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Tag Archives: levantones

Mañana se cumple un mes de la peculiar desaparición de Félix I. Batista, un experto en secuestros del que no se sabe nada desde el 10 de diciembre. Ese día abordó un vehículo donde había cuatro personas a bordo. No fue “levantado”, es decir llevado a la fuerza. Ni es tampoco víctima de un secuestro mercenario. Anteayer, su esposa Lourdes informó que no ha recibido petición alguna de rescate, ni ha tenido noticia de su marido desde entonces. Por eso organizó anteayer miércoles una conferencia de prensa en Miami, donde reside la familia y envió boletines a los medios. Rogó “a quienes tengan a Félix que por favor lo dejen ir”.

El caso de Batista no es único. Por desgracia abundan los de personas desaparecidas. Muchas de ellas han sido asesinadas y sus cuerpos son hallados poco después, sin que medie explicación ni reclamo alguno de los captores. También es elevado el número de personas secuestradas, a las que delincuentes capturan para obtener dinero a cambio de su liberación. Tan frecuente es la práctica de ese delito que la actual estrategia de seguridad pública del gobierno federal -expresada en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad- surgió de la presión social contra el secuestro más que contra la violencia homicida de la delincuencia organizada, que en 2008 dejó 5 mil 207 personas muertas.

En Coahuila, especialmente en su capital Saltillo, y en Torreón, ese delito ha proliferado sin freno, hasta un extremo de cruel sarcasmo: los dos más recientes responsables del combate al secuestro en la policía ministerial, Enrique Ruiz Arévalo y Gerardo Valdés Segura, han desaparecido, al modo en que ocurrió con Batista y nada se sabe de ellos: del primero a partir del 14 de mayo de 2007, y del segundo desde el 14 de julio del año pasado. Sólo en Torreón hubo, según un organismo privado, 86 secuestros en 2008, aunque la Procuraduría estatal admite sólo 24, de los que únicamente en nueve se presentó la denuncia respectiva. Generalmente las víctimas quedan libres después de pagado el rescate, pero el empresario regiomontano Rodolfo Alanís fue asesinado el 9 de noviembre, el mismo día en que se le secuestró en Torreón, a pesar de lo cual sus captores pretendieron obtener dinero por dejarlo en libertad y entablaron negociaciones con la familia durante un mes entero.

Precisamente porque ha cundido en las dos principales ciudades de esa entidad el temor al secuestro, en ellas Batista ofreció conferencias el 9 de diciembre en Torreón y el 10 mismo, el día de su desaparición, en Saltillo. Según el gobernador Humberto Moreira, Batista daba estas conferencias a título gratuito como un medio de mercadotecnia, pues de ese modo se acercaba a empresarios a los que podía vender servicios y productos relacionados con la seguridad, en que es un experto.

Nacido en Miami en el seno del exilio cubano, Batista sirvió no al Ejército como se ha dicho sino a la Guardia Nacional en Florida, y al separarse de ese cuerpo ofreció al mercado su conocimiento en materia de seguridad. A últimas fechas trabajaba como consultor de la firma Asi Global Kidnap & Ransom Response, en cuya página electrónica se presenta a Batista como un experto en secuestro que ha participado en más de 100 negociaciones para rescatar a víctimas de ese delito en Colombia y México.

El día de su desaparición, después de su plática con empresarios en la capital saltillense, Batista comió en el restaurante El Principal con personas dedicadas como él a ofrecer servicios de seguridad, y habló con el hijo de uno más, José Pilar Valdés, de presencia sobresaliente en la ciudad. Es que durante décadas, además de escoltar personalmente a la familia de Isidro López del Bosque, principal accionista del Grupo Industrial de Saltillo, organizó y dirigió la seguridad de ese consorcio. Tras su retiro, Valdés estableció su propio negocio de seguridad privada, que incluía negociaciones en caso de secuestro. Él mismo, sin embargo, había resultado víctima de ese delito el 9 de diciembre, del que se libró pocos días después, con muestras de maltrato. No pude saber si Valdés ha ofrecido a las autoridades testimonio sobre su secuestro y sobre el de Batista en el supuesto de que los dos casos estuvieran ligados.

