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Cárteles del narcotráfico que están en guerra acordaron en diciembre pasado una tregua indefinida que ha tenido alcances nacionales y que se ha reflejado en una baja en balaceras, enfrentamientos, matanzas y ajustes de cuentas, revelaron fuentes extraoficiales.

En el acuerdo de cese al fuego, al parecer participaron representantes de las organizaciones criminales que dirigen Ismael Zambada, el Mayo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes.

El pacto involucra entonces a los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y de los Beltrán Leyva —que se escindió desde este año de la organización del Chapo—. Estos tres últimos mantienen una guerra en contra de Guzmán y Zambada, que se ha expresado en forma sangrienta desde el 30 de abril en Culiacán y otros municipios de esta entidad, extendiéndose a todo el país.

El primer acercamiento fue en un privado de un exclusivo restaurante de mariscos de Culiacán, en la capital sinaloense, un día después de que fue arrojada al menos una granada a la fachada del cuartel provisional que tiene el Ejército Mexicano en la ciudad de Navolato, el 10 de diciembre de 2008.

Horas después de este atentado, que ocurrió durante la madrugada, miles de efectivos militares “tomaron” las calles de Navolato y realizaron un fuerte operativo. Aparentemente hubo un encontronazo verbal entre el comandante de la Novena Zona Militar, Noé Sandoval, con el alcalde Fernando García Aguirre, quien aparentemente salió regañado por el oficial.

Versiones de organismos de seguridad de la entidad indican que luego de este ataque llegó a Culiacán, a la Base Aérea ubicada junto al aeropuerto de Bachigualato, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien encabezó en estas instalaciones y en la Novena Zona Militar, reuniones con los mandos regionales de la Sedena.

Al titular de la Sedena, señalan las fuentes, se retiró de Culiacán alrededor de las 16:00 horas.

En el primer encuentro participaron representantes de todas estas organizaciones, pero de segundo nivel.

El siguiente y último encuentro se realizó cerca de dos días después, pero con representantes de primer nivel de cada uno de los capos, en las instalaciones del Nuevo Altata.

De estos encuentros tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancias que montaron discretos operativos y se mantuvieron informados de los avances de estas negociaciones.

A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional retiró recientemente efectivos militares que estaban adscritos al operativo Culiacán-Navolato, iniciado a principios de mayo para combatir la criminalidad, el tráfico de drogas y armas, y las ejecuciones relacionadas con el narco.

Fuentes cercanas a este operativo señalan que dos de cinco batallones ya no están operando en Culiacán, además de que fue enviado a otra región del país el Sexto Regimiento Blindado, cuyas unidades tipo Hummer, artilladas, desfilaban por la capital sinaloense.

Además, al menos un centenar de agentes de la Policía Federal, de cerca de 250 que estaban adscritos a este operativo, también fueron retirados. La ausencia de estos elementos y de militares en Culiacán, ya no se diga en Navolato y Mazatlán, es evidente.

Uno de los argumentos planteados por los capos de las organizaciones criminales que participaron en la tregua es que se han olvidado del mercado y del negocio local de la droga para priorizar las ejecuciones y enfrentamientos entre bandas contrarias. “Ellos descuidaron el negocio y son otros los que lo están operando y no precisamente con la autorización de los jefes”, señaló una fuente.

Uno de los acuerdos es que seguirán las ejecuciones que ya estaban “pendientes” y que son secuela de otros casos de “ajustes de cuentas”, pero no habría asesinatos adicionales.

Las partes pactaron además hacer una revisión del acuerdo el 30 de enero, aunque se desconoce la sede de este tercer encuentro.

Otras versiones indican que el acuerdo es frágil y pudo haberse roto con el homicidio de Faustino Meza Ontiveros, el 7 de enero de 2009, hermano de Raúl Meza Ontiveros, conocido como el M6, quien era pariente y operador de Javier Torres Félix, el JT, del cártel de Sinaloa, detenido por el Ejército en el 2004 y extraditado en el 2008 a Estados Unidos.

Faustino Meza fue sorprendido por al menos dos sicarios, quienes le dispararon a corta distancia, por la avenida Aldama, a pocos metros del bulevar Leyva Solano, para luego rematarlo en el interior de un establecimiento comercial, en este sector.

Sin embargo, las ejecuciones y las escandalosas balaceras del 24 y 31 de diciembre tuvieron una baja sensible. El mes terminó con poco más de 140 asesinatos, una de las más altas del año, pero la tendencia apuntaba a que serían al menos 160.

Las últimas matanzas, antes de este acuerdo, fueron las de San Ignacio, a principios de diciembre, en las cercanías de Coyotitán: fueron fusilados 13 jóvenes. Días después fueron 11 en Rosario, en un supuesto enfrentamiento.

