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La Procuraduría General de la República (PGR) descubrió, en distintas investigaciones, que los hermanos Beltrán Leyva y los líderes del Cártel del Golfo comenzaron a negociar y constituir una poderosa alianza en el narcotráfico, dado el alto volumen de cargamentos de cocaína que manejan.

En el expediente de la Operación Limpieza, se da cuenta de que fueron Sergio Villarreal “El Grande” y Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca” quienes pactaron en 2007 la paz entre los Beltrán y el Cártel del Golfo.

En otras dos investigaciones, la PGR encontró que estos aliados eran dueños de los dos mayores cargamentos asegurados en la historia: las 23.5 toneladas de cocaína incautadas en la Aduana de Manzanillo y las 11.7 toneladas aseguradas en la Aduana de Altamira, ambas en octubre de 2007.

La averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 –de la Operación Limpieza– da cuenta de un relato de “El Grande” en el cual describe cómo logró un pacto de paz con los Beltrán.

“El Grande” es un ex policía de Durango a quien la PGR considera el principal operador de los Beltrán en el centro del país, mientras que Heriberto Lazcano es señalado como líder de “Los Zetas”, brazo armado del Cártel del Golfo, la organización criminal que dirigía Osiel Cárdenas.

Un testigo protegido con el nombre de “David”, es quien declaró que durante una reunión que tuvo lugar al sur de la Ciudad de México, en la que estaban José Antonio Cueto y Roberto “El 19” –publirrelacionista y operador de los Beltrán–, “El Grande” contó cómo logró el pacto de paz.

“La primera ocasión que me entrevisté con ‘El Grande’ me manifestó que él se había encargado de hacer las paces con Heriberto Lazcano ‘El Lazca’, líder de ‘Los Zetas’ y que ya no había guerra, que ya habían arreglado sus diferencias y que por el momento todo estaba en paz.

“Con la detención de ‘El Mochomo’, nos manifestó ‘El 19’, al licenciado Cueto y al de la voz, que los hermanos Beltrán Leyva estaban muy molestos con la gente de ‘El Chapo Guzmán’ porque se habían enterado que éste había entregado a ‘El Mochomo’ y los hermanos Beltrán Leyva querían tomar venganza buscando a ‘El Chapo’ Guzmán, Mayo Zambada, Rey Zambada y a Nacho Coronel”, declaró el testigo a la PGR apenas el 6 de octubre pasado.

Tratos en las Aduanas

Desde investigaciones anteriores, la PGR había descubierto la existencia de esa alianza de los Beltrán con el Cártel del Golfo.

La indagatoria sobre el cargamento de 23.5 toneladas de cocaína interceptado en Manzanillo revela que el propietario era Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” y que éste buscó el apoyo de Miguel Treviño Morales “El 40”, operador del Cártel del Golfo, para facilitar su ingreso al País.

Del cargamento incautado en Altamira, la investigación apunta a que el destinatario era el socio tamaulipeco de Beltrán, es decir, “El 40”. Los dos grandes cargamentos presuntamente tenían como destino el Distrito Federal, donde operan las empresas que aparecieron como responsables de la importación.

Los dos envíos, según la PGR, eran de los mismos proveedores: dos narcotraficantes colombianos que son socios y que están identificados como Claudia “El Mono” y un sujeto de apellido Valenciano, apodado “El Jugador” o “El Futbolista”.

Importan desde el DF

Las indagatorias de la PGR señalan que la empresa Chatzi de México, S.A. de C.V., ubicada en el DF, fue la responsable de armar la operación de importación de las 23.5 toneladas de cocaína aseguradas el 30 de octubre de 2007 en la Aduana de Manzanillo.

Un narcotraficante, ex colaborador de Miguel Treviño “El 40”, convertido en el testigo protegido “Socorro”, relató a la PGR que los Beltrán Leyva eran los dueños de esa carga y que en los papeles apareció como destinataria la empresa White Rivers S.A. de C.V., también ubicada en la Ciudad de México.

Como proveedor transportista aparece “Ocean Trading Limited”, con domicilios en Barranquilla, Colombia, y Guayaquil, Ecuador, compañía que envió los contenedores CMAU515156-0 y CMAU501629-9 en el buque Esmeralda, desde la ciudad colombiana. Los pedimentos decían que se trataba de jabón de tocador.

El testigo protegido dice que el barco llegó a Colima el 15 de octubre y que el 28 del mismo mes –dos días antes de que fuera incautado el cargamento–, casi a la media noche, “El 40” estaba en Tamaulipas y se comunicó vía nextel con Arturo Beltrán Leyva.