Desde el principio se conjeturó que Batista habría sido retenido a cambio de la libertad de Valdés, con quien mantenía una relación profesional de tiempo atrás. Como quiera que sea, Batista estaba consciente momentos antes de su desaparición de que podía sufrirla. Hacia las siete de la noche del 10 de diciembre recibió una llamada que lo hizo salir del restaurante, no sin antes entregar a sus compañeros de mesa señas para comunicarse a su oficina de Houston, la sede de Asi Global, en caso de que algo le sucediera. En el estacionamiento del restaurante, Batista subió a una camioneta Cherokee, como atendiendo una invitación o cumpliendo un acuerdo. Y desde entonces no se sabe de él.

Por desgracia, no son pocos casos como el suyo. Con variantes que incluyen la desaparición forzada de personas (delito cometido por agentes de la autoridad o con su anuencia), la privación ilegal de la libertad cunde en el país propiciada por la impunidad. Ni siquiera el interés sobre Batista del consulado norteamericano en Monterrey -y ya se sabe que al gobierno mexicano interesa sobremanera su relación con Washington en materia de seguridad- ha favorecido que avance la investigación sobre este suceso.

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El estadounidense de origen cubano Félix Batista, uno de los especialistas en seguridad más experimentados en mediar secuestros en América Latina, fue plagiado mientras negociaba la liberación de José Pilar Valdés, uno de sus contactos en México, según fuentes de la Procuraduría de Coahuila.

La mañana del 10 de diciembre, Batista daba una plática sobre estrategias de seguridad a empresarios locales cuando le dijeron que Valdés había sido “levantado”.

Según las fuentes, el estadounidense fue contactado vía telefónica por los secuestradores mientras comía en un restaurante acompañado de varios empresarios.

Después de las 19:00 horas y tras varias llamadas, Batista dijo a sus acompañantes: “Si algo me pasa, o no regreso, háblenle a él”, les dejó la tarjeta de un negociador de alto perfil de Miami cuyo nombre se mantiene en reserva y salió del restaurante.

Desde entonces, está desaparecido.

Un consultor estadounidense experto en estrategias de seguridad antisecuestro fue plagiado en esta Ciudad por un comando armado, confirmaron ayer fuentes del Gobierno estatal.

El asesor internacional Félix Batista, de 55 años, fue secuestrado el miércoles tras impartir dos conferencias, en Torreón y Saltillo, sobre estrategias de seguridad en empresas.

Batista habría sido invitado por la Secretaría de Seguridad Pública para brindar apoyo y asesoría a hombres de negocios coahuilenses.

Versiones señalan que la tarde del miércoles el especialista se encontraba en un restaurante ubicado al norte de la Ciudad cuando recibió una llamada telefónica que lo hizo salir del establecimiento.

En ese momento fue interceptado por un comando armado, que lo subió a una camioneta sin que las autoridades tengan noticias sobre su paradero desde entonces.

Batista es identificado como el responsable para Latinoamérica de la consultoría ASI Global, empresa especializada en atender casos de secuestro, aunque su perfil recientemente fue borrado.

De acuerdo con la información disponible vía internet de ASI Global, Batista alcanzó el grado de mayor dentro del Ejército de Estados Unidos y tiene más de 24 años como consultor en materia de seguridad.

Ha atendido más de 100 casos de secuestro, incluidos algunos perpetrados por Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, y por las FARC, según el Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria.

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Violando los mas elementales principios de seguridad, la empresa tiene la info del consultor en su pagina, que aunque hallan tratado de borrar sigue en google cache:

Felix Batista – Latin America

Mr. Batista is the Response Consultant based in the United States for ASI Global, LLC. He acts as the primary case officer for all cases throughout the Latin American region.

Experience:

Mr. Batista has a strong background in international security and crisis management with twenty-four years as a consultant to multinational firms operating in Latin America and Europe, and prior service as an intelligence and combat arms officer in the U.S. Army (Major, USAR).

Mr. Batista is known for conducting in-depth threat assessments, the successful resolution of nearly 100 kidnap and ransom cases (many on behalf of major insurance carriers) and investigations and case management of product contamination and bodily injury extortions in the United States and throughout Latin America. Additionally, Mr. Batista has conducted complex financial investigations, assessment of executive protection programs and training of executives, their families and security personnel in high threat environments. He also has experience designing physical security/loss prevention programs at over 180 major manufacturing, telecommunications and commercial facilities, and financial institutions.

Education:

Mr. Batista received his Bachelor’s Degree in North American Studies/Political-Science and his Master’s degree in Spanish Literature/Latin American Studies from Middlebury College and the Instituto Internacional in Madrid, Spain. He also spent a year in Central and South America conducting independent field research on social, economic and political issues as a Thomas J. Watson Fellow (founder of IBM).