Después, los días transcurrieron prácticamente sin sobresaltos, hasta que en tres ataques, entre el 6 y el 7 de diciembre, sumaron seis asesinatos, incluido el de Meza Ontiveros y tres más por la avenida Obregón, en la Lombardo Toledano. Pero estos homicidios, señalaron los observadores de la cotidianidad culichi, fueron parte de la llamada “normalidad”.

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No es una exageración que en ciudades como Culiacán, Juárez y Tijuana, entre muchas otras, el miedo ciudadano producto del narcotráfico ya supera a la confianza en la autoridad.

Ese fenómeno, según la ciencia política, es pariente cercano de la ingobernabilidad. Es decir, aquellas regiones del país donde existe una autoridad formal —cabildo, alcalde, congreso local y gobiernos municipal y estatal—, pero donde la fuerza, el control de las policías, el imperio del terror y el miedo lo tiene el narcotráfico.

¿Quién gobierna en una ciudad así? No las autoridades formales, porque no tienen el poder para defender bienes y vidas de ciudadanos frente al embate del narco. Y es que debemos entender que no son sinónimos autoridad formal y poder. Pero en el otro extremo, el del narco, se trata de un poder fáctico que tiene de su lado no sólo la violencia de facto, la fuerza armada, sino las características que hacen posible el terror. Sobre todo el miedo social.

Todos los días, desde hace años, en Culiacán, Juárez y Tijuana chocan el poder formal municipal y estatal con el del narco. De ahí se desprende no sólo una cauda interminable de muertos, sino un sentimiento que atrapa la conciencia ciudadana, y que la ciencia política llama desconfianza social en la autoridad, por un lado, y, por el otro, temor al poder emergente, el del narcotráfico. Y ese potaje espeso y difícil de tragar se llama ingobernabilidad.

¿Quién gobierna en Culiacán, Juárez y Tijuana, sólo tres de las ciudades en poder del crimen? Gobiernan a buena parte de los ciudadanos no el mandatario municipal o estatal en turno —amarillo, azul o tricolor—, sino el terror en calles; gobiernan los que matan a policías, jóvenes inocentes, rivales mafiosos, hijos de narcos. Gobierna el miedo, producto del terror, eficaz repelente a la confianza en la autoridad.

Y frente a la realidad de ciudades, pueblos, entidades con autoridad formal pero sin poder real frente al narcotráfico, nadie —desde el Presidente, pasando por sus secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa, el procurador general y menos el de Gobernación— puede venir a decirnos que el Estado va ganando la guerra al crimen.

Parecen olvidar que la delicada ecuación entre autoridad, poder, gobierno y gobernabilidad —la eficacia de la autoridad para ejercer el poder— sólo se mantiene a partir de una variable escasa pero infaltable: la confianza social. Ni Calderón, ni Mouriño, ni García Luna, ni el gabinete completo nos pueden decir que la lucha contra el crimen la va ganando esta administración —más allá de que se elevan el número de policías muertos, la ferocidad de la violencia y el rango de los asesinados—, cuando la percepción social es justo la contraria.

¿Por qué la sociedad cree que la batalla la pierde el Estado? Porque el miedo social producto del terrorismo desplegado por el narco gana terreno frente a la escasa eficacia de la autoridad. Resulta elocuente la encuesta de María de las Heras al respecto (Milenio, 21-07-08), que muestra que a mayor miedo social, mayor la percepción de que el narco va ganando la guerra. Y gana la guerra no sólo en el campo de batalla, con más policías y enemigos muertos, sino también la guerra mediática.

El gobierno de Calderón insiste, sin embargo, en que la estrategia es la correcta y que el Estado no va perdiendo la guerra. Lo más grave es que existen signos de que Calderón pudiera encaminarse a otro peligroso fenómeno del poder: el autoengaño, precepto de muy alto riesgo para un gobierno que se dice democrático, según especialistas del ejercicio del poder (Stoppino, Las formas del poder).

Es decir, frente al gravísimo problema del narco y la insistencia en que la estrategia desplegada es la correcta, el Presidente no estaría incurriendo en “una falsedad consciente” para engañar a los ciudadanos, sino en “una falsa conciencia” de lo que ocurre entre instituciones, poder formal y ciudadanos, enfrentados en una guerra sin tregua a un formidable poder fáctico, que se vale del narcoterrorismo y que tiene una ganancia envidiable: el miedo social colectivo.

Nadie duda del poder del crimen y el narco, ni cuestiona que deban ser atendidos por todas las instituciones del Estado, incluidos los partidos opositores a través de esa regla básica de la democracia que es la lealtad opositora; nadie cuestiona que se trata —como dijo Calderón— de una guerra larga y de alto costo en vidas. Pero tenemos el derecho a dudar de que en el primer círculo presidencial se tenga una “falsa conciencia” del tamaño del reto y de qué significa para ciudadanos indefensos como los de Culiacán, Juárez y Tijuana, entre otras ciudades. ¿Cuánto y hasta cuándo aguantará la gente? ¿Lo saben en Los Pinos?