“Arturo Beltrán le respondió en la forma tan peculiar que tiene, que es: ‘bueno, bueno, bueno, sí señor, sí señor, sí señor, a la orden, a la orden, cómo está, cómo está’, preguntándole a Miguel Treviño si tenía cómo hablar con la gente de Manzanillo, refiriéndose a si tenía un contacto en la Aduana”, declaró el testigo.

En su relato, señala que “El 40” le respondió que sí conocía a alguien, pero que no se metía a operar en Manzanillo porque sabía que era plaza de los sinaloenses.

Agrega que el Cártel trató de arreglarse con un funcionario de la Aduana de Manzanillo, pero que como no aceptó el soborno, lo iban a asesinar. Enseguida vino el aseguramiento.

“Después de este acontecimiento yo recibo una llamada de ‘El Camello’, alias ‘La Gorda’ o ‘El Flaco’, para cobrarme el dinero correspondiente a la droga que nos fue asegurada por el Ejército el 5 de octubre de 2007 en la bodega de Tampico. Le pregunté cómo le iba, comentándome que había sufrido otra pérdida refiriéndose al aseguramiento de los dos contenedores con las 23 toneladas de cocaína en Manzanillo”, dijo “Socorro”.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considerado intocable y “funcionario consentido” de Felipe Calderón, ha mantenido en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada. Una investigación realizada por agentes inconformes con la unificación policiaca asegura –en una carta enviada al Congreso de la Unión – que en octubre pasado numerosos hombres armados interceptaron al funcionario en carretera y desarmaron a los miembros de su escolta mientras un alto capo le advertía: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado…”. El documento agrega que, entonces, el funcionario se retiró del lugar durante cuatro horas para negociar con el capo…

Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico –incluida la Secretaría de la Defensa Nacional–, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores –algunos de ellos actualmente arraigados– son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.

Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa –su feudo–, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios del primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo –del que por varios años fue socio–, transformó su rostro con una cirugía plástica.

También intocable y considerado como “el funcionario consentido” del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, éstos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.

Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.

En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.

El documento detalla:

…El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).

La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes “del alto capo de las drogas”, fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.

Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz “del alto capo” le dijo a García Luna:

Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró “abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos”.
Y, en otro punto, la carta señala:

No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (…) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.

De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.

Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.

Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.

De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.

Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada –dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna– es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente “a disposición de las autoridades”, aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.

Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.

Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección al Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, “el brazo derecho” de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.

En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia –donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año–, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.

En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.

En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a “amistades y amantes de altos funcionarios”.

Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.

En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.

De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.

Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.

Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que en menos de tres meses Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.

Un retrato del poder

El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México –el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997–, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.

Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.

Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.

Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.

Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.

Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.

En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.

El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas –María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla–, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función “clave en la propiedad y control de las empresas” del capo.

Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa –quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina– sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.

Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.

Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.

Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.

Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.

Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:

Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En octubre –mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes–, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. Las propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.

Al Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.

A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, “están obligados a cumplir con los acuerdos pactados”.

El gobierno de Chuy Aguilar contra la pared

Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.

Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.

De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.

Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.

Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.

Publica Reforma:

“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.

“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.

“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.

“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.

“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.

“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.

“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.

“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.

También los militares

De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.

La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.

Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.

Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.

En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.

Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.

En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.

Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.

La respuesta del Ejército

En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.

“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.

Viejos lodos

No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.

Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.

El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.

En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.

Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.

Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.

Todos se defienden

El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.

“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.

“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.

Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.

“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.

Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.

Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.

“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.

El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.

De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.

El 11 de julio de 2008 una noticia que llegó desde Washington sacudió al gobierno mexicano. El cártel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva había penetrado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) hasta lo más alto de sus mandos operativos y de inteligencia desde cuando menos 2004.

En la embajada de México en Washington, un testigo protegido bajo el nombre clave Felipe desnudaba a los hombres de los Beltrán en la SIEDO. Prolijo en detalles, Felipe declaró como enviados de los Beltrán pagaban rentas mensuales a altos mandos de la SIEDO y cómo él mismo entró a trabajar a la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México y entregó información de la DEA al cártel de los Beltrán Leyva.

La información que llegó de Washington a la PGR produjo una de las investigaciones más rápidas dentro de la dependencia, titulada Operación Limpieza, y que se presume es el ejercicio anticorrupción más importante en la lucha contra el crimen organizado, incluida la detención del zar antidrogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, y desmembramiento de una red al servicio del cártel de Juárez.