Félix Batista, de 55 años de edad, fue invitado por la Secretaría de Seguridad Pública para dar una serie de conferencias a empresarios coahuilenses, por lo que llegó a Saltillo el 6 de diciembre.

Se sabe que el 8 de diciembre fue a Torreón donde impartió una plática sobre estrategias de prevención de secuestros.

El 9 de diciembre habló ante un grupo de hombres de negocio saltillenses y después realizó actividades personales.

Para el 10 de diciembre, en la mañana se reunió con directores de diversas áreas de la SSPE y por la tarde, de acuerdo con la policía ministerial, Batista fue privado de su libertad por varios individuos afuera de un restaurante ubicado sobre bulevar Venustiano Carranza.

utoridades sinaloenses informaron que buscan a siete jóvenes, seis de ellos, adolescentes, los cuales fueron levantados por un comando armado, en el fraccionamiento Villa Bonita de esta ciudad capital.

Cuatro de ellos, con vínculos familiares y originarios, del poblado la Palma, del municipio de Badiraguato, fluctúan entre los trece y diecisiete años de edad.

De acuerdo a las investigaciones de la Policía Ministerial del Estado, los siete jóvenes, fueron interceptados por varios hombres armados en camionetas de lujo, cuando estos viajaban en un auto Ford Mercury, modelo 1996, placas VKG 9628.

Los adolescentes fueron identificados como Vladimir Araujo González, de trece años de edad Javier Araujo Acosta, Miguel Ángel Araujo Estrada y Jose Javier Meléndrez Araujo, todos ellos de diecisiete años y vecinos del poblado la Palma, Badiraguato.

Sobre los tres restantes, sólo se conoce que uno de ellos, es mayor de edad, pero no se tiene sus identificaciones.

¿Quién secuestró a los jornaleros y para qué?

Junto al secuestro de 27 jornaleros ocurrieron esa misma noche dos cateos en Navolato y la aprehensión de por lo menos dos personas que aún no aparecen. Cinco días antes había sido acribillado el alcalde Fernando García, donde murieron dos regidores y un agricultor. Por si fuera poco, el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes fue privado de su libertad desde el 27 de octubre y nadie se hace responsable: ¿alguien puede aclarar este enredo?

La noche del domingo 9 de noviembre fue una “noche de perros” para muchos en Navolato y Costa Rica. Lo más notable fue el secuestro de 27 jornaleros que se encontraban durmiendo en el campo agrícola La Guajira —ubicado en la carretera la 20 que conduce a Villa Juárez—, por parte de un grupo de hombres armados que derrumbaron las rejas del campo y tumbaron las puertas de los dormitorios.

Amagando con sus armas y sus gritos separaron a las mujeres y a los niños de los hombres. Luego los empezaron a subir a los vehículos. Llegaron en por lo menos diez camionetas repletas. Unos testigos contaron alrededor de cincuenta hombres y otros hasta ochenta. Una vez que subieron a todos los varones a las camionetas se marcharon.

Al día siguiente, elementos del Ejército mexicano y fuerzas policiacas de todas las corporaciones resguardaron el lugar, mientras los agentes del Ministerio Público realizaban las primeras diligencias. Horas después se correría la especie de que el campo es propiedad de la familia Carrillo Fuentes y que el secuestro de los jornaleros era un golpe de un cártel contrario a ellos.

El miércoles 5 de noviembre, en la carretera Altata-Navolato, había sido acribillado el alcalde Fernando García Hernández y en el ataque murieron dos regidores y un agricultor.

En Navolato también hace aire

Pero no solo en Costa Rica, sindicatura donde se encuentra ubicado el campo La Guajira, se vivieron momentos de terror. Una hora antes de que fuera tomado por asalto este empaque, fue cateada la casa de Rosario Obeso López, en El Caimancito, Navolato. Según testigos de los hechos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, era aproximadamente la una de la mañana cuando llegaron a la casa de Rosario y grupo de hombres armados. Eran gentes vestidas de negro y viajaban en vehículos pesados. Se metieron a su casa y lo sacaron por la fuerza.

Minutos después, en otro poblado, ocurrió otro hecho pero con una mayor exhibición de fuerza. En El Limoncito fue cateada la casa de Mario César Jacobi. De acuerdo con los testigos, llegaron al lugar dos o tres docenas de militares echando bala: “¡Dónde están las armas!”, gritaban enardecidos. Cuando vieron a Mario César le dispararon y lo hirieron en una pierna. Los testimonios aseguran que los agresores son militares, aunque alcanzaron a ver entre los hombres a alguien que portaba una camiseta donde se podía leer Policía Federal.

