar llegaron varios gatilleros a bordo de un vehículo cuya características se desconocen, desde donde le comenzaron a disparar, por lo que el comandante bajó de la camioneta y trató de protegerse, pero las balas lo alcanzaron y quedó tirado a un costado de la puerta del conductor.
En el lugar quedaron decenas de casquillos regados.
Con éste suman 57 los asesinatos de policías en Sinaloa en lo que va del año, según las archivos periodísticos.
Apenas el viernes dos comandantes de la Policía Ministerial del Estado fueron acribillados a balazos sobre el bulevar Emiliano Zapata, ataque en el que murió un civil y tres más resultaron heridos.
El sábado en Guasave fue atacado el comandante de la PME en Las Brisas, Jorge Constantino Sajarópulos Corona, junto con tres de sus escoltas, y todos resultaron heridos.

Ejecutan a joven con más de 50 balazos
CULIACÁN. De más de 50 balazos fue ejecutado un joven de la colonia 6 de Enero, cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón en la Lombardo Toledano, y fue interceptados por desconocidos.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal estableció que la víctima fue identificada como Heriberto Anguamea Holguín, de 22 años, quien vivía por la calle Baltazar.
El asesinato se registró a las 2:42 horas de ayer, sobre la citada avenida y la calle Belina León de Medina, cuando la víctima circulaba en una camioneta Jeep Cherokee, blanca, modelo 1996, placas VJR 5623 de Sinaloa.
Al parecer el joven fue interceptado por varios sujetos, quienes les dispararon en por lo menos 50 ocasiones.
Tras ser atacado, el afectado chocó en la unidad contra la estructura metálica de un anuncio e intentó correr, pero fue alcanzado por las balas y quedó tirado sin vida a un costado de la camioneta, mientras los gatilleros escapaban.
Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recogieron 50 casquillos percutidos por arma AK-47 en el lugar de los hechos.

Encuentran dos decapitados con narco mensajes en Sinaloa
El hallazgo ocurrió a las 05:30 horas sobre la carretera Culiacán-El Dorado, frente a las instalaciones de la planta ganadera Santa Mónica, propiedad de la familia Zambada Niebla.

Culiacán, Sin. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal encontraron los cuerpos de dos personas decapitadas con tres mensajes dirigidos a grupos rivales del narcotráfico.
El hallazgo ocurrió a las 05:30 horas sobre la carretera Culiacán-El Dorado, frente a las instalaciones de la planta ganadera Santa Mónica, propiedad de la familia Zambada Niebla, parientes de Ismael Zambada García, El mayo; ninguna de las víctimas ha sido identificada por las autoridades.
Los cuerpos tenían huellas de tortura y estaban envueltos en plástico negro, amarrados con cinta adhesiva, color café y decapitados. Uno de los mensajes decía “para ti ondeado de parte de las locas, falle con Sajarópolus, pero aquí me desquite jajaja. Y sigues tu ondeado espero que te llegue mi recado porque el gobierno te protege mucho”.
Aparentemente este recado se refiere al atentado fallido contra el comandante Constantino Sajarópulos, realizado el sábado pasado, en el municipio de Guasave, que tuvo como saldo tres agentes heridos, entre ellos el aludido.
Otro mensaje, escrito en cartulina, decía: “Aquí te va disque hondeado, ya sabes quienes somos, tu nueva pesadilla, y no estábamos muertos andábamos de parranda de parte de tus compas los charritos sal a la calle mata niños y checa bien quién mató a tu hijo ¿Cuál ondeado?, si ya sabemos quien eres Manuel Torres ¿Quién te dio ese apodo?”.
Este mensaje hace alusión a Manuel Torres, hermano de Javier Torres, el JT, recientemente extraditado a Estados Unidos, quien fungía como operador del Cártel de Sinaloa.
Un último mensaje, escrito sobre una hoja de periódico, con fecha 5 de julio de 2008, decía: “Ondeado tu hubieras atorado a los de la CU no mandes federales y pregúntale a tu hija si soy Homosexual ¡culeado! Aquí esta tu comandante mateo. P.D ¡viva la familia!”.

Fue una farsa: en la colonia Universitarios no ocurrió un enfrentamiento, sino una ejecución.
En las fachadas de las viviendas del lado contrario a la casa donde ocurrió la supuesta refriega no hay indicios de impactos de bala. Y ni siquiera el portón eléctrico de la vivienda en cuestión, ubicada por la calle Aristóteles 1554, tiene impactos de bala de adentro hacia fuera.

Y más: según versiones de testigos, los que iniciaron los balazos fueron varios sujetos que llegaron a esta casa antes que los de la Policía Federal, y fueron los que ultimaron a balazos a los jóvenes.