Felipe narró cómo después de servir en la Interpol entró a laborar a la embajada de Estados Unidos en México, tras lo cual la banda le solicitó nombres y teléfonos de los agentes de la DEA en México, así como información de uno de los 15 fugitivos más buscados por autoridades de EU, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 a la que se tuvo acceso.

Uno de los antecedentes más remotos sobre esta corrupción e infiltración del narco en la SIEDO, que dio origen a las sospechas, se dio la noche del 20 de enero, cuando durante la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el Ejército le encontró entre sus documentos un oficio de investigación dirigido a quien era uno de los principales mandos de la SIEDO, Miguel Colorado, donde se le pedía checar domicilios en Sinaloa. Uno era el sitio donde fue detenido el menor de los Beltrán Leyva. Esa sospecha se fortaleció con la indagación y declaración de testigos protegidos en México y EU, a lo largo de seis meses.

El 2 de julio, Felipe confesó que a través de uno de los hombres más cercanos a Colorado González, José Antonio Cueto López —un ex miembro de la extinta Policía Judicial Federal señalado como enlace entre el cártel de los Beltrán y la SIEDO—, “me asignaron como encargado de la oficina de Interpol, en el aeropuerto por recomendación de Cueto”.

Ahí, fue contactado por el cártel de Sinaloa. Aceptó que cuando ocupó ese puesto “le dijeron que a cambio de dinero, entretuviera a su gente en su oficina” cuando se lo indicaran los narcos. Comentó que por uno de esos favores recibió 15 mil dólares, que repartió con Cueto López, el hombre al que ese cártel contactó para llegar hasta el corazón de la SIEDO.

Tras dejar la Interpol, ingresó a la embajada de Estados Unidos en México, donde su labor era, relató, “investigador criminal” y su trabajo era captar información de todas las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno y tratar de construir una red de contactos para acceder a información en tiempo real. Durante el tiempo que laboró en la misión diplomática “se reunió con Cueto López entre 10 y 15 veces, varias con el enviado de los Beltrán Leyva, un hombre apodado El 19, por la falta un dedo de la mano”.

A finales del año pasado, Felipe recibió 30 mil dólares por informar a los Beltrán de las investigaciones de Estados Unidos para detener a Craig Petties, uno de los 15 hombres más buscados por el gobierno de ese país por introducir cocaína, y que fue arrestado por el Ejército el 11 de enero en Querétaro.

Se pactó que recibiría cada mes una cantidad similar por informar de las investigaciones de la DEA sobre el cártel y que se le pidió obtener los teléfonos de los agentes estadounidenses “porque queremos escucharlos”.

En su testimonio Felipe aseguró que “nunca le entregué documentación con logotipos oficiales de la embajada a El 19”, ni le proporcionó información sobre personas o ciudadanos que trabajan en la embajada y sólo fue una vez cuando recibió el pago por parte de El 19.

Sin embargo, de acuerdo con el también testigo protegido Jennifer, él fue quien le pidió personalmente a Cueto López en septiembre del año pasado información de los trabajos de la DEA en México en contra del cártel de Sinaloa, específicamente en contra de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie —de origen estadounidense y jefe de sicarios del cártel—, y de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. De inmediato, Cueto López le dijo a Jennifer que tenía un “contacto” dentro de la embajada.

A mediados de ese mes, Cueto López y Jennifer se entrevistaron con el “contacto” del primero dentro y que resultó ser el ahora testigo Felipe. “Le pregunté si sabía para quién trabajaba yo y él me dijo que sí, que era para el cártel de Sinaloa”, reveló Jennifer.

Le expuse, agregó, qué era lo que tenía que hacer; es decir, proporcionar información sobre operativos y en general cualquier información relacionada con los integrantes del cártel de Sinaloa. Aceptó trabajar para la organización y solicitó un pago de 50 mil dólares mensuales. Se consultó a líderes del cártel sobre la conveniencia del monto y a las 20:00 horas vino una contrapropuesta: 30 mil dólares por todo trabajo. Se aprobó el pago.
Ese día en Cuajimalpa, Jennifer entregó los primeros 30 mil dólares en 15 paquetes, cada uno de 2 mil dólares, pagos que se prolongaron hasta enero pasado. “Cerramos el trato y le entregué un radio Nextel, aunque dijo que no lo iba poder introducir a la embajada porque tenía miedo de que pudieran escuchar alguna conversación y que él me hablaría todos los días al salir de su trabajo”, narró.

