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Tag Archives: Sinaloa

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró cerca de 50 mil litros de efedrina líquida al descubrir un narcolaboratorio al norte de Culiacán, Sinaloa.

La dependencia informó en un comunicado que el narcolaboratorio localizado ayer es uno de los más grandes de América Latina y fue localizado como parte de los trabajos que las Fuerzas Armadas realizan para combatir el narcotráfico.

El inmueble, detalló la Secretaría, cuenta con dos palapas, una de las cuales servía como laboratorio y la otra como bodega. En el operativo se encontró que en la palapa utilizada como bodega había 46 depósitos comúnmente usados para almacenamiento de agua, con capacidad para mil litros cada uno.

Los depósitos contenían líquido, mismo que fue analizado por el Agente del Ministerio Público Federal y un químico especialista, quien confirmó que la sustancia líquida era efedrina, por lo que se determinó que el laboratorio servía para la elaboración de la droga sintética conocida como crystal.

En el lugar, ubicado a 46 kilómetros al norte de Culiacán, se encontraron también cuatro mil 400 litros de gasolina, tres mil 250 gramos de yodo granulado, mil 850 litros de ácido hipofosfórico y un depósito para agua con capacidad de 20 a 25 mil litros.

El narcolaboratorio fue detectado por elementos de Infantería de Marina adscrito a la Cuarta Región Naval con sede en Guaymas, Sonora.

En dos casas de seguridad, una de ellas con un jardín sembrado de mariguana, se aseguran cinco millones 107 mil dólares, en billetes de diversa nominación, diez armas, una de ellas dorada, mil 500 cartuchos, 217.2 kilos de cocaína y vehículos con doble fondo.

La Vocería del Operativo Conjunto Culiacán/ Navolato, dio a conocer que en base a denuncias anónimas y trabajo de inspección con la pistola Molecular GT 200, elementos del XXIV Batallón de Caballería Motorizada detectaron armas, drogas y dinero en el fraccionamiento Monte Carlo.

En un primer inmueble, ubicado en el numero 780, de la Calle Mito, de dicho fraccionamiento privado que se ubica en la salida norte del estado, los elementos castrenses, localizaron un total de 126 paquetes, con billetes americanos de diversa nominación, así como dólares a granel, en una de las recamaras.

La cantidad contabilizada por los peritos de la delegación de la Procuraduría General de la República, sumó cinco millones 107 mil 938 dólares.

Los tres primeros millones de dólares, fueron descubiertos en treinta paquetes, con billetes de cien dólares, siete paquetes más, con billetes de cincuenta, setenta y siete con divisa de veinte, otros siete paquetes con billetes del diez, entre otros.

En esta misma residencia, se aseguró, 217.253 kilogramos de cocaína empaqueta, siete armas largas, entre ellas un AK/47 dorado y un AR/15, plateado, así como tres pistolas, trece cargadores abastecidos, mil 500 cartuchos útiles.

Los elementos del Ejército, decomisaron en esta misma casa, dos camionetas con doble fondo para trasportar drogas y armas, una es una Silverado 2008, matrícula TY 82836 y una Ford Custom, placas TY 01102.

En la segunda residencia, ubicada en el mismo fraccionamiento privado Monte Carlo, en el número 2545 de la calle Aquitania, se localizo, en el jardín, sesenta y seis plantas de mariguana, con una altura que va de 30 a 60 centímetros de altura.

Así como camionetas, Cheyenne 2009, placas TZ 09243, Dodge Ram 4X4, matrícula TX 80776, otra Cherokee UKP 4764, modelo 2008, sin matrícula para circular y dos cuatrimotor, tipo TRX 500

La Vocería del Operativo Conjunto Culiacán/ Navolato reveló que en estas acciones, no se logró la detención de ninguna persona, por lo que la delegación de la Procuraduría General de la República abrió una investigación para establecer la identidad de los propietarios de las residencias, así como del dinero, armas y drogas.

Un comando de por lo menos seis sujetos baleó la vivienda del director del periódico El Debate, Moisés García Castro, en la ciudad de Guasave, situada al norte del Estado de Sinaloa.

Las corporaciones policiacas de dicho Municipio informaron que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 03:00 horas de hoy, en el domicilio ubicado en el sector residencial Miguel Leyson.

De acuerdo con los primeros datos, los sujetos empistolados arribaron a la zona a bordo de dos vehículos tipo Tsuru y al descender de éstos dispararon contra la propiedad de García Castro, resultando afectada otra residencia más.