Aproximadamente una hora después de estos cateos ocurrió el secuestro de los 27 jornaleros en La Guajira.

La sospechosa prisa del Ejército

Poco más de 24 horas después de que se conoció el secuestro de los 27 jornaleros agrícolas, la Vocería de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato emitió un comunicado donde afirma que:

“Por información recabada con la misma población y por investigaciones realizadas por la autoridad competente, el apoderado legal del citado campo es Pablo Jacobo Retamoza, del cual se tiene información que es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Las autoridades continúan investigando para determinar la propiedad y la legalidad de la misma para proceder conforme a derecho o deslindar responsabilidades”.

Fue un comunicado inusual, pues en estos casos siempre se oculta la información relativa a los propietarios de los inmuebles “para no entorpecer las investigaciones”. Desde el propio Gobierno estatal empezaron a circular versiones de que el Ejército había instigado la emisión del boletín, sin considerar las consecuencias que podía tener evidenciar a la familia Carrillo Fuentes.

Había cierta molestia en algunos círculos del Gobierno del Estado, lo cual se manifestó al día siguiente en una declaración seca, tajante del propio gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando fue cuestionado al respecto por la prensa.

Predispuesto a no hablar mucho del tema, atajó una de las preguntas diciendo que “ya se dio información desde ayer” y sólo confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) ya había intervenido y “deberá seguir interviniendo en el caso” por el hecho de que se haya vinculado a una acción del narcotráfico.

—¿Pero sí está confirmado que es de los Carrillo Fuentes este rancho, gobernador? —le preguntó una reportera.
—No. —fue la respuesta cortante del gobernador.

1999: se constituye La Guajira

Esas mismas tierras —entre 150 y 200 hectáreas, dicen los jornaleros de los campos vecinos— pasaron ya por varias manos antes de llegar a sus actuales propietarios. Y han tenido varios nombres: Patricia, Orgullo México y Las cinco P.

La Guajira se constituyó el 15 de junio de 1999 en la ciudad de Navolato —a pesar de que la propiedad está ubicada en el municipio de Culiacán—, ante el notario público número 139, César Valadés Soto.

De acuerdo con la escritura 4308, volumen XV, Agrícola La Guajira, Sociedad Anónima de Capital Variable, está conformada por los señores Juan José Urías Sánchez, Salvador Ramos Valderrama, Heriberto López Zavala y Juan José Palazuelos Acosta. Nació, según el mismo documento, con un capital social de 100 mil pesos.

Los empresarios no perdieron el tiempo pues ese mismo año dieron de alta a la agrícola en todas las dependencias necesarias para conseguir los apoyos del Gobierno federal.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, entre 1999 y 2004, la propiedad, ubicada en la localidad de Costa Rica, en Sinaloa, recibió recursos públicos del Procampo por 928 mil 263 pesos, de los cuales, 527 mil pesos fueron destinados para la siembra de 92 hectáreas de maíz, chile, tomate y un cultivo “no definido”.

Los apoyos correspondieron a los programas de Apoyos Directos para el Campo (Procampo) y por el Ingreso Objetivo, perteneciente a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

La Guajira también recibió recursos de Aserca que ascendieron a 401 mil 264 pesos, supuestamente destinados a la comercialización de maíz y sorgo.

“Además, el apoderado legal de la propiedad, Pablo Jacobo Retamoza, quien, según autoridades oficiales es cuñado de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, aparece en las bases de datos oficiales, que demuestran que ha cobrado más de 890 mil pesos en apoyos de ambos programas”.

Según la información, Jacobo Retamoza —a pesar de no ser todavía el apoderado legal de la agrícola— recibió recursos públicos entre 2003 y 2007 por la siembra de casi 70 hectáreas de cultivos de maíz y caña de azúcar.

El notario de lujo

Pablo Jacobo Retamoza se esfumó cuando el Gobierno lo ubicó como apoderado legal de la agrícola asegurada por la PGR desde el martes en que se dio a conocer que el campo podría tener relación con la familia Carrillo Fuentes.

Pablo es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, y esa relación familiar lo convirtió en sospechoso, según el comunicado de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato. Pero fue su calidad de apoderado legal de La Guajira lo que lo ubicó como blanco para las autoridades federales.