Un ejemplo de la colaboración que dio Felipe al cártel de Sinaloa fueron los datos entregados en noviembre de 2007. “Me entregó información por escrito de la DEA con teléfonos, fotografías y direcciones de un fugitivo de nombre Craig Petties”, contó.

Esa información tenía fotografías del acusado, datos de los domicilios que eran investigados, números de radios y teléfonos que investigaba la DEA y los marshalls, ya que era uno de los 15 fugitivos más buscados por EU. Los Beltrán habían infiltrado con éxito a uno de los suyos en la embajada.

El hombre de los Beltrán en la embajada era un eslabón de la cadena que se entrelazaba con los de la SIEDO. Fernando Rivera le informaba al cártel de los operativos de la PGR y del Ejército en su contra; Miguel Colorado conducía las indagaciones sobre el cártel y evitaba que llegaran a buen puerto; ambos tenían el apoyo de José Antonio Cueto que manejaba la labor de intermediario entre policías, fiscales y narcotraficantes. Se cerraba así el círculo perfecto de la corrupción.

Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo.

Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país.

Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.

La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.

Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.

Formado a la sombra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en 1991 lo nombró asesor en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Eduardo Bours llegó a la gubernatura de Sonora en 2003 y, desde entonces, le ha sido atribuido utilizar sus más altas influencias políticas para incrementar el poder económico de su familia.

Aún hoy, pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Hablaron de la reforma energética, de las obras de infraestructura que el mandatario desarrolla en la entidad, de los “temas de la agenda política nacional” y de la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará, justamente, en el estado de Sonora.

El gobernador aprovechó la ocasión para pedir a sus anfitriones más recursos para las finanzas estatales.

Pero por lo que se refiere a las finanzas privadas, sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de 3 mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras que, de acuerdo con un informe elaborado por la PGR –a raíz de que el año pasado murieron en Cananea seis policías, dos civiles y 16 sicarios de Los Zetas–, tienen que ver con el “lavado de dinero”.

Durante los cuatro años y medio que lleva en la gubernatura de Sonora Eduardo Bours Castelo, no han dejado de causar escándalo los negocios emprendidos por el clan al que pertenecen sus hermanos Alma de Jesús, María de los Ángeles, Xavier, Susana, José Gerardo, Ricardo, Rodrigo y Sandra Luz.

Los negocios

A finales del año pasado, muy cerca del Golfo de California, en lo que se conoce como playa San José, Francisco Javier Bours adquirió mil hectáreas, donde se construye, con maquinaria del gobierno del estado, el más ambicioso proyecto de acuacultura para la cría de camarón blanco y azul.

Aunque no se ha informado cuántos estanques productivos se dispondrán allí, se sabe que cada uno medirá 10 hectáreas y que –a juicio de expertos consultados por el reportero– cada hectárea producirá poco más de 50 toneladas de camarón de exportación por ciclo.

E inclusive la colocación del producto en el mercado internacional ya la tiene resuelta el clan Bours Castelo. En una negociación operada a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), los Bours compraron la comercializadora Ocean Garden.

Creada por los cooperativistas pesqueros, Ocean Garden cayó primero en quiebra y durante varios años estuvo en manos de Nacional Financiera. Ésta la traspasó a Bancomext, donde un amigo y socio del gobernador Bours, Mario Laborín, se la vendió al clan en poco más de 70 millones de pesos. Ahora la empresa está convertida en la más importante exportadora de mariscos de todo el mundo.

Muy cerca de las playas de San José –a menos de un kilómetro de distancia, donde se desarrolla el proyecto de acuacultura–, el gobernador, Eduardo Bours, tiene una casa de descanso que suele visitar los fines de semana con sus hermanos. A unos 500 metros de esa propiedad, frente al mar, está ubicada la empresa Larvas Génesis, S.A. de C.V., donde un equipo técnico trabaja en la producción y mejoría genética del camarón que, en breve, los Bours exportarán a Estados Unidos y a varios países de Asia y Europa.

En esa zona, la casa de Eduardo Bours luce imponente, a diferencia del resto de las residencias que fueron destruidas o dañadas por un huracán que azotó la región en agosto de 2007. Tras el fenómeno meteorológico, los Bours reconstruyeron su casa de descanso en menos de dos meses, con arquitectos y empleados del gobierno estatal.

Católico como el resto de su familia, Eduardo Bours mandó construir su propia iglesia en San José, adonde va a confesarse y a rezar. Pobladores del área afirman: “Viene seguido por aquí, se encierra en su casa y acude a oír misa, se confiesa con el sacerdote y así descarga sus culpas”.