Después, con la llegada de los agentes federales, y luego con el arribo de los efectivos militares –que en total sumaron alrededor de 300 en el sector- todo fue circo y simulación. Los agentes simulaban que se enfrentaban a tiros y rociaron a balazos el inmueble desde diferentes posiciones.

Lo cierto es que no hay indicios de que los hoy occisos –y otros que presuntamente huyeron del lugar, a pesar del cerco policiaco- hayan atacado a balazos a los agentes cuando éstos pasaban por el lugar.

En el lugar fueron muertos Ezequiel Hernández Hernández, de 27 años; Víctor Manuel Sánchez Ochoa, de 19; Roberto Morales, de 29, y Manuel Navarrete Urtusuástegui, de 27. Además, fueron detenidos los hermanos Carlos Josué y Ángel Eduardo Alaniz Valenzuela.

Ambos fueron sorprendidos por agentes federales cuando transitaban a dos calles del lugar, en una camioneta Cherokee, blanca, placas AHM-9304, y son investigados, como el caso mismo, por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Dentro del inmueble, según informe de la policía federal, fueron localizados 15 rifles AK-47, un AR-15, ocho cargadores de disco con capacidad para 100 tiros y 65 más para 50 balas cada uno, así como tres vehículos, uno de ellos blindado.

Un vecino manifestó que la balacera no empezó cuando llegaron los federales, sino minutos antes, luego de que un grupo de desconocidos arribó en una unidad cuyas características se desconocen, se introdujeron a la casa con otra persona que al parecer llevaban cautiva, y luego dispararon.

Instantes después llegaron los de la Policía Federal. Para entonces, los seis que según la versión oficial lograron huir, salieron por la parte trasera de la vivienda, que llega hasta la calle Parménides, y escaparon.

Una de las versiones indica que fueron éstos quienes ultimaron a balazos a los cuatro jóvenes. Otra información indica que los federales se prestaron al trabajo sucio de este grupo, aparentemente ligado al narcotráfico, simulando el enfrentamiento, a pesar de que los hoy occisos ya habían sido abatidos.

Los vecinos insisten en un sólo sentido: los que estaban adentro nunca dispararon, pero además no resulta lógico que hayan atacado a balazos a las patrullas federales cuando pasaban por ahí, como si se ignorara que esto implicaría que el lugar fuera sitiado por policías y militares, y que por lo tanto no había salida posible.

Además, cuando los sicarios han atacado a policías y militares ha sido desde vehículos en movimiento, aprovechando el factor sorpresa, o bien durante supuestos cateos a inmuebles.

En los baños y recámaras, bajo las mesas de los comedores y detrás de las paredes más recónditas de las viviendas, se resguardaron los vecinos durante la balacera.

Algunos de ellos lograron ver desde las ventanas, tras las rendijas de las protecciones, escondidos detrás de los muros: los policías dispararon hacia la casa, aunque no era posible verla, pues lo hicieron desde posiciones lejanas, tapados por árboles o por construcciones de otras viviendas.

Pero ninguna fachada, cristal, moldura o carrocería de vehículos estacionados o en las cocheras, resultó con impactos de bala. No hubo fuego cruzado, más que el generado por los federales.

El caso era hacer ruido, tronar los cartuchos, vaciar los cargadores. Al final, los propios agentes federales se dedicaron a patear los casquillos, alterando la escena del crimen, y a recogerlos a montones, sin la presencia de un agente del Ministerio Público.

“Era una guerra, una guerra… y cuando terminó, cuando por fin salimos, por allá a las cinco, seis de la tarde, dijimos ‘ya la hicimos, ya salimos de esta’”.

Son los vecinos. Los mismos que gritaron ‘hay niños, no disparen’ cuando empezaron los trancazos. Los que les ordenaron a sus hijas que se habían quedado a medio camino, cuando iban a la tienda o a las tortillas, que se quedaran allá, con fulana y sutana, porque había disparos y habían llegado los soldados.

“Pero no opusieron resistencia, oiga. Ellos llegaron, los federales llegaron, trabaron la puerta y los agredieron, pero no hubo enfrentamiento, no hubo tal. Son mentiras, mentiras”, comentó uno de los vecinos.

Otro lanzó una mentada cuando vio los periódicos y leyó la versión del enfrentamiento: “¡Qué vayan a chingar a su madre, bola de mentirosos!, ¡Los mataron!, ¡Los mataron!”.

Varios de los policías federales se instalaron en la esquina de Aristóteles y Sócrates. Desde este lugar no se ve la fachada de la vivienda marcada con el número 1554. Aún así disparaban una y otra vez. Las otras fachadas, bardas, barandales, árboles y el trazo mismo de la calle impedían ver el inmueble en cuestión, pero aún así jalaron una y otra vez los casquillos. Era el circo.