De acuerdo con la escritura pública 1406, volumen VI, el 19 de mayo de 2008, en la ciudad de Culiacán, compareció ante el notario público 103, el señor Juan José Urías Sánchez en representación de la sociedad mercantil denominada Agrícola La Guajira S.A. de C.V., con la finalidad de que se proceda a protocolizar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como un poder general cambiario a favor de Pablo Jacobo Retamoza.

La escritura es legal por donde se le mire, aunque la actuación de notario sea irregular, pues se trata de Alejandro Gastélum Serrano, quien al momento de protocolizar el acto fungía como secretario particular del entonces procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y la Ley General del Notariado les impide a los notarios ejercer como tales cuando están ocupando un cargo público.

Gracias a la vida

Después de 80 horas de angustia aparecieron los primeros jornaleros que habían sido secuestrados. 16 de ellos fueron dejados debajo de un puente de una carretera donde también se apreciaba el paso de las vías del tren.

No logran, según sus declaraciones expuestas en la averiguación previa 344/2008 que abrió la Agencia Onceava del Ministerio Público de Costa Rica, ubicar bien el lugar, y solo establecen que estaban “hacia el sur”.

El jueves por la mañana, muy temprano, fueron dejados en libertad. De acuerdo con las versiones de los jornaleros, luego de que los levantaron la madrugada del 10 de noviembre, fueron vendados de los ojos y trasladados a un lugar donde solo había monte y cerros.

Después de que los subieron en varios vehículos se marcharon por caminos de asfalto y terracería por un lapso aproximado de dos horas. Todos afirmaron que en ningún momento los golpearon ni los amenazaron, aunque los mantuvieron con los ojos vendados. Sus captores, dijeron, no hablaban entre sí.

Una noche antes de dejarlos en libertad los subieron a una camioneta y les dijeron que los iban a soltar; les dieron 100 pesos a cada uno y los trasladaron a un lugar de la carretera donde finalmente los dejaron. Luego de ubicarse tomaron camión de la línea Pacífico que los llevó a Culiacán. Llegaron a las 8:00 horas.

En sus declaraciones —para el viernes por la noche habían declarado 19, pues después aparecieron tres más—, los jornaleros explicaron que donde los tuvieron durante tres días no había casas, solo monte y cerros.

Aunque los 19 coincidieron en que los 27 fueron liberados, hasta el cierre de la edición, el viernes por la noche, no se sabía nada del resto de sus compañeros.

De las declaraciones de los jornaleros, la Procuraduría de Justicia emitió un escueto boletín donde no aportaba nada sustancial y repetía que los captores nunca trataron mal a sus secuestrados. Nada sobre el posible móvil, ni la naturaleza de los captores.

Su nombre no aparece en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. No se sabe cuánto le pagan, pero sí que desde hace algunos meses, Iván Alejandro Ortega Colmenares se encuentra en Baja California trabajando para el gobierno.

En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como “Comandante Simón” y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.

Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.

Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.

Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.

“El Comandante Simón” es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.

Este conflicto ha dividido el combate al crimen:

1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.

2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.

Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.

Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.

Sin embargo, aún con la participación del “Comandante Simón”, el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.

De la gloria al anonimato

Polémico, “El Comandante Simón” se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.

Su historia transitó del éxito al anonimato.

Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.

Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del “Comandante Simón”. Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.

Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.

Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.

Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.

Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.

En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.

Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.

Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.

De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.

Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del “Comandante Simón” de Sinaloa.

Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.

Anti secuestros dividida

Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.

Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.

El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.

Las familias de las víctimas ya percibieron la división.

Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. “Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa”, dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.

El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.

Un asunto cuya “solución” fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: “El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó”.

Fuentes de la Procuraduría agregaron: “Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima”.

La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.

“Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos”.

Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.

Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. “Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates”, informaron.

A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.

El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.

De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.

Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.

Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.

Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.

Actualmente, “Iván” está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.

Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.

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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido

La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).

Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.

Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.

“Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre”.

Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció “que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros” y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.

El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.

Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, “la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer”.

En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, “El Chava”, de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.

Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.

Por su parte, González Soto declaró que conocía la “casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer”, misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.

Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, “El Chilango”, de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.

“De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien”, reveló Moreno Manjarrez.

Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, “El Güero”, quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.

Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como “Mata Policías”, por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.

El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del “CAF” vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.

“Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años”.

Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )

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Privaciones de la libertad de octubre

Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal

1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad

2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad

3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad

4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad

5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad

6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad

7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)

8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro

9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad

10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad

11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)

12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón

13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad

14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad

15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad

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Un grupo armado arribó a la zona centro del municipio de Jiménez del Teul, ubicado a 250 kilómetros de la capital y colindante con Durango, donde realizó un “levantón” masivo de aproximadamente 10 personas, entre las cuales figuraba el síndico municipal, el perredista Noel Herrera Guzmán, y un hermano del funcionario.