Algunas de las personas consultadas llegaron inclusive a señalar que los Bours Castelo, encabezados por el gobernador, José Eduardo Bours (el cuarto hijo de 10 que procrearon Javier Robinson y Alma Castelo, uno de los cuales, Mario, ya falleció), son dueños de más de la mitad del territorio sonorense y están seguras de que el mandatario buscará la candidatura presidencial en el año 2012.

Además de dominar el mercado del marisco, la familia controla también, por medio de la empresa Tepeyac que opera Ricardo Bours, un amplio sector del mercado de los fertilizantes y ha penetrado en varios estados del país, como Veracruz y Tabasco, mediante la compra de otras empresas líderes en la distribución de ese producto, como Fypa, S.A. de C.V., y NPK Agroindustrial, S.A. de C.V.

No conformes con eso, mediante sus vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, los Bours obtuvieron la concesión para operar la aerolínea Alma, cuyos aviones vuelan por todo el país y se aprestan a abrir rutas internacionales.

Así mismo, los Bours Castelo son dueños de siete minas que explotan mediante el uso de ácido clorhídrico, sustancia que, al igual que la efedrina, sirve para elaborar pasta de coca.

El narco

Los hermanos Bours Castelo, de acuerdo con informes de la DEA y de la PGR, no son ajenos al narco. Tan sólo en el último año y medio han sido asegurados 24 camiones de la empresa Bachoco –la más importante comercializadora de pollos, gallinas y huevos en el país– cargados con mariguana y cocaína.

Según datos consultados en la PGR, los camiones de Bachoco han sido interceptados en rutas consideradas como las más importantes para el trasiego de droga: Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, en donde operan los hermanos Beltrán Leyva, célula del cártel de Sinaloa.

A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y puntos de revisión instalados para detectar cargamentos de droga.

La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva.

González Cruz, según la PGR, es una de las personas más cercanas al gobernador. Con base en una investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la tarde de aquel 21 de noviembre un equipo especial de la PGR se desplazó a Hermosillo, Sonora, con una misión especial: realizar un cateo. La razón: que se acusaba a González Cruz de operar una amplia red de narcomenudeo y de estar relacionado con operaciones de lavado de dinero.

Bajo esa hipótesis, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el domicilio del jefe de escoltas de Eduardo Bours. Aunque en aquella residencia no encontraron nada ilegal, la averiguación previa AP/PGR/SON/HM/-UMAN-ll/338/2007 establece que González Cruz tiene vínculos con una red de narcotraficantes que sirve a los intereses de los Beltrán Leyva, en particular con Alfredo, conocido como El Mochombo. (Éste sería detenido más tarde, el 21 de enero de 2008.)

Luego de aquel fallido cateo, el gobernador arremetió contra la PGR y la AFI. En conferencia de prensa dijo: “La AFI no sirve para nada, más que para crear problemas en los estados”.

Luego agregó: “Nada mejor le puede pasar a Sonora que se vayan de aquí los de la AFI, que dejen a la gente de la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo ahora es que el delegado de la PGR (Óscar Ortega) dice que las famosas Unames (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo), esas cosas tampoco las controlan ellos”.

Otra de sus declaraciones fue: “Creo que la AFI es un problema muy serio. Ayer hablé con el titular de la PGR (Eduardo Medina Mora). Voy a hablar son el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), porque tiene que hacer una investigación a fondo. No puede ser que entren a una casa así nomás, por una supuesta llamada anónima”.

Bours acusaba a la PGR de haber cateado la casa de González Cruz sin orden judicial. Pero la PGR reviró al gobernador con un dato contundente: Los agentes de la AFI sí llevaban una orden. Era la número 158/2007 y fue obsequiada por el juez de Distrito Jorge Raúl Valencia para catear el domicilio de González Cruz, ubicado en Víctor Martínez 133, en Hermosillo.

En los últimos cinco meses, la PGR logró obtener mayores datos sobre el empleo de los camiones de Bachoco para el transporte de droga. En cuatro ocasiones, autoridades federales encontraron en Hermosillo y sus alrededores cargamentos de cocaína, crystal y otras drogas en camiones de Bachoco que transportaban también pollos congelados o huevo.

Uno de los mayores decomisos fue realizado por elementos de la Sedena el 16 de marzo de 2007 en un camión de Bachoco que llevaba casi dos toneladas y media de mariguana y pastillas sicotrópicas.

Y avicultores de Ciudad Obregón y de Hermosillo comentan al reportero que la empresa Bachoco opera, con licencias oficiales, la importación de efedrina.