“Está muy rara la chingadera… ¿a qué le disparaban?”.

Uno de los vecinos dejó que los uniformados entraran a su casa, a revisar. En un descuido y en medio de la confusión, varios de los agentes le apuntaron y cortaron cartucho. Otros cuentan que un civil había permanecido en el interior de una de las patrullas de la PFP, tapado con una toalla blanca, de aspecto joven, robusto y aparentemente de tez blanca. No está entre los dos detenidos y nadie sabe qué fue de él.

Después de que dejaron de escucharse los balazos, un soldado le pidió a una vecina que se metiera. Lo hizo de mala gana y de mala gana la ciudadana le contestó. El de verde le reclamó: esto pasa porque ustedes no toman cartas en el asunto, no les ponen el dedo a esta gente. Y se fue.

Del interior de la vivienda, soldados y policías sacaron dos vehículos, ninguno de los cuales tenía impactos de bala. Eran una camioneta azul, de lujo, grande, y otra blanca, también de lujo, pero más pequeña, de modelo reciente.
Las calcomanías rotas

La casa estaba aparentemente en renta. Así lo decía un anuncio que los supuestos dueños colocaron en la fachada principal, la de Aristóteles. Pero la casa había sido asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) desde hace tres meses, por lo menos, luego de que aparentemente fue cateada por agentes federales.
Las calcomanías estaban ahí, en la parte trasera de la vivienda, que da a la calle Parménides, pero rotas. Partes de los sellos y calcas, en los que se advierte que no deben ser violados y que quien lo haga será sancionado con cárcel, estaban esparcidos en el el suelo, a retazos.
Pero en la vivienda había movimiento. Los jóvenes que la moraban salían eventualmente a barrer la parte frontal o bien al mandado, a las tortillas y a la tienda de la esquina. En su interior, por ambas calles, fueron vistos vehículos de lujo: un mustang gris y un corvette amarillo, con llantas grandes y rines de lujo.
Hubo movimiento a pesar de que el inmueble estaba asegurado. Pero la PGR no se percató o no quiso ver… y por lo tanto, nadie hizo nada.
Los uniformados no dejaron ingresar al inmueble a fotógrafos para que tomaran gráficas del interior. En la foto difundida por la mismo Policía Federal se aprecian los cuatro cuerpos y también los boquetes en las paredes, provocados por los impactos de bala. Pero estos orificios están casi al nivel del piso o a pocos centímetros de éste. Y varios de los cadáveres tienen impactos de bala en la cabeza. Los cuerpos, además, están juntos y tres de ellos quedaron de lado, con las piernas flexionadas, y uno boca arriba.
Las paredes lucen salpicadas de sangre, igual que el piso, que también fue invadido por los mapas rojos.

La detención de 46 personas y el aseguramiento de más de ocho toneladas de mariguana es resultado de los 747 operativos y 14 cateos que la PGR en el estado hizo durante junio en su lucha permanente contra los delitos federales.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Zacatecas informó, a través de un comunicado, los resultados obtenidos durante junio mediante las acciones emprendidas en los diversos programas que maneja.

La dependencia agrega que en el Programa para el Control de Drogas, el cual ejecuta con apoyo del estado y los municipios, fueron decomisadas más de seis toneladas de mariguana en cuatro operativos en los que se aprehendió a cinco personas.

En el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo se realizaron 221 operativos en los municipios, cuatro en Ceresos y 73 en diversas escuelas.

Asimismo, 10 cateos que permitieron detener a 26 individuos y asegurar más de 251 kilos de marihuana, cocaína y cristal y tres vehículos.

También se hicieron 139 operativos y tres cateos dentro de las medidas llevadas a cabo en las unidades mixtas de atención al narcomenudeo, lo que permitió la captura de 14 personas, a quienes se les aseguró más de una tonelada de marihuana y 500 miligramos de cocaína.

En el combate a delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la PGR zacatecana efectuó 202 operativos y un cateo, con lo que aseguró 15 armas cortas y 10 largas, siete cargadores, cerca de tres mil 300 cartuchos y arrestó a un civil.

Además, llevó a cabo 25 operativos en todo el estado en los que aseguró unas 40 mil piezas de material apócrifo, como parte de los delitos contra la Ley de Derechos de Autor.

En tanto, agrega el comunicado, se efectuaron 79 operativos en el combate de los ilícitos previstos en la Ley Federal de Protección al Ambiente.

Aunado a lo anterior, la PGR en Zacatecas desarrolló siete pláticas y conferencias en escuelas, impartió cinco cursos de información múltiple y realizó cinco actividades deportivas, recreativas y culturales en beneficio de 363 zacatecanos.