Con base en los primeros reportes policiacos y versiones de los habitantes, llegaron unas 10 camionetas con vidrios polarizados, tripuladas con hombres armados y encapuchados.

Se cree que iban por personas determinadas, algunos presumiblemente son familiares del funcionario municipal.

Fue cuando se trasladaron a las instalaciones de la presidencia, de donde se presume se llevaron al síndico con lujo de violencia.

El hecho fue reportado por las autoridades municipales a las instancias competentes, pero hasta ahora se desconoce el paradero del convoy, así como de los “levantados”.

La cabeza de un policía municipal, que participó en la detención de cuatro sujetos armados, supuestamente “zetas”, fue arrojada afuera de las Instalaciones del Centro de las Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas de Mazatlán y su cuerpo no ha sido encontrado.

El reporte de la Policía Municipal señala que este agente que tenía por nombre José Ángel Garzón Magaña, de 30 años de edad y estaba adscrito al sector 6, vivía en la sindicatura de El Roble, a donde se dirigía luego que termino de trabajar y en el trayecto fue “levantado” por un grupo armado. El policía viajaba en un auto tsuru Nissan blanco, modelo 1990, con placas 069-NWV-5, de Baja California.

Se dijo que los sujetos que lo levantaron era siete, vestidos de negro y viajaban en una Chevrolet Suburban, color gris. Después de ser “levantado”, apenas pasaron tres horas, para que la cabeza apareciera.

Garzón Magaña, participó el 27 de agosto pasado en la detención de cuatro sujetos a las afueras de un supermercado de la Rafael Buelna, a quienes les decomisaron armas, municiones e insignias policiacas, sujetos, que fueron llevados por la PGR a México y después se dijo que los regresaron al penal de Mazatlán.

En el auto del agente municipal se encontró un arma calibre 380, supuestamente propiedad del policía.

La indagatoria del secuestro de un ingeniero desarrollada en Guadalajara y Tijuana reveló la presunta participación de esbirros de Fernando Sánchez Arellano en los recientes secuestros cometidos en esta ciudad fronteriza.

Además, el trabajo pericial desarrollado en Tijuana, después del cateo en una casa de seguridad en Playas de Tijuana el sábado 30 de agosto, concluyó en el decomiso de varias armas largas que fueron usadas en balaceras y asesinatos cometidos entre 2007 y 2008, atribuidos en sus respectivas investigaciones a los grupos que comandan Armando “El Gordo” Villarreal e Ignacio Parra Ramos “La Perra”.

“Encontrar pistolas y rifles usados por dos células, presuntamente antagónicas, en una casa de seguridad localizada en la zona de influencia de Jorge Briceño, “El Cholo”, un tercer lugarteniente, esto hace evidente que cometieron los delitos de manera coordinada y en equipo.

“Lo que indica que también debieron hacerlo con la aprobación de Sánchez Arellano, porque ni Briceño ni Villarreal hubieran actuado sin permiso del líder. Así funcionan las bandas, si gente de ese nivel se va por su cuenta los matan”, agregó un investigador.

La misma pesquisa reveló nuevas estrategias de los criminales para sorprender a sus víctimas. Ahora, los delincuentes están contratando los servicios profesionales de sus próximas víctimas o comprándoles propiedades.

Pero cuando el ciudadano recibe el pago por el inmueble o el servicio, este cliente o comprador ya tiene preparado a un comando que lo priva de la libertad antes de que llegue a su siguiente cita. Entonces lo roban y después lo secuestran para pedirle rescate a la familia, obteniendo una doble ganancia.

Las cantidades solicitadas están en alrededor de los 30 mil dólares, monto que las familias con posibilidades económicas obtienen en menos tiempo, por lo que las víctimas están siendo liberadas en la primera o segunda semana de su cautiverio. La única diferencia en el modus operandi actual es que hasta el momento no están asesinando a los secuestrados.

Las líneas de investigación también revelaron que el CAF nuevamente ha renovado sus niveles delictivos más bajos, por lo menos en el tema de secuestro. Esto significa que están trayendo hombres jóvenes de poblados de Sinaloa y Jalisco, que no tienen antecedentes ni son conocidos en Baja California y que al no tener que residir en la frontera, tranquilamente acatan la orden de regresar a su estado de origen, entre delito y delito.