Esta sustancia –comúnmente utilizada para la elaboración de medicamentos (entre ellos los antigripales) y por cuyo manejo discrecional saltó a la fama el empresario chino Zhenli Ye Gon– sirve para mezclarla con el alimento que consumen los pollos criados por Bachoco.

El consumo de efedrina permite que los pollos no duerman en un lapso de al menos ocho semanas. De esa manera, el pollito “se la pasa comiendo de día y de noche”, según relata a Proceso un empresario avícola. Cuando desarrolla hasta dos kilos de peso, dice, “ya está listo para salir al mercado de consumo”.

Pero al igual que los pollos de Bachoco, buena parte de la juventud sonorense tampoco puede conciliar el sueño: Según la PGR, Sonora tiene el tercer lugar entre los estados del país con mayor consumo de crystal, la droga sintética elaborada con efedrina. Conforme a la indagatoria, los grupos de distribución de esta droga cuentan con la protección de policías estatales.

Dichas redes se hallan vinculadas con los hermanos Beltrán Leyva, dueños de fincas y haciendas en Sonora que mantienen una estrecha relación con los Salazar, grupo de distribuidores de droga que, de acuerdo con los testimonios, tienen vínculos con Arnoldo Tapia Chang, identificado como operador policiaco de Eduardo Bours.

Por cierto que los Salazar mantuvieron una guerra a muerte con el gupo llamado Los Güeritos, a quienes se atribuye la desaparición y asesinato de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, en abril de 2005.

Los Salazar, quienes lograron exterminar a Los Güeritos con el crimen de dos de sus más violentos operadores, El 9 y El 15, dominan buena parte del negocio del narco en la entidad y, según la PGR, disponen de un rancho de lujo conocido como El Quiriego (donde nació la extinta actriz María Félix).

En esa zona de lujo, los Salazar son vecinos del procurador del estado, Abel Murieta, pues el funcionario también cuenta allí con una casa de descanso conocida como “Abelandi”, donde el equipo político de Eduardo Bours suele reunirse.

Los Salazar y los Beltrán Leyva se disputan las rutas de trasiego de las drogas con Los Zetas, quienes en noviembre de 2007 se enfrentaron al Suat, grupo policiaco que acribilló a 24 miembros del cártel del Golfo, en una de las masacres más fragorosas que se recuerdan en el estado.

Las principales rutas de narcotráfico en Sonora, en manos de los Beltrán, son Caborca, Nogales, Sásabe, Saric, Santa Cruz, Sonoíta, así como los tramos carreteros que comunican con Mexicali y San Luis Río Colorado.

Cuando falta un año y medio para terminar su gestión como gobernador, Eduardo Bours ya tiene listo su relevo. En el medio político se da como un hecho que el futuro candidato a la gubernatura será el senador Alfonso Elías Serrano, incondicional de Eduardo Bours.

Ejecutado a balazos, con una víbora en los pies y con un narcomensaje, fue encontrado un sujeto desconocido, en las inmediaciones del mercado Rafael Buelna, en la zona centro de la ciudad.
El cuerpo del occiso estaba semi desnudo, esposado de pies y manos, sobre dos lonas, una de color amarillo y la otra en color blanco. Además tenía una víbora muerta a la altura de la pierna derecha, junto con un vara verde y un mensaje donde se proferían insultos en contra de los hermanos Beltrán Leyva y Gonzalito Araujo.
El hallazgo del cuerpo fue reportado a las autoridades alrededor de las 2:15 horas de la madrugada, cuando vecinos reportaron la presencia de un bulto, tirado por la calle Benito Juárez, entre Galeana y Vicente Guerrero, a la altura del mercadito Rafael Buelna.
Al acudir elementos de la Policía Municipal al sitio indicado, descubrieron que en uno de los andenes de la terminal de los camiones que vienen de la sierra, se hallaba el cadáver de una persona por lo que solicitaron la presencia del Ministerio Público.
El médico forense dictaminó que la víctima falleció a causa de varios impactos de bala en la cabeza y el cuerpo, aunque en el lugar no se encontraron casquillo de armas de fuego, por lo que se supone que sujeto fue asesinado en otro lugar diferente al del hallazgo.
Los ejecutores dejaron un mensaje en un papel sobre la personas asesinada donde se leían amenazas contra los Beltrán Leyva, y Gonzalito Araujo.
El cuerpo del desconocido fue trasladado al Servicio Médico Forense, para realizarle los estudios correspondientes y donde permanecerá en espera de que sea identificado por sus familiares.