Los disparos dañaron ventanas, puertas, paredes y tres vehículos que se encontraban estacionados en las cocheras de los dos domicilios.

El grupo de gatilleros abordó las unidades y posteriormente se dio a la fuga por la calle principal del sector residencial.

García Castro descartó que estos hechos hayan sido perpetrados por el crimen organizado o que estén dirigidos en su contra, ya que nunca ha recibido amenazas.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa llevaron a cabo las pesquisas, tomando como evidencia casquillos AR-15.

El subprocurador de justicia en la zona norte, Ramón Ignacio Rodrigo Castro y un grupo de investigadores especiales se harán cargo de las diligencias del caso.

La Procuraduría General de la República (PGR) liberó con las reservas de ley, a los cinco escoltas de Andrés Manuel López Obrador detenidos en Sinaloa luego de que acreditaron la portación legal de las armas de uso reservado por las que fueron presentados al Ministerio Público.

El 6 de enero, cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF), contratados para brindar seguridad al tabasqueño durante sus giras de trabajo, fueron detenidos por militares en el Punto de Revisión Carretero de Villa Unión, bajo el argumento de que los guardias no traían, en ese momento, el permiso para portar sus armas de cargo, informó la delegación estatal de la PGR.

Los detenidos también adscritos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), que circulaban por la carretera federal México 15 y tenían como destino Hermosillo, Sonora, donde se reunirían con López Obrador, son: Antonio de Anda Hernández, Juan Jaime Alvarado Bernal, Juan Guillermo Sánchez Durán, Sergio Villarroel Ávila y Jesús Enrique Aguirre Ortiz.

Estuvieron retenidos en la subdelegación de la PGR, y fueron puestos a disposición de la mesa dos de esa dependencia. Por los hechos, se inició en la delegación estatal la averiguación previa AP/SIN/MAZ/006/2009-M-I, por el probable delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La dependencia federal precisó que la tarde del miércoles, personal del Departamento Jurídico de la PBI exhibió los originales del resguardo de las armas de fuego ante el Ministerio Público, y al acreditarse la portación legal del armamento, se les decretó la libertad con las reservas de ley.

En contraste, la SSP-DF aseguró que aparentemente, por ese incidente, el Ejército mexicano detuvo al total de guardaespaldas, sin reparar en que algunos portaban la licencia y otros no, lo cual explica el hecho de que, según la dependencia capitalina, cuatro fueron liberados el miércoles, y el quinto y último, ayer.

La detención de los escoltas de López Obrador se debió a que uno de ellos no tenía en ese momento el permiso para portar su arma —una Block .380—, por lo que fue liberado apenas ayer, luego que la Coordinación Jurídica de la PBI fue a Mazatlán, Sinaloa, a presentarlo, aseguraron fuentes de la SSP-DF.

Andrés Manuel López Obrador señaló que fue una detención indebida la que se efectuó contra cinco de sus agentes de seguridad en un retén de Sinaloa. En Magdalena de Kino, Sonora, y luego de un mitin en la Plaza Juárez, declinó opinar si la acción militar contra sus escoltas fue un hecho planeado por alguno de sus adversarios políticos. Al ser cuestionado sobre los servicios que recibe de la PBI del DF, indicó que es una contratación que hizo la agrupación Honestidad Valiente a través de un contrato remunerado y no es un privilegio del gobierno de Marcelo Ebrard.

utoridades sinaloenses informaron que buscan a siete jóvenes, seis de ellos, adolescentes, los cuales fueron levantados por un comando armado, en el fraccionamiento Villa Bonita de esta ciudad capital.

Cuatro de ellos, con vínculos familiares y originarios, del poblado la Palma, del municipio de Badiraguato, fluctúan entre los trece y diecisiete años de edad.

De acuerdo a las investigaciones de la Policía Ministerial del Estado, los siete jóvenes, fueron interceptados por varios hombres armados en camionetas de lujo, cuando estos viajaban en un auto Ford Mercury, modelo 1996, placas VKG 9628.

Los adolescentes fueron identificados como Vladimir Araujo González, de trece años de edad Javier Araujo Acosta, Miguel Ángel Araujo Estrada y Jose Javier Meléndrez Araujo, todos ellos de diecisiete años y vecinos del poblado la Palma, Badiraguato.

Sobre los tres restantes, sólo se conoce que uno de ellos, es mayor de edad, pero no se tiene sus identificaciones.