Cada vez que estos delincuentes son requeridos se comunican por Nextel con una persona del pueblo pidiendo gente. Otras características es que a los criminales les pagan a destajo, no los llaman constantemente y con toda libertad pueden contratarse para delinquir con el CAF en otros estados.

Datos obtenidos a través de los grupos de inteligencia policiaca también indican que el CAF tiene abierta la puerta a varios grupos de secuestradores que mantienen comunicación constante, pero que manejan listas de secuestrables independientes, en los cuales actualmente están incluidos propietarios de antros y lotes de autos alrededor de los cuales se desarrollan investigaciones dado que los delincuentes aún se encuentran en la etapa de acercarse para cobrarles piso, bajo la amenaza de la privación.
Fuentes policíacas aseguraron que iniciaron operativos preventivos. La finalidad sigue siendo la misma: evitar los secuestros y detener a las bandas.

Interconectados

Los nexos y las acciones criminales atribuibles a este grupo empezaron a establecerse en la investigación ministerial cuando recibieron los resultados del examen pericial a las armas localizadas por agentes de la Procuraduría del Estado en la casa con el número 31 y/o 313 de la calle Olas Altas de la sección Coronado en Playas de Tijuana.

Los estudios que aún no concluyen en lo que respecta a la totalidad del armamento, hasta el momento indican que:

Una pistola calibre 9 milímetros marca FEG que percutió una bala en el acto criminal investigado en el expediente 87/08/201/AP, refiere que los hechos se suscitaron el 5 de agosto de 2008. Sin embargo, los prontuarios periodísticos correspondientes a esa fecha sólo registraron la detención de los hermanos Román y Alberto Alonso Ramírez en la delegación La Presa, capturados en posesión de un arsenal y portando chamarras con la leyenda “Fuerzas Especiales del Muletas”, en referencia a Raybel López Uriarte, sicario de Teodoro García Simental, alias “El Teo”.

Una carabina calibre .223 marca DPMS Panther, que percutió 145 casquillos en la averiguación 10/08/201/AP donde fue asesinada la señora Evangelina Vázquez, cuya casa ubicada en la colonia 3 de Octubre fue atacada por error; los criminales creyeron que ahí vivía un jefe policiaco que participó en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que trataron de asaltar el camión de valores en enero pasado. El incidente fue atribuido a una venganza conjunta del CAF coordinada por Parra Ramos.

La misma carabina percutió 12 casquillos en los hechos donde fueron asesinados Carlos Horacio Morales Méndez, oficial de la Policía Estatal Preventiva, y Micael Rodríguez, de oficio albañil, quienes fueron muertos en la colonia La Morita el 22 de septiembre de 2007.

Un fusil calibre 7.62 marca Cai Stavt, percutió 56 tiros contra las instalaciones de la delegación de policía en la zona de El Centenario el pasado 9 de abril de 2008. Este hecho fue adjudicado en la investigación a “El Gordo” Villarreal.

También fue usado para asesinar al jefe de la policía municipal Margarito Saldaña, y a su hija, cuando un comando balaceó su humilde casa en la colonia Loma Bonita el 15 de enero de 2008, después que este jefe policiaco también participara en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que intentaron asaltar el camión de valores un día antes. Esa arma dejó 16 casquillos en esa escena del crimen, considerada una venganza conjunta.

Además, el arma dejó otros 46 casquillos en la Avenida De los Héroes a la altura de la colonia Buena Vista, lugar donde asesinaron al agente federal de investigación Andrés Pinedo Pérez, el 5 de abril de 2008.

Y uno más: en la averiguación previa que data del 15 de enero de 2006, con el número de expediente 104/06/208/AP. Hechos de los cuales no se encontró rastro en los archivos periodísticos.

A todas las armas les borraron el número de serie. Además, estaban en condiciones óptimas de funcionalidad.

Las casas

El arsenal antes descrito fue encontrado en una casa de seguridad que, según los datos de inteligencia policiaca, era utilizada por los sicarios de la célula de Jorge Briceño “El Cholo”.