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán localizaron el cadáver de una persona, al que -según versiones extraoficiales- ubican como El LP, supuesto gatillero de los hermanos Beltrán Leyva, informó la corporación.
El hallazgo fue en calle Benito Juárez, entre Galeana y Granados, en la céntrica zona conocida como El Mercadito, en esta cabecera municipal. La víctima estaba envuelta en lonas amarillas y blancas, y en una de las piernas había una víbora muerta y un mensaje relacionado con las pugnas entre los carteles del narco:
“Hay te va tu puto mensajero el famoso L.P pakesepas hijo de tu puta madre k yo mato culpables no inocentes ni niños como tu Gonzalito Araujo. Recuerda lo k le isistes a mi familia pendejo x 500 mil dolares k te pagaron el par de omosexuales k son Arturo Beltrán Leyva y su ermana La Mochoma”.
En otra parte del texto, escrito a mano, se da un número de teléfono: “Covardes, corrientes y traicioneros hijos de su pinche madre dence a ver conmigo para k conoskan su padre culones Arturo, Guacho, Chikilin, Gonzalito y para todos los kesten conmigo bola de jotos chinguen a su madre todos ay lesva mi numero 6671628430 markeme culones puro Sinaloa”.

Los hermanos Beltrán Leyva, unos de los narcotraficantes con más poder y presencia en el país, infiltraron a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una célula de servidores públicos federales —tres militares y dos funcionarios—, quienes desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) servían al grupo delictivo.

Hasta el momento, seis servidores públicos han sido detenidos y arraigados por 40 días, para quedar sujetos a investigación.

Héctor y Arturo Beltrán rompieron recientemente su sociedad con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y han creado su propia organización presuntamente en alianza con Los Zetas, ordenando incluso la ejecución de altos mandos policiacos federales como la de Édgar Millán, asesinado en mayo pasado en el Distrito Federal.

Autoridades de la PGR confirmaron que entre los seis detenidos están Miguel Colorado González, quien era coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO y uno de los hombres de confianza del ex titular de esa área, Noé Ramírez Mandujano.

También mencionaron que la investigación interna arrancó con datos publicados por algunos medios de comunicación, que provenían de averiguaciones previas en curso.

Además, quedaron sujetos a la medida cautelar José Antonio Mejía, coordinador de los policía federales asignados a esta área, además del agente federal Jorge Alberto Zavala.

Los funcionarios fueron capturados la semana pasada por policías federales en la SIEDO; en la operación para desmantelar a esta célula al servicio del narcotráfico también participó la Policía Militar para detener a tres de sus elementos asignados a la Subprocuraduría.

Se reveló que entre los detenidos en la operación militar están el capitán del Ejército Fernando Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García, comisionados a la PGR.

Las autoridades consultadas asentaron que el desmantelamiento de la célula se debió a labores de inteligencia militar, que con apoyo de la Visitaduría de la PGR permitió detectar la colaboración de los funcionarios con el grupo de los Beltrán Leyva, a manera de escudo de protección a sus actividades criminales, alertando a sus integrantes sobre los operativos e investigaciones de la SIEDO.

Sobre la infiltración del narcotráfico en el área que lo combate—que evidencia la red de corrupción consolidada por los Beltrán Leyva— después de solicitar su postura sobre el caso, anoche la PGR dijo que los funcionarios al parecer filtraron datos reservados de averiguaciones en curso “a personas no autorizadas”.

La detección de esta célula de funcionarios ligados al narcotráfico ocurre a pocos días de que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, emprendió una reestructuración en esa dependencia por instrucción presidencial, para fortalecer el combate al crimen organizado.

La estrategia se tradujo el 30 de julio en la renuncia del titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y de Mario Arzave Trujillo, encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud, pues en su gestión se detectaron deficiencias en la integración de expedientes, que derivaron, por ejemplo, en la liberación de los dos únicos sospechosos de la desaparición de dos eperristas.

Otros indicios de que en los últimos meses se vulneró la seguridad en la PGR son el suicidio del presunto secuestrador Asael Alejandre Roldán, quien el 18 de abril pasado murió en los separos de la SIEDO; mientras el 7 de junio, Pedro Sánchez Arras, El Tigre, lugarteniente del cártel de Juárez, se evadió del Centro Nacional de Arraigos, aunque fue recapturado.

El narcotraficante colombiano, Ever Villafañe Martínez, alias “Juancho”, presunto enlace del Cártel del Norte del Valle de Colombia con los hermanos Beltrán Leyva, fue capturado por elementos de la Policía Federal en el DF, informó hoy el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas.