¿Quién secuestró a los jornaleros y para qué?

Junto al secuestro de 27 jornaleros ocurrieron esa misma noche dos cateos en Navolato y la aprehensión de por lo menos dos personas que aún no aparecen. Cinco días antes había sido acribillado el alcalde Fernando García, donde murieron dos regidores y un agricultor. Por si fuera poco, el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes fue privado de su libertad desde el 27 de octubre y nadie se hace responsable: ¿alguien puede aclarar este enredo?

La noche del domingo 9 de noviembre fue una “noche de perros” para muchos en Navolato y Costa Rica. Lo más notable fue el secuestro de 27 jornaleros que se encontraban durmiendo en el campo agrícola La Guajira —ubicado en la carretera la 20 que conduce a Villa Juárez—, por parte de un grupo de hombres armados que derrumbaron las rejas del campo y tumbaron las puertas de los dormitorios.

Amagando con sus armas y sus gritos separaron a las mujeres y a los niños de los hombres. Luego los empezaron a subir a los vehículos. Llegaron en por lo menos diez camionetas repletas. Unos testigos contaron alrededor de cincuenta hombres y otros hasta ochenta. Una vez que subieron a todos los varones a las camionetas se marcharon.

Al día siguiente, elementos del Ejército mexicano y fuerzas policiacas de todas las corporaciones resguardaron el lugar, mientras los agentes del Ministerio Público realizaban las primeras diligencias. Horas después se correría la especie de que el campo es propiedad de la familia Carrillo Fuentes y que el secuestro de los jornaleros era un golpe de un cártel contrario a ellos.

El miércoles 5 de noviembre, en la carretera Altata-Navolato, había sido acribillado el alcalde Fernando García Hernández y en el ataque murieron dos regidores y un agricultor.

En Navolato también hace aire

Pero no solo en Costa Rica, sindicatura donde se encuentra ubicado el campo La Guajira, se vivieron momentos de terror. Una hora antes de que fuera tomado por asalto este empaque, fue cateada la casa de Rosario Obeso López, en El Caimancito, Navolato. Según testigos de los hechos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, era aproximadamente la una de la mañana cuando llegaron a la casa de Rosario y grupo de hombres armados. Eran gentes vestidas de negro y viajaban en vehículos pesados. Se metieron a su casa y lo sacaron por la fuerza.

Minutos después, en otro poblado, ocurrió otro hecho pero con una mayor exhibición de fuerza. En El Limoncito fue cateada la casa de Mario César Jacobi. De acuerdo con los testigos, llegaron al lugar dos o tres docenas de militares echando bala: “¡Dónde están las armas!”, gritaban enardecidos. Cuando vieron a Mario César le dispararon y lo hirieron en una pierna. Los testimonios aseguran que los agresores son militares, aunque alcanzaron a ver entre los hombres a alguien que portaba una camiseta donde se podía leer Policía Federal.

Aproximadamente una hora después de estos cateos ocurrió el secuestro de los 27 jornaleros en La Guajira.

La sospechosa prisa del Ejército

Poco más de 24 horas después de que se conoció el secuestro de los 27 jornaleros agrícolas, la Vocería de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato emitió un comunicado donde afirma que:

“Por información recabada con la misma población y por investigaciones realizadas por la autoridad competente, el apoderado legal del citado campo es Pablo Jacobo Retamoza, del cual se tiene información que es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Las autoridades continúan investigando para determinar la propiedad y la legalidad de la misma para proceder conforme a derecho o deslindar responsabilidades”.

Fue un comunicado inusual, pues en estos casos siempre se oculta la información relativa a los propietarios de los inmuebles “para no entorpecer las investigaciones”. Desde el propio Gobierno estatal empezaron a circular versiones de que el Ejército había instigado la emisión del boletín, sin considerar las consecuencias que podía tener evidenciar a la familia Carrillo Fuentes.

Había cierta molestia en algunos círculos del Gobierno del Estado, lo cual se manifestó al día siguiente en una declaración seca, tajante del propio gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando fue cuestionado al respecto por la prensa.

Predispuesto a no hablar mucho del tema, atajó una de las preguntas diciendo que “ya se dio información desde ayer” y sólo confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) ya había intervenido y “deberá seguir interviniendo en el caso” por el hecho de que se haya vinculado a una acción del narcotráfico.

—¿Pero sí está confirmado que es de los Carrillo Fuentes este rancho, gobernador? —le preguntó una reportera.
—No. —fue la respuesta cortante del gobernador.

1999: se constituye La Guajira

Esas mismas tierras —entre 150 y 200 hectáreas, dicen los jornaleros de los campos vecinos— pasaron ya por varias manos antes de llegar a sus actuales propietarios. Y han tenido varios nombres: Patricia, Orgullo México y Las cinco P.

La Guajira se constituyó el 15 de junio de 1999 en la ciudad de Navolato —a pesar de que la propiedad está ubicada en el municipio de Culiacán—, ante el notario público número 139, César Valadés Soto.

De acuerdo con la escritura 4308, volumen XV, Agrícola La Guajira, Sociedad Anónima de Capital Variable, está conformada por los señores Juan José Urías Sánchez, Salvador Ramos Valderrama, Heriberto López Zavala y Juan José Palazuelos Acosta. Nació, según el mismo documento, con un capital social de 100 mil pesos.

Los empresarios no perdieron el tiempo pues ese mismo año dieron de alta a la agrícola en todas las dependencias necesarias para conseguir los apoyos del Gobierno federal.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, entre 1999 y 2004, la propiedad, ubicada en la localidad de Costa Rica, en Sinaloa, recibió recursos públicos del Procampo por 928 mil 263 pesos, de los cuales, 527 mil pesos fueron destinados para la siembra de 92 hectáreas de maíz, chile, tomate y un cultivo “no definido”.

Los apoyos correspondieron a los programas de Apoyos Directos para el Campo (Procampo) y por el Ingreso Objetivo, perteneciente a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

La Guajira también recibió recursos de Aserca que ascendieron a 401 mil 264 pesos, supuestamente destinados a la comercialización de maíz y sorgo.

“Además, el apoderado legal de la propiedad, Pablo Jacobo Retamoza, quien, según autoridades oficiales es cuñado de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, aparece en las bases de datos oficiales, que demuestran que ha cobrado más de 890 mil pesos en apoyos de ambos programas”.

Según la información, Jacobo Retamoza —a pesar de no ser todavía el apoderado legal de la agrícola— recibió recursos públicos entre 2003 y 2007 por la siembra de casi 70 hectáreas de cultivos de maíz y caña de azúcar.

El notario de lujo

Pablo Jacobo Retamoza se esfumó cuando el Gobierno lo ubicó como apoderado legal de la agrícola asegurada por la PGR desde el martes en que se dio a conocer que el campo podría tener relación con la familia Carrillo Fuentes.

Pablo es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, y esa relación familiar lo convirtió en sospechoso, según el comunicado de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato. Pero fue su calidad de apoderado legal de La Guajira lo que lo ubicó como blanco para las autoridades federales.

De acuerdo con la escritura pública 1406, volumen VI, el 19 de mayo de 2008, en la ciudad de Culiacán, compareció ante el notario público 103, el señor Juan José Urías Sánchez en representación de la sociedad mercantil denominada Agrícola La Guajira S.A. de C.V., con la finalidad de que se proceda a protocolizar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como un poder general cambiario a favor de Pablo Jacobo Retamoza.

La escritura es legal por donde se le mire, aunque la actuación de notario sea irregular, pues se trata de Alejandro Gastélum Serrano, quien al momento de protocolizar el acto fungía como secretario particular del entonces procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y la Ley General del Notariado les impide a los notarios ejercer como tales cuando están ocupando un cargo público.

Gracias a la vida

Después de 80 horas de angustia aparecieron los primeros jornaleros que habían sido secuestrados. 16 de ellos fueron dejados debajo de un puente de una carretera donde también se apreciaba el paso de las vías del tren.

No logran, según sus declaraciones expuestas en la averiguación previa 344/2008 que abrió la Agencia Onceava del Ministerio Público de Costa Rica, ubicar bien el lugar, y solo establecen que estaban “hacia el sur”.

El jueves por la mañana, muy temprano, fueron dejados en libertad. De acuerdo con las versiones de los jornaleros, luego de que los levantaron la madrugada del 10 de noviembre, fueron vendados de los ojos y trasladados a un lugar donde solo había monte y cerros.

Después de que los subieron en varios vehículos se marcharon por caminos de asfalto y terracería por un lapso aproximado de dos horas. Todos afirmaron que en ningún momento los golpearon ni los amenazaron, aunque los mantuvieron con los ojos vendados. Sus captores, dijeron, no hablaban entre sí.

Una noche antes de dejarlos en libertad los subieron a una camioneta y les dijeron que los iban a soltar; les dieron 100 pesos a cada uno y los trasladaron a un lugar de la carretera donde finalmente los dejaron. Luego de ubicarse tomaron camión de la línea Pacífico que los llevó a Culiacán. Llegaron a las 8:00 horas.

En sus declaraciones —para el viernes por la noche habían declarado 19, pues después aparecieron tres más—, los jornaleros explicaron que donde los tuvieron durante tres días no había casas, solo monte y cerros.

Aunque los 19 coincidieron en que los 27 fueron liberados, hasta el cierre de la edición, el viernes por la noche, no se sabía nada del resto de sus compañeros.

De las declaraciones de los jornaleros, la Procuraduría de Justicia emitió un escueto boletín donde no aportaba nada sustancial y repetía que los captores nunca trataron mal a sus secuestrados. Nada sobre el posible móvil, ni la naturaleza de los captores.

Las instalaciones de la cadena periodística El Debate, ubicadas en el segundo cuadro de la ciudad, fueron blanco de un ataque con dos granadas de fragmentación que destruyeron cristales y dañaron puertas y paredes de su acceso principal.

Según el reporte oficial, el hecho tuvo lugar en los primeros minutos de hoy, sobre la avenida Francisco I. Madero, en el que intervinieron por lo menos dos personas del sexo masculino, cuyas características se desconocen.

La información que se conoce es que la explosión sólo destruyó una puerta de cristal, dañó el piso y las paredes, sin que se reportaran lesionados.

El gobierno de Chuy Aguilar contra la pared

Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.

Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.

De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.

Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.

Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.

Publica Reforma:

“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.

“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.

“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.

“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.

“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.

“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.

“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.

“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.

También los militares

De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.

La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.

Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.

Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.

En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.

Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.

En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.

Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.

La respuesta del Ejército

En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.

“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.

Viejos lodos

No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.

Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.

El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.

En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.

Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.

Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.

Todos se defienden

El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.

“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.

“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.

Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.

“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.

Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.

Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.

“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.

El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.

De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.

Su nombre no aparece en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. No se sabe cuánto le pagan, pero sí que desde hace algunos meses, Iván Alejandro Ortega Colmenares se encuentra en Baja California trabajando para el gobierno.

En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como “Comandante Simón” y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.

Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.

Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.

Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.

“El Comandante Simón” es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.

Este conflicto ha dividido el combate al crimen:

1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.

2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.

Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.

Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.

Sin embargo, aún con la participación del “Comandante Simón”, el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.

De la gloria al anonimato

Polémico, “El Comandante Simón” se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.

Su historia transitó del éxito al anonimato.

Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.

Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del “Comandante Simón”. Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.

Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.

Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.

Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.

Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.

En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.

Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.

Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.

De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.

Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del “Comandante Simón” de Sinaloa.

Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.

Anti secuestros dividida

Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.

Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.

El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.

Las familias de las víctimas ya percibieron la división.

Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. “Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa”, dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.

El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.

Un asunto cuya “solución” fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: “El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó”.

Fuentes de la Procuraduría agregaron: “Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima”.

La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.

“Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos”.

Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.

Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. “Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates”, informaron.

A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.

El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.

De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.

Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.

Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.

Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.

Actualmente, “Iván” está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.

Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.

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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido

La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).

Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.

Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.

“Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre”.

Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció “que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros” y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.

El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.

Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, “la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer”.

En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, “El Chava”, de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.

Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.

Por su parte, González Soto declaró que conocía la “casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer”, misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.

Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, “El Chilango”, de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.

“De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien”, reveló Moreno Manjarrez.

Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, “El Güero”, quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.

Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como “Mata Policías”, por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.

El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del “CAF” vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.

“Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años”.

Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )

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Privaciones de la libertad de octubre

Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal

1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad

2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad

3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad

4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad

5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad

6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad

7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)

8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro

9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad

10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad

11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)

12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón

13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad

14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad

15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad

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La noche del martes 7 de octubre, Jorge Abel Cázares Salazar fue alcanzado por la venganza mientras se disponía a disfrutar de una careada de volibol. Era el sexto de los nueve hijos de doña María de los Ángeles Salazar y don Benito Cázares Uriarte (finado) y no fue incluido en la red de narcotráfico y lavado de dinero que hicieron pública primero el gobierno de los Estados Unidos y luego la PGR.

Jorge Abel fue sorprendido durante un juego de volibol que se llevaba a cabo en una improvisada cancha ubicada en la colonia Díaz Ordaz. Eran acreedor de las 19:30 horas cuando llegaron al lugar dos sicarios y dispararon con fusiles sobre la humanidad de Jorge Abel. Cayó boca abajo y murió en unos segundos ante la sorpresa y el pánico de jugadores y espectadores, que buscaban donde protegerse.

Los que lo conocían supieron luego de dónde podía venirle la muerte, y los que no, luego sabrían que no era cualquier aficionado, a pesar de su aspecto común y corriente. Esa noche vestía un pantalón de mezclilla, camisa desfajada y guaraches de cruz.

Después de que el Ministerio Público realizó las diligencias acostumbradas, los servicios funerarios hicieron lo suyo. El cuerpo fue llevado al poblado el Hormiguero, Mocorito, lugar de origen de su esposa, donde sus restos fueron velados durante 72 horas, acompañados siempre con música de banda.

Asoma la muerte

Aunque los principales cabecillas del clan de los Cázares, Margarita, la Chiquis y Víctor Emilio, siguen operando actividades de narcotráfico y lavado de dinero, según las autoridades, han sufrido golpes severos, sobre todo en el seno familiar.

La noche del 9 de mayo pasado fue asesinado Arturo Meza Cázares, hijo de la Chiquis, cuando se encontraba platicando en el estacionamiento de un centro comercial con Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien también murió en el atentado.

Una semana antes había explotado la guerra en el seno de la familia conformada por los Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva, que modificó, no la estructura de los cárteles en México, pero sí el mapa criminal que hasta ese momento existía en el país y el control de los territorios para la producción y el trasiego de drogas ilícitas.

Este atentado, atribuido a las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, originó una desbandada en las familias de los principales narcotraficantes que operan en Sinaloa, que se refugiaron en otras ciudades y, en muchos casos, en otros países.

Otros eslabones

Hay varios momentos eslabonados en la crisis por la que atraviesa la familia Cázares. Todo empezó cuando la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que existía una organización que, partiendo de Sinaloa, estaba operando en 40 ciudades de la Unión Americana.

El primero de marzo de 2007, la DEA dio a conocer la detención de 400 narcotraficantes que operaban en su país y que eran comandados por Víctor Emilio Cázares Salazar, quien, en solo dos años, se había apoderado de buena parte del mercado de la droga en ese país.

Hasta entonces, las actividades de la familia Cázares no habían trascendido mucho a la opinión pública, salvo por la actividad de Blanca Margarita en la calle Juárez, donde controlaba el flujo cambiario de dólares.

El golpe de la DEA fue espectacular porque así se pretendió, pero no pasó mucho tiempo para que todos los detenidos volvieran a las calles, algo que no han investigado los periodistas norteamericanos que tanto gustan venir a Sinaloa a asombrarse con la corrupción que impera en el Gobierno.

Meses después vendría la segunda parte de show, pues en otro informe, ahora del Tesoro estadunidense, se dijo que Blanca Margarita Cázares Salazar operaba una red de lavado de dinero al servicio de Ismael Zambada.

Eso fue en diciembre de 2007. El 5 de marzo de 2008, dos meses antes de la muerte de Arturo Meza Cázares en el City Club, había sido aprehendido su padre, Arturo Meza Gaspar, en la Ciudad de México, esposo de Blanca Margarita Salazar y considerado por el gobierno de los Estados Unidos como uno de los principales operadores para el lavado de dinero de la organización del Mayo.

Arturo Meza Gaspar, esposo de La Emperatriz, y sus tres hijos mayores: Arturo, Gipsy y Lizbeth Meza Cázares, fueron identificados por el Departamento del Tesoro Norteamericano como propietarios de decenas de “empresas pantalla” y sus activos en México.

Días después, el 26 de marzo, en seguimiento de la detención de Arturo Meza, fueron detenidos cuatro cómplices más de la banda de la Chiquis, también en la Ciudad de México.

Esa vez, la Policía Federal informó que los trabajos de inteligencia de gabinete y campo permitieron la aprehensión de María Tiburcia Cázares Pérez, Irma María Cázares Pérez, Efraín Cázares Pérez y Nayeli Zazueta Cázares.

Todos ellos habían sido incluidos en la lista de operadores financieros a las órdenes de Blanca Margarita Salazar, bautizada por los gringos como La Emperatriz.