“Las dos casas de seguridad que catearon el sábado son de Briceño”, aseguró una fuente. Efectivamente se trata de la zona del lugarteniente mencionado y también es cierto que hubo un segundo cateo del que no se habló en la conferencia dada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Esta indagatoria se efectuó en la vivienda que habitaba Oliver Ulises Castañeda Navarrete. Información interna no oficial indicó que los ministeriales fueron a buscarlo porque dentro de la investigación el mencionado ha sido reconocido por más de cuatro personas como:

Presunto responsable del secuestro de un ingeniero en Playas de Tijuana y está relacionado con por lo menos, otras dos privaciones más.
Fue señalado por los detenidos como el encargado de entregar y recoger las armas que se resguardaban en la casa cateada.
También de manera extraoficial, elementos de un grupo de inteligencia local indicaron que se le siguen investigaciones por delitos cometidos desde 2006 en los que ha sido nombrado como presunto operador de “El Cholo”. Sin embargo, las policías de Baja California no han incluido en las investigaciones elementos de prueba que acrediten lo dicho por algunos delincuentes detenidos.

Los informantes también aseguraron que uno de los hombres que forma parte de la investigación es sobrino de un “asistente, chofer y escolta” de Fernando Sánchez Arellano al que conocen como el “Andobas”, delincuente incluido dentro de los trabajos de inteligencia locales, del cual las autoridades aún no tienen ni el nombre completo ni fotografía.

Datos extraoficiales indicaron que agentes ministeriales se comunicaron vía radio con Oliver Ulises Castañeda y le informaron que había sido descubierto dándole la oportunidad de huir, servicio por el que pagó alrededor de 30 mil dólares.

Al respecto, directivos ministeriales dijeron no tener indicios al respecto, pero que revisarían el caso. A la fecha las investigaciones ministeriales y de inteligencia simplemente continúan

Los asesinos del empresario Rogelio Macías
Gutiérrez, son agentes ministeriales del estado, según se afirmó extraoficialmente
, informándose inclusive que uno de éstos pertenece al
grupo de anti-secuestros y otro al de “contra robo de vehículos”.
Inclusive, las “fuentes” aventuran apodos de quienes podrían haber asesinado al
gasolinero y empresario agrícola del Valle de San Quintín, ejecutado la noche del lunes en
Mesa de Otay, por la llamada Calzada Tecnológico.
Según informes confidenciales revelados a la Agencia, los policías ministeriales llevaban
la instrucción de plagiar al empresario para “hablar de negocios”, sin embargo éste trató
de escapar, lo que puso nerviosos a los agentes estatales porque ya los había visto.
“Así actúan los ministeriales… cuando los hechos se les salen de control disparan sobre
su víctima y más ahora, en que hay más presencia policiaca y no saben cómo viene el
nuevo general encargado de la plaza”, se dijo.
Tras el artero crimen del empresario de 50 años de edad, corrieron varias versiones y de
éstas, pareciera confirmarse la anterior, sobre la presumible participación de
investigadores estatales, cuando el subpocurador de la zona, Salvador Ortíz, reconoció en
entrevista con reporteros, que son investigados los policías ministeriales, porque la
unidad utilizada, es similar a la que usan los agentes del estado.
Macías Gutiérrez viajaba la noche del lunes, frente a la zona conocida como “La Pechuga”
en Mesa de Otay, en su vehículo Chevrolet Tahoe de color negro, cuando fue interceptado
por los presuntos ministeriales, quienes a su vez iban en una Pick Up Silverado de color
blanco, con estrobos y sirena.
Era acompañado por quien dijo ser su chofer Sotero Madrid López, de 37 años de edad,
pero que según las fuentes, en realidad era su escolta. Éste último “fue quien lo puso”,
manifestaron las “fuentes” ya que informó a los plagiarios la ruta por la que viajaban para
que el empresario pudiera ser interceptado y secuestrado.
La misma versión afirma que Macías Gutiérrez entregaba cierta cantidad de dinero,
periódicamente a Rosario Flores Rojas, líder del “comando negro” en Ensenada, el cual
fue capturado por las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública y del ejército, el
pasado 14 de junio del año en curso.
La versión establece que el empresario “trabajaba para Chayo” aunque hay quienes
piensan que “pagaba protección” tras haber sido amenazado por el delincuente,
relacionado con el cártel y con diversos crímenes violentos registrados en la región.
“A la detención del sicario, afirmaron, Macías ya no quiso pagar y decidió seguir
trabajando sin reportarse con nadie, por lo que la orden fue llevárselo para convencerlo de
pagar al nuevo jefe”.
Lamentablemente no pudieron subirlo a la unidad y cuando el gasolinero quiso darse a
la fuga, abrieron fuego en su contra y lo mataron. Ahora la procuraduría establece que se
investiga: su entorno personal y el intento de privación ilegal de la libertad, además de que
quedó bajo custodia su escolta.