El funcionario detalló que el individuo también identificado como Marco Antonio Espinoza Tovalí, se encargaba de coordinar los envíos de droga del País sudamericano a México para surtir a la organización dirigida por Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.

De 51 años, Villafañe Martínez era buscado por las autoridades de Colombia desde el 2 de mayo de 2001, luego que se fugó de la prisión de máxima seguridad de Itaguí, Antioquía, cuando fue informado de su extradición a Estados Unidos.

Rosas agregó que existía una notificación roja de la Interpol para la captura del individuo que es señalado como concuño de Diego León Montoya, “Don Diego”, jefe del Cártel del Norte del Valle.

La Policía Federal seguía sus pasos en México desde hace dos meses y se le detuvo ayer en la Colonia de Jardines del Pedregal donde presuntamente residía.

Para lograr la detención, las autoridades mexicanas intercambiaron información con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y Colombia.

Al momento de su detención se le decomisó una camioneta suburban, un fusil AR-15 abastecido con 24 balas, 6 teléfonos celulares, un envoltorio de cocaína y una computadora portátil.

“Juancho” contaba con una credencial de elector y licencia de conducir a nombre de Marco Antonio Espinoza Tovalí, además que se le encontró una cédula de identificación fiscal del Sistema de Administración Tributaria de la inmobiliaria CIMEFAM SA de CV.

El subsecretario dijo que entre las presuntas actividades del detenido destacan la adquisición de propiedades para los Beltrán Leyva, sin embargo, no precisó el numero de cargamentos de droga en los que hubiera participado como enlace.

También se informó que por ser buscado por EU para ser puesto a disposición de la Corte de Distrito sur de Florida, división Ford Lauderdale, Villafañe Martínez borró sus huellas digitales cortando las yemas de sus dedos.

La Policía Federal logró la captura del principal proveedor colombiano de cocaína del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Ever Villafañe Martínez, también conocido como Antonio Espinoza Tovali y con los alias de “Juancho”, “Granito” o “Samy”, era buscado por la Interpol luego de que se fugó en 2001 de una prisión de máxima seguridad en Colombia.

Villafañe Martínez fue detenido el pasado miércoles por elementos de la Policía Federal en la capital mexicana.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Federal Villafañe Martínez es el “encargado de coordinar los envíos de droga procedentes de Colombia con destino a México, así como de adquirir propiedades para la organización de Arturo Beltrán Leyva, alias, El Barbas”.

El detenido es buscado por las autoridades de Colombia por fugarse de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itaguí, Antioquia. Dependiente de la Fiscalía General e la Nación de Colombia, el 2 de mayo de 2001

Villafañe se fugó del penal luego de que fue enterado de que se había concedido su extradición a los Estados Unidos. Washington lo solicitó para ser juzgado por los cargos de poseer y distribuir cocaína.

Tras su fuga se fincaron cargos contra contra 16 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, al parecer, involucrados en la evasión del capo.

Villafañe Martínez, de 53 años años, fue capturado por las autoriades colombianas el 14 de octubre de 1999 en la redada internacional conocida como “Milenio” y se encontraba en el Patio 1 del citado centro carcelario.

Cuando los grandes capos de las drogas como Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela cayeron en desgracia las autoriades de Colombia aseguraban que gran parte del negocio mundial de las drogas estaba en manos de un grupo de capos conocidos como “los siete magníficos”: Diego Montoya Sánchez; Don Diego; Ever Villafañe Martínez; los hermanos Mejía Múnera; David Vélez Cárdenas; Carlos Alberto Flores Henao; Paulo Andrés Hoyos Herrera y el jefe paramilitar Carlos Castaño.

La Policía Federal logró la captura de Ever Villafañe Martínez, principal proveedor colombiano de cocaína del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con funcionarios federales, Villafañe Martínez “es el equivalente a (Joaquín) El Chapo Guzmán”.

Informaron que fue detenido en una serie de operativos que se desarrollaron en Morelos y el Distrito Federal.

Villafañe Martínez era buscado por las autoridades de Colombia por fugarse de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itaguí, Antioquia. Dependiente de la Fiscalía General e la Nación de Colombia, el 2 de mayo de 2001.

Villafañe se fugó del penal luego de que fue enterado de que se había concedido su extradición a los Estados Unidos. Washington lo solicitó para ser juzgado por los cargos de poseer y distribuir cocaína.

Tras su fuga se fincaron cargos contra contra 16 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, al parecer, involucrados en la evasión